Sentencia STL3727-2015/60607 de marzo 25 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

STL3727-2015

Radicación 60607

Acta 9

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Bogotá, D.C., veinticinco de marzo de dos mil quince.

Resuelve la Corte la impugnación interpuesta por Nelson Gabriel Uribe Hernández, contra el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bucaramanga el 29 de enero de 2015, dentro de la acción de tutela que promovió contra el Ministerio del Trabajo —Dirección territorial de Santander y oficina especial de Barrancabermeja—, Defensoría del Pueblo —Territorial Santander— y Ecopetrol S.A.

I. Antecedentes

La accionante sustentó su escrito de amparo con los siguientes hechos:

Que tiene 58 años de edad; que labora para Ecopetrol S.A. desde el 15 de mayo de 1978, de conformidad con los contratos de trabajo a término fijos renovados periódicamente.

Que padece de hipoacusia neurosensorial bilateral, síndrome del túnel del carpo bilateral, epicondilitis de codo izquierdo, hernias discales en “L2, L3, L4-L5 y L5-S1”, discopatía degenerativa, abombamiento del núcleo pulposo, asterolistesis grado I, radiculopatía L5 izquierda, síndrome facetario, cambios osteoartrósicos en hombros, caderas, rodilla y pies, transtorno interno de rodillas, neuropatía autónoma periférica idiopática, metatarsalgia y amigdalitis aguda.

Que por dichas enfermedades ha sido incapacitado en varias ocasiones, siendo la última desde el 11 de diciembre de 2014, debido a la tiroidectomía total practicada y a los tratamientos médicos correspondientes, por las que se encuentra en “estado de debilidad manifiesta”.

Que su capacidad laboral ha disminuido considerablemente, pues “esas patologías no tienen curación y requieren tratamiento médico continuo por múltiples especialidades médicas”; sin embargo, el departamento de medicina de Ecopetrol determinó “unas restricciones de tipo permanente”.

Que la Corte Constitucional, en varias sentencias, ha reiterado las reglas de la estabilidad laboral reforzada, entre ellas, que es una garantía aplicable a cualquier modalidad de contrato, que procede cuando la disminución de la capacidad laboral surge en desarrollo del contrato, que protege a los trabajadores que sufren un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, que no requiere calificación previa de discapacidad; que el empleador requiere autorización previa del Ministerio del Trabajo para el despido, cuya omisión conlleva al pago de la indemnización contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, y si no se obtiene se presume la discapacidad como causa de la desvinculación.

Que las enfermedades son de origen laboral debido a “la exposición a riesgos asociados (...) al servicio de Ecopetrol”, durante más de 30 años, pues en el examen de ingreso nunca se evidenció alguna afección de salud.

Que el 9 de diciembre de 2014, la coordinadora de operaciones de talento humano, informó la terminación de su contrato a partir del 31 de diciembre de 2014; que la empresa demandada “ha sido reiterativa en vulnerar los derechos de los trabajadores enfermos”.

Que el 26 de diciembre de 2014, presentó derecho de petición ante la empleadora, solicitando detener el despido por su estado de salud y la reubicación a otro puesto de trabajo, para lo cual adjuntó las restricciones médicas otorgadas por medicina laboral de Ecopetrol, y envió copia al Ministerio del Trabajo y a la Defensoría del Pueblo; asimismo, advirtió a la accionada que de no acceder a su petición, pidiera la autorización pertinente para su desvinculación, peticiones frente a las cuales, las autoridades mencionadas “no se pronunciaron en lo más mínimo”, incumpliendo sus funciones y obligaciones legales.

Que se vulneraron sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, a la estabilidad laboral reforzada asegurada, a la “reubicación laboral, rehabilitación, derechos a las personas discapacitadas y en estado de debilidad manifiesta”, a la salud, a la igualdad, a la “integridad física”, al mínimo vital y al debido proceso, por lo que solicitó ordenar a Ecopetrol que proceda al reintegro o a la reubicación en un cargo acorde a su estado de salud, a reconocerle y pagarle los salarios y prestaciones dejados de percibir y la indemnización del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, y tanto al Ministerio de Trabajo a la Defensoría del Pueblo, que respondan la solicitud sobre la terminación de su contrato sin previa autorización.

II. Trámite y decisión de instancia

Mediante proveído del 16 de enero de 2015, el Tribunal Superior de Bucaramanga, avocó conocimiento, y ordenó notificar a las entidades accionadas para que hicieran uso del derecho de defensa.

El Defensor del Pueblo —Regional Santander—, manifestó que el 19 de enero de 2015, informó al accionante que la solicitud fue remitida a la Defensoría del Pueblo —Regional Magdalena Medio—, en la ciudad de Barrancabermeja, quien es la competente para resolver la petición instaurada.

El defensor regional del Magdalena Medio, señaló que “al citado usuario Nelson Gabriel Uribe Hernández, (...) la defensoría le viene asesorando y brindando el servicio de defensoría pública”, a través del defensor asignado, y advirtió que la garantía de la estabilidad laboral reforzada no es absoluta ni procede de manera automática, ya que “es necesario que el trabajador demuestre que su desvinculación obedece a su estado de salud”.

La directora territorial del Ministerio de Trabajo —Santander— y directora territorial encargada de la oficina de Barrancabermeja, luego de anotar la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la estabilidad laboral reforzada, advirtió que “es claro que el actor se encuentra expuesto a una vulneración clara y evidente de su derecho a la salud y a la vida en condiciones dignas, por estar en una situación de debilidad manifiesta y ante la amenaza del perjuicio irremediable, por cuanto se dejaría sin el servicio médico, indispensable para el restablecimiento de su salud, y sin la única fuente de ingresos”.

La apoderada de Ecopetrol adujo que el trabajador pertenecía a la “Bolsa de temporales de la gerencia del complejo industrial de Barrancabermeja”, que es una base de datos de “una serie de trabajadores que de acuerdo a la necesidad del servicio, podían o no ser llamados a prestar sus servicios (...) en un momento determinado”, de allí que al accionante lo vincularan mediante contratos a término fijo, “dependiendo las necesidades existentes al interior de Ecopetrol”; que después, para buscarles una solución a las personas que estaban en esa situación, se estableció que 70 trabajadores serían vinculados a término indefinido, previo cumplimento de un proceso de selección, en el cual el accionante no aprobó los requerimientos exigidos; que quienes tenían ese inconveniente fueron agrupados en 2 grupos, el primero correspondió a los que “al terminar sus contratos el 31 de julio de 2013, se hacían beneficiarios de una bonificación sin incidencia salarial equivalente a $ 10.000.000 por cada año de servicio laborado”, además de un auxilio de salud y pensión, “equivalente a los aportes del valor a cotizar en salud y pensión sobre la base de 2 smlmv durante el tiempo que falte para acceder a la pensión, (...), sin sobrepasar 11 años de cotización”, y un apoyo educativo para los hijos; al segundo grupo pertenecían los trabajadores con vínculo hasta el mes de diciembre de 2014, “como es el caso del hoy accionante”, quienes “en caso de no hacerse acreedores de pensión de jubilación antes de esta fecha, al momento de la terminación del vínculo se harían acreedores a los mismo beneficios enunciados anteriormente”, de lo que concluyó que todos conocieron los términos de la vinculación. Por otro lado, anotó que a pesar de que el peticionario presenta antecedentes médicos por algunas patologías, “no dan lugar a un estado de debilidad manifiesta que le cobije con estabilidad reforzada, máxime cuando no cuenta con calificación de pérdida de la capacidad laboral ni reubicación por motivos de salud, así como tampoco incapacidad vigente al momento de la terminación del contrato”.

Por sentencia del 29 de enero de 2015, el juez de tutela de primera instancia negó el amparo constitucional solicitado, para lo cual indicó que esa Sala, mediante tutela con radicado 68001220500020150000300, Nº 003-2015, al estudiar una situación parecida, consideró que “no puede tenerse como perjuicio irremediable a la consecuencia natural que surge con ocasión de un finiquito contractual, valga decir el cese del ingreso salarial que de aquel depende, y las restantes consecuencias derivadas del cese de las obligaciones patronales; (...), las pruebas documentales revelan que el término pactado entre las partes cesó”, y que cuando el empleador, como en el presente asunto, “obró con base en una razón objetiva, finalización del plazo pactado”, las inconformidades que surjan, “deben ser debatidas en el escenario, natural, principal y expedito, esto es ante el juez natural (...), en ejercicio de las acciones ordinarias diseñadas por el legislador”, y de esta manera realizar “un estudio concienzudo de las pruebas que oportunamente sean aportadas”.

En cuanto al caso del señor Uribe Hernández, resaltó que al revisar los documentos probatorios allegados, “no se avista la relación de causalidad entre el estado de salud del actor y la decisión empresarial”, menos aun cuando no se aportó incapacidad médica ni calificación de perdida de la capacidad laboral, razón por la que descartó la procedencia del amparo solicitado.

Impugnación

La peticionaria reiteró lo dicho en su escrito inicial y agregó que el Tribunal no valoró las pruebas aportadas, “como lo son la historia clínica (90 folios) entre los cuales se encuentra la incapacidad médica por intervención quirúrgica tiroidectomía”, lo cual evidencia que al momento de la terminación del contrato estaba incapacitado y con tratamiento médico.

IV. Consideraciones

En el asunto objeto de debate, Nelson Gabriel Uribe Hernández insiste en la vulneración de sus derechos fundamentales, pues, a su juicio, la terminación del contrato suscrito con Ecopetrol se torna ilegal, generándole un perjuicio irremediable que afecta su “mínimo vital, sustento diario, calidad de vida”. 

Al respecto, es necesario advertir que esta Sala, por providencia STL3000-2015, radicado interno 60427, en un caso con similares fundamentos fácticos y jurídicos, adujo que:  

La procedencia de las pretensiones como las que aquí se reclaman, es asunto que no le compete al juez de tutela, a quien no le es dado arrogarse funciones que le corresponden a otras autoridades, sino que, estos pronunciamientos se logran mediante las acciones jurisdiccionales correspondientes, en las que se determine si le asiste o no la razón a la solicitante, habida cuenta que la controversia jurídica planteada en relación con la terminación de contrato laboral por vencimiento de término del mismo, como lo refiere la accionada, y la posibilidad de reintegro por debilidad manifiesta a causa de múltiples enfermedades en la forma como lo señala el accionante, a juicio de esta colegiatura, es una controversia que corresponde a un conflicto eminentemente legal. 

Como es sabido, al amparo constitucional no puede acudirse cuando se cuente con otros medios ordinarios de defensa judicial, a no ser que con la actuación o la omisión del funcionario público o del particular se le cause al administrado un perjuicio irremediable, lo cual torna la acción de tutela en un mecanismo de protección excepcional. No es, entonces, una figura de la cual pueda abusarse o ser empleada para sustituir las vías naturales diseñadas por el legislador. 

(...). 

Advierte esta corporación que pese a que en el escrito inicial y en la impugnación se adujo que la salud del accionante se encontraba gravemente deteriorada, la única prueba que evidencia la afectación de esta, es una historia clínica que acreditan los diagnósticos médicos y los tratamientos recibidos y prescritos por los profesionales, pero no se evidencia incapacidades parciales o permanentes, calificaciones de pérdida de capacidad laboral, o situación de discapacidad vigentes a la fecha de terminación del vínculo laboral. 

Por lo tanto, resulta inviable la concesión de la tutela peticionada como mecanismo transitorio, al tenor de lo previsto en el Decreto 2591 de 1991, artículo 8º, al no estar acreditado que el peticionario se halle en situación que le genere un perjuicio irremediable, pues la sola alusión a su actual estado de enfermedad y el hecho de no encontrarse vinculado laboralmente, no lo ubican en la situación de padecer esa especial clase de perjuicios.  

Así las cosas como la pretensión del peticionario encuentra su sustento en una situación puramente legal y al no existir un perjuicio irremediable, es dable considerar que en ningún defecto incurrió el juez de primer grado, lo cual se refuerza en que el criterio escogido para negar el amparo, fue prohijado por esta Sala en la sentencia señalada. 

Ahora, si bien el señor Uribe Hernández explica que la realidad se encuentra en la historia clínica, que evidencia todas sus patologías, lo cierto es que de ella tampoco se extrae una situación concreta que demuestre alguna incapacidad o discapacidad certificada, ya que la intervención de tiroidectomía alegada, fue realizada sin “incapacidad funcional”, como se observa en la constancia de procedimiento realizada por la Fundación Fosunab, que obra a folio 45 del cuaderno de tutela.  

Lo dicho es suficiente para confirmar el fallo impugnado.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el fallo impugnado.

2. NOTIFICAR a los interesados telegráficamente o por cualquier otro medio expedito.

3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

Magistrados: Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Rigoberto Echeverri Bueno—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas.