Sentencia STl7254-2017/46998 de mayo 10 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación n.° 46998

Acta 16

Magistrado ponente

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D. C., diez de mayo de dos mil diecisiete.

Resuelve la Sala la acción de tutela que promovió la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN contra la SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE SINCELEJO y el JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO de la misma ciudad.

Se admite el impedimento presentado por los magistrados Jorge Mauricio Burgos Ruiz y Fernando Castillo Cadena. En consecuencia, se les declara separados del conocimiento del presente asunto.

I. ANTECEDENTES

La entidad accionante instauró el mecanismo de amparo que ocupa la atención de la Sala, con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso «en conexidad con el art. 228 de la Constitución Política», porque, en su criterio, la citada prerrogativa le fue vulnerada por el Tribunal accionado, durante el trámite del proceso especial de fuero sindical número 2016-00390, en el que obró como demandada.

Su apoderada judicial expresó, para respaldar la petición de salvaguarda constitucional, que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-101 del 28 de febrero de 2013, le ordenó a su prohijada convocar a concurso público para proveer todos los empleos de procuradores judiciales grados I y II; que, en cumplimiento de la referida orden, la entidad profirió la Resolución 040 del 15 de enero de 2015, mediante la cual dio apertura al correspondiente proceso de selección, a través de catorce convocatorias; que las convocatorias 001-2015 a la 007-2015, tuvieron por objeto la provisión de cuatrocientos veintisiete cargos de procurador judicial grado II, código 3PJ, grado EC; que, por su parte, las convocatorias 008-2015 a 014-2015, se orientaron a proveer trescientos diecisiete cargos de procurador judicial I.

Indicó que, culminado el proceso clasificatorio, se publicó la lista de elegibles y se realizaron los nombramientos de las personas que integraban la citada lista; que, inmediatamente después de dicha etapa, las personas que con anterioridad a la iniciación del concurso ocupaban los cargos ofertados, comenzaron a instaurar acciones de tutela, en procura de obtener estabilidad laboral reforzada; que, uno de dichos casos, fue el de Carmenza del Socorro Guzmán López quien, después de ser desvinculada de la entidad, porque su cargo había sido provisto por concurso, promovió acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Córdoba; que dicha corporación, mediante fallo del 8 de septiembre de 2016, amparó los derechos de la accionante y ordenó:

Proceder a reubicar a la actora, en uno de los empleos de Procurador Judicial II ofertados y no provistos por lista de elegibles, una vez inicie el respectivo proceso de nombramientos, En todo caso, este nombramiento será temporal hasta tanto aquella sea incluida en nómina de pensionados. 

Refirió que, para la fecha en que se profirió dicha orden constitucional, no existían en la entidad cargos de Procurador Judical II vacantes para nombrar a la señora Guzmán López; que, no obstante, existía un cargo de Procurador Judicial II Administrativo en la ciudad de Sincelejo, que se encontraba ocupado en provisionalidad por el señor Raúl Enrique Vergara Álviz, debido a que allí no se había posesionado aún la persona que aprobó el concurso de méritos; que, en consecuencia, la entidad optó por reubicar a Carmenza del Socorro Guzmán López en dicho cargo en provisionalidad, para lo cual desvinculó al señor Vergara Álviz, quien no había superado las etapas de la convocatoria.

Afirmó que, al ser desvinculado, el señor Raúl Enrique Vergara Álviz presentó demanda especial de fuero sindical, en la que pidió que se le reintegrara al cargo que desempeñaba para la época de la desvinculación y que se le pagaran los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde la época del despido hasta la fecha del reintegro; que dicha demanda fue conocida en primera instancia por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Sincelejo; que el citado juzgado, mediante sentencia de fecha 23 de noviembre de 2016, condenó a su representada a reintegrar al demandante y a pagarle los emolumentos laborales referidos; que instauró recurso de apelación contra el proveído descrito y del mismo conoció la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo; que dicha corporación, mediante sentencia del 5 de diciembre de 2016, confirmó íntegramente la decisión de primer grado.

Señaló que, en su criterio, el juzgado y el Tribunal incurrieron en defectos de carácter sustantivo, fáctico y procedimental, con los cuales vulneraron los derechos fundamentales de su prohijada. Expresó que dichos yerros se cometieron porque las autoridades judiciales accionadas se limitaron a verificar que la entidad no había solicitado permiso para despedir al señor Vergara Alviz y bajo dicha premisa ordenaron su reintegro, sin tener en cuenta i) la calidad de empleado en provisionalidad del demandante, ii) el hecho de que no había superado el concurso de méritos para ocupar el cargo que desempeñaba provisionalmente, iii) que no había vacantes en la entidad en las cuales pudiera ubicarse al actor, iv) que el cargo que ocupaba el señor Álviz Vergara en provisionalidad, había sido ocupado en virtud de una orden de tutela y v) que al trámite del proceso especial de fuero sindical no habían sido vinculados los participantes en las convocatorias 001-2015 a 007-2015, como litisconsortes necesarios.

La apoderada judicial de la entidad accionante pidió, en consecuencia, que se protegieran las garantías superiores presuntamente vulneradas y que, como medida urgente dirigida a restablecerlas, se dejaran sin efecto las providencias objeto de cuestionamiento. Solicitó, así mismo, que se ordenara a las referidas autoridades que profirieran decisiones de reemplazo, «dejando de lado las irregularidades que se han puesto de presente en el escrito de tutela».

La acción de tutela se admitió mediante auto de fecha 27 de abril de 2016, en el que se corrió traslado a las autoridades judiciales accionadas para que ejercieran su derecho de defensa y, con el mismo fin, se ordenó vincular a Raúl Enrique Vergara Álviz, a Carmenza del Socorro Guzmán López, al Sindicato Sintraproan y a todas las demás partes e intervinientes en el proceso especial de fuero sindical que motivó la queja constitucional.

Durante el término de traslado correspondiente, se recibió respuesta del Tribunal Superior de Sincelejo (folios 16 a 19), del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la misma ciudad (folio 21) y de Raúl Enrique Vergara Alviz, parte demandante dentro del proceso judicial referido (folios 32 a 34), quien solicitó se denegara la acción impetrada.

II. CONSIDERACIONES

Para proteger los derechos fundamentales de cualquier persona, amenazados o vulnerados por acción u omisión de una autoridad pública, se estableció en el artículo 86 de la Constitución Política la acción de tutela, que le permite a toda persona acudir a las autoridades judiciales en busca de una orden que impida el acto amenazante o lo suspenda.

El instrumento señalado procede, en igual medida, cuando el hecho generador de la amenaza o la vulneración de uno o varios derechos fundamentales, proviene de una providencia emanada de autoridad judicial competente. Sin embargo, en dichos casos puntuales, la intervención del juez constitucional en la órbita del juez natural se justifica, exclusivamente, cuando la decisión judicial que se reprocha ha sido el producto de una interpretación caprichosa o arbitraria del juez autor de la misma, que ha contribuido, en forma evidente, a la transgresión del derecho de raigambre constitucional cuyo amparo se invoca.

Desde la perspectiva anterior, esta Sala ha insistido en que no es posible dispensar el amparo, entre otros, cuando la providencia judicial acoge un criterio hermenéutico válido, de varios posibles, con un soporte razonado, que no puede tildarse de arbitrario, debido a que la discrepancia de criterios, en sí misma, no se erige en razón suficiente para que el juez constitucional quebrante la providencia objeto de cuestionamiento.

Resulta relevante lo anotado, porque, en el presente asunto, la Procuraduría General de la Nación deriva la presunta vulneración de sus garantías constitucionales, de las sentencias proferidas por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Sincelejo y por la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, el 23 de noviembre de 2016 y el 5 de diciembre del mismo año, respectivamente, dentro del proceso especial de fuero sindical número 2016-00390, seguido en su contra por Raúl Enrique Vergara Álviz.

De esta manera, al advertirse que la segunda de las decisiones enunciadas fue confirmatoria de la primera, acogió sus argumentos y decidió, en forma definitiva, el litigio que se suscitó entre el señor Vergara Álviz y la aquí accionante, se centrará la Sala en el estudio de dicho proveído, con el fin de dilucidar si hay o no lugar, bajo los anteriores criterios, a otorgar la salvaguarda pretendida.

Pues bien, se observa que en la sentencia aludida, la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo, después de efectuar un completo recuento de antecedentes fácticos y procesales, estableció que el problema jurídico que debía resolver, de acuerdo con el recurso de alzada que le había otorgado la competencia funcional, estribaba en determinar si la Procuraduría General de la Nación estaba facultada para desvincular del servicio al demandante, bajo el argumento de que éste último no había superado el concurso de méritos o si, por el contrario, dicha desvinculación no era factible, dada la condición de aforado del actor.

Seguidamente, la corporación accionada determinó que el marco jurídico para dilucidar la controversia puesta bajo su criterio, estaba delimitado fundamentalmente por el artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo, disposición que expresamente definía el fuero sindical como «la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otro establecimiento de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa causa previamente calificada por el juez del trabajo»

Dilucidado lo anterior, el juez colegiado consideró pertinente recordar que el despido de un trabajador con fuero sindical, sin la autorización correspondiente, previa verificación de alguna de las causales establecidas en el artículo 410 del Código Sustantivo del Trabajo, acarreaba necesariamente el reintegro del trabajador a su cargo, consecuencia que, aclaró la corporación, no era aplicable únicamente a los trabajadores particulares, sino también a los servidores públicos.

Seguidamente, el ad quem valoró la totalidad de los elementos probatorios que obraban en el expediente y, a partir de dicho ejercicio, halló probados los siguientes supuestos fácticos:

i) Que el demandante, Raúl Enrique Vergara Álviz había participado en el concurso de méritos adelantado para proveer los cargos de procuradores judiciales I y II en la Procuraduría General de la Nación, pero no había aprobado las etapas de dicha convocatoria pública.

ii) Que, con posterioridad a la finalización del concurso de méritos referido, el demandante había sido desvinculado del cargo de Procurador Judicial II, que desempeñaba en provisionalidad en la entidad.

iii) Que, para la época de su desvinculación, el demandante ocupaba el cargo de cuarto suplente de la Junta Directiva de la Subdirectiva Sincelejo del Sindicato de Trabajadores y Procuradores Judiciales de la Procuraduría General de la Nación, SINTRAPROJUDICIALES.

iv) Que la Procuraduría General de la Nación no había solicitado permiso al juez del trabajo, para desvincular al demandante del cargo que ocupaba en provisionalidad.

Concluido el análisis probatorio, el Tribunal confrontó los hallazgos señalados, con las premisas normativas citadas en la parte introductoria de la providencia. De esta manera, concluyó que la entidad convocada a juicio había infringido un deber legal, al desvincular al trabajador aforado sin solicitar previamente ante el juez del trabajo el levantamiento de la garantía de la que gozaba. Igualmente, señaló que la conclusión lógica de tal infracción, era el reintegro pretendido en la demanda, con el consecuente pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir por el demandante, desde la fecha de su desvinculación hasta la fecha del reintegro.

Bajo los derroteros señalados, la corporación confirmó íntegramente la decisión que en el mismo sentido había adoptado el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Sincelejo, el 23 de noviembre de 2016.

En uno de los apartes, el Tribunal indicó:

Y es que aquí no está en discusión la obligatoriedad considerada por la parte empleadora para dar por terminado el vínculo legal y reglamentario del señor RAÚL ENRIQUE VERGARA ALVIS, sino el no haberse surtido el trámite correspondiente para legalizar ese despido que se consideró imperioso […] 

En efecto, verificado y reconocido está que el demandante era miembro de la junta directiva del sindicato SINTRAPROAN, y por tanto tiene el carácter de aforado, lo que a la postre le permite ejercer la presente acción en procura de la recuperación del empleo del que fue desvinculado sin el cumplimiento de los mandatos legales que gobiernan este tipo de asuntos.  

Tampoco es de recibo el argumento relativo a que la causa de despido se encuentra establecida en el artículo 410 del C.S.T. y de la S.S., referente a que el cargo fue sometido a concurso y que el actor no superó los requisitos del mismo, pues se reitera, lo que aquí se debate no es la motivación de la desvinculación, sino la inercia y desinterés en la autorización que éste requería por parte del operador jurídico, que a través del trámite judicial correspondiente tenía la potestad de verificar tales hechos a efectos de conceder o no ese permiso, de manera que este no es el escenario propicio para tal demostración, precisamente porque esa solicitud debe ser previa al despido y no posterior, como se pretende ahora, pues lo que se busca con ello es evitar el quebrantamiento de las garantías fundamentales del trabajador aforado.  

Pues bien, al analizarse en los términos precedentes, la decisión que motivó la inconformidad de la entidad accionante, para la Sala es claro que el Tribunal Superior de Sincelejo, al reprochar a la Procuraduría General de la Nación que no hubiere solicitado permiso al juez del trabajo para levantar el fuero sindical del que gozaba Raúl Enrique Vergara Álviz, antes de desvincularlo del empleo de Procurador Judicial II que desempeñaba en provisionalidad, por no haber aprobado el concurso de méritos en el que se ofertó dicho cargo, sí incurrió en un grave desatino, debido a que pasó por alto el artículo 24 del Decreto 760 de 2005, expedido por el Presidente de la República en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 909 de 2004, que expresamente señala:

ARTÍCULO 24. No será necesaria la autorización judicial para retirar del servicio a los empleados amparados con fuero sindical en los siguientes casos: 

24.1. Cuando no superen el período de prueba. 

24.2. Cuando los empleos provistos en provisionalidad sean convocados a concurso y el empleado que lo ocupa no participe en él. 

24.3. Cuando los empleos provistos en provisionalidad sean convocados a concurso y el empleado no ocupare los puestos que permitan su nombramiento en estricto orden de mérito.(Resaltado fuera del texto original).

Así mismo, el juez colegiado olvidó que la anterior disposición, aplicable al régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación en forma supletoria por virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 909 de 2004, fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia CC C-1119-05, en la que dicha colegiatura precisó que la desvinculación de los servidores públicos en provisionalidad, derivada de la falta de aprobación de los concursos de méritos promovidos por la administración pública, no puede considerarse estrictamente un despido que exija previo levantamiento del fuero sindical, debido a que se trata, más bien, de una desvinculación por mandato legal, exenta de tal requisito.

Así, en la sentencia de constitucionalidad reseñada, se señaló:

Siendo ello así, en el artículo 24 cuestionado se dispuso por el legislador habilitado que quien se encuentre desempeñando un empleo de carrera en carácter provisional, pueda ser retirado del servicio a pesar de estar amparado con la garantía del fuero sindical, sin que tenga que mediar para ello autorización judicial en los eventos contemplados en la norma acusada, esto es, cuando no sea superado el período de prueba por obtener calificación insatisfactoria, según lo previsto por el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, como ya se vio; cuando el empleado no participe en el concurso público de méritos para proveer los empleos que estén siendo desempeñados en provisionalidad; o cuando a pesar de haber participado en el concurso, no ocupe los puestos que permitan su nombramiento en estricto orden de méritos. Existe pues una relación directa entre el retiro del servicio en estos casos, con el proceso de selección para cargos de carrera administrativa cuya competencia es del resorte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. En efecto, se trata de situaciones objetivas previamente establecidas por la ley como causal de retiro del empleo las que dan lugar a ello. De ahí que no sea necesaria la autorización judicial que se echa de menos por los demandantes, pues no se trata de verificar la existencia o no de justas causas del despido de trabajadores amparados con fuero como una medida tuitiva del derecho de asociación sindical, sino de dar cumplimiento a los procesos de selección para el ingreso a la función pública, fundados en el mérito y la igualdad de oportunidades de todos los aspirantes (CP. art. 125).  

Recuérdese que los servidores que desempeñan funciones en provisionalidad se encuentran en condición de transitoriedad y de excepción que encuentra su justificación en la continuidad del servicio, de suerte que se pueda dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado. En tal virtud gozan solamente de una estabilidad relativa hasta tanto se pueda proveer el empleo con quienes superen el concurso público de méritos. Así las cosas, en las circunstancias previstas por el artículo 24 del Decreto-ley 760 de 2005 la desvinculación del trabajador se da por mandato constitucional y legal y no por despido o decisión unilateral del nominador. En efecto, una de las causales del retiro del servicio es la calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo, como lo dispone el artículo 125 de la Ley Fundamental, que se da cuando no se supere el período de prueba; y las otras dos causales, por no participar en el concurso o por el hecho objetivo de no alcanzar los puntajes requeridos en el mismo para adquirir la vocación de ser nombrado en período de prueba en estricto orden de méritos […]  

El despido del trabajador sin calificación judicial previa, que desempeña el cargo en provisionalidad y se encuentra amparado con el fuero sindical ha sido objeto de varios pronunciamientos por parte de esta Corporación, en los cuales se ha sostenido que no es necesario acudir a la autorización judicial para retirar a un empleado con fuero, pues las consecuencias jurídicas relacionadas con la relación o vínculo laboral se predican de una definición legal de carácter general, como lo es el hecho de no haber superado las condiciones objetivas que le permiten acceder a cargos de carrera administrativa mediante la superación del proceso de selección [17]. Con todo, ello no significa que el despido en estos casos no deba ser precedido de un acto administrativo motivado[18] que pueda ser controvertido, a fin de evitar el eventual menoscabo de alguno de los derechos fundamentales de los servidores públicos.

Ahora, es indudable que el yerro cometido en tal sentido por el Tribunal, marcó definitivamente el rumbo para que este incurriera en una nueva y más relevante equivocación, lo que sin duda ocurrió cuando ordenó el reintegro inmediato del demandante al cargo que ocupaba en provisionalidad, cuyas condiciones objetivas de desempeño no habían sido superadas por el actor, así como el pago de las acreencias derivadas de dicho reintegro, sin solución de continuidad.

Debe decirse, entonces, que la corporación accionada quebrantó las disposiciones legales que regulaban el caso sometido a su criterio, por doble vía, en atención a que, por un lado, le exigió a la entidad pública demandada el cumplimiento de un requisito del cual se encontraba expresamente exonerada por virtud del Decreto 760 de 2005 y, por el otro, ordenó el reintegro del actor y el pago de emolumentos a los que no le asistía derecho a la luz del ordenamiento jurídico vigente.

Se sigue de lo expuesto, que el derecho fundamental al debido proceso, invocado por la Procuraduría General de la Nación, sí fue vulnerado por la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo, circunstancia que justifica la intervención del juez constitucional en el presente asunto, así como la adopción de medidas urgentes de su parte, dirigidas a restablecer las garantías conculcadas.

Por consiguiente, se otorgará el amparo solicitado, se dejará sin valor legal ni efecto alguno la sentencia proferida por el Tribunal mencionado, el 5 de diciembre de 2016, dentro del proceso especial de fuero sindical promovido por Raúl Enrique Vergara Álviz contra la Procuraduría General de la Nación y, en su lugar, se ordenará a dicha corporación que, en un término no superior a cuarenta y ocho (48) horas, profiera una sentencia en reemplazo de la señalada, en la que tenga en cuenta los razonamientos expuestos en la presente providencia.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso, invocado por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

SEGUNDO: DEJAR sin valor legal ni efecto alguno la sentencia de fecha 5 de diciembre de 2016, proferida por la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo, dentro del proceso especial de fuero sindical seguido por Raúl Enrique Vergara Álviz contra la entidad aquí accionada.

TERCERO: ORDENAR a la corporación accionada que en un término no superior a cuarenta y ocho (48) horas, proceda a proferir sentencia de reemplazo en el proceso referido, en la que tenga en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este fallo.

CUARTO: NOTIFICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuere impugnada esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

Magistrados: Gerardo Botero Zuluaga, Presidente de la Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz, impedido—Fernando Castillo Cadena, Impedido—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda BuelvasJorge Luis Quiroz Alemán.