Sentencia STL7456-2016/66311 de junio 1 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

STL7456-2016

Rad.: 66311

Acta No 19

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Bogotá D.C., primero de junio de dos mil dieciséis.

Decide la Corte sobre la impugnación interpuesta por MNV S.A.-en liquidación contra la providencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 2 de marzo de 2016, dentro de la acción de tutela promovida por el Banco de Occidente S.A. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Superintendencia de Sociedades.

I. Antecedentes

La entidad peticionaria presentó acción de tutela solicitando la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa.

Conforme a lo expuesto en el escrito de amparo, se desprende que, ante la Superintendencia de Sociedades, el liquidador de la sociedad MNV S.A., instauró acción revocatoria en su contra y de otros, ello con ocasión de un contrato de leasing habitacional celebrado por Leasing Occidente S.A. y Miguel Eduardo Nule Velilla, que recayó sobre un apartamento y dos parqueaderos, acción que fundamentó el liquidador en que “la opción de compra, por valor de $ 543.213.564, no fue cancelada por el señor Miguel Eduardo Nule Velilla sino por la referida sociedad en liquidación”.

Adujo que dentro del citado proceso, el 12 de marzo de 2015 el superintendente delegado para procedimiento de insolvencia (e), profirió auto “mediante el cual resolvió las excepciones previas interpuestas por mi poderdante; citó a las partes a la audiencia de que trata el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil; delegó […] que [se] adelantara la audiencia mencionada; reconoció personería a los apoderados de las partes que han intervenido en el proceso; decretó algunas pruebas y aplazó la decisión de las demás pruebas solicitadas por las partes para pronunciarse sobre las mismas en la audiencia convocada”, pero “omitió por completo decretar las solicitadas por el Banco de Occidente, a pesar de que en las consideraciones de dicho auto se manifiesta que se tendrían como pruebas documentales las aportadas” por tal entidad, por lo que oportunamente interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra tal determinación.

Relató que al decidir el recurso de reposición, “en la parte considerativa del mismo, (…) al referirse a las pruebas documentales solicitadas y aportadas por el Banco de Occidente S.A., se indica que “La demandada Banco de Occidente presentó una serie de documentos con su escrito de llamamiento en garantía a Rina Cecilia Mendoza Beltrán y solicitó su citación a interrogatorio de parte”, y a renglón seguido se reconoce que por error se omitió incluirlos en la parte resolutiva de la providencia recurrida, por lo que se procedería a corregir el error”, sin embargo, en relación al interrogatorio de parte del liquidador de la sociedad demandante y el testimonio de Javier Escandón Jaramillo, en el citado auto se adujo que “En la medida en que en la oportunidad procesal respectiva el Banco de Occidente S.A. no pidió las mencionadas pruebas, este despacho no se pronunciará sobre su decreto a solicitud de la parte”; y se abstuvo de conceder la alzada por no enmarcarse la situación recurrida en el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil.

Indicó que en consideración a que sí pidió las pruebas que la Superintendencia de Sociedades afirmó que no había solicitado oportunamente, interpuso nuevamente recurso de reposición, advirtiendo “que si la decisión del despacho era la de persistir en no corregir el error anotado y declarar improcedente el recurso de reposición con el argumento de que el auto que decide una reposición no es susceptible de ningún recurso, en ese caso en forma subsidiaria se solicitaba reconsiderar la decisión de negar el recurso de apelación y proceder a concederlo”, y que “en todo caso, […] de ser decidido negativamente o rechazado el recurso de reposición y negada la concesión de la apelación, en forma subsidiaria, se interponía recurso de queja”.

En audiencia celebrada el 28 de abril de 2015 “se profirió sentencia anticipada parcial y, por supuesto, se negó el recurso antes mencionado porque legalmente no era procedente reposición de reposición, declarando que no se requerían más pruebas y concediendo el recurso de queja contra el auto de pruebas, además de que se negó en forma completamente ilegal y arbitraria el recurso de apelación interpuesto en la audiencia contra la sentencia anticipada parcial”.

Manifestó que el 20 de mayo se profirió Sentencia definitiva en contra del Banco de Occidente, pese a que se encontraba en curso el recurso de queja, el que se decidió equivocadamente el 21 de agosto de ese mismo año.

En relación con la providencia que definió el asunto, afirmó que, contrario a la verdad, se plasmó que “en su oportunidad, la demandada Banco de Occidente S.A. no presentó contestación de demanda ni propuso excepciones de mérito”, por lo que no tuvo en cuenta los argumentos defensivos allí expuestos y, de contera, desconoció la establecido en los artículos 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil, de igual forma desatendió la defensa que propuso el codemandado Miguel Eduardo Nule Velilla, pese a que luego de la “sentencia parcial la litis quedó reducida por la parte demandante o actora a la sociedad MNV S.A. y por la parte demandada al Banco de Occidente y al señor Miguel Eduardo Nule Velilla”, lo que meramente realizó fue “un análisis de la buena fe como requisito o presupuesto legal de la prosperidad de la acción revocatoria a que se refiere el artículo 74 de la Ley 1116 de 2006”.

Remarcó que en dicha providencia se condenó a la entidad bancaria a reintegrar a la sociedad MNV S.A. la suma de $ 543.213.564, que corresponde al pago final del precio, junto con los intereses de mora, pese a ello no se dispuso que restituyeran a su favor los bienes inmuebles, los cuales, previo a la acción, habían sido adquiridos por el Helm Bank S.A., quien celebró un contrato de leasing con el señor Luis Guillermo Dávila Vinueza, quienes fueron absueltos.

Censuró a su vez que se declara bien denegado el recurso de apelación, decisión que se sustentó en un “argumento eminentemente formalista consistente en que el auto recurrido no negaba las pruebas sino que postergaba su resolución”, lo cual resulta contrario a los hechos del proceso, a más que no advirtió que se dictó sentencia “sin pruebas, a pesar de todos los recursos de reposición interpuestos”.

Como también que luego de ser concedido por la Superintendencia de Sociedades y admitió el recurso de apelación que promovió contra el fallo de 20 de mayo de 2015, “desconocimiento del principio de “confianza legítima””, intempestivamente, el 20 de octubre, optara por “declarar la nulidad de todo lo actuado en segunda instancia” e “inadmitirlo” al considerar “que en las acciones revocatorias en los procesos de insolvencia de que trata el artículo 74 de la Ley 1116 de 2006, la sentencia que les pone fin es inapelable por ser un proceso o juicio de única instancia”, pronunciamiento frente al cual, sin éxito, interpuso recurso de “súplica”.

Cuestionó que el tribunal modificara “su posición o conducta reiterada y conocida de admitir los recursos de apelación contra las sentencias proferidas por la Superintendencia de Sociedades en acciones revocatorias, constituye una vía de hecho por desconocimiento del principio de confianza legítima procesal, reconocida reiterada y uniformemente por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la propia Sala Civil de la H. Corte Suprema de Justicia”.

Por lo anterior, solicitó el amparo constitucional de sus derechos fundamentales invocados y, como consecuencia de ello, se declare “la nulidad de todo lo actuado por la Superintendencia de Sociedades y por el Tribunal Superior de Bogotá - Sala Civil en el trámite de la acción revocatoria en cuestión desde el auto en que se decretaron las pruebas en el referido proceso”, ordenando a la Superintendencia de Sociedades que en el trámite de la acción revocatoria garantice sus derechos fundamentales y a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que en el evento de proferir aquella decisión en su contra “le dé trámite al recurso de apelación que se interponga contra la misma, dado el hecho de tratarse de una acción revocatoria cuyo trámite se inició con anterioridad a que el referido tribunal modificara su posición o tesis de que en este tipo de procesos era procedente interponer la apelación contra las sentencias que se profieran”.

II. Trámite y decisión de instancia

Mediante proveído del 20 de enero 2016, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia admitió la acción de tutela, y ordenó notificar a los accionados, con el fin de que ejercieran los derechos de defensa y contradicción.

La Superintendencia de Sociedades se opuso a los pedimentos, para lo cual esgrimió que la quejosa no hizo uso de todos los mecanismos consagrados a efectos de derruir la providencia objeto de reproche, toda vez que, siendo procedente, no interpuso incidente de nulidad contra la determinación nugatoria de las pruebas.

Surtido el trámite de rigor, la Sala cognoscente de este asunto constitucional en primer grado, mediante sentencia calendada de 10 de marzo de 2016, concedió el amparo reclamado y, en ese sentido, resolvió dejar sin valor y efecto el auto de 20 de octubre de 2015, junto con las actuaciones que de este se desprendan, ordenando a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que “dicte providencia que sobre el exclusivo punto de marras tome la decisión correspondiente, a fin de que se siga surtiendo el trámite de ley en la segunda instancia, para luego definir la controversia, consultando las disposiciones legales que gobiernan la materia, de conformidad con lo plasmado en la parte motiva de este pronunciamiento”.

Para arribar a la anterior conclusión hizo un recuento de las actuaciones surtidas dentro del juicio objeto de reproche, transcribiendo apartes de lo allí establecido, y luego pasó a ocuparse del auto de 20 de octubre 2015, mediante el cual el tribunal declaró la nulidad de lo actuado en la instancia e inadmitió la apelación, afirmando que “al no tramitarse la “segunda instancia” del litigio abreviado (hoy día verbal conforme al artículo 21 de la Ley 1395 de 12 de julio de 2010) de la acción revocatoria sub judice se incurrió en anomalía en tanto que dicho fallo sí está sujeto a alzada, según lo previsto normativamente, siendo que no es dable hacer interpretaciones de reglas procesales de orden público; a más que se defraudó la “confianza legítima” de la entidad apelante”.

A fin de fundamentar su postura, precisó que aun cuando en torno a la procedencia del recurso de alzada en punto de las acciones revocatorias, han existido dos posiciones, una que pregona que “son inapelables por cuanto que, grosso modo, según estipula el artículo 6º de la Ley 1116 de 27 de diciembre de 2006, por la cual “se establece el régimen de insolvencia empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones”, el “proceso de insolvencia adelantado ante la Superintendencia de Sociedades es de única instancia”, y en vista de que esas acciones se surten bajo el cobijo legal de la insolvencia, en calidad de accesorias, esa es la senda que también se impone para ellas” y otra que sostiene “que tanto la “acción revocatoria” como la de “simulación”, reguladas por los preceptos 74 y 75 ejúsdem, refieren a una acción autónoma que, por ende, se rige por pautas particulares que autorizan el recurso vertical de las sentencias de primer grado al efecto dictadas”.

Lo cierto era que, sin lugar a equívocos, la postura correcta y ajustada al ordenamiento legal, era la segunda, afirmando en dicho sentido que “las sentencias dictadas al interior de las acciones revocatorias o de simulación, de que tratan los artículos 74 y 75 de la Ley 1116 de 2006, que se surten mediante el procedimiento abreviado, hoy verbal, sí son objeto del recurso de alzada (siempre y cuando se trate de verbales de mayor y menor cuantía), comoquiera que al efecto claramente las mismas demarcaron las pautas del procedimiento a seguir (abreviado, hoy verbal) y, por ende, se impartieron directrices de orden público que devienen invariables al juez o a las partes”.

Explicó sobre el particular, luego de realizar un breve recuento histórico de las disposiciones que han regulado la materia, que:

5.3. Según viene de verse, los artículos 74 y 75 de la Ley 1116 de 2006, que es el compendio normativo que regula el punto objeto del presente pronunciamiento, en manera alguna permiten deducir válidamente que los juicios abreviados (hoy día verbales, de acuerdo al precepto 21 de la Ley 1395 de 2010) en que se debaten acciones revocatorias —como lo es la proferida en el sub examine— o de simulación no sean susceptibles de ser tramitados en doble instancia, esto es, asimismo, que las sentencias dictadas al interior de tales no sean aptas de recurso de apelación (salvedad hecha, eso sí, de los asuntos de mínima cuantía que, entonces, se adelantarán por el procedimiento verbal sumario y bajo las precisas pautas de este), pues si nos remitimos al rito que legalmente está demarcado en el Código de Procedimiento Civil para esa especie de litigios declarativos, surge que los asuntos que se regulan por dicha cuerda procesal (preceptos 408 a 426 de la ley de ritos civiles), salvo aquellos en que puntualmente se ha hecho excepción (verbigracia, ver el trámite de restitución de bien raíz arrendado: artículo 424 ibídem, que ha de armonizarse con el 39 de la Ley 820 de 2003), son dignos, todos, de surtirse ante a quo y ad quem, en este último evento si tempestivamente se activa por los interesados el debido ejercicio del medio impugnativo vertical que al efecto es menester.

Con todo, vale la pena apuntar que no obstante que en algunas épocas, como quedó visto, se les dio “trámite de única instancia” según de ese modo lo prescribió la ley, lo cierto es que esa eventualidad ya no ocurre con las acciones de simulación o revocatorias contempladas en la 1116 de 2006, porque si hoy día se surten por la vía verbal, lo propio lo único que depara es que según la cuantía tengan o no “doble instancia”; es de ver que ese entendido se predica, también, para las “acciones revocatorias de que tratan los artículos 19, 20 y 56 del Decreto 350 de 1989”, según así lo contempla el canon 427-14 del Código de Procedimiento Civil, lo cual refuerza el aserto de marras.

Acotó igualmente que:

6. En segundo término, dado que en tales no se sostuvo que las acciones de marras sean de naturaleza subalterna a las demás contempladas en el régimen de insolvencia, lo cual no es un tópico coyuntural sino que, como se vio, el legislador así lo ha venido estableciendo históricamente al punto que ha llegado a relievar, expresamente, que por el hecho de iniciarse una “acción revocatoria” o una “de simulación”, ello “no suspenderá ni afectará el curso del trámite liquidatorio”.

Es decir, observándose la precisa naturaleza de las acciones, sus propósitos sustantivos y el particular sendero procedimental que legalmente se les dio, no emerge que haya sustento valedero para predicar que los procesos por los que transite se erijan en asuntos accesorios al “proceso de reorganización” de que tratan los preceptos 9º a 46 ibíd., o al “proceso de liquidación judicial” contemplado en las normas 47 a 66 ibídem, si no que más bien, en cambio, se revelan independientes.

Agregó a su vez que dentro de dicho proceso intervienen terceros, los cuales, de ser sometidos a un trámite de única instancia “se verían vulnerados en su derecho al debido proceso pues sólo a ellos se les sometería a litigar en un juicio de naturaleza abreviada (hoy verbal) en que, sin que el legislador hubiere hecho excepción, así se les impusiere, cuando sabido es que sólo los ritos en que expresamente se contempla aquella connotación está restringida la apelabilidad de las decisiones que se adopten”.

Y, finalmente, apuntaló su decisión bajo la egida del principio de confianza legítima, indicando lo siguiente:

9. Al margen de lo anterior, cabe relevar que en el puntual y específico asunto otra circunstancia también impone el otorgamiento de la salvaguardia peticionada, según ya se dijo, o sea, la sorpresiva manera como, mediante la Resolución de 20 de octubre de 2015, la colegiatura querellada declaró “inadmisible” la alzada enfilada contra la Sentencia de 20 de mayo de esa anualidad que en el sub lite emitió la Superintendencia de Sociedades, pese a que previamente admitió dicha apelación por proveído de 21 de agosto del año pasado, luego corrió “traslado a las partes para presentar sus alegaciones en esta instancia, en la forma y por el término previsto en el artículo 360 del Código de Procedimiento Civil” por determinación de 2 de septiembre ulterior, y después precisó que era del caso señalar hora y fecha “para llevar a cabo la audiencia a la que refiere el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil” el día 10 del mismo mes y año, con lo que, abrupta y sorpresivamente, tras dar a entender, como así se venía haciendo en otros casos de similar connotación, que sí era viable desatar el medio impugnativo vertical interpuesto y emprender sendas actuaciones judiciales tendientes a ello, cambió de parecer jurídico y declaró la ilegalidad de lo actuado aduciendo la inapelabilidad al efecto apuntada, con lo cual quebrantó la confianza legítima de la entidad reclamante.

III. Impugnación

Inconforme con la anterior decisión, la sociedad MNV S.A. en liquidación judicial la impugnó a través de escrito visible a folios 150 a 159, del cuaderno de tutela.

Como fundamento de su disenso esgrimió que la determinación adoptada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá se atemperó con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1116 de 2006, en el sentido de que la decisión proferida por la Superintendencia de Sociedades es de única instancia, por lo que no se puede predicar vulneración de derecho fundamental alguno.

Remarcó que la providencia cuestionada es fruto de un análisis valido, fundado y razonado de la temática sometida a su conocimiento, lo que descarta la existencia de una vía de hecho como presupuesto básico e indispensable para dispensar el amparo constitucional.

Aseveró que la Sala está desconociendo su propio precedente, toda vez que en decisión anterior, en la que se analizó la procedencia de la segunda instancia en acciones revocatorias, coligió que ello no era posible, situación que, a la par, menoscaba el principio de la confianza legítima y el derecho a la igualdad.

IV. Consideraciones

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La presente acción de tutela se encuentra encaminada a restarle efectos a las providencias que resolvieron la acción revocatoria promovida por MNV S.A.-en liquidación contra Miguel Alberto Nule Velilla, Rina Cecilia Mendoza Beltrán, Decoración y Objetos S.A.S., Helm Bank S.A. y el Banco de Occidente.

Para tales efectos sostuvo la última nombrada, que al interior del respectivo trámite se desconocieron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, por cuanto, por una parte la Superintendencia de Sociedades dictó sentencia el día 20 de mayo de 2015, sin ocuparse del estudio de las excepciones de mérito, como tampoco sobre la prestación mutua de reintegro a su favor del bien objeto del leasing habitacional, no obstante que sí le impuso la devolución del monto dinerario que por tal ajuste de voluntades recibió y, por otra, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, bajo un argumento eminentemente formalista desató de manera adversa el recurso de queja, a más que, pese a admitir el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia, de manera intempestiva anuló lo actuado y, en su lugar, consideró que este era improcedente, por lo que inadmitió la alzada, determinación que mantuvo al resolver el recurso de súplica.

El juez constitucional de primer grado, al resolver el asunto sometido a su conocimiento, aun cuando eran múltiples los cuestionamientos elevados, centró su análisis en la decisión proferida el 20 de octubre de 2015, a través de la cual la Sala accionada declaró la nulidad de lo actuado y, en su lugar, inadmitió el recurso de apelación, explicando que procedía así en razón a que tal proveído “comprende los demás reparos aquí expuestos (tocantes con el no estudio en esta última providencia de las “excepciones de mérito” planteadas por la quejosa, como la falta de pronunciamiento sobre la “prestación mutua” de reintegro a su favor del bien objeto del leasing habitacional, amén de haber sido desestimada la “súplica” con que atacó el proveído ut supra)”.

Efectuada tal precisión, coligió que la decisión adoptada fue desafortunada y contraria al ordenamiento jurídico, incurriendo en defecto material y procedimental absoluto, como quiera que desconoció que el fallo proferido dentro de la acción revocatoria sí está sujeto al recurso de alzada.

La anterior determinación, conforme se plasmó en el acápite pertinente, se soportó bajo diferentes argumentos que se pueden condensar así:

(i) El artículo 75 de la Ley 1116 de 2006 expresamente estableció que la acción revocatoria se tramitará como proceso abreviado regulado en el Código de Procedimiento Civil (hoy día verbal, de acuerdo al precepto 21 de la Ley 1395 de 2010). Luego, si en el rito que está demarcado para esa especie de litigios se previó el recurso de alzada, la cuantía es lo único que depara su procedencia.

(ii) La prohibición de la segunda instancia no se encuentra comprendida dentro de las disposiciones que regulan la materia, por lo que se impone entender su procedencia conforme al “31 superior, 3º del Código de Procedimiento Civil y 9º del Código General del Proceso”.

(iii) La acción revocatoria no es un asunto accesorio al proceso de reorganización, por lo que no se ve alterado por el de naturaleza “concursal”, que sí se aplica a la “reorganización” o a la “liquidación judicial”, antes, por el contrario “se revelan independientes”. Explicando con posterioridad que lo que “se contempló fue un “fuero de atracción”, que es el acontecimiento que, con fines prácticos, opera por mandato legal para atribuir a un juez, desplazando a otros que serían los originalmente competentes, la potestad de conocer asuntos que ordinariamente corresponderían a otros administradores de justicia; lo propio con el fin de que el funcionario que asuma la insolvencia también avoque las acciones de que se viene hablando, pero llevando estas bajo la tramitación adjetiva que legalmente les corresponde y, aquella, por el específico curso que le ha de imprimir”.

(iv) La admisión del recurso de apelación, creó para el banco recurrente la convicción de que su actuar se ajustaba a las normas procedimentales.

Ahora bien, esta Sala de Casación Laboral, en punto a la procedencia de la queja constitucional por vía de hecho en las decisiones judiciales, ha sido del criterio que no procede, ello atendiendo los principios de la cosa juzgada, la independencia y autonomía de los jueces, y entre otras razones fundamentales, por ausencia de base normativa.

Sobre la premisa de ausencia de norma positiva la Sala sostuvo la tesis de la improcedencia de la tutela contra providencias judiciales. Pero esta carencia ha sido suplida por la jurisprudencia de modo que hoy no es posible desconocer su arraigo y afianzamiento en todas las jurisdicciones, en especial, en las otras salas de nuestra corporación; esta realidad impone morigerar aquella postura, cuando en casos concretos y excepcionales, con las actuaciones u omisiones de los jueces, resulten violados en forma evidente derechos constitucionales fundamentales.

La prosecución de la eficacia de los derechos fundamentales ha de acompasarse con otros valores del Estado de Derecho, en especial, en lo que concierne a la administración de justicia, con el de la seguridad jurídica, en especial la que realiza el instituto de la cosa juzgada, y el principio constitucional de la independencia y autonomía de los jueces.

Las reglas de interpretación del derecho en el terreno de los valores y de los principios enseñan que la actuación de uno de ellos no supone la aniquilación de otro, sino que todos han de ser ponderados de manera que hallen cabida, consintiendo grados de aplicación que no afecten su núcleo esencial.

No obstante lo anterior, sigue siendo valor esencial para la Sala que la tutela contra sentencias judiciales no puede ser medio, ni pretexto, para abolir la independencia del juez, consagrada en el artículo 228 de la Carta Política, sustituyendo al juez natural.

En ese orden de ideas para la Sala resulta patente que si el juez, ante un trámite judicial, se abstiene de aplicar la normativa que en estricto derecho corresponde, y de contera surte la actuación en rebeldía frente a las reglas de procedimiento que le eran aplicables, incurre en un defecto procedimental que conduce a una violación al debido proceso y, por tanto, resulta viable el amparo constitucional.

Y es que en relación con el defecto procedimental absoluto, tal como lo expuso la Corte Constitucional en la Sentencia T-781/11, este tiene lugar “cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecidos para el trámite de un asunto concreto, bien sea porque: i) sigue un trámite totalmente ajeno al pertinente y en esa medida equivoca la orientación del asunto, u ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido, afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso”

En el presente asunto, revisados los argumentos y los documentos que militan en el expediente de tutela, se observa que, contrario a lo decidido por el juez constitucional de primera instancia, no obra prueba que permita concluir de manera razonable que la Sala accionada, al declarar la nulidad de lo actuado en esa instancia y, en consecuencia, inadmitir el recurso de apelación interpuesto por el Banco de Occidente S.A., frente a la sentencia que profirió el 20 de mayo de 2015, haya vulnerado los derechos fundamentales reclamados.

Sobre dicho aspecto observa la Sala que en la decisión cuestionada, como primera medida se refirió el régimen de insolvencia establecido en la Ley 1116 de 2006, explicando a quienes resulta aplicable, su finalidad y los mecanismos establecidos (reorganización empresarial y liquidación judicial). A partir de ello señaló que “A la par de esos trámite concursales se otorgó al juez cognoscente varias potestades y atribuciones con miras a dotar de unidad, celeridad y transparencia al proceso de insolvencia, entre las cuales están las de reintegrar el patrimonio del deudor —a través de la petición revocatoria o de simulación— o reconocer la ineficacia de negociaciones que obstaculicen la correspondiente reorganización o liquidación judicial”.

Y a renglón seguido pregonó que “esos procedimientos de carácter jurisdiccional fueron confiados, excepcionalmente, a la Superintendencia de Sociedades, que en uso de las facultades establecidas por el inciso 3º del artículo 116 de la Constitución Política, es competente para conocer del proceso de insolvencia “de todas las sociedades, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras y, a prevención, tratándose de deudores personas naturales comerciantes” (L. 1116/2006, art. 6º)” y “también estableció la ley que “el proceso de insolvencia adelantado ante la Superintendencia de Sociedades es de única instancia” (art. 6º, par. 1º, ib.)”.

A partir de lo anterior coligió que “la petición revocatoria de que trata el régimen de insolvencia empresarial, tramitada ante la mencionada entidad, resulta ser de única instancia, pues aunque pareciera ser un trámite totalmente independiente al proceso concursal, su finalidad indica que es un procedimiento accesorio que impone seguir las reglas del respectivo trámite principal, por lo menos, en cuanto a su apelabilidad”. Sobre dicha conclusión indicó que no resulta “viable considerar la solicitud de revocación como un todo independiente y aislado del trámite de insolvencia, al punto que no pueda adelantarse sin su existencia, y de esa forma habrá de seguir sus reglas generales de procedimiento, como lo es la ausencia de una segunda instancia cuando dicho trámite lo conozca la Superintendencia de Sociedades”, postura que apuntalo en lo dicho por la Sala de Casación Civil de esta corporación en Sentencia STC12055-2015.

Preciso que “si bien el artículo 75 de la mencionada legislación dispuso que la solicitud revocatoria “se tramitará como proceso abreviado regulado en el Código de Procedimiento Civil”, no por ello estableció la apelabilidad de esas decisiones, sino simplemente el trámite que debía seguir el pedimento en mención, que fue variado de incidental hacía el procedimiento abreviado, ahora verbal con la modificación introducida por la Ley 1395 de 2010”.

Y finalmente adujo que “si la ley instituyó el régimen de insolvencia y señaló que ese proceso es de única instancia, significa que esa regla rige para los trámites allí autorizados (reorganización, liquidación judicial, revocatoria o simulación)”.

Resulta entonces claro que el colegiado para desestimar la procedencia del recurso de apelación, no desconoció que la acción revocatoria se tramita bajo el procedimiento abreviado, ahora verbal, sino que, acorde a lo previsto en el parágrafo primero del artículo 6º de la Ley 1116 de 2006, que dice “El proceso de insolvencia adelantado ante la Superintendencia de Sociedades es de única instancia”, consideró que a partir de tal remisión no era dable discernir que el legislador hubiera consagrado una excepción a favor de la acción revocatoria y de simulación, consistente en la existencia de una segunda instancia.

En otras palabras, el colegiado no distorsionó su alcance y tenor literal, simplemente que bajo el entendimiento que le prodigó a la norma, y luego de un detallado estudio, concluyó que si la acción principal, y de la cual pende la acción revocatoria, es de única instancia, no puede sostenerse que por tramitarse bajo un procedimiento abreviado, se altere dicha situación.

Es que en dicho sentido, el artículo 74 ibídem dice que “Durante el trámite del proceso de insolvencia podrá demandarse ante el juez del concurso, la revocación o simulación de los siguientes actos o negocios realizados por el deudor”, por tanto, no resulta descabellada la posición de la Sala accionada, por cuanto también es válido sostener, como se hizo en dicha providencia, que no se trata procesos diferentes, sino de la posibilidad de adelantar cierto tipo de pretensiones o acciones al interior de un proceso de insolvencia y, en ese orden de ideas, siendo un procedimiento “accesorio”, no podría alterar el rito establecido por el legislador para aquel, que es el principal, respecto al cual, no existe dudas, no está dotado de la doble instancia, pues, de lo contario, se desconocería que lo accesorio sigue la surte de los principal.

Luego, no puede sostenerse válidamente que el criterio de la accionada es abiertamente errado o carente de soporte. En ese sentido, a fin de proteger los derechos constitucionales de las partes en los procesos, la labor del juez constitucional está dirigida a verificar si al definir el asunto, el juez de conocimiento observó las preceptivas jurídicas que como parte del sistema normativo propio estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto, como también si la interpretación intelectiva realizada se muestra razonada, coherente, juiciosa y motivada, mas no dirigida a imponer, como ocurrió en el presente caso, una determina inteligencia o alcance, la cual, incluso, ni siquiera fue reclama por la parte accionante.

Lo anterior porque está claro que en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciación autónoma y reflexiva, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jurídico, sin incurrir, desde luego, en desviación ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la temática de la discusión procesal, por lo que le está vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonomía e independencia que demarcan la función judicial. Aceptar lo contrario sería tanto como sostener que toda controversia de carácter eminentemente jurídica, por la sola circunstancia de que la otra opinión apoyada también en doctrina respetable no le seduzca al juez constitucional, resulta arbitraria.

Ahora bien, de cara al principio de la confianza legítima, que realmente fue el único pilar bajo el cual el quejoso edificó su inconformidad contra la decisión del 20 de octubre de 2015, por cuanto ni siquiera cuestionó los razonamientos esgrimidos por el tribunal para colegir que la acción revocatoria es de única instancia. Basta señalar que si la fijación de competencias judiciales se deriva de equivocaciones del juez, se está frente a una irregularidad procesal insubsanable, que se puede declarar de oficio, pues es constitutiva de nulidad.

En dicho sentido, nada se opone a que el operador judicial declare la ilegalidad de providencias frente a las cuales no se ha interpuesto ningún tipo de recurso y que, por ende, se encuentran en firme, debe recordársele que ello es viable, tal como lo ha señalado esta Sala, entre otras, en Sentencia CSJ SL, 23 ago. 2008, Rad. 32964, en la que sobre el particular se indicó:

Para superar lo precedente basta decir que, como lo ha señalado de antaño la jurisprudencia, a pesar de la firmeza de un auto, no se convierte en ley del proceso sino en la medida en que se acompasa con el ordenamiento jurídico. En este caso, bien se ha visto, el referido auto de 20 de septiembre de 2007 tuvo como fuente un error secretarial y con él se desconoció el ordenamiento jurídico al desatender la realidad procesal de que los recurrentes sí presentaron el recurso de casación en tiempo, por tanto, no puede considerarse vinculante ni para las partes ni para la Corte.

Bastante se ha dicho que el juez no puede de oficio ni a petición de parte revocar, modificar o alterar un auto ejecutoriado, pero también, que el error cometido en una providencia no lo obliga a persistir en él e incurrir en otros, menos, cuando su causa, como en este caso ocurrió, fue precisamente otro error. Por lo dicho, debe atenderse el aforismo jurisprudencial que indica que ‘los autos ilegales no atan al juez ni a las partes’ y, en consecuencia, apartarse la Corte de los efectos de la mentada decisión.

De igual forma, valga la pena referir lo dicho por la Sala de Casación Civil quien, en un caso en el cual erróneamente se admitió un recurso, señaló:

“Igualmente, en providencia de 29 de agosto de 1977, dijo: “ahora bien, como quedó demostrado que fue ilegal el auto admisorio del recurso, la Corte no puede quedar obligada por su ejecutoria, pues los actos pronunciados con quebranto de normas legales no tiene fuerza de sentencia, ni virtud para constreñirla a asumir una competencia que carece, cometiendo así un nuevo error. En tales circunstancias, advertida la equivocación consistente en declarar admisible sin serlo un recurso de casación, la Corte puede, sin que tenga que decidir de fondo, pronunciarse en la primera oportunidad —procesal, de oficio o a solicitud de parte, sobre la improcedencia del recurso” (Ref. expediente 3322 de 18 de abril de 1991).

Finalmente, si el afectado estimó, conforme lo afirmó en el escrito de amparo, que no hubo pronunciamiento alguno sobre la restitución del inmueble, siendo obligación del juzgador su análisis, bien pudo acudir a lo previsto en el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, a fin de remediar dicha omisión, lo cual no hizo. En este orden de ideas, habrá de revocarse la sentencia impugnada.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR el fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia El 2 de marzo de 2016, dentro de la acción instaurada por el Banco de Occidente S.A. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y La Superintendencia de Sociedades y, en su lugar, NEGAR la protección constitucional.

2. COMUNICAR a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

Magistrados: Jorge Luis Quiroz Alemán—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruíz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas.