Sentencia STL5624-2016/43100 de abril 27 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 43100

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Acta 14

Bogotá, D.C., veintisiete de abril de dos mil dieciséis.

Procede la Sala a pronunciarse, en primera instancia, sobre la acción de tutela presentada por Edison Ferney Gámez Orjuela, contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, trámite al que fue vinculado el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de la misma ciudad.

I. Antecedentes

El accionante pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la administración de justicia.

Relata que ante el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Bogotá, promovió demanda ordinaria laboral contra el Banco AV Villas S.A. y solidariamente contra Servis Ya Ltda., y sus socios Elkin Alejandro Salamanca Moreno y Leonardo Salamanca García, con el objeto de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo con el Banco AV Villas, vigente entre el 19 de agosto de 2008 al 13 de agosto de 2009 y que la sociedad Servis Ya Ltda., fue una simple intermediaria, y en consecuencia se condenara a los demandados, de manera solidaria, a pagar las prestaciones sociales, vacaciones, indemnización moratoria por no consignación de las cesantías a un fondo y la que trata el artículo 65 del CST; que el 29 de septiembre de 2015, el Juzgado profirió sentencia condenatoria, la que fue apelada por el Banco demandado; que el 1º de marzo de 2016, se celebró la audiencia de segunda instancia, en donde presentó sus respectivos alegatos, diligencia que fue suspendida con el propósito de verificar los precedentes indicados por su apoderada, en donde casos similares fueron resueltos a favor de los trabajadores demandantes; que el 15 de marzo de 2016, el Tribunal decidió revocar la decisión de primera instancia y en su lugar absolver a los demandados de todas las pretensiones; que no interpuso recurso extraordinario de casación, por cuanto las pretensiones no alcanzan 120 SMLMV, de conformidad con el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Se queja de que la sentencia del Tribunal le restó valor probatorio a varios testigos con el argumento de que tenían en curso procesos contra los mismos demandados, sin examinar las razones por las cuales el a quo había desestimado su tacha, aunado a que desconoció el artículo 61 del estatuto procesal laboral, «porque no hubo crítica de la prueba testimonial, solo su desecho a priori sin siquiera analizar si las razones por las cuales el a quo las tuvo en cuenta era valederas o no»; que los argumentos expuestos por el Banco demandado en la apelación eran insuficientes para revocar la sentencia de primera instancia, además el ad quem no valoró la prueba documental relacionada con sus vinculaciones con empresas de servicios temporales diferentes a Servis Ya Ltda., que permiten inferir que la entidad beneficiaria de los servicios prestados por esas empresas siempre lo fue el Banco AV Villas; que el Tribunal absolvió a Servis Ya Ltda., por cuanto en la liquidación definitiva de las prestaciones quedó consignado que la declaraba a paz y salvo, sin embargo olvidó que con la presentación de la demanda se buscaba controvertir ese pago, que contrastado con las otras pruebas hubiera llegado a una conclusión diferente.

Que en la demanda se afirmó que «el banco no cumplió con la normatividad referente a la contratación de trabajadores en misión. Por tal razón, no estaba obligado a demostrar el no cumplimiento del Banco AV Villas de la normatividad reiteradamente citada sino que era esta quien debía acreditar en el trámite procesal, que actuó conforme a derecho y que la razón de ser de su contratación de personal a través de EST se hallaba perfectamente justificada en la normatividad vigente»; que lo pedido en la demanda era que se declarara que el Banco había sido su verdadero empleador entre el lapso comprendido entre el 19 de agosto de 2008 hasta el 13 de agosto de 2009 y por ende el obligado a pagar las acreencias laborales causados en ese periodo, sin embargo, para el Tribunal «era necesario que se solicitara la declaratoria de una relación laboral desde el primer día que empecé a laborar como trabajador en misión para el banco», lo que a su juicio no es necesario, «porque seguramente se hubiera exigido vincular a las EST a través de las cuales estaba vinculado y ¿para qué si en últimas no tenían por qué responder solidariamente por las acreencias pedidas en la demanda?», ya que «las acreencias adeudadas se causaron únicamente en el periodo comprendido entre el 19 de agosto de 2008 hasta el 13 de agosto de 2009, fecha en la que en efecto, como fue esclarecido en el proceso y comprendido a cabalidad por el a quo, había una relación laboral con el demandado AV Villas».

Que el Tribunal se apartó de los precedentes mencionados en el alegato de conclusión con el argumento de que se diferenciaban en el modo de la condena y en que los testigos no tenían o habían tenido procesos contra el banco, pese a que para apartarse de los mismos era su deber analizar si ese grupo de sentencias que fallaron casos similares, su ratio decidendi representaba una regla (prohibición, orden o autorización) determinante para resolver el caso, dados unos hechos y un problema jurídico, o una cuestión de constitucionalidad semejante; que lo anterior es así «porque la razón para decidir en las sentencias aportadas atañe a la responsabilidad del Banco AV Villas, ya sea como empleador directo o meramente como deudor solidario. La ratio decidendi se construye, en ambos casos, a partir de las figuras de la intermediación laboral en empresas de servicios temporales, la solidaridad, la identificación del responsable del pago de las acreencias y las acreencias a las que los (las) demandante tenían derecho. La argumentación para decidir, necesariamente debía vincular estos aspectos con los hechos del caso y el material probatorio recaudado».

Por lo anterior pide que se deje sin efectos la sentencia del 15 de marzo de 2016, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, y se le ordene adoptar una nueva «en la que se garantice los derechos fundamentales vulnerados (…), teniendo en cuenta cada uno de los derechos, normas y principios alegados (…), concediendo acreencias similares a las ordenadas en casos similares (…)».

Por auto del 19 de abril, esta Sala de la Corte asumió el conocimiento, ordenó notificar a la corporación judicial accionada y a los intervinientes en el proceso ordinario para que ejercieran su derecho de defensa y contradicción.

El Banco AV Villas S.A., manifestó que el Tribunal dio cumplimiento a las formalidades del proceso y respetó la garantía del debido proceso y del derecho a la defensa; que pese a existir otro mecanismo de defensa como era el recurso de casación, el accionante no lo interpuso, sumado a que no demuestra la existencia de un perjuicio irremediable.

La actual Juez Veintiuno Laboral del Circuito de Bogotá, adujo no constarle ninguno de los hechos de la acción de tutela, por cuanto ella no fue quien conoció el proceso cuestionado, sino su antecesora.

El Tribunal Superior de Bogotá, allegó en calidad de prestamo el expediente contentivo del proceso ordinario.

II. Consideraciones

Para proteger los derechos fundamentales de cualquier persona, amenazados o vulnerados por acción u omisión de una autoridad pública, se estableció en el artículo 86 de la Constitución Política la vía preferente de la tutela, que le permite a todo ciudadano acudir a la Rama Judicial en busca de una orden que impida el acto amenazante o lo suspenda.

En atención a los principios de cosa juzgada y de autonomía judicial, esta Sala ha mantenido el criterio de su improcedencia contra providencias o sentencias judiciales, salvo que con las actuaciones u omisiones de los jueces, resulten violados, en forma evidente, derechos constitucionales fundamentales.

El 29 de septiembre de 2015, el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Bogotá, condenó al Banco AV Villas S.A., en calidad de empleador, y solidariamente a la sociedad Servis Ya Ltda., en calidad de simple intermediario, a pagar al demandante las siguientes sumas: $ 282.216 por cesantías, $ 20.978 por intereses a las cesantías, $ 54.418 por prima de servicios, $ 192.785 por compensación en dinero de vacaciones, $ 13.033.33 diarios, a partir del 20 de agosto de 2009 y hasta cuando se produzca el pago de las acreencias prestacionales, por concepto de sanción moratoria.

Por su parte la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, al desatar el recurso de apelación interpuesto por la demandada Banco Av Villas S.A., mediante sentencia del 15 de marzo de 2016, revocó la anterior decisión, y en su lugar absolvió a los demandados de todas las pretensiones.

Para adoptar a la anterior decisión, se refirió a la documental obrante a folio 4 y 5 del expediente, para indicar que el accionante fue contratado por Servis Ya Ltda., para iniciar labores el 19 de agosto de 2008, en el cargo de Auxiliar de Complementación y de manera temporal con el usuario Banco AV Villas, circunstancia que «es conteste con los contratos de prestación de servicios entre ambas demandadas, para el envío de trabajadores en misión y con el objeto social de Servis Ya Ltda. que es “la contratación temporal de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales, contratadas directamente por la empresa de servicios temporales la que tiene con respecto de estas el carácter de empleador»; que en virtud del artículo 77 de la Ley 50 de 1990, en concordancia con el artículo 6º del Decreto 4369 de 2006 y lo expuesto por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 24 de abril de 1997 radicado 9435, reiterada el 29 de octubre de 2014, radicación 58172, «las empresas de servicios temporales pueden contratar con terceros “para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades art. 71”, y pueden limitar el ámbito de la colaboración a las siguientes tres situaciones: (i) la tradicional del artículo 6º del CST, vale decir para ejecutar con el trabajador en misión labores ocasionales, accidentales o transitorias distintas de las actividades del patrón; (i) cuando el tercero requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad, y (iii) cuando el usuario deba atender incremento en la producción, el transporte, la venta de productos o mercancías, los periodos estacionales de cosechas y la prestación de servicios en general, por un término de seis meses prorrogables hasta por seis meses más, (…)»; asimismo en sentencia con radicado 58172, esa Sala de casación, «hizo hincapié en cuanto a que en este tipo de casos, donde la empresa temporal envía personal en misión, se produce una especia de delegación del poder subordinante de la empresa de servicios temporales en la usuaria, para que pueda cumplirse el objeto de los servicios contratados y que los servicios no se cumplen con medios propios, sino en la dependencia de la usuaria»; adicionalmente en sentencia del 17 de octubre de 2008, radicado 28470, estableció que «si se encuentra demostrado un marco temporáneo que resulte contrario a las nociones precisas de colaboración transitoria señaladas, o encuentra demostrado que se ha trasgredido la finalidad que de manera particular inspira la tres situaciones que regula el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, incluso superando la presencia de actos que se exhiben con apariencia de licitud, tales circunstancias permiten concluir que la intención de la usuaria era utilizar los servicios del trabajador de manera permanente, situación que por ser contraria a la normatividad puede ser catalogada como un fraude a la ley».

Que en el caso bajo estudio, «se observa que mediante otro si al contrato de prestación de servicios de folio 116 a 117, se modificó el objeto y se dijo: “el contratista se obliga a: 2. Suministrar oportunamente el personal que requiera el contratante para atender los incrementos de las ventas del banco. PAR.—El servicio objeto de este contrato será prestado por el contratista a través de un número de trabajadores en misión acorde con el volumen de trabajo a desarrollar según el requerimiento del contratista (…)”», y citó los folios 111 a 115, 118 a 122 y 132, para concluir que «de un análisis íntegro de los contratos de prestación de servicios y sus otro si, con el contrato de trabajo, se tiene que el demandante se vinculó como Auxiliar especializado en Servis Ya Ltda. empresa temporal y que fue enviado en misión al banco AV Villas, para atender incrementos de ventas, circunstancia que se ajusta a los artículos 77 de la Ley 50 de 1990 y 6 del Decreto 4369 de 2006, por lo que para desvirtuar lo establecido en tales formas era menester acreditar la realidad de lo que sucedió, no obstante, los testigos que comparecieron Luz Adriana Acevedo Acevedo y Johan Camilo Leal Bolívar no ofrecen suficiente credibilidad al respecto, en la medida que ostentan un interés en su resulta ya que tienen o han tenido demandas en contra del banco AV Villas»; que por lo anterior, «la única razón atendible por la que se podría considerar que existió una mera intermediación de Servis Ya Ltda., es en caso de superarse el límite de tiempo establecido en las normas en mención, sin embargo, conforme a la demanda y la liquidación de prestaciones sociales, la relación laboral no superó un año, pues el trabajador ingresó el 19 de agosto de 2008 y se retiró el 13 de agosto de 2009 (folio 6), de esta manera, es dable tener como empleador a quien fungiere como empresa temporal, es decir, Servis Ya Ltda., y no como se pretendió en la demanda al Banco Comercial AV Villas, máxime si se tiene en cuenta que el accionante no solicitó una única relación laboral en los tiempos que supuestamente laboró en AV Villas a través de las empresas temporales Gestión Empresarial Reemplazo Ltda., y Contempora S.A.».

Aclaró que si bien en la contestación de la demanda, «Servis Ya Ltda., aceptó ser simple intermediaria (folio 90 y siguientes) y que como consecuencia de la inasistencia del representante legal de dicha empresa al interrogatorio de parte, se presumieron como ciertos los hechos 5 a 9, 19 a 21, 23 a 26, 28 y 29, lo cierto es que de esta presunción de confesión no se puede derivar efectos a una parte distinta que aquella, como lo es en este caso AV Villas, pues la confesión únicamente produce efectos sobre quien tenga poder dispositivo sobre el derecho que resulte confesado y es al confesante a quien le debe generar consecuencias jurídicas adversas».

Que tampoco había lugar a imponer condena alguna a Servis Ya Ltda., en su calidad de empleador, pues con la liquidación de prestaciones sociales se acreditó que esa empresa quedaba a paz y salvo, sin que se objetara tal prueba documental.

Finalmente, en cuanto a las sentencias de otras salas de decisión de este Tribunal, a las que aludió la parte actora en los alegatos, precisó que eran diferentes en algunas circunstancias fácticas del presente asunto, pues en una «se condenó a Servis Ya Ltda., los testigos no tenían demanda en contra de AV Villas, etc. De modo que por las características del caso, esta Sala concluye que aunque respeta tales decisiones no las compartirá. En ese orden, se debe señalar que la parte actora hizo referencia a la sentencia del 25 de abril de 2013, dentro del expediente 2010-00233 donde el M. P. fue el doctor Gustavo Hernando López Algarra y demandante Shirley Andrea Vargas Fernández y demandado Servis Ya Ltda. Elkin Alejandro Salamanca Moreno, Leonardo Salamanca García y Banco Comercial AV Villas y la sentencia del 6 de mayo de 2013, en la que estuvo como ponente el Dr. Santander Brito Cuadrado (…) es de destacar, por lo menos en este último que el demandante pidió que se declarara que el Banco Comercial AV Villas S.A. y que Alejandro Salamanca Moreno y Leonardo Salamanca García son solidarios responsables de todas las acreencias que se le deben pagar, y que precisamente en esta sentencia la segunda instancia revocó parcialmente la emitida por el juez de primera instancia que había condenado a AV Villas como empleador, para en su lugar declarar que entre la demandante y Servis Ya Ltda., existió un contrato de trabajo, razones que llevan a la Sala a no acoger las decisiones que se tomaron en su momento por estimar que son otras las circunstancias fácticas y jurídicas».

De la lectura de la providencia controvertida se extrae que el ad quem, para revocar la decisión del Juzgado, se apoyó en las normas aplicables a la situación fáctica que razonablemente dilucidó y tras un proceso de valoración de la demanda y los elementos de convicción arrimados al expediente concluyó que la empresa de servicios temporales Servis Ya Ltda. siempre fungió como verdadero empleador del demandante, y entendió que la usuaria banco AV Villas no era responsable de las acreencias laborales reclamadas, pues a su juicio la relación jurídica estuvo conforme a las preceptivas que regulan la figura jurídica de las empresas de servicios temporales —EST— y su fórmula de contratación laboral.

En efecto, encontró que el contrato de trabajo celebrado entre la empresa de servicios temporales Servis Ya Ltda., y el demandante, no desbordó la temporalidad prevista por el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, sumado a que las funciones que desempeñó como Auxiliar Especializado o de Complementación, obedecieron al incremento de las ventas del banco usuario AV Villas S.A., según lo extrajo de la documental y de los contratos de prestación de servicios allegados al proceso.

Sobre el asunto, la Corte encuentra propicia la oportunidad para reiterar que cuando las empresas de servicios temporales utilicen su fachada para mimetizar vinculaciones laborales y defraudar a los trabajadores respecto de quiénes son sus reales o verdaderos empleadores, en realidad no ostentan aquella calidad, pues se convierten en simples intermediarias mientras que las empresas usuarias se convierten en la verdadera y directa empleadora con las respectivas consecuencias económicas. Baste para ello recordar la sentencia del 24 de abril de 1997, rad. 9435, ratificada, entre otras, en la de 21 de febrero de 2006, rad. 25717(1); no así, cuando la empresa de servicios temporales funciona lícitamente y se cumplen los objetivos y limitaciones prescritos en la Ley 50 de 1990 para la provisión de empleos a través de ese modelo de contratación.

De consiguiente, para este particular caso, la Sala no advierte error protuberante en la determinación del juzgador de apelaciones que abra paso la intervención del juez constitucional, pues aquel luego del análisis cuidadoso de los contratos de prestación de servicios suscritos entre las codemandadas y sus anexos, así como del contrato de trabajo celebrado entre Servis Ya Ltda., y el actor y de su liquidación, encontró demostrado el hecho de que la vinculación laboral del demandante fue con la empresa de servicios temporales y no con el banco AV Villas S.A.

Es evidente que la providencia cuestionada se funda en la autonomía del juzgador para ponderar el acervo probatorio allegado al proceso con plena observancia de los principios de la libre formación del convencimiento y la sana crítica que consagra el artículo 61 del CPT y de la S.S., y fue precisamente en el ejercicio de esa facultad que le restó valor probatorio a la declaración de dos testigos al considerar parcializado su dicho por tener o haber tenido demandas judiciales contra las mismas sociedades aquí convocadas; de allí que al margen de que esta Sala la comparta o no, lo cierto que es no configura la violación ius fundamental, máxime que la Carta Política también ampara la independencia y autonomía judicial y es por ello que la intervención del juez de tutela únicamente es viable cuando lo proveído es desproporcionado y arbitrario, que sin lugar a dudas no fue el caso.

En cuanto a que se desconocieron las sentencias proferidas en otros procesos judiciales de equivalente contornos donde se resolvió a favor de los trabajadores demandantes, es necesario aclararle al accionante que existen dos clases de precedentes el horizontal y el vertical. En este sentido, mientras el precedente horizontal supone que, en principio, un juez —individual o colegiado— no puede separarse del precedente fijado en sus propias sentencias; el precedente vertical implica que los jueces no se pueden apartar del precedente establecido por las autoridades judiciales con atribuciones superiores, particularmente por las altas cortes.

En la Sentencia C-052 de febrero 8 de 2012, la Corte Constitucional sostuvo que «la obligatoriedad de los precedentes jurisprudenciales está naturalmente limitada a aquellos casos en que el tema a decidir coincida en lo sustancial con aquel previamente resuelto en el pronunciamiento que se cita como precedente», lo cual significa que, si no existe esa cercanía fáctica, el supuesto precedente «no podría considerarse obligatorio, pues lejos de salvaguardar la seguridad jurídica y la coherencia que naturalmente debe existir entre los distintos pronunciamientos de una Corte definida como órgano límite de su respectiva jurisdicción, ello podría conducir a una decisión equivocada, al aplicar a un caso concreto una solución que no consulta sus particularidades específicas, sino las de un evento diferente».

Bajo ese entendido, el precedente debe ser anterior a la decisión donde se pretende su aplicación y debe existir una semejanza de problemas jurídicos, cuestiones constitucionales, hechos del caso, normas juzgadas o puntos de derecho. En ausencia de uno de estos elementos, no puede predicarse la aplicación de un precedente.

En el sub examine, las providencias a las que el accionante hace mención en los alegatos de conclusión expuestos en segunda instancia, además de que fueron proferidas por otras salas de decisión del mismo Tribunal, contiene supuestos fácticos y jurídicos distintos, según lo indicó el mismo ad quem, por lo que no pueden tenerse como un precedente obligatorio, sumado a que contrario a lo afirmado por el actor, aquel si ofreció un mínimo razonable de argumentación para abstenerse de aplicarlo al caso sometido a su escrutinio.

Así las cosas, no se advierte la vulneración de ningún derecho fundamental y en tal virtud, la percepción del ad quem y la decisión que de allí se desprende, no puede ubicarse dentro de un proceder judicial irregular, criterio del cual, obviamente, el afectado con la decisión puede discrepar, sin que el simple hecho de ser susceptible de controversia el asunto, implique necesariamente incurrir en los desafueros endilgados en la solicitud de amparo, ni mucho menos que la petición de tutela sea procedente, motivo por el cual se negará el amparo solicitado.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Resuelve:

1. NEGAR la acción de tutela impetrada, por las razones expuestas en las motivaciones de esta providencia.

2. NOTIFICAR a los interesados telegráficamente o por cualquier otro medio expedito.

3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

Magistrados: Jorge Luis Quiroz Alemán, presidente de Sala—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos RuizFernando Castillo CadenaClara Cecilia Dueñas QuevedoRigoberto Echeverri BuenoLuis Gabriel Miranda Buelvas.

1 Pascualita Epieyu vs IFI y Servivarios.