Sentencia STL9039-2016/43792 de junio 29 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

STL9039-2016

Rad.: 43792

Magistrada ponente

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Acta 23

Bogotá, D.C., veintinueve de junio de dos mil dieciséis

Procede la Sala a pronunciarse, en primera instancia, respecto de la demanda de tutela presentada por César Augusto Faillace contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, trámite al cual se vinculó al Juzgado Primero Laboral del Circuito de esa ciudad, la sociedad C.I. Prodeco, el Sindicato de Trabajadores de Prodeco y los demás intervinientes en el proceso de fuero sindical génesis de la presente acción.

I. Antecedentes

César Augusto Faillace, instauró acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al Debido Proceso, “seguridad jurídica y confianza legítima”, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada.

Indica que desde el año 2001 es trabajador para la empresa C.I. Prodeco S.A. y pertenece al Sindicato de Trabajadores de Prodeco —Sintraprodeco—. Aduce que la sociedad presentó en su contra demanda de fuero sindical —permiso para despedir—, trámite que se adelantó ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santa Marta, autoridad que citó a las partes para audiencia el 10 de abril de 2014, con el fin de contestar la demanda y proceder al decreto y práctica de pruebas y, finalmente emitir el correspondiente fallo.

Refiere que en dicha oportunidad dio respuesta al escrito inaugural de la contienda y formuló las excepciones previas, las cuales fueron declaradas no probadas, razón por la cual interpuso recurso de apelación, que fue conocido por la Magistrada Luz Dary Rivera Goyeneche integrante de la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Corporación que en auto de 20 de mayo de 2014, confirmó la de primer grado.

Manifiesta que el Juzgado de conocimiento los convocó nuevamente a audiencia pública para el 4 de septiembre de 2014, oportunidad donde negó el decreto de los testimonios de Sebastiana Fernández y Carlos Martelo, pedidos por el entonces demandante, así como la inspección judicial y exhibición de documentos pretendidos por el tutelante, decisiones que ambas partes apelaron ante el referido Tribunal.

Relata que dichos recursos fueron sometidos a reparto, correspondiéndole su conocimiento al Magistrado Johnnessy del Carmen Lara Manjarrés de la Sala Primera de Decisión de ese Colegiado, autoridad que en auto dictado el 5 de diciembre de 2014 revocó el proveído de primer grado; sin embargo —afirma—, no se tuvo en cuenta que el proceso ya había sido asignado a la Magistrada Luz Dary Rivera Goyeneche de la Sala Tercera de Decisión de ese Tribunal, quien había resuelto la alzada contra el auto que tuvo por no probadas las excepciones previas formuladas por el petente.

Menciona que el juzgado de origen el 25 de septiembre de 2014, practicó el testimonio de Eduardo Miguel Jiménez López y que en dicha oportunidad, el hoy tutelante presentó incidente de nulidad porque se resolvió de fondo la tacha presentada contra aquel testigo, petición que al ser denegada, apeló ante el Tribunal Superior.

Señala que el conocimiento del anterior recurso fue asignado a la Sala Tercera de Decisión, despacho que en proveído de 29 de enero de 2015 retomó las actuaciones y estudió además, los recursos contra el auto de fecha 4 de septiembre de 2014, en el que el a quo, había denegado el derecho de pruebas y practica de algunas pruebas solicitadas por las partes. Así, confirmó las dos providencias que fueron objeto de estudio.

Expone que las dos decisiones contrarias y emitidas por las Salas primera y tercera del Tribunal, respecto del proveído de fecha 4 de septiembre de 2014, fueron remitidas al juzgado de origen, despacho que en audiencia de 2 de marzo de 2016, decidió optar por la orden impartida por la Sala Tercera —esto es, la que confirmó su negativa de practicar algunas pruebas—, tras considerar que esa Sala era la competente para resolver el asunto. Igualmente, procedió a dictar sentencia absolutoria. Tales decisiones fueron recurridas por la demandante.

Agrega que conoció de la alzada la Sala Primera de Decisión del Tribunal, Colegiado que en proveído de 3 de junio de 2016, revocó el referido auto dictado en la audiencia del 2 de marzo de 2016 y a partir de esa calenda, declaró la nulidad de todo lo actuado, por cuanto consideró que la Sala Tercera de Decisión Laboral, procedió contra una providencia debidamente ejecutoriada.

Acude entonces al presente mecanismo de amparo constitucional, para que se deje sin valor y efecto el proveído dictado el 3 de junio de 2016 por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta y, en consecuencia, se confirme la decisión adoptada el 2 de marzo de 2016 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esa ciudad. Subsidiariamente, solicitó que las Salas de decisión del Tribunal convocado “concilien la diferencia de criterios al expedir dos autos completamente contradictorios”.

Mediante auto proferido el 23 de junio de 2016, esta Sala de la Corte admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la autoridad accionada y vincular a los demás intervinientes en el proceso laboral que originó la tutela que nos ocupa, a fin de que ejercieran los derechos de defensa y contradicción a su favor.

Dentro del término del traslado, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santa Marta, indica que mediante auto de 4 de septiembre de 2014 denegó la práctica testimonios pedidos por la parte actora, la inspección judicial y la exhibición de documentos, pretendida por la parte demandada y que tal decisión fue apelada por esta. Que la Sala Tercera y Primera de Decisión Laboral del Tribunal de Santa Marta, resolvieron la apelación, “revocando la primera la decisión tomada por el Juzgado y confirmando la Sala Tercera la decisión adoptada por el Juzgado en auto de fecha 4 de septiembre de 2014”.

Expuso que recibidas las providencias dictadas por las dos Salas, en proveído de 2 de marzo de 2016, acogió la tomada por la Sala Tercera al considerar que era la competente para resolver el recurso, teniendo en cuenta que previamente, había conocido de otras apelaciones sobre el mismo proceso.

Las Salas de Decisión del Colegiado accionado, guardaron silencio.

II. Consideraciones

El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces, con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no se cuente con otro medio de defensa judicial o cuando, de existir, la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable.

Es criterio reiterado que la acción de tutela es procedente contra providencias o sentencias judiciales, sólo si con las actuaciones u omisiones de los jueces, resultan violados, en forma evidente, derechos constitucionales fundamentales; además de estar limitada a aquellas situaciones en las cuales el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, o cuando existiendo, se utiliza como mecanismo transitorio con el fin de evitar un perjuicio irremediable.

Pues bien, en el sub judice, señala el petente que la Magistrada Luz Dary Rivera Goyeneche integrante de Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Santa Marta, debe continuar con el trámite del proceso de fuero sindical, toda vez que fue la primera autoridad que avocó su conocimiento al surtirse los recursos de apelación y, por tanto, solicita se ampare su debido proceso y se deje sin efectos el auto dictado el 3 de junio de 2016 por la Sala Primera de Decisión de ese Colegiado con ponencia del Magistrado Jonnessy del Carmen Lara Manjarrés.

Al respecto, sea lo primero advertir que el debido proceso reconoce el principio de legalidad como fundamental en el ejercicio de las funciones tanto judiciales como administrativas, así como la observancia de las formas propias de cada juicio a través de una serie de garantías en defensa de los asociados.

En este orden, el debido proceso se entiende como la regulación que previamente delimita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de forma tal que ninguna actuación judicial o administrativa dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentre sujeta a procedimientos señalados en la ley y en los reglamentos.

Ahora bien, el requisito de que el juez que conoce de un caso sea competente para ello, es uno de los postulados inherentes al debido proceso. Así lo precisó la Corte Constitucional en Sentencia CC T-058-06, al afirmar:

(…) El juez natural es aquel a quien la Constitución y la ley le han asignado competencia para conocer cierto asunto. Con ello, la Corte no ha hecho más que reiterar lo dispuesto en el texto normativo anterior. La exigencia de que se haya asignado normativamente competencia no es suficiente para definir el concepto de juez natural, pues como lo subrayó esta Corporación en la Sentencia C-208 de 1993, el derecho en cuestión exige además que no se altere “la naturaleza de funcionario judicial” y que no se establezcan jueces o tribunales ad-hoc. Ello implica que es consustancial al juez natural que previamente se definan quienes son los jueces competentes, que éstos tengan carácter institucional y que una vez asignada —debidamente— la competencia para conocer un caso específico, no les sea revocable el conocimiento del caso, salvo que se trate de modificaciones de competencias al interior de una institución (…).

De ahí que la alteración de la competencia asignada al juez natural, sin justificación alguna, frente a un proceso judicial repartido a su despacho, significa una violación de esa garantía fundamental, pues las reglas de competencia inicialmente fijadas una vez integrada la litis, no pueden variar en virtud del principio de la perpetuatio jurisdictionis.

Ahora, tal como quedó descrito en el itinerario procesal, la Magistrada Luz Dary Rivera Goyeneche quien compone la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, fue la primera autoridad en asumir la competencia del asunto en segunda instancia respecto de la apelación contra el auto que denegó las excepciones previas propuestas por la demandada hoy tutelante, dentro del proceso primigenio, razón por la cual, le correspondía a esa autoridad seguir conociendo de los recursos de alzada que se verifican en el trámite de las actuaciones posteriores.

Sin embargo, ello no ocurrió así, por cuanto al surtirse la apelación del auto de 4 de septiembre de 2014 —que negó el decreto de pruebas—, se repartió el asunto a la Sala Primera de Decisión con ponencia del Magistrado Johnnessy del Carmen Lara Manjarrés, quien igualmente el 5 de diciembre de 2014 decidió asumir el conocimiento del asunto y revocó la decisión de primer grado, sin advertir que la competencia ya radicaba en el cabeza de su homóloga.

Consecuentemente, el 29 de enero de 2015 la Sala de origen, procedió a resolver la apelación contra el proveído de 4 de septiembre de 2015 —auto que niega decreto de pruebas—, tras aducir que no se había pronunciado al respecto y, en esa medida, confirmó dicho auto. Así pues, respecto de una misma decisión en segunda instancia se adoptaron dos decisiones adversas.

De ahí que al remitirse el expediente al juzgado de conocimiento, éste dio cumplimento a las ordenes emitidas por la Sala Tercera de Decisión y, en consecuencia procedió a dictar la respectiva sentencia de primera instancia.

Empero, vuelven las diligencias a la Sala Primera de Decisión para surtirse la alzada contra la anterior sentencia, autoridad que en auto de 3 de junio de 2016, declaró la nulidad de todo lo actuado, al considerar que su homóloga había procedido contra providencia debidamente ejecutoriada —auto que revoca decreto de pruebas—, y estimó que era el competente para continuar con la asignación de la litis. En ese orden, es claro que no ignoraba que la Sala Tercera había conocido del mismo proceso con anterioridad.

De este modo, debe decirse que el reparto de los autos apelados no se realizó correctamente, pues las actuaciones no fueron conocidas por un magistrado ponente, sino que ha tenido que someterse al escrutinio de otro que igualmente compone el Tribunal convocado, por lo que tal circunstancia, atenta contra los derechos de quienes se encuentran en litigio al proferir decisiones contradictorias y someterlos a una incertidumbre respecto a quién le corresponderá asumir el conocimiento del proceso, situación que el usuario no está llamado a soportar.

Por tanto, se advierte que existió una violación al debido proceso, como quiera que el juez natural para conocer en segunda instancia era la Magistrada Ponente Luz Dary Rivera Goyeneche integrante de la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal de Santa Marta, autoridad que deberá imprimirle al proceso de fuero sindical el trámite correspondiente de acuerdo con la ley.

En este orden de ideas, se dejará sin valor y efecto las providencias dictadas el 5 de diciembre de 2014 y 3 de junio de 2016 por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta con ponencia del doctor Johnnessy del Carmen Lara Manjarrés. En consecuencia, deberá continuar con el conocimiento del asunto la Magistrada Luz Dary Rivera Goyeneche integrante de la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, quien en término de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído, deberá darle el trámite que corresponda.

Visto lo precedente, encuentra la Sala, que el resguardo debe ser concedido.

I.(sic) Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Resuelve

1. Tutelar el derecho fundamental al debido proceso de César Augusto Faillace, de conformidad con las razones acotadas en precedencia.

2. Dejar sin valor y efecto las providencias dictadas el 5 de diciembre de 2014 y 3 de junio de 2016 por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta. En consecuencia, deberá continuar con el conocimiento del asunto la Magistrada Ponente Luz Dary Rivera Goyeneche integrante de la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, quien en término de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído, deberá darle el trámite que corresponda.

3. Notificar a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

5.(sic) Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

Magistrados: Jorge Luis Quiroz Alemán, presidente de Sala—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas.