Sentencia STL4751-2017 de marzo 29 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

STL4751-2017

Radicación: 71813

Acta 11

Magistrada Ponente:

Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D.C., veintinueve de marzo de dos mil diecisiete.

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por LUISA FERNANDA GÓMEZ DUQUE contra el fallo proferido el 7 de febrero de 2017 por la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MANIZALES, dentro de la acción de tutela que adelanta la recurrente contra el JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO de esa ciudad, trámite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso génesis de la presente acción.

I. Antecedentes

LUISA FERNANDA GÓMEZ DUQUE solicitó el amparo del derecho fundamental a la LIBERTAD DE CONCIENCIA presuntamente vulnerado por la autoridad accionada.

Como fundamento de su petitum, esgrimió, en síntesis, que es abogada especialista en derecho laboral «defensora de los trabajadores» y, que desde el año 2008 pertenece a la Asociación Colombiana de Abogados Laboralistas de Trabajadores. Agregó que su experiencia profesional se ha construido a través de la formación académica, por lo que sus posturas «políticas e ideológicas» se han visto reflejadas en la representación judicial de empleados y afiliados al sistema de seguridad social.

Indicó que dentro del proceso ordinario que adelantan María Consuelo Villa y Johan Sebastián Murillo Villa contra la Administradora Colombiana de Pensiones y Juan Sebastián Hincapié ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales, fue designada como curadora ad litem de la persona natural demandada; pero, al percatarse que este actuó en calidad de empleador procedió a solicitar el relevo del cargo, por cuanto su actividad profesional la «ha orientado de forma exclusiva a la defensa de los trabajadores».

Expone que el 24 de enero 2017 el juzgado de conocimiento denegó la solicitud al considerar que no se configuraba las causales para acceder a ello. Narró la petente, que a pesar de tal decisión, procedió a dar respuesta a la demanda, con la finalidad de no afectar los intereses del accionado.

Con fundamento en lo anterior, solicitó se ampare su derecho fundamental y, en consecuencia, se deje sin valor y efecto el auto dictado el 24 de enero de 2017 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales y, en su lugar, se releve del cargo de curadora ad litem de Juan Sebastián Hincapié Cardona.

II. Trámite y decisión de instancia

Mediante proveído de 27 de enero de 2017 la Sala Laboral del Tribunal Superior de Manizales admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la autoridad accionada y vinculados, con el fin de que ejercieran los derechos de defensa y contradicción.

Al interior del trámite, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales manifestó que no se ha apartado de la normativa que regula el asunto, toda vez que la causal esgrimida por la accionante no se ajusta para acceder al relevo del cargo de curadora ad litem, razón por la cual solicita se niegue el amparo invocado.

Por su parte, la Administradora Colombiana de Pensiones solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva al considerar que no tiene responsabilidad en la transgresión de los derechos fundamentales deprecados.

Surtido el trámite de rigor, la Sala de conocimiento de este asunto constitucional en primer grado, mediante sentencia de 7 de febrero de 2017, denegó el amparo de los derechos deprecados. Para arribar a su decisión, precisó que la autoridad convocada no incurrió en una determinación arbitraria, pues la causal invocada para el relevo del cargo no se encuentra señalada en la normativa que regula el asunto.

III. Impugnación

Inconforme con la anterior decisión, la accionante impugna, para lo cual, expone que continuar con la representación judicial de quien funge como demandado en calidad de empleador, va en contravía de sus posturas «políticas e ideologías», lo cual ha generado violación a sus derechos fundamentales.

IV. Consideraciones

El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces, con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no se cuente con otro medio de defensa judicial o cuando, de existir, la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable.

Sabido es que, no es dable al juez constitucional entrar a controvertir las actuaciones judiciales, so pretexto de tener una opinión diferente sobre los hechos estudiados, pues quien ha sido dotado de jurisdicción y competencia por el legislador para dirimir ese especial tipo de conflictos es el juez natural y, en ese sentido, su convencimiento debe primar sobre cualquier otro, salvo que se presenten desviaciones protuberantes.

La presente controversia tiene como propósito establecer si el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales quebrantó las prerrogativas de la accionante al denegar el relevo del cargo de curadora ad litem de Juan Sebastián Hincapié, quien funge como empleador demandado en el proceso primigenio, pues en criterio de la petente, el ejercicio de su profesión ha sido exclusivo en la protección de los derechos de los trabajadores, lo cual aceptar dicho nombramiento atentaría contra sus convicciones filosóficas y políticas.

Al punto, importa precisar que el artículo 18 de la Constitución Política, establece que se «garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia».

Bajo ese panorama, la Corte Constitucional en Sentencia CC C-728-2009 definió la objeción de conciencia como la «resistencia a obedecer un imperativo jurídico invocando la existencia de un dictamen de conciencia que impide sujetarse al comportamiento prescrito, por lo que la objeción de conciencia supone la presencia de una discrepancia entre la norma jurídica y alguna norma moral». También, adoctrinó que si bien cada individuo es libre de acoger un íntimo convencimiento, también lo es que por el solo hecho de ser ciudadano del Estado se contraen unas obligaciones.

En tal sentido, se tiene tal figura, opera cuando un individuo se opone al cumplimento de un deber legal, cuyo obedecimiento quebranta sus convicciones religiosas, políticas, filosóficas o morales; sin embargo, su aplicación no es absoluta, en la medida que no se puede desconocer el ordenamiento jurídico.

De ahí, que en el presente asunto, se genera una tensión entre las prerrogativas de quien se rehúsa a cumplir la orden y la de quien en aras de garantizarle el derecho de defensa y debido proceso se encuentra representado por curador ad litem, por lo que se debe realizar una ponderación de tales derechos y las obligaciones del profesional del derecho.

Así las cosas, sea lo primero indicar que el abogado tiene una función social que conlleva a ciertas responsabilidades, por lo que según el numeral 12 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, su actividad se encuentra sometida al cumplimento de deberes, entre ellos, la de mantener «en todo momento su independencia profesional, de tal forma que las opiniones políticas propias o ajenas, así como las filosóficas o religiosas no interfieran en ningún momento en el ejercicio de la profesión, en la cual sólo deberá atender a la Constitución, la ley y los principios que la orientan».

En ese marco, también, el numeral 21 ibídem, impuso el de «aceptar y desempeñar las designaciones como defensor de oficio. Sólo podrá excusarse por enfermedad grave, incompatibilidad de intereses, ser servidor público, o tener a su cargo tres (3) o más defensas de oficio, o que exista una razón que a juicio del funcionario de conocimiento pueda incidir negativamente en la defensa del imputado o resultar violatoria de los derechos fundamentales de la persona designada».

Por su parte, el numeral 7º del artículo 48 del Código General del Proceso, prevé «la designación del curador ad lítem recaerá en un abogado que ejerza habitualmente la profesión, quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio. El nombramiento es de forzosa aceptación, salvo que el designado acredite estar actuando en más de cinco (5) procesos como defensor de oficio. En consecuencia, el designado deberá concurrir inmediatamente a asumir el cargo, so pena de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar, para lo cual se compulsarán copias a la autoridad competente.

De esta manera, se tiene que la designación como curador ad litem es de forzosa aceptación y solo excepcionalmente puede eximirse del mismo cuando se cumple alguno de los presupuestos consagrados en el artículo transcrito.

De lo anterior, se puede advertir que en el caso sometido a estudio el amparo suplicado no está llamado a salir avante. Ello, porque la postura de la promotora para repudiar el nombramiento como auxiliar de la justicia, no tiene sustento válido alguno, pues no constituye una causal legal de exclusión, aunado a ello, el ejercicio de la profesión no puede verse interferido por razones de ideología, máxime que dada la función social del abogado, se debe estar prestos a defender los derechos de las personas naturales o jurídicas que concurren al proceso judicial.

Así las cosas, se concluye que, la autoridad judicial accionada apoyó su decisión en la normativa aplicable para el caso en cuestión, con reflexiones que resultan razonables, por lo que mal podría el juez de tutela, desconocer su contenido.

En este orden de ideas y sin que se hagan necesarias otras consideraciones, se confirmara la sentencia proferida por el a quo.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones expuestas en precedencia.

2. NOTIFICAR a los interesados a través de telegrama o por cualquier otro medio expedito.

3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Magistrados: Gerardo Botero Zuluaga, Presidente de Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Luis Quiroz Alemán.