Sentencia STL9079-2016/43718 de junio 29 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

STL9079-2016

Rad.: 43718

Magistrado Ponente

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Acta Nº 23

Bogotá, D. C., veintinueve de junio de dos mil dieciséis.

Procede la Sala a pronunciarse, en primera instancia, respecto de la demanda de tutela presentada por Mauricio Arturo Parra Parra en representación de la Corporación de Abastos de Bogotá S. A. - Corabastos S.A., Jaime Flechas Otálora, Martha Yadira García Córdoba y Diana Jeanette Téllez Pérez contra la Sala Laboral Uno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado Trece Laboral del Circuito de igual ciudad.

I. Antecedentes

Los accionantes presentaron queja constitucional solicitando la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la justicia y a la igualdad, los cuales consideran le fueron vulnerados por las autoridades judiciales accionadas con ocasión del proceso de acoso laboral promovido por Víctor Édgar Bello Bello contra Corabastos S.A.

Como sustento de sus pretensiones, señalan los actores que el señor Víctor Edgardo Bello Bello el 11 de septiembre de 2013, promovió demanda ordinaria laboral contra la Corporación de Abastos de Bogotá S.A., -Corabastos S.A., representado por su Gerente Mauricio Arturo Parra Parra, con el fin de obtener las declaratorias de existencia del contrato de trabajo a término indefinido, el cual fue terminado por parte del empleador sin justa causa; de haber presentado las denuncias de acoso laboral, que el señor Mauricio Parra en su calidad de representante legal incurrió en conductas que constituyen acoso laboral “por haberlo despedido bajo la protección del fuero de acoso laboral”, así mismo requirió el reintegro al cargo que venía laborando y el respectivo pago de salarios y demás acreencias consignadas en la demanda.

Que el fundamento de tales pretensiones se soportó en que fue víctima de acoso laboral y que pese a que presentó tres denuncias ante la Oficina de Recursos Humanos sobre conductas que en su criterio son constituyentes de acoso laboral, dicha área solo llevó a cabo una reunión de conciliación donde el Comité de Convivencia hizo unas recomendaciones de trabajar en equipo, sin realizar posteriormente las medidas preventivas y correctivas de las conductas evidenciadas y por el contrario se dio su despido en retaliación sin la observancia de las garantías establecidas en el artículo 11, numeral 1º de la Ley 1010 de 2006.

Aducen que en razón a que el proceso fue tramitado bajo el rito propio de un proceso ordinario laboral, mediante auto proferido en la audiencia surtida el 6 de mayo de 2015, el Juez Trece Laboral del Circuito de Bogotá, a quien le correspondió el conocimiento del asunto, declaró la nulidad y terminación del asunto, “al haberle dado un trámite diferente”, determinación que fue revocada por el Tribunal Superior de Bogotá el 27 de agosto del mismo año para en su lugar ordenarle al a quo “que adecue el trámite y estudie la posibilidad de admitir la demanda de acoso laboral”.

Indican que pese a lo anterior, el juzgado de conocimiento “debiendo dictar un auto admitiendo la demanda, notificarla a la empresa e integrar al contradictorio con el gerente y los directivos señalados como presupuestos acosadores en su calidad de personas naturales para contestarla, cuidando el derecho de defensa a efecto de no violar el debido proceso, procedió sin más a señalar fecha para audiencia, la cual se realizó en noviembre 18 de 2015 y en ella volvió a ordenar a las partes adecuar la demanda y su contestación, a efecto de admitirla”.

Refieren que la parte demandante, insistió en los mismos hechos y pretensiones descritos en la demanda primigenia, de igual forma la parte demandada formuló varias excepciones de fondo entre ellas la prescripción, la cual advierte que debió declararse.

Que conforme la Ley 1010 de 2006, fue admitido el trámite del proceso de acoso laboral y en la audiencia del 18 de noviembre de 2015 se decretaron y practicaron solo las pruebas de la parte demandante, pues aduce que aun cuando fueron decretadas la práctica de pruebas de la parte demandada, estas se aplazaron para el 4 de abril de 2016, fecha en que de forma oficiosa el Juez las negó al considerar que no eran necesarias a pesar de que éstas buscaban desvirtuar las alegadas conductas de acoso laboral y paso seguido dictó sentencia “sin verificar si se había demostrado las conductas susceptibles de ser calificadas de acoso laboral, pues se limitó a expresar (minuto 44:40) que el despido estaba probado, pues como el actor había denunciado ante la empresa las conductas, ellas eran de acoso laboral y por tanto estaba protegido por las garantías de la Ley 1010 de 2006 y entró a fallar (minuto 9:20)”, condenando a la demandada al reintegro del demandado y al pago de los salarios dejados de percibir, providencia que fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 5 de mayo de 2016 y que comporta un salvamento de voto.

Reprochan los actores las determinaciones proferidas por las autoridades judiciales cuestionadas, en tanto que consideran que “en un proceso especial de acoso laboral, primero se verifica, valora y constata la existencia de las conductas de acoso laboral realizadas por la persona natural, para luego poder responsabilizar a la persona jurídica o empleadora en su calidad de tolerante de esas conductas. Si no se vincula a la persona natural, hay falta de integración del contradictorio y por ende de legitimación en la causa por pasiva, incurriéndose en violación al debido proceso”.

Que de conformidad con lo preceptuado en la Ley 1010 de 2006, afirman que los procesos de acoso laboral proceden solo contra personas naturales “pudiéndose vincular a la empresa cuando se demuestre su tolerancia, lo cual no ocurrió en el presente caso, presentándose la falta de legitimación en la causa por pasiva”, de suerte que señalan que las autoridades cuestionadas incurrieron en vías de hecho, en tanto que interpretaron y aplicaron de forma errónea la Ley 1010, además de presentar un defecto procedimental como quiera que privaron de defensa a las personas naturales señaladas como acosadores, es decir al Gerente Mauricio Arturo Parra Parra, Jaime Flechas Otálora, Martha Yadira García Córdoba y Diana Jeanette Téllez Pérez y por el contrario le quitaron eficacia al acto de terminación del contrato de trabajo; acogiendo “pretensiones propias del proceso ordinario de condena y no un proceso especial de acoso laboral el cual es meramente declarativo y sancionatorio”.

Por otra parte, cuestionan que al interior del citado proceso, no existe “una sola prueba señalando a la empresa incursa en conductas susceptibles de ser calificadas de acoso y se hubiera demandado al gerente Mauricio Arturo Parra Parra como persona natural y a los directivos, tampoco hay prueba de la persistencia de tales conductas, las cuales además, no fueron identificadas o tipificadas, pues lo relatado por el trabajador se refiere a órdenes y decisiones propias de la subordinación jurídica laboral”.

Finalmente, expusieron que “no existe pruebas de las conductas de acoso, y en este sentido los fallos condenatorios no tienen ningún soporte jurídico y probatorio, porque las solas denuncias no eran suficientes, se debía evidenciar las características de esas conductas”.

Por lo anterior, solicitan el amparo de sus derechos fundamentales invocados y como consecuencia de ello se dejen sin efectos las sentencias de fecha 4 de abril y 5 de mayo de 2016 proferidas por las autoridades judiciales cuestionadas.

Mediante auto calendado de 21 de junio de 2016, esta Sala de la Corte admitió la acción tutela, ordenó notificar a las autoridades accionadas e informar a los demás intervinientes en el proceso que originó la presente acción, con el fin de que ejercieran el derecho de defensa y contradicción, término dentro del cual el señor Víctor Edgar Bello Bello se opuso a la prosperidad de las pretensiones, el Juzgado se atuvo a las actuaciones surtidas en el cuestionado proceso y el Tribunal por su parte allegó copia del auto de fecha 16 de junio del presente año en virtud del cual se declaró improcedente la solicitud de aclaración y adición de la sentencia del 5 de mayo de 2015 presentada por la sociedad demandada.

II. Consideraciones

La Constitución de 1991 consagró la acción de tutela como uno de los mecanismos para garantizar la eficacia de los derechos fundamentales.

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Debe tenerse en cuenta que, el artículo 29 de la Constitución Política, garantiza a los ciudadanos el respeto de las formalidades procesales, la aplicación efectiva de la norma positiva y como consecuencia de ello, la correcta administración de la justicia.

Dicho postulado constitucional persigue, fundamentalmente, que las personas estén protegidas contra eventuales abusos y desviaciones de las autoridades judiciales, dado que, cada trámite está sujeto a lo que la norma constitucional define como las “formas propias de cada juicio”.

En ese orden de ideas, el procedimiento se constituye en la forma mediante la cual los individuos interactúan con el Estado, al someter sus diferencias, y por ello mismo se requiere de su estricto cumplimiento, con el objeto de no desquiciar el ordenamiento jurídico.

Revisado el caso que nos ocupa y la documental que obra en el expediente, considera la Sala que la presente acción de tutela, está llamada a prosperar.

Creen los petentes vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la justicia y a la igualdad, al considerar que al interior del proceso de acoso laboral promovido por Víctor Edgar Bello Bello contra Corabastos S.A., las autoridades judiciales cuestionadas incurrieron en varias vías de hecho.

Para el efecto, cuestionan los actores específicamente tres aspectos a tratar relacionados con el proceso de acoso laboral; primero respecto de la legitimación en la causa por pasiva de Corabastos para ser demandada, en razón a que consideran que las conductas de acoso laboral solo pueden ser ejecutadas por personas naturales o podrá ser responsable el empleador por ser tolerante ante la omisión en la adopción de medidas preventivas o correctivas; segundo la necesidad de que en dichos juicios especiales deban intervenir los acusados del acoso laboral y por último, que a fin de dar aplicación de las garantías contra actitudes retaliatorias consagra en el numeral 1º del artículo 11 de la Ley 1010 de 2006 debían los juzgadores estudiar en primer lugar la ocurrencia de las conductas de acoso laboral.

Al respecto, revisadas las documentales, junto con los audios allegadas con el escrito de tutela, se corrobora que en inicio el citado proceso fue tramitado como un proceso ordinario laboral ante el Juez Trece Laboral del Circuito de Bogotá, quien con auto del 6 de mayo de 2015 declaró la nulidad y terminación del asunto, de conformidad con lo establecido en el numeral 4º del artículo 140 del C.P.C., por haberse iniciado el trámite “por proceso diferente al que corresponde”, proveído que pese a que fue revocado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 27 de agosto del mismo año, para en su lugar ordenarle al a quo “que adecue el trámite y estudie la posibilidad de admitir la demanda de acoso laboral”, no fue acatada dicha orden en tanto que no fue admitida la demanda y por el contrario el Juzgado cuestionado mediante auto del 15 de octubre de 2015 ordenó al demandante adecuar el trámite del libelo y fijó fecha para audiencia, la cual se realizó el 18 de noviembre de 2015, oportunidad en la cual el demandante ratificó los mismos hechos y pretensiones de su demanda inicial, paso seguido el Juez resolvió adecuar el proceso a uno de acoso laboral dando inicio a la audiencia señalada en el artículo 13 de la Ley 1010 de 2006, donde procedió a decretar las pruebas requeridas por las partes y posteriormente en el debate probatorio solo se surtieron las pruebas solicitadas por la parte demandante omitiendo las requeridas por la demandada en tanto que de forma oficiosa consideró el despacho que contaba con los elementos suficientes a fin de emitir pronunciamiento, por lo que cerró dicha etapa probatoria y en audiencia del 4 de abril de 2016 profirió sentencia en virtud de la cual condenó a Corabastos S.A., al reintegro del demandante Víctor Edgar Bello Bello al mismo cargo que desempeñaba al momento del despido o a otro igual o de superior categoría y al pago de los salarios dejados de percibir hasta cuando efectivamente sea integrado.

Tal providencia tuvo sustento en que “el juzgado establece de manera objetiva y clara ya que no hay controversia alguna en el presente caso el demandante sí denunció en varias (…) el acoso laboral del que consideraba era objeto porque ello es así al establecer que también lo reconoció y lo confesó la representante legal en su interrogatorio de parte con lo cual se ha de concluir que el trabajador cumplió y adelantó todas las acciones que la ley le exige cuando considera la existencia de las conductas por acoso laboral poniéndolas en conocimiento de la persona cabeza de la entidad por que las entidades obran a través de las personas naturales para quedar protegido por las garantías de la Ley 1010 que le otorga y como quiera que la demandada procedió a despedirlo sin haber realizado ninguna actividad investigativa del caso como ya se explicó y probó suficientemente con el acta que convocó la entidad entonces hecho que fue suficientemente aceptado por la pasiva como un despido sin justa causa con indemnización cuando al remontarnos a la citada disposición protectora lo prohíbe de manera expresa tal proceder indudablemente se constituye en un despido ilegal que no procede y por ende no produce efecto alguno como bien lo contempla la Ley 1010, que tiene como consecuencia para el empleador reintegrar al trabajador con el pago de todos los salarios de (sic) percibir y las prestaciones sociales a la fecha del reintegro tal como se solicita en las pretensiones y de conformidad con, la relación jurídica contractual que sostiene el demandante con la accionada, téngase en cuenta que en este caso la condena no procede contra la persona jurídica demandada como acertadamente lo plantea en su alegación el apoderado de la parte demandante por cuanto ello es la responsabilidad de los actos u omisiones de las personas naturales que la representan y su stand de directivos que la conforman dado los resultados del proceso se declararan como no probadas las excepciones contempladas dentro del libelo introductorio perdón dentro del escrito contestatario las costas corren a cargo de la parte demandada en mérito de lo expuesto el juzgado 13 laboral del circuito de Bogotá administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley resuelve: Condenar a la Corporación de Abastos de Bogotá SA Corabastos a reintegrar al demandante señor Víctor Edgar Bello Bello al mismo cargo desempeñado al momento del despido o a otro de igual o superior categoría y al pago de los salarios dejados de percibir según la relación sostenida por la parte todos compatibles con el reintegro que se decreta desde el día 5 de septiembre de 2013 hasta cuando efectivamente sea reintegrado por las razones expuestas”.

Finalmente la anterior decisión, fue confirmada mediante proveído del 5 de mayo de 2016, con fundamento en que “[e]n el presente caso el actor pretendía se declarara ineficacia del despido y la reinstalación del actor por haber sido víctima de acoso laboral, y el consecuente pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido. Argumenta el actor que habiendo presentado desde el 25 de junio de 2013 y ante la oficina de recursos humanos de la demandada, unas denuncias de acoso laboral, respecto de las conductas ejercidas por el gerente de la oficina y otros directivos, fue despedido en represalia dentro de los seis meses siguientes a la denuncia. Para establecer entonces una relación jurídico procesal es necesario que se cumplan determinados requisitos que hagan posible los que se denominaran presupuesto de la acción y otros presupuestos de la prosperidad de las pretensiones, y uno de estos de la prosperidad de las pretensiones es la legitimación para ser parte de un proceso, es decir de la facultad de intervenir activamente en el proceso, la que se califica de activa o pasiva de acuerdo con la posición del sujeto y la pasiva concretamente, ser el demandado el sujeto que debe asumir y responder por las obligaciones que se le endilgan, ambas deben resolverse en la sentencia y no como excepción previa, que ni siquiera es una excepción. Conforme a lo anterior, compete a la Sala analizar la legitimidad material en la causa de la demandada, para obrar dentro del proceso de la parte demandada, ya que constituye una condición anterior y necesaria para dictar sentencia. La Ley 1010 de 2006 expedida con el fin de adoptar medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo, en su artículo segundo definiendo qué es el acoso laboral dice que es toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado trabajador por parte de un empleador o un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación terror o angustia a causar perjuicio laboral, general desmotivaciones en el trabajo o inducir la renuncia del mismo, entonces de conformidad con las pretensiones que están encaminadas a obtener la ineficacia de su despido por haber sido despedido dentro de los 6 meses siguientes al haber instaurado una queja y como consecuencia el reintegro con base en el numeral 1º del artículo 11 ibídem y según la misma definición a la que se acaba de hacer referencia el empleador es uno de los sujetos que pueden inferir acoso laboral a sus trabajadores y como empleador puede ser una persona natural o una persona jurídica, no puede afirmarse que esta cuando el empleador es persona jurídica no puede ser demandada, además en el caso de autos no podría afirmarse válidamente que la declaratoria de ineficacia del despido y su consecuente reintegro se puede fulminar sin estar el empleador vinculado al proceso como demandado, será que se puede dar semejante orden a un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato o incluso a un compañero de trabajo o un subalterno, la sala cree que no. La norma no pretendió despojar de los atributos de la propiedad de la empresa al empleador cuando este es persona jurídica, y ni que decir tiene que el parágrafo 2º del artículo noveno ibídem contemplan la responsabilidad del empleador, cuando no adoptan medidas preventivas y correctivas, omisiones que entendió esta ley como tolerancia o sea que según la teoría del recurrente que se pretende hacer efectivas las consecuencias de esta omisión, no se podría demandar al empleador, entonces a quién se demanda cuando el empleador es el que incurre en tolerancia de las conductas de acoso laboral. El que el artículo sexto de la Ley 10 del noventa y seis, 1010 de 2006 haga una lista de sujetos activos y pasivos así como el ámbito de aplicación de la mencionada ley, y no se diga que también el empleador no lo descarta pues la misma normativa dice, que pueden ser sujetos activos o autores de acoso laboral, abro comillas lo que pretendió la ley en este artículo hace una enumeración, resalta inclusive parte del empleador, estas personas descritas en el artículo sexto, también pueden ser sujetos activos de una acoso laboral, según la causal, y la causal que se está invocando en el proceso de acoso laboral pues tendrán que ser también demandadas algunas personas naturales aparte del empleador sin importar si es persona jurídica o persona natural. En este caso la demanda se dirigió contra una persona jurídica Corabastos Corporación de Abastos de Bogotá S.A., con legitimación material en la causa por pasiva, pues es titular de la obligación correspondiente que se reclama”.

Ahora bien, debe indicar esta Sala Laboral que la Ley 1010 de 2006, que reguló el tema del acoso laboral como “toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia del mismo”, tiene como objeto principal otorgarle herramientas jurídicas a las personas en el ámbito de las relaciones laborales; de suerte que tales medidas pueden ser de forma preventiva o sancionatoria.

Conforme lo anterior, si bien la omisión de la adopción de medidas preventivas o correctivas del acoso laboral por parte del empleador o jefes superiores de la administración, entiende como tolerancia a la misma y por ende para proteger a quien denuncia de cualquier represalia, el artículo 11 de la Ley 1010 de 2006 estipuló a favor de la víctima, la prerrogativa de que la “terminación unilateral del contrato de trabajo o la destitución de la víctima del acoso laboral que haya ejercido los procedimientos preventivos, correctivos y sancionatorios consagrados en la presente ley, carecerán de todo efecto cuando se profieran dentro de los seis (6) meses siguientes a la petición o queja, siempre y cuando la autoridad administrativa, judicial o de control competente verifique la ocurrencia de los hechos puestos en conocimiento”, así mismo dicha norma establece en su artículo 14 en contra del denunciante temerario, la posibilidad de la imposición de una multa, cuando la queja de acoso laboral carezca de todo fundamento.

Analizadas las documentales que se acompañaron al escrito de tutela, encuentra la Sala acreditada la vulneración de su derecho al debido proceso y a la defensa de los actores, con las decisiones adoptadas tanto por el Juzgado Trece laboral del Circuito como por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial, ambos de Bogotá, en las que, sin tener en cuenta el procedimiento reglado en materia de acoso laboral, condenó a la demandada Corabastos S.A.

Al respecto y tal como se indicó anteriormente, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá desde un inicio no acató la orden del Superior de estudiar la “posibilidad de admitir la demanda de acoso laboral”, pues dicha autoridad judicial únicamente se ciñó a adecuar el proceso a uno de acoso laboral, sin observar que de acuerdo a la Ley 1010 de 2006 debía analizar si la demanda cumplía con los presupuestos a fin de ser admitida como quiera que el inciso 2º, artículo 13 de dicha normativa dispone que “(…) la iniciación del procedimiento se notificará personalmente al acusado de acoso laboral y al empleador que lo haya tolerado, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la solicitud o queja”, lo que conllevó a que se vulnerara el derecho a la defensa de los aquí accionantes Mauricio Arturo Parra Parra, Jaime Flechas Otalora, Martha Yadira García Córdoba y Diana Jeanette Téllez Pérez, quienes debían concurrir al juicio como presuntos acusadores, junto con la empresa en calidad de empleadora a fin de debatir la existencia de las conductas de acoso laboral y la tolerancia de las mismas por parte de la empresa.

Lo anterior, tiene sustento en que si bien las pretensiones del actor se encaminaron a requerir su reintegro al cargo que venía desempeñando en tanto que de acuerdo al artículo 11, numeral 1º de la Ley 1010 de 2006, carece de todo efecto dentro de los seis meses siguientes a la petición o queja de acoso, la terminación unilateral de un contrato de trabajo, lo cierto es que debía debatirse la existencia de las conductas de acoso laboral, pues dicha norma a la postre señala “la terminación unilateral del contrato de trabajo o la destitución de la víctima del acoso laboral que haya ejercido los procedimientos preventivos, correctivos y sancionatorios consagrados en la presente ley, carecerán de todo efecto cuando se profieran dentro de los seis (6) meses siguientes a la petición o queja, siempreycuandolaautoridadadministrativa,judicialodecontrolcompetenteverifiquelaocurrenciadeloshechospuestosenconocimiento.” (subrayas fuera de texto), asunto que nunca fue objeto de debate por ninguna de las instancias que tuvieron conocimiento del asunto, en tanto que solo se centraron a darle credibilidad al despido dentro del término establecido en la norma, así como la calidad de aforado del demandante ante las solas denuncias presentadas ante el gerente de la compañía demandada y las directivas de la misma, sin siquiera entrar a verificar si efectivamente se encontraban probadas las conductas de acoso laboral, requisito necesario a fin de dar aplicación a las prerrogativas por retaliación, como lo es la ineficacia del despido.

En consecuencia, se dejarán sin efectos todas las actuaciones surtidas al interior del proceso de acoso laboral promovido por Víctor Edgar Bello Bello contra Corabastos S.A., desde el auto de fecha 15 de octubre de 2015 proferido por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, para que en un término no mayor de 48 horas contadas a partir de la notificación de la presente acción, rehaga las actuaciones conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente acción de tutela.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales suplicados por Mauricio Arturo Parra Parra en representación de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. - Corabastos S.A., Jaime Flechas Otálora, Martha Yadira García Córdoba y Diana Jeanette Téllez Pérez contra la Sala Laboral Uno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado Trece Laboral del Circuito de igual ciudad.

2. DEJAR SIN EFECTOS todas las actuaciones surtidas al interior del proceso de acoso laboral promovido por Víctor Edgar Bello Bello contra Corabastos S.A., desde el auto de fecha 15 de octubre de 2015 proferido por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, para que en un término no mayor de 48 horas contadas a partir de la notificación de la presente acción, rehaga las actuaciones conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente acción de tutela.

3. Comunicar a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

(Sic) 3. Esta decisión es susceptible de ser recurrida en la oportunidad prevista en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Si no fuere impugnada, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

Magistrados: Jorge Luis Quiroz Alemán, Presidente de Sala—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas.