Sentencia STP1013-2016/83892 de febrero 4 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS

Rad. 83892

STP1013-2016

Magistrado Ponente

Dr. José Luis Barceló Camacho

Aprobado acta Nº 27

Bogotá, D.C., cuatro de febrero de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Para Resolver se Considera

La Sala es competente para desatar la impugnación de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, por ser superior funcional del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala de Decisión Penal.

De acuerdo con el artículo 277 de la Constitución Política, el Procurador General de la Nación, directamente o por medio de sus delegados y agentes, tiene, entre otras, las funciones de: vigilar el cumplimiento de la Carta Fundamental y las leyes; proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad; defender los intereses de la sociedad. Para su cumplimiento puede interponer “las acciones que considere necesarias”. En consecuencia, se encuentra legitimado para instaurar también la acción de tutela, pues la disposición no hace ninguna distinción:

Son tareas que le corresponde cumplir al máximo ente del Ministerio Público, independientemente de si los derechos pertenecen a personas naturales o jurídicas, puesto que la Constitución no distingue, y donde ella no lo hace no le está autorizado al intérprete hacerlo. (CC. T-518/03).

Si bien el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, no menciona expresamente la posibilidad de que la Procuraduría General de la Nación, interponga acciones de tutela para proteger derechos ajenos abstractos, el artículo 277 de la Carta sí le otorga al Ministerio Público una amplia competencia para intervenir en cualquier proceso, con el fin de cumplir sus funciones constitucionales. En efecto, el artículo 277 Superior establece (…).

De la norma constitucional transcrita surge con claridad que la Constitución no solo otorgó a la Procuraduría General de la Nación un amplísimo conjunto de competencias, sino también la posibilidad de ejercerlas a través de la interposición de las acciones que considere necesarias. Por lo tanto, si desde el punto de vista del debido proceso constitucional, el Procurador o sus agentes pueden interponer las acciones judiciales que consideren necesarias para proteger los derechos ajenos o el interés público, no existe razón constitucional para que no pueda hacerlo a través de la acción de tutela. (CC. T-293/13).

En este orden de ideas, es indudable la legitimidad que le asiste en el presente caso a la señora Procuradora 190 Judicial Penal I de Medellín para accionar en tutela en defensa de los intereses de la sociedad, e incluso de la víctima. Además, como interviniente especial dentro del proceso penal (artículos 109 a 112 de la Ley 906 de 2004), es titular del derecho fundamental al debido proceso. El Código de Procedimiento Penal prevé expresamente su intervención en la fase de ejecución de la pena, al disponer: “En todo lo relacionado con la ejecución de la pena, el Ministerio Público podrá intervenir e interponer los recursos que sean necesarios” (inciso final del artículo 459).

Aclarado lo anterior, a continuación, como presupuesto de las consideraciones que se consignarán posteriormente, se sintetizan los hechos relevantes acaecidos dentro del proceso penal adelantado al señor D.M.P.G.:

1. El 29 de junio de 2011, el Juzgado Treinta y cuatro penal municipal con función de conocimiento de Medellín condenó a D.M.P.G. a dos (2) años de prisión como autor de lesiones personales con perturbación funcional permanente del órgano de la audición. Le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena por un período de prueba de dos (2) años.

2. Como resultado del incidente de reparación integral, el despacho judicial mencionado también condenó a P. G. a indemnizar los perjuicios materiales y morales ocasionados con la conducta punible y fijó el monto de la reparación en $27’999.893.oo. La segunda instancia estipuló un plazo de seis (6) meses para el pago.

3. P.G. suscribió diligencia de compromiso con las obligaciones establecidas por el artículo 65 del Código Penal, entre ellas la de reparar a la víctima.

4. Por el incumplimiento de ese específico compromiso, el 16 de septiembre de 2014, el Juzgado Tercero de ejecución de penas Y medidas de seguridad de descongestión de Medellín revocó el subrogado concedido y, para ejecutar la sentencia en lo que fue motivo de suspensión, ordenó la captura del penado.

5. El Juzgado Treinta y Cuatro Penal.

Municipal de Medellín conoció de la apelación interpuesta por la defensa técnica y el 27 de octubre de 2014 confirmó la decisión impugnada, con la siguiente adición: “(…) que una vez acreditado en favor de la víctima el pago de la reparación integral a la que fue condenado D.M.P.G., se procederá a su libertad inmediata conforme al art. 29 B, parágrafo 1º del Código Penitenciario y Carcelario (…)”.

6. La defensa técnica aportó dos (2) títulos de depósito judicial por sumas de dinero que cubrieron el monto fijado por concepto de indemnización de perjuicios.

7. Luego de la recaptura de D.M.P.G. (quien ya había sido aprehendido pero irregularmente quedó en libertad, lo que motivó la correspondiente compulsa de copias) su defensor solicitó la libertad inmediata, con fundamento en que la reparación era razón suficiente para restablecer el subrogado penal, ya que el no pago de los perjuicios fue la única razón para revocar la suspensión de la ejecución de la pena; por tanto, en su parecer, fueron satisfechas las razones que motivaron la revocatoria mencionada. También deprecó que se declarara la extinción de la pena por haberse superado el período de prueba y cumplido el deber de reparación a la víctima.

8. El 23 de septiembre de 2015, el juzgado ejecutor negó la concesión de la libertad invocada, con fundamento en los artículos 65 y 66 del Código Penal y 475 y 479 de la Ley 906 de 2004, por considerar que: la revocatoria del subrogado implica el cumplimiento o ejecución de la sentencia; por ello, la ley dispone que se ha de proceder como si la sentencia no se hubiere suspendido; con la reparación no desaparece el motivo jurídico para que la pena se cumpla, debido a que lo que se sanciona con la revocatoria no es la falta de pago sino el incumplimiento de las obligaciones adquiridas para la suspensión de la ejecución de la pena, con lo cual el sentenciado está demostrando que requiere tratamiento penitenciario. Finalmente, adujo que la previsión del parágrafo 1º del artículo 29 B del Código Penitenciario y Carcelario no era aplicable porque no se estaba frente a un delito catalogado como querellable.

9. El defensor apeló argumentando que el único motivo de la revocatoria del mecanismo sustitutivo fue el no pago de los perjuicios, luego entonces, una vez verificada la reparación desaparecía la necesidad de la ejecución de la pena. Tildó de indiferente la tesis del juzgado ejecutor porque le da el mismo tratamiento a quien paga que a quien no lo hace luego de producida la revocatoria.

10. En el curso del traslado a los sujetos procesales no recurrentes, la señora agente del Ministerio Público impetró la confirmación del proveído atacado.

11. En providencia del 27 de octubre de 2015, la titular del Juzgado treinta y Cuatro penal municipal con funciones de conocimiento de

Medellín se planteó como problema jurídico determinar el alcance del artículo 475 de la Ley 906 de 2004. En tal sentido, expresó que en sentir de su despacho la aplicación de las consecuencias previstas por dicho precepto, esto es, revocatoria y ejecución, se imponía mientras subsistió la omisión de pagar, porque la finalidad de la norma es compeler al cumplimiento de la obligación y no sancionar al sentenciado de manera independiente. En apoyo de esta consideración, trajo a cita pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, referido a la sanción por desacato a un fallo de tutela, conforme al cual el cumplimiento, así sea extemporáneo, permite levantar las sanciones impuestas.

En ese orden de ideas, coligió que una vez verificado el pago ya no subsistían razones para ejecutar la pena. Por ese motivo, en su parecer, insistir en su ejecución vulneraría la valoración realizada por el sentenciador al conceder el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Además, no se trata de castigar por castigar, sino de resocializar.

Por tales motivos, revocó la decisión confutada y, en su lugar, ordenó la libertad inmediata del condenado. Respecto a la solicitud de declaratoria de extinción de la sanción se declaró sin competencia para su resolución, de conformidad con el artículo 478 de la Ley 906 de 2004.

Frente a la anterior situación y a lo resuelto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el fallo materia de impugnación, esta Sala considera, en primer lugar, que aunque la accionante interpretó equivocadamente que la libertad inmediata ordenada por el Juzgado treinta y cuatro penal municipal se fundó en lo normado por el parágrafo 1º del artículo 29 B del Código Penitenciario y Carcelario, por la mención que a manera de anuncio hizo ese despacho judicial en proveído anterior, e involucró en su demanda consideraciones que no vienen al caso, porque respecto de ellas ya se adoptaron las decisiones pertinentes, ordenando las correspondientes compulsas de copias, pero que a criterio de la actora son indicios de un manejo inadecuado del asunto, en todo caso sí logró exponer de manera concreta y circunstanciada la razón de ser de su solicitud de amparo, cual es que a su juicio la decisión del Juzgado treinta y cuatro penal municipal es una vía de hecho porque concedió una libertad que a todas luces era improcedente.

A ese respecto, estima esta Sala que no puede prohijarse como razonable la interpretación de la señora

Juez treinta y cuatro penal municipal con función de conocimiento de Medellín, como lo hizo el a quo, por las razones que se exponen a continuación:

Aunque los códigos de procedimiento también contienen normas sustanciales, al procesal se le ha dado la denominación de derecho adjetivo por su carácter instrumental para la aplicación de aquellas disposiciones, que es una finalidad impuesta por el artículo 228 de la Constitución Política al establecer que en las actuaciones de la administración de justicia “prevalecerá el derecho sustancial”.

Luego entonces, el juez no puede desconocer la necesaria correlación que debe existir entre el código penal y el código de procedimiento penal, ni que se trata de normatividades sistemáticamente estructuradas que contienen unas normas rectoras, que en el caso del primero constituyen la esencia y orientación del sistema penal, prevalecen sobre las demás e informan su interpretación (artículo 13).

Por ende, en este caso no podía pasarse por alto que las consecuencias jurídicas de la conducta punible (Título IV del Libro Primero) son de diferente orden: sanciones, esto es, penas y medidas de seguridad (Capítulos I a V) y responsabilidad civil derivada de la conducta punible (Capítulo VI). Así mismo, que cada especie de consecuencia conserva independencia, sin perjuicio de que exista algún punto de contacto, como en el caso de los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad. Empero, responden a razones, criterios y fines distintos. Además, no siempre que se impone una pena o una medida de seguridad existe también condena a la indemnización de perjuicios, bien porque estos no se demostraron o porque la víctima no promovió el incidente de reparación integral.

Solo en los delitos que admiten la extinción de la acción penal por indemnización integral, conciliación o desistimiento la reparación a la víctima, efectuada con posterioridad a la condena, tiene la virtud de generar la libertad inmediata, por mandato del parágrafo 1º del artículo 29 B del Código Penitenciario y Carcelario. Pero el punible sobre el que versa el proceso penal que subyace al presente trámite no es de aquellos contemplados por la disposición citada.

Los fines de la pena, plasmados en el artículo 4º del Código Penal, que es norma rectora, son los de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. No está entre las finalidades de la pena hacer efectiva la reparación a la víctima. Por tanto, la ejecución de la pena tampoco es un medio para conseguir ese objetivo.

Cuando se concede el subrogado de suspensión de la ejecución de la pena se pone a prueba al sentenciado por un determinado período. En tal caso, la pena queda suspendida y sujeta, en su suerte, al cumplimiento de una de dos condiciones: a) la que origina su efectividad, dando lugar a su ejecución, previa revocación del mecanismo sustitutivo, debido a la inobservancia de cualquiera de las obligaciones que comporta el instituto (arts. 65 y 66 C.P.), entre ellas la de reparar los daños ocasionados con el delito (art. 65-3 del C.P.), caso en el cual “se procederá como si la sentencia no se hubiere suspendido” (art. 475 Ley 907/04); o, b) la que causa la extinción de la sanción y convierte la liberación en definitiva, cuando el condenado ha cumplido el período de prueba sin infringir los compromisos adquiridos (arts. 65 y 67 del C.P.).

La revocatoria del subrogado no es un medio de compeler al condenado a pagar la indemnización porque, como se anotó, ni la pena ni su ejecución tienen por fin hacer efectiva la reparación a la víctima, quien puede exigirla coactivamente ante la jurisdicción civil. Distinto es que, con independencia de ello, se la vincule al factor operacional de la pena como condición para la suspensión de su ejecución. Pero nótese: la revocatoria no se produce para que el sentenciado pague la indemnización sino porque no lo hizo, en cuanto ello constituye infracción a las condiciones a las cuales quedó sujeta su liberación, que por ello puede llamarse condicional o provisional, por oposición a definitiva.

En tal sentido véase cómo si transcurrido el plazo fijado por el inciso final del artículo 66 del Código Penal el procesado no ha prestado la caución y suscrito la diligencia de compromiso la sentencia debe ser ejecutada. Así mismo, si al momento de serle concedido el subrogado el sentenciado se encuentra privado de la libertad, la liberación no se hace efectiva hasta tanto colme esas exigencias, pues al respecto es aplicable, por integración y analogía, el artículo 366 de la Ley 600 de 2000, coexistente con la Ley 906 de 2004, que reza: “Momento de la libertad bajo caución. Cuando exista detención preventiva, la libertad provisional se hará efectiva después de otorgada la caución prendaria y una vez suscrita la diligencia de compromiso”.

La suspensión de la ejecución de la pena, entonces, tiene como contraprestación el compromiso del condenado de cumplir unas obligaciones que surgen de la ley. En tal caso, se le hace un llamado a su acatamiento mediante la firma de una diligencia de compromiso y la advertencia de las consecuencias que su desconocimiento acarrea: revocatoria y pérdida de la caución prestada como garantía. También se le insta, cuando es el caso, con el traslado para que se defienda antes de proceder a la revocatoria. En ese trámite el sentenciado tiene la posibilidad de justificar su incumplimiento. Igualmente, antes de incurrir en él tuvo a su alcance dos alternativas: (1) demostrar que se encontraba en imposibilidad de cumplir (art. 65-3 del C.P.) o, (2) solicitar prórroga del plazo; pero, igual, si concedido un nuevo término tampoco paga, se debe ejecutar la condena (art. 479 Ley 906/04).

En conclusión, una vez dispuesta la revocatoria del subrogado la única posibilidad que prevé la ley para ese momento es la ejecución de la pena. Es posible que posteriormente el penado pueda acceder a otro mecanismo sustitutivo, v. gr., los previstos en los artículos 38 G y 64 del Código Penal, si se cumplen sus presupuestos.

No puede equipararse la pena, que es consecuencia jurídica de la conducta punible, a la sanción por el desacato a un fallo de tutela porque son institutos que corresponden a esferas distintas: aquella al Derecho Penal y ésta al Derecho Disciplinario. Además, tienen fines totalmente diferentes.

La ejecución de la pena, como consecuencia de la revocatoria del subrogado, originada, a su vez, en el no pago de la indemnización a la víctima, no contradice el juicio expresado en la sentencia sobre la necesidad del cumplimiento de la privación de la libertad, porque obedece a un hecho nuevo y, además, aquella conclusión no se fundó en consideraciones acerca de la responsabilidad civil derivada de la conducta punible, sino —para nuestro caso— en la valoración de los tópicos enunciados por el numeral 2º del artículo 63 de la Ley 599 de 2000, a saber: antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado; modalidad y gravedad de la conducta punible.

Por las razones que anteceden, la interpretación efectuada por la señora Juez treinta y cuatro penal municipal con función de conocimiento de

Medellín no es razonable, entendiéndose por tal, según la cita jurisprudencial del a quo, aquella cuyas conclusiones “(…) son admisibles y demuestran cierto grado de corrección, que se verifica a través de su consonancia con el plexo de principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” (CC. T-1130/03). En efecto, como se acotó en precedencia, la funcionaria le asignó un alcance al artículo 475 de la Ley 906 de 2004 aislándolo del resto del ordenamiento jurídico penal, sin correlacionar el Código de Procedimiento Penal con el Código Penal, sin consultar la norma rectora sobre los fines de la pena, lo que era imprescindible porque la necesidad se juzga en función del fin que se pretende alcanzar, y desconociendo, por tanto, la prevalencia del derecho sustancial impuesta por el artículo 228 de la Constitución Política.

Además, dejó en estado de indefinición la situación jurídica del sentenciado, pues se limitó a disponer su libertad inmediata sin aclarar si ello implicaba restablecimiento del subrogado revocado o conducía a la extinción de la pena.

La no ejecución de una pena impuesta mediante sentencia en firme frustra el logro de los fines que la justifican, comenzando con la prevención general, porque de nada sirve la conminación que hace el legislador a la comunidad si ésta percibe que la misma no se hace efectiva pese a que sin justa causa y con culpabilidad se ha lesionado o puesto en peligro el bien jurídico protegido.

Desde esta perspectiva, la providencia del juzgado treinta y cuatro penal municipal, que obró como juez ejecutor de segunda instancia, contrarió la misión de adoptar “(…) las decisiones necesarias para que las sentencias ejecutoriadas que impongan sanciones penales se cumplan” (artículo 38-1 de la Ley 906/04), con desconocimiento del debido proceso, que exige obrar con ponderación para alcanzar la materialización de la justicia (artículos 5 y 27 ibídem).

Por tanto, ante la configuración de un defecto sustantivo como condición específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, se concederá el amparo deprecado y, como consecuencia de ello, se dejará sin valor ni efecto el proveído emitido el 27 de octubre de 2015 por el Juzgado treinta y cuatro penal municipal con función de conocimiento de Medellín y se ordenará a dicho despacho judicial que dentro del término de cinco (5) días hábiles, siguientes a la fecha en que le sea notificado el presente fallo, profiera decisión que desate la alzada interpuesta contra el proveído del 23 de septiembre de 2015, emanado del Juzgado tercero de ejecución de penas y medidas de seguridad de descongestión de Medellín, y consulte las pautas fijadas en esta sentencia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala Segunda de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la

República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR el fallo objeto de censura, conforme a las anteriores motivaciones, y, en su lugar, CONCEDER el amparo deprecado por la PROCURADORA 190 JUDICIAL PENAL I de Medellín. Como consecuencia de ello, dejar sin valor ni efecto la providencia emitida el 27 de octubre de

2015 por el Juzgado treinta y cuatro penal municipal con función de conocimiento de Medellín.

2. ORDENAR a al juzgado treinta y cuatro penal municipal con función de conocimiento de Medellín que dentro del término de cinco (5) días hábiles, siguientes a la fecha en que le sea notificado el presente fallo, profiera decisión que desate la alzada interpuesta contra el proveído del 23 de septiembre de 2015, emanado del juzgado tercero de ejecución de penas y medidas de seguridad de descongestión de Medellín, y consulte las pautas fijadas en esta sentencia.

3. Notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

4. Remítase el proceso a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase».