Sentencia STP 8598-2016/85990 de junio 21 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Nº 3

STP 8598-2016

Rad.: 85990

Aprobado Acta 188

Magistrado Ponente:

Dr. José Francisco Acuña Vizcaya

Bogotá. D.C., veintiuno de junio de dos mil dieciséis

Resuelve la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas, la acción interpuesta por Cindy Juliette Aldana Hernández, en contra de la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio, de esa misma ciudad, y la Superintendencia de Notariado y Registro. Trámite al cual fue vinculada la Fiscalía Veinticuatro Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio, el Juzgado Décimo Civil Municipal, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos - Sede Norte, todos de Bogotá, y todas las partes e intervinientes dentro del Proceso 11001310700320120004401.

Antecedentes y fundamentos de la acción

1. Manifiesta la accionante que el 21 de diciembre de 2011, celebró contrato de compraventa con Mariam Viviana Beltrán Rico, sobre el bien con Matrícula Inmobiliaria 50N-20212160, quien, a su vez, lo había adquirido mediante adjudicación en remate realizado por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Bogotá, dentro de un proceso ejecutivo hipotecario seguido en contra de José Édgar Téllez Cifuentes.

2. Afirma que en abril de 2016, solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos(1), la expedición de una copia del Certificado de libertad y tradición del inmueble, constatando que sobre el mismo se había inscrito, el 31 de agosto de 2015, la siguiente anotación: “Oficio 4443 del 20-05-2015. Juzgado 003 Penal Especializado de Circuito de Bogotá. Modo de adquisición: Extinción del derecho de dominio privado. A: Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y lucha contra el Crimen Organizado”(2).

3. Considera que con esa anotación se desconoce el derecho de propiedad que legítimamente adquirió, el cual surgió de un contrato de compraventa celebrado con una persona distinta a la que estuvo involucrada en el proceso de extinción de dominio. Asegura que al momento en que concluyó dicho contrato, no figuraba ninguna inscripción en el registro, en el sentido de que el bien se encontrara en un proceso judicial de esa naturaleza, lo que vulneró sus derechos como tercera de buena fe.

Por lo anterior, pretende se declare que las referidas actuaciones configuran un defecto sustancial, en consecuencia, se ordene el levantamiento de la anotación que registró la sentencia que declaró la extinción del dominio.

Respuesta de las autoridades accionadas

1. La Fiscal Veinticuatro Especializada señaló que el trámite de extinción de dominio cuestionado por la accionante fue tramitado conforme a los parámetros establecidos en la Ley 793 de 2002, con plenitud de las garantías del derecho de defensa y de contradicción. Consideró que en el presente caso existen otros mecanismos de defensa judicial y que, en todo caso, esta persona fue notificada de la resolución de inicio, presentando la respectiva oposición a la pretensión de la acción, lo que excluye la vulneración de derechos fundamentales alegada(3).

2. La titular del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá, luego de hacer un recuento del proceso adelantado contra dos bienes de José Édgar Téllez Cifuentes, precisó que mediante resolución de inicio del 14 de marzo de 2006, la Fiscalía ordenó afectar el bien ubicado en Yacopí - Cundinamarca, y los remanentes del embargo ejecutivo que pesaba sobre el predio 50N-20212160, decisión que fue comunicada al Juzgado Décimo Civil Municipal, mediante oficio del 31 de mayo de 2006. Señaló que el 26 de junio de 2013, profirió sentencia declarando la extinción del derecho de dominio sobre los predios involucrados, decisión que fue confirmada, en sede de apelación, por el Tribunal Superior de Bogotá, en providencia del 15 de diciembre de 2014.

Aclaró que, en efecto, la accionante no fue enterada de la existencia del proceso, pues aunque se decretó la medida cautelar sobre el remanente del bien, ésta nunca se registró al interior del proceso ejecutivo hipotecario. No obstante, manifiesta, dentro del trámite se cumplió a cabalidad el periodo de notificaciones a las partes, intervinientes, terceros e indeterminados(4).

3. El Secretario de la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá allegó copia de la providencia del 26 de junio de 2013, proferida por la Sala presidida por la Magistrada María Idalí Molina Guerrero, mediante la cual se confirmó la decisión del 26 de junio de 2013, emitida por el Juez Tercero Penal del Circuito Especializado(5).

4. La Asesora Jurídica de la Sala de Extinción de Dominio, Lavado de Activos y Enriquecimiento Ilícito del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, manifestó que conoció de la apelación contra la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado. Explicó que la providencia acusada fue proferida dentro de un trámite en el cual se respetó el debido proceso y el derecho de defensa, además, se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico. Sostuvo que la accionante pretende erigir la tutela como una tercera instancia del proceso, para revivir debates que fueron objeto de pronunciamiento mediante decisiones que hicieron tránsito a cosa juzgada. Por lo anterior, solicitó se deniegue el amparo(6).

5. La Juez Décima Civil Municipal de Bogotá, informó que en ese despacho cursó el proceso ejecutivo hipotecario 2004-857, promovido por el Banco Granahorrar en contra de José Édgar Téllez Cifuentes, dentro del cual se libró mandamiento de pago el 24 de junio de 2004, y auto ordenando seguir adelante la ejecución, el 17 de agosto de 2005.

Agregó que el 27 de abril de 2006, una vez cumplidos los requisitos legales establecidos para el efecto, se llevó a cabo diligencia de remate, siendo rematante Mariam Viviana Beltrán Rico. Posteriormente, mediante decisión del 13 de junio de 2006, se aprobó en todas sus partes dicha diligencia, decretando el desembargo del bien, siendo adjudicataria Beltrán Rico.

Explicó que, contrario a lo afirmado por la accionante, en ningún momento el juzgado tomó nota de remanentes dentro de ese juicio de ejecución, ya que el Oficio1953 de la Fiscalía 24 Seccional, fue radicado en el juzgado el 6 de junio de 2009, esto es, con posterioridad a la fecha en que se llevó a cabo el remate. Con todo, indicó que las irregularidades denunciadas en el escrito de tutela, no le son imputables(7).

6. La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá - Zona Norte, señaló que el bien de Matrícula Inmobiliaria 50N-20212160, registra las siguientes anotaciones relevantes: 17. Adjudicación en remate: se registra debidamente el documento, a favor de Beltrán Rico Mariam Viviana; 18. Escritura Pública 7198 del 19 de diciembre de 2016, otorgada en la Notaría 24 Bogotá: compraventa. Se registra debidamente el documento de: Beltrán Rico Mariam Viviana a Rocha Segura Esperanza; 21. 2658 del 21 de diciembre de 2011, otorgada en la Notaría 63 de Bogotá: compraventa. Se registra debidamente el documento de: Rocha Segura Esperanza a Garibello Amaya Orlando Enrique y Aldana Hernández Cindy Juliette; 23. Oficio 4443 del 20 de mayo de 2015, otorgado por el juzgado 003 penal especializado de Bogotá: extinción del derecho de dominio privado. Se registra debidamente el documento de Frisco, Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado.

Explicó que los asientos registrales no se cancelan de oficio, sino previa orden judicial que así lo disponga. En consecuencia, solicitó declarar improcedente el amparo(8).

7. El Jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro precisó que la anotación hecha en el Folio de Matrícula 50N-20212160 por la Orip Zona Norte, se dio en cumplimiento de una orden judicial, emitida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, y confirmado por la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior, de esa misma ciudad, lo que descarta los reproches efectuados por la accionante en este asunto. Indicó que la función que ejerce la Oficina de Registro de Instrumentos públicos es la de servir de medio de tradición y dar publicidad a los actos, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1579 de 2012(9).

8. La Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Justicia y del Derecho explicó que las pretensiones expuestas en la demanda no vinculan a dicha entidad, pues la misma se dirige a cuestionar decisiones judiciales proferidas al interior de un proceso de extinción de dominio. Señaló, con todo, que la presente acción no cumple con el presupuesto de inmediatez, al haber transcurrido más de 18 meses desde la presunta vulneración de derechos fundamentales(10).

9. Juan Francisco Camacho Castillo, curador ad litem de los herederos de José Édgar Téllez Cifuentes y de los demás terceros indeterminados, precisó que se atendría a lo probado en este trámite constitucional, explicando, sin embargo, que se opuso a las pretensiones expuestas por la Fiscalía al interior del proceso de extinción de dominio, al considerar que existen serias dudas sobre el origen de los dineros mediante los cuales el condenado adquirió los bienes objeto de extinción. Explicó que interpuso recurso de apelación contra las decisiones proferidas en ese trámite y que intervino activamente, por lo que no le es imputable la vulneración invocada(11).

10. El Vicepresidente Jurídico de la Sociedad de Activos Especiales SAE sostuvo que en el presente caso no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente el amparo. Indicó que “la presente acción no está consagrada para suplir las instancias judiciales establecidas para dar solución a los problemas jurídicos planteados ante la jurisdicción ordinaria, cuyas decisiones allí adoptadas están sometidas a la doble presunción de legalidad y acierto”(12).

Consideraciones de la Sala

1. Referente a la acción pública que nos ocupa, ha de precisarse que el artículo 86 de la Constitución Política establece que se trata de un mecanismo concebido para la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por cualquier acción u omisión de las autoridades públicas, siempre que no exista otro recurso o medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La doctrina constitucional ha sido clara y enfática en señalar que cuando se trata de providencias judiciales, la acción de tutela solamente resulta procedente de manera excepcional, pues como regla general la inconformidad de las partes con lo resuelto por los funcionarios judiciales ha de ser planteada y debatida en forma oportuna, acudiendo para ello a los medios de impugnación ordinarios y extraordinarios instituidos en el ordenamiento jurídico.

No obstante, esa regla general encuentra excepción en tratándose de decisiones que por involucrar una manifiesta y evidente contradicción con la Carta Política, producto de actuaciones que constituyan causales de procedibilidad de la acción de tutela, vulneren o amenacen los derechos fundamentales del actor, frente a lo cual no se disponga de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz, siempre que en estos eventos el amparo sea necesario para evitar la consumación de un perjuicio irremediable.

2. Como en el presente asunto la petición de amparo se orienta a censurar actos jurisdiccionales, surge imperioso precisar la evolución jurisprudencial en torno a las causales de procedibilidad contra providencias, que implican no solo una carga para el actor en su invocación, sino también en su demostración, como en efecto lo ha expuesto la Corte Constitucional al determinarlas así:(13)

a) Que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional.

b) Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.

d) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tenga un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecte los derechos fundamentales de la parte actora.

e) Que el afectado identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.

f) Que no se trate de sentencias de tutela.

3. El proceso de extinción de dominio bajo la Ley 793 de 2002.

3.1. El artículo 34 de la Carta Política de 1991 consagra la extinción de dominio sobre bienes adquiridos dentro de situaciones frontalmente opuestas a los valores constitucionales, como son el enriquecimiento ilícito, la irrogación de perjuicio al tesoro público o el grave deterioro a la moral social. El legislador, por su parte, reguló la materia, inicialmente con la Ley 333 de 1996, luego con el Decreto Legislativo 1975 de 2002, posteriormente con la Ley 793 de 2002 y, recientemente, a través de la Ley 1708 de 2014, “por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio”.

De acuerdo con el artículo 15 de este último estatuto, el proceso de extinción de dominio es “una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas o que deterioran gravemente la moral social, consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado de los bienes a que se refiere esta ley, por sentencia, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para el afectado”.

Se trata, según lo ha indicado la Corte Constitucional, de una acción real de contenido patrimonial, que tiene por objeto la determinación de si hay lugar o no a declarar la extinción de los derechos reales de los particulares sobre bienes muebles e inmuebles, a favor del Estado, sin que exista ningún tipo de pago o de compensación para su titular. Ella encuentra su razón de ser, en el hecho de que “el ordenamiento jurídico sólo protege los derechos adquiridos de manera lícita, es decir, a través de una cualquiera de las formas de adquirir el dominio y reguladas por la Ley civil y siempre que en los actos jurídicos que los formalizan concurran los presupuestos exigidos por ella.(14)

En Sentencia C-740 de 2003, la Corte Constitucional realizó un análisis de esta acción, en el siguiente sentido:

En virtud de esa decisión del constituyente originario, la acción de extinción de dominio se dotó de una particular naturaleza, pues se trata de una acción constitucional pública, jurisdiccional, autónoma, directa y expresamente regulada por el constituyente y relacionada con el régimen constitucional del derecho de propiedad.

Es una acción constitucional porque no ha sido concebida ni por la legislación ni por la administración, sino que, al igual que otras como la acción de tutela, la acción de cumplimiento o las acciones populares, ha sido consagrada por el poder constituyente originario como primer nivel de juridicidad de nuestro sistema democrático.

Es una acción pública porque el ordenamiento jurídico colombiano sólo protege el dominio que es fruto del trabajo honesto y por ello el Estado, y la comunidad entera, alientan la expectativa de que se extinga el dominio adquirido mediante títulos ilegítimos, pues a través de tal extinción se tutelan intereses superiores del Estado como el patrimonio público, el Tesoro público y la moral social.

Es una acción judicial porque, dado que a través de su ejercicio se desvirtúa la legitimidad del dominio ejercido sobre unos bienes, corresponde a un típico acto jurisdiccional del Estado y, por lo mismo, la declaración de extinción del dominio está rodeada de garantías como la sujeción a la Constitución y a la ley y la autonomía, independencia e imparcialidad de la jurisdicción.

Es una acción autónoma e independiente tanto del ius puniendi del Estado como del derecho civil. Lo primero, porque no es una pena que se impone por la comisión de una conducta punible sino que procede independientemente del juicio de culpabilidad de que sea susceptible el afectado. Y lo segundo, porque es una acción que no está motivada por intereses patrimoniales sino por intereses superiores del Estado. Es decir, la extinción del dominio ilícitamente adquirido no es un instituto que se circunscribe a la órbita patrimonial del particular afectado con su ejercicio, pues, lejos de ello, se trata de una institución asistida por un legítimo interés público.

Es una acción directa porque su procedencia está supeditada únicamente a la demostración de uno de los supuestos consagrados por el constituyente: enriquecimiento ilícito, perjuicio del Tesoro público o grave deterioro de la moral social.

Finalmente, es una acción que está estrechamente relacionada con el régimen constitucional del derecho de propiedad, ya que a través de ella el constituyente estableció el efecto sobreviniente a la adquisición, sólo aparente, de ese derecho por títulos ilegítimos. Esto es así, al punto que consagra varias fuentes para la acción de extinción de dominio y todas ellas remiten a un título ilícito. Entre ellas está el enriquecimiento ilícito, prescripción que resulta muy relevante, pues bien se sabe que el ámbito de lo ilícito es mucho más amplio que el ámbito de lo punible y en razón de ello, ya desde la Carta la acción de extinción de dominio se desliga de la comisión de conductas punibles y se consolida como una institución que desborda el marco del poder punitivo del Estado y que se relaciona estrechamente con el régimen del derecho de propiedad.

3.2. Tanto las normas a través de las cuales se ha regulado la extinción de dominio, como la jurisprudencia que se ha proferido sobre la materia, coinciden en señalar que esta acción no puede, en ningún caso, desconocer la situación de terceros que, actuando de buena fe, han adquirido derechos sobre bienes que se ven involucrados en procesos de esa naturaleza(15).

Así, la Ley 793 de 2002, previó la protección para los terceros de buena fe exenta de culpa (artículo 4º); la posibilidad de declarar la extinción sobre los bienes o valores equivalentes del mismo titular, manteniendo la protección para los derechos de terceros de buena fe (artículo 3º); y la necesidad de que, en el desarrollo del proceso, se procediera a emplazar a los terceros indeterminados a fin de que pudieran ejercer su derecho de defensa, a quienes, en todo caso, se les designaría curador ad litem para efectos de su representación en el proceso (artículo 10).

Posteriormente, en la Ley 1708 de 2014, se sigue reconociendo la protección de los terceros que adquirieron derechos sobre bienes que luego resultan inmersos en un proceso de extinción de dominio, estableciéndolo como límite a la posibilidad de declarar la extinción y previendo una presunción general de buena fe que debe ser desvirtuada.

Tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia han sido enfáticas en señalar que en este tipo de procesos es necesario que se garanticen los derechos de los terceros de buena fe, con lo cual se busca preservar los valores superiores de la justicia, la equidad y la seguridad jurídica. Al respecto, la Corte Constitucional señaló:

(…) el cumplimiento de la regla de la justicia plasmada en el artículo 34 de la Constitución, aunque tiene su expresión en el plano patrimonial y no en el penal, como lo ha manifestado esta Corte, mal podría llevarse a cabo mediante un sistema legal que presumiera la mala fe de las personas o que les impusiera la carga de probarla, cuando es el Estado el que corre con ella. Por lo cual debe la Corte reiterar que los titulares de la propiedad u otros derechos reales, aun sobre bienes en cuyo origen se encuentre alguno de los delitos por los cuales puede incoarse tal acción, se presume que lo son en verdad y que han actuado honestamente y de buena fe al adquirir tales bienes, de lo cual se desprende que en su contra no habrá extinción de dominio en tanto no se les demuestre a cabalidad y precio proceso rodeado de las garantías constitucionales que obraron con dolo o culpa grave.(16)

Por lo anterior, es claro que en los procesos que se sigan en esta materia, tanto la Fiscalía como los funcionarios judiciales deben garantizar que los terceros de buena fe cuenten con las oportunidades procesales para defenderse.

Análisis del caso concreto

1. Verificación del cumplimiento de los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela.

En el presente caso se constatan claramente los requisitos de procedibilidad a los cuales hace referencia la jurisprudencia sobre la materia: i) Se han agotado todos los medios ordinarios de defensa judicial al alcance de la demandante; ii) la acción constitucional se interpuso en un término razonable y proporcionado, cumpliéndose el requisito de inmediatez(17); iii) la afectada identificó los hechos y derechos relacionados con la presunta vulneración de sus garantías fundamentales; iv) ninguna de las providencias atacadas es una sentencia de tutela; y, por último, v) el asunto tiene relevancia constitucional por cuanto se trata de verificar si las autoridades judiciales accionadas vulneraron, con sus decisiones, el derecho al debido proceso de la accionante, en el trámite de extinción de dominio que adelantaron, todo lo cual habría determinado la pérdida de su derecho de propiedad, el cual, aduce, adquirió legítimamente y amparada en la confianza que le generó la información contenida en el certificado de registro de instrumentos públicos del inmueble.

De esta manera, el caso plantea un debate de rango constitucional, que justifica que el juez de tutela proceda a su estudio.

2. Los elementos probatorios existentes en el plenario.

Se reseñan a continuación, en detalle, las principales actuaciones realizadas por la peticionaria y las autoridades accionadas.

2.1. El proceso ejecutivo hipotecario adelantado ante el Juzgado Décimo Civil Municipal.

a) En el Juzgado Décimo Civil Municipal de Bogotá, cursó el proceso ejecutivo hipotecario del Banco Granahorrar contra José Édgar Téllez Cifuentes En auto del 24 de junio de 2004, el juzgado libró mandamiento de pago, decretando el embargo y posterior secuestro del inmueble ubicado en la Calle 142 B Nº 123-02, interior 39, apto. 405; identificado con Matrícula Inmobiliaria 50N 20212160, sobre el cual había sido constituida la garantía real(18).

b) El 17 de agosto de 2005, el juzgado ordenó seguir adelante con la ejecución; decretó el avalúo y venta en pública subasta del bien objeto del proceso y ordenó la liquidación del crédito(19).

c) El 27 de abril de 2006, se llevó a cabo diligencia de remate. El Juzgado Décimo Civil Municipal de Bogotá adjudicó el inmueble a Mariam Viviana Beltrán Rico(20).

d) El 13 de junio de 2006, se aprobó la diligencia de remate y, en consecuencia, se decretó el desembargo del inmueble(21).

e) Según explicó a esta Corporación el Juzgado Décimo Civil Municipal de Bogotá, en ninguna etapa del proceso ejecutivo hipotecario se tomó nota del embargo de remanentes decretado por la Fiscalía General de la Nación, habida cuenta que esa determinación sólo fue informada mediante Oficio1953 del 6 de junio de 2009, esto es, con posterioridad a la diligencia de remate.

2.2. El proceso de extinción de dominio adelantado contra los bienes de propiedad de José Édgar Téllez Cifuentes.

a) El 4 de junio de 2003, la Fiscalía 24 de la Unidad Especializada para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, dio inicio a una investigación preliminar tendiente a establecer la procedencia de la acción de extinción de dominio sobre bienes de propiedad de José Édgar Téllez Cifuentes, quien había sido penalmente condenado por los delitos de secuestro extorsivo y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

b) El 14 de marzo de 2006, la Fiscalía ordenó la iniciación oficiosa del trámite de extinción de dominio sobre los bienes con Matrícula Inmobiliaria 167-0013127 y 50N 20212160 —de propiedad de José Édgar Téllez Cifuentes— y decretó, como medidas cautelares, el embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, respecto del bien identificado con Matrícula Inmobiliaria 167-0013127; y el “embargo de los remanentes que llegasen a quedar una vez concluyera el embargo ejecutivo que pesaba sobre el inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria 50N-20212160”. Lo anterior, teniendo en cuenta que sobre este último bien ya recaía el embargo ejecutivo con acción real, decretado por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Bogotá y al que se hizo referencia con anterioridad. Asimismo, la Fiscalía ordenó comunicar la anterior determinación al juzgado en el cual cursaba el proceso civil e inscribir dichas medidas cautelares en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente.

c) Mediante Oficio 6370 del 31 de mayo de 2006, el Técnico Judicial II de la Fiscalía 24 Seccional, informó al Juzgado Décimo Civil Municipal el contenido el auto del 14 de marzo de 2006, mediante el cual se ordenó, entre otras medidas cautelares, el embargo y secuestro sobre los remanentes del inmueble identificado con folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-20212160. Al respecto, la Fiscalía señaló: “asimismo, me permito solicitarle se proceda a tomar nota de lo antes señalado para que una vez finalizado el proceso ejecutivo que adelanta ese despacho, dejen a disposición de esta Fiscalía los remanentes que llegaren a quedar. En el evento en que se levante la medida impuesta por cuenta de dicho juzgado, informar de manera inmediata a esta Fiscalía para lo pertinente”. —se resalta—

d) El 2 de agosto de 2006, la Fiscalía fijó edicto emplazando a los herederos de José Édgar Téllez Cifuentes, a los terceros y a las personas indeterminadas que tuvieran algún interés en ese proceso, a fin de que hicieran valer sus derechos.

e) El 21 de abril de 2010, la Fiscalía 24 Especializada solicitó al juez competente declarar procedente la acción de extinción del derecho de dominio respecto de los bienes que habían sido señalados en la decisión del 14 de marzo de 2006. Dicha decisión fue confirmada, en sede de apelación, por el Fiscal Tercero Delegado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

f) Mediante Sentencia del 26 de junio de 2013, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá —Extinción de Dominio— declaró extinguido el derecho de dominio sobre dos bienes, incluyendo el inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria 50N-20212160, el cual fue relacionado como de propiedad de José Édgar Téllez Cifuentes En consecuencia, ordenó su ingreso definitivo al patrimonio del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado.

Explicó que “no acoger(ía) la decisión de la Fiscalía Delegada cuando sobre el predio con Folio de Matrícula 50N-20212160, consideró la extinción del derecho de dominio de los remanentes que llegaren a quedar del embargo con acción real (anotación 13) dentro del proceso ejecutivo hipotecario donde funge como demandante el Banco Granahorrar, según Oficio 1495 del 5 de junio de 2006, emanado del Juzgado Décimo Civil Municipal de Bogotá, sino que como se anotó, se decretó la extinción de dicho predio, debiendo eso sí garantizar, la Dirección Nacional de Estupefacientes los dineros a cancelar como consecuencia del proceso hipotecario adelantado, una vez el juzgado respectivo establezca la liquidación del crédito. En razón a lo expuesto, en firme la presente decisión, se oficiará al Juzgado 10 Civil Municipal de Bogotá, para lo de su cargo y a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá - Zona Norte y La Palma, para que procedan al levantamiento de las medidas cautelares decretadas en este proceso y a su vez, inscriban esta decisión”. —se resalta—

g) Impugnada la anterior decisión por el curador ad litem designado en este proceso, la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 15 de diciembre de 2004, decidió confirmarla en todas sus partes.

3. La vulneración del debido proceso atribuida a las autoridades judiciales accionadas.

De los hechos alegados por las partes y del material probatorio allegado al trámite de esta acción, es posible determinar lo siguiente:

a) En la diligencia de remate, ni el juzgado civil, ni los distintos oferentes, incluida Mariam Viviana Beltrán Rico, tenían conocimiento de las actuaciones jurídicas que en relación con el inmueble estaba adelantando la Fiscalía General de la Nación. En efecto, el oficio mediante el cual se informaba al Juzgado Décimo Civil Municipal del embargo de los remanentes decretado en el trámite de extinción de dominio, fue enviado el 31 de mayo de 2006, esto es, casi un mes después de realizada la diligencia de remate —27 de abril de 2006— y de adjudicado el bien.

En consecuencia, el juzgado civil no pudo tener en cuenta el embargo de remanentes decretado por la Fiscalía. Por lo demás, del mismo aparece que tampoco se tomó nota en el Registro de Instrumentos públicos(22), de manera que puede concluirse, dicha medida cautelar jamás llegó a materializarse.

b) Ahora bien, en el evento de que la Fiscalía hubiera informado oportunamente al juzgado el decreto del embargo de remanentes, y aún en el caso que se hubiera sentado nota de ello en la Oficina de Registro, lo cierto es que esa situación no habría en modo alguno impedido la realización de la diligencia de remate, pues la medida cautelar decretada dentro del trámite de extinción de dominio se limitó, desde la resolución de inicio, al remanente de lo que se consiguiera dentro del proceso hipotecario.

c) Tanto el hecho que el inmueble hubiese sido adjudicado en pública subasta como que no existiera anotación alguna en el folio de Matrícula Inmobiliaria acerca del gravamen impuesto al interior de un proceso de extinción de dominio, son circunstancias que permiten considerar que la accionante actuó de buena fe en su adquisición, sin que exista algún elemento que permita desvirtuar esa afirmación. En ese sentido, aquella confió en la información que sobre la situación jurídica del bien reposaba en un registro público, en donde la única medida cautelar que entonces aparecía inscrita era el embargo del juzgado civil, medida que colocaba al bien por fuera del comercio a la espera de las resultas del proceso ejecutivo, en el que como epílogo se le adjudicó el dominio a una de las anteriores propietarias —Beltrán Rico—.

d) Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que el juez de extinción de dominio no podía desconocer repentinamente que la medida cautelar que había decretado la fiscalía se limitó al embargo de remanentes, para en su lugar, disponer que lo que era procedente era extinguir el derecho de dominio. En un caso similar al que concentra la atención de esta Sala, esta Corporación consideró que “…si se trataba de remanentes, siendo estos, como lo indica la Real Academia Española de la Lengua: aquello que queda de algo”, resultaba desproporcionado que luego la medida de extinción cobijara, no solamente lo que quedaba, sino la totalidad del bien”(23).

Pero más que desproporcionada, la actuación de las autoridades accionadas es, ante todo, incongruente, pues si desde el inicio del trámite de extinción dominio se estableció que los bienes objeto de la acción serían “los remanentes que llegasen a quedar una vez concluido el embargo ejecutivo(24), con lo cual se reconoció —así fuera implícitamente— la posibilidad de que otra autoridad judicial dispusiera de íntegro el bien, no existía razón valedera para que en la sentencia que decreta la extinción, el objeto de la medida fuera sorpresivamente el bien en sí mismo considerado.

e) Las actuaciones de las autoridades accionadas tuvieron entonces por efecto desconocer el embargo y, en general, toda la actuación desarrollada por el juez civil y con ello, la situación jurídica que ulteriormente consolidó la accionante.

En efecto, Cindy Juliette Aldana Hernández, en las condiciones en las que se había producido la adquisición del dominio por parte de Beltrán Rico, se insiste, por adjudicación en remate —modo de adquisición que se caracteriza porque la propiedad se obtiene sin ningún tipo de limitación ni sujeta a contingencias—, podía confiar legítimamente en que cuando celebró la compraventa sobre el inmueble otrora rematado, estaba adquiriendo asimismo un derecho de propiedad sin mácula —principio de confianza legítima— y que esa situación jurídica estaría llamada a perdurar —seguridad jurídica, máxime cuando en el Registro de Instrumentos Públicos no aparecía inscrita alguna actuación que le permitiera inferir lo contrario.

En línea con lo anterior, en el fallo de tutela atrás citado, en el que se estudió un caso similar al presente, la Sala de Casación Penal indicó:

(…) tratándose de bienes inmuebles que en el derecho colombiano tienen un registro público especial, la medida cautelar por antonomasia que permite enterar a terceros sobre la existencia de un proceso judicial que puede involucrar la suerte del bien, consiste en la inscripción del proceso judicial en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (…) En ninguna parte figura que se haya registrado medida cautelar en desarrollo del proceso de extinción del derecho de dominio, de tal manera que quienes tuvieran interés de adquirir el mencionado inmueble se atuvieran a los resultados de tal actuación o participaran en la misma, con el fin de defender sus posibles derechos como terceros de buena fe. Según lo reportan las autoridades judiciales demandadas lo que se dispuso fue el embargo de remanentes en el proceso ejecutivo que Bancolombia inició contra Gaseosas El Sol.

El embargo de remanentes en el proceso ejecutivo, de otra parte, daba un mensaje claro a los interesados en adquirir el inmueble, pues recordemos que éste se transfirió posteriormente por remate judicial y en el sentido, fácil podrían deducir los oferentes que sobre el mismo no existían pleitos pendientes y menos con el Estado, que sólo estaba interesado en lo que quedara después de tramitado tal proceso judicial.

(…) Siendo así, las decisiones judiciales cuestionadas sorprendieron a terceros que bien podían haber participado en el proceso de extinción del derecho de dominio, si oportunamente se hubiese dispuesto las medidas cautelares que, como se ha expuesto, sí podrían aplicarse(25). —se resalta—

f) Por último, y contrario a la manifestado por la Fiscalía, de las pruebas obrantes en el proceso se observa que las autoridades judiciales accionadas omitieron citar a la accionante pese a ser la actual propietaria del bien objeto de extinción, con lo cual se le impidió ejercer su derecho de defensa y contradicción.

4. Necesidad de la intervención del juez constitucional.

Así las cosas, la Sala encuentra que las providencias cuestionadas adolecen de irregularidades que afectan gravemente los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa de la accionante, consistentes en (i) la falta de comunicación oportuna, por parte de la Fiscalía, de las medidas cautelares decretadas al interior del trámite de extinción de dominio, lo que impidió que las mismas fueran conocidas y materializadas; (ii) la declaratoria de extinción, en la etapa de juicio, del derecho de dominio sobre un bien que nunca fue objeto de la acción —pues desde la resolución de inicio, la Fiscalía determinó que el trámite recaería únicamente sobre los remanentes del proceso ejecutivo—; y (ii) la falta de notificación a los terceros que habían adquirido derechos sobre el inmueble, omisión que terminó por despojar indebidamente a la accionante de su propiedad.

Estas anomalías terminaron por generar un escenario en el que la demandante, de buena fe, amparada en la información que reposaba en el folio de matrícula del inmueble y confiada en que el mismo había sido adjudicado legítimamente por una autoridad judicial, decidió celebrar un negocio jurídico sobre el mismo, teniendo que soportar ahora las graves consecuencias que para sus intereses genera la declaratoria de extinción de dominio.

Bajo este panorama, la Sala concederá el amparo invocado. En consecuencia, dejará sin efecto las sentencias judiciales proferidas el 26 de junio de 2013, por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado —Extinción de Dominio— de Bogotá y el 15 de diciembre de 2014, de la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial, de la misma ciudad, en lo que tiene que ver con la declaratoria de extinción de dominio del bien inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria 50N-20212160. Igualmente, se ordenará la anulación del trámite ejecutado para la extinción del derecho de dominio del citado bien.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal - en Sala de Decisión de Acciones de Tutela, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

Resuelve

Conceder el amparo invocado por Cindy Juliette Aldana Hernández.

Dejar Sin Efecto las sentencias judiciales proferidas el 26 de junio de 2013, por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado —Extinción de Dominio— de Bogotá y el 15 de diciembre de 2014, de la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial, de la misma ciudad, en lo que tiene que ver con la declaratoria de extinción de dominio del bien inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria 50N-20212160. Igualmente, Anular el trámite ejecutado para la extinción del derecho de dominio del citado bien.

Ordenar al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado —Extinción de Dominio— de Bogotá que se pronuncie de fondo sobre los derechos que fueron afectados con la medida cautelar decretada en el trámite de extinción de dominio 2012-044-3, teniendo en cuenta que la misma se limitó a los remanentes que llegasen a quedar una vez concluyera el proceso ejecutivo hipotecario en el que se ordenó el embargo del inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria 50N-20212160.

Devolver el expediente allegado en calidad de préstamo por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá.

Notificar esta decisión de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Remitir a la Corte Constitucional para su eventual revisión —de no ser impugnada —Artículo 31 del Decreto 2591 de 1991—

Notifíquese y cúmplase

Magistrados: José Francisco Acuña Vizcaya—Eugenio Fernández Carlier—Patricia Salazar Cuéllar.

Nubia Yolanda Nova García, secretaria.

(1) Asegura la accionante que tuvo conocimiento de esa situación en abril de 2016, cuando los miembros de la Asamblea General del edificio donde habita, le informaron que no podía participar en la junta de copropietarios porque en el certificado de libertad y tradición, ella no figuraba como dueña del bien.

(2) Folio 11

(3) Folios 141 y 142

(4) Folios 169-173

(5) Folios 194 y ss.

(6) Folios 143 y 144

(7) Folios 145 y 146

(8) Folios 157 y ss.

(9) Folios 190-193

(10) Folios 184-188

(11) Folios 229-233

(12) Folios 240-241

(13) Sentencia C-595 de 2005

(14) Sentencia T-740 de 2003

(15) Sentencia T-821 de 2014

(16) Ibídem

(17) Aunque la última de las providencias proferidas en el trámite de extinción de dominio fue dictada el 15 de diciembre de 2014, trascurriendo un lapso de 18 meses para la interposición de la demanda, la accionante sostiene que solo tuvo conocimiento de esta situación en abril de 2016, cuando la Junta de Asamblea de copropietarios del edificio donde habita, no le permitió intervenir en la reunión de socios, alegando que ella no era la propietaria del inmueble. De modo que al obtener una copia del certificado de tradición y libertad del bien, tuvo conocimiento de las providencias que cuestionan. De esta manera se cumple con el requisito de inmediatez en el ejercicio de la acción de tutela, puesto que solo ha pasado dos meses desde el momento en que tuvo conocimiento de la actuación que la afecta. Además, la sentencia mediante la cual se extinguió el dominio del bien por orden del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado, solo fue registrada el 31 de agosto de 2015, mediante anotación 023.

(18) Folios 148 y 149

(19) Folio 152

(20) Folio 156

(21) Folio 153

(22) Ver folios 6-12

(23) CSJ, STP, 20 de abril de 2010, Radicado 47338

(24) Folio 78

(25) Ídem, Radicado 47338