Sentencia STL5683-2014/36202 de mayo 8 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

STL5683-2014

Rad.: 36202

Magistrado Ponente

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Acta Extraordinaria Nº 42

Bogotá, D. C., ocho de mayo de dos mil catorce.

Se pronuncia la Corte sobre la acción de tutela interpuesta por el apoderado de Reynaldo Gualdrón Pico contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA y el JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO de igual ciudad.

I. Antecedentes 

El accionante presentó queja constitucional en contra de las autoridades judiciales cuestionadas, al considerar que estas le están vulnerando sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la igualdad, al debido proceso, al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y al libre acceso a la administración de justicia, dentro del proceso ordinario laboral que promoviera el accionante contra la empresa INMEL S.A.

Manifiesta que con el citado proceso el cual le correspondió por reparto al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga, pretendía se declarara “que la terminación de su contrato de trabajo ocurrida el día 14 de Abril de 2012 fue ineficaz y careció de todo efecto jurídico, en razón a que la empresa no contó con la autorización del ministerio de protección social consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y a la cual estaba obligada por cuanto tenía pleno conocimiento que el demandante sufría de la enfermedad del túnel carpiano”, para lo cual indicó que mediante dictamen de la Junta Nacional Calificación de invalidez definió su enfermedad de origen profesional con una pérdida de capacidad laboral del 19.26%, razón por la que tenía derecho a la estabilidad laboral reforzada tal como lo consagra la Ley 361 de 1997.

Que el juez de conocimiento, mediante sentencia de fecha 28 de noviembre de 2013, declaró entre las partes la existencia de un contrato laboral por obra o labor entre el 24 septiembre de 2011 y 13 de abril de 2012 y paso seguido absolvió a la sociedad demandada de las demás pretensiones de la demanda.

Inconforme con la anterior decisión, el actor interpuso contra ella recurso de apelación que fue resuelto por el tribunal accionado el 7 de marzo de 2014, decisión que resolvió revocar la sentencia de primer grado para en su lugar disponer denegar las pretensiones de la demanda en cuanto a la petición de reintegro por estabilidad reforzada, declarar que entre las partes existieron sendos contratos laborales a término fijo desde el 26 de mayo al 25 de septiembre de 2010 que se prorrogó en tres ocasiones del 26 de septiembre del 2010 al 25 de enero de 2011, del 26 de enero al 25 de mayo de 2011 y del 26 de mayo al 25 de septiembre de 2011, al cabo de los cuales se renovó por un año, y por tanto condenó a la empresa demandada al pago indexado de la indemnización por despido injusto, por inexistencia de preaviso legal y las costas a cargo de la demandada y las agencias en derecho.

Se duele el accionante de las decisiones proferidas por las autoridades judiciales accionadas, con las que considera se vulneran sus derechos fundamentales invocados, pues en su criterio “La sentencia de segunda instancia se conformó con resolver que la terminación del contrato ocurrida el 14 de Abril de 2012 careció de justa causa, pero no tuvo la agudeza de presumir entonces que el único motivo que en ese momento determinó el despido fue precisamente la enfermedad del trabajador, tal y como lo ha indicado tajantemente nuestra H. Corte Constitucional al decir que ‘una vez se establezca que el despido o la terminación del contrato de trabajo de una persona en situación de discapacidad se produjo sin previa autorización del Ministerio de la Protección Social, el juez constitucional debe presumir que la causa fue la discapacidad que lo afecta’”.

Por lo anterior, solicita la tutela de sus derechos invocados y, como consecuencia de ello, se dejen sin efectos las providencias proferidas por las autoridades judiciales cuestionadas y en su lugar se ordene proferir los respectivos fallos de remplazo.

Mediante auto calendado de 29 de abril de 2014, esta Sala de la Corte admitió la acción tutela, ordenó notificar a las autoridades accionadas e informar a los demás intervinientes en el proceso ordinario laboral que originó la presente acción, con el fin de que ejercieran el derecho de defensa y contradicción, término dentro del cual las autoridades judiciales accionadas se opusieron a la prosperidad de la presente súplica constitucional.

II. Consideraciones 

La Constitución de 1991 consagró la acción de tutela como uno de los mecanismos para garantizar la eficacia de los derechos fundamentales.

Esta Sala de la Corte ha sido del criterio que no procede la tutela contra providencias o sentencias judiciales, atendiendo los principios de la cosa juzgada, la independencia y autonomía de los jueces, y entre otras razones fundamentales, por ausencia de base normativa.

Sobre la premisa de ausencia de norma positiva la Sala sostuvo la tesis de la improcedencia de la tutela contra providencias judiciales. Pero esta carencia ha sido suplida por la jurisprudencia de modo que hoy no es posible desconocer su arraigo y afianzamiento en todas las jurisdicciones, en especial en las otras Salas de nuestra Corporación; esta realidad impone morigerar aquella postura, cuando en casos concretos y excepcionales, con las actuaciones u omisiones de los jueces, resulten violados en forma evidente derechos constitucionales fundamentales.

La prosecución de la eficacia de los derechos fundamentales, ha de acompasarse con otros valores del Estado de derecho, en especial, en lo que concierne a la administración de justicia, con el de la seguridad jurídica, en especial la que realiza el instituto de la cosa juzgada, y el principio constitucional de la independencia y autonomía de los jueces.

Las reglas de interpretación del derecho en el terreno de los valores y de los principios, enseñan que la actuación de uno de ellos no supone la aniquilación de otro, sino que todos han de ser ponderados de manera que hallen cabida, consintiendo grados de aplicación que no afecten su núcleo esencial.

No obstante lo anterior sigue siendo valor esencial para la Sala que la tutela contra sentencias judiciales no puede ser medio ni pretexto para abolir la independencia del Juez, consagrada en el artículo 228 de la Carta Política, sustituyendo al juez natural.

Ahora bien, analizando el asunto objeto de tutela, considera esta Corporación que la protección suplicada no está llamada a ser concedida, como quiera que no se observa que el tribunal puesto en entredicho haya actuado de manera negligente, ni que en su decisión haya olvidado cumplir con el deber de análisis de las realidades fácticas y jurídicas sometidas a su criterio, siempre dentro del marco de autonomía y competencia que le es otorgada por la Constitución y la ley. 

En efecto, se observa que la determinación de revocar la decisión proferida por el a quo obedece a que no es posible para el caso del actor aplicar la estabilidad laboral reforzada, en razón a que conforme a las pruebas recaudadas en el proceso la estructuración de la pérdida de capacidad laboral del actor fue posterior a la terminación del contrato laboral, razón por la que el motivo del despido no fue dicha discapacidad, consignando en la decisión que motivó la presentación de esta acción constitucional, las razones que tuvo para tomar tal decisión, la interpretación que dio a los hechos y las pruebas del proceso, sin que en la misma se advierta una actuación subjetiva y arbitraria del operador judicial, independientemente de que se esté de acuerdo o no con ésta. 

De conformidad con lo anterior, se encuentra la decisión atacada arraigada en argumentos que consultaron reglas mínimas de razonabilidad jurídica y que, sin lugar a dudas, obedecieron a la labor hermenéutica propia del juez, sin que sea dable entonces a la actora recurrir al uso de este mecanismo preferente y sumario, como si se tratase de una tercera instancia a la cual pueden acudir los administrados a efectos de debatir de nuevo sus tesis jurídicas y probatorias sobre un determinado asunto, que en su momento fue sometido a los ritos propios de una actuación judicial, con el único fin de conseguir el resultado procesal que le fue esquivo en su oportunidad legal, con mayor razón cuando no se acreditó dentro de la acción que, con la decisión recurrida, se le hubiere causado un perjuicio irremediable. 

Máxime, como lo concluyó el tribunal accionado en la sentencia objeto de reproche, luego de analizar las pruebas allegadas al proceso, «Así las cosas, de conformidad con la ley y la jurisprudencia que se ha hecho alusión para efectos de tomar una decisión que ampare la estabilidad laboral reforzada con el consecuente reintegro del trabajador al amparo de la Ley 361 del 97 artículo 26, se requiere, 1) que el operario presente una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 15% , 2) que exista una relación de causalidad entre la discapacidad que aqueja al trabajador y el finiquito del vínculo contractual, 3) que la decisión determinar el contrato de trabajo provenga del empleador, y 4) que no exista autorización del Inspector del Trabajo, no desconoce la Sala que sobre éste particular aspecto, existe otra línea jurisprudencia esbozada por la Corte Constitucional y a la cual hace alusión el recurrente, respecto de la cual la Sala se aparta porque no consulta los precedentes de la jurisdicción ordinaria laboral respecto de la cual está obligado a seguir y de otro lado no consulta los términos de la ley regulatoria de la figura que estamos analizando, bajo esos lineamientos, en el caso examinado, de cara al dossier probatorio que está en el expediente no se discute que a Gualdrón Pico, COMEVA EPS le dio con solución de continuidad una serie de recomendaciones de adaptación ocupacional folios 39 y 40 y sostuvo varias incapacidades médicas entre el 23 de abril de agosto de 2010 y el 12 de abril de 2012 algunas de ellas derivadas del diagnóstico del síndrome del túnel carpiano por el que el 8 de febrero de 2011 se le realizó una intervención quirúrgica a fin de obtener su liberación de la mano derecha, folios 45 a 53 y 160, enfermedad cuyo origen fue objeto de profundas controversias y dictámenes contrapuestos entre la EPS y la ARP ya que la primera el 3 de mayo de 2011 conceptuó que era profesional, folios 22 a 24 mientras la segunda, el 21 de julio siguiente definió que era común, folio 25 ante lo cual intervino la junta regional de calificación de invalidez entidad que el 7 de septiembre de 2011 confirmó el origen común de la patología sufrida por el demandante, folios 26 a 28 experticia que a pesar de ser apelada fue conocida por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez que el 18 de abril de 2012 finalmente dijo que era profesional, obsérvese, y sobre eso se quiere hacer hincapié que el mencionado proceso únicamente debatió sobre el origen de la enfermedad que aquejaba al trabajador, nunca se ocupó de definir si existía o no una pérdida de capacidad laboral a consecuencial de la misma y el porcentaje de esta, este tópico sólo se vino a considerar en razón del presente pleito, tal como puede verse a los folios 184 y 184, fue así que mediante dictamen de la Junta Regional de Calificación de invalidez del 20 de noviembre de 2013, se estableció que el demandante sufrió una pérdida de capacidad laboral del 19.26% de origen profesional con fecha de estructuración 22 de octubre de 2013, lo anterior para significar, que el amparo extraordinario previsto en la Ley 361 del 1997 no puede cobijar al demandante, porque la aludida pérdida de capacidad laboral, por obvias razones no podía ser conocida por la demandada antes de la ocurrencia del fenecimiento del vínculo laboral, recuérdese que el mismo acaeció el 14 de abril de 2012 y la experticia aludida sólo se produjo el 20 de noviembre de 2013, en ese aspecto entonces no prospera la apelación”. 

No está por demás recordar a la peticionaria, por así haberlo sostenido esta Sala de Casación Laboral en reiterada jurisprudencia, que los jueces cuentan con potestad legal para apreciar libremente las pruebas que se alleguen a los procesos, con el fin de formar su convencimiento acerca de los hechos controvertidos, para lo cual pueden apoyarse en aquellos medios probatorios que les ofrezcan mayor credibilidad y llegar de esta manera a la verdad real de los hechos; de donde se concluye que, mientras las inferencias a las que arribe el fallador sean lógicamente aceptables, las mismas quedan cobijadas con la presunción de legalidad, de conformidad con los lineamientos del artículo 61 del C.P. del T. y la S.S.. 

En este orden de ideas, y sin que se hagan necesarias otras consideraciones, no hay lugar a conceder el amparo constitucional peticionado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE:

1. NEGAR la tutela suplicada por el apoderado de Reynaldo Gualdrón Pico contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA y el JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO de igual ciudad.

2. COMUNICAR a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada la presente providencia.

Notifíquese y cúmplase».

Magistrados: Rigoberto Echeverri Bueno—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy Del Pilar Cuello Calderón—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.