Sentencia STP11138-2015 de agosto 20 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Nº 1

Rad.: 81.215

Magistrado Ponente:

Dr. Eyder Patiño Cabrera

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros sean eliminados con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.)

STP11138-2015

(Aprobado Acta 285)

Bogotá, D. C., veinte de agosto de dos mil quince.

Asunto

Se resuelve la impugnación formulada por XXX XXXX frente a la sentencia proferida el 10 de julio de 2015 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta, mediante la cual le negó la tutela propuesta en contra de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, la Fiscalía 2ª Seccional de Los Patios y el XXX XXXX, por la presunta vulneración de sus derechos al trabajo, al mínimo vital, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Antecedentes

1. Fundamentos de la acción.

Fueron relatados por el a quo de la siguiente manera:

[…] Indica la accionante que el día 22 de agosto de 2014, ocurrió un accidente, en donde un peatón fue impactado por un carro y con ocasión del mismo la víctima cayó sobre su automóvil.

Expresa que su vehículo XXX de placas XXX colombiano, fue retenido por la Policía de Carreteras - Polca, el cual fue llevado al “XXX XXXX” ubicado en XXX, y que hasta el día de hoy, a pesar de haberse ordenado por la Fiscalía el archivo del caso no le han hecho la entrega del mismo, porque debe cancelar al parqueadero la suma de cuatro millones sesenta y dos mil ochenta pesos ($4.162.080), liquidación realizada hasta el día 16 de junio de 2015, por concepto de cuidado y custodia de su vehículo.

Por otro lado, manifiesta que su vehículo “vale por ahí como tres millones de pesos” por lo que ni con el mismo automotor alcanza a saldar la deuda con el parqueadero. Señaló también que el “XXX XXXX”, “No es un parqueadero oficial para retener los carros, porque para eso existen los de XXXX y de los patios, cuando ocurren los accidentes de tránsito”.

De este modo, solicita se ordene la entrega del “vehículo porque lo necesito para sobrevivir, con dicho carro trabajaba mi esposo para sacar para la comida y es el sustento de nosotros”, considerando vulnerados sus derechos fundamentales a la “igualdad, dignidad humana, el trabajo, mínimo vital, tercera edad, libertad de locomoción y domicilio, la honra”.

La acción de amparo constitucional la interpone la señora XXX XXXX, identificada con la cédula de ciudadanía XXX de XXX. Recibe notificaciones en la XXX barrio XXX, en XXX.

La misma va dirigida contra la Policía Nacional - Polca (Policía de carreteras), la Fiscalía Segunda Seccional de Los Patios, y al XXX XXXX de XXX, los cuales reciben notificaciones en las respectivas sedes de sus despachos.

2. Las respuestas.

2.1. Fiscalía 2ª Seccional de Los Patios.

La Fiscal señaló que le correspondió conocer la noticia criminal Nº XXXX, al interior de la cual recibió el oficio XXX suscrito por el patrullero de la Policía Nacional XXX XXXX, en el que le informó que el vehículo de placas XXX de la aquí accionante, comprometido en ese accidente objeto de investigación “se encuentra inmovilizado en el XXX XXXX XXX, a la espera de realizarse el experticio técnico mecánico para ser entregado a la fiscalía correspondiente”.

Adujo que mediante escrito del 25 de septiembre de 2014, la actora solicitó la entrega del automotor de su propiedad y el día 27 de noviembre de 2014 ordenó el archivo de las diligencias y dispuso la entrega del rodante antes mencionado.

Precisó que la peticionaria se presentó a las instalaciones de su despacho preocupada porque en el parqueadero donde se encuentra su vehículo le estaban exigiendo la suma de cuatro millones ciento sesenta y dos mil ochenta pesos ($4.162.080), por concepto de permanencia del rodante en ese lugar.

Reseñó que sostuvo conversación con el patrullero XXX XXXX, quien tuvo de “primera mano conocimiento de esta noticia y dejo plasmado como habían sucedidos estos hechos y como se involucró al vehículo de la referencia y son ellos quienes lo dejar (sic) en ese parqueadero privado, ellos tienen conocimiento que deben dejarlo a disposición de esta o cualquier delegada para que sea ingresado al parqueadero de la Fiscalía, pues es abrupto la exorbitante suma de dinero que le exigen a la accionante para recuperar el vehículo que vale menos de lo que ellos cobran”.

2.2. XXX XXXX.

El representante legal manifestó que se opone a todas las pretensiones de la parte actora, debido a que la acción de tutela es improcedente respecto de conflictos o reclamaciones de tipo económico, ya que para este tipo de conflictos existen otros mecanismos de protección judicial en nuestro ordenamiento jurídico.

2.3. Dirección de Tránsito de la Policía Nacional

El jefe de la oficina de asuntos jurídicos y derechos humanos informó que mediante comunicación oficial XXXXXXX del 1 de julio de 2015, el patrullero XXX XXXX, presentó informe del procedimiento de fecha 22 de agosto de 2014, en donde se destaca que el uniformado atendió el accidente de tránsito y dejó el procedimiento a órdenes de la Fiscalía 2ª de Los Patios, quien tuvo pleno conocimiento del sitio donde fue parqueado el automotor.

Reseñó que el uniformado realizó el procedimiento conforme con los parámetros legales establecidos en el Código Nacional de Tránsito Terrestre, así como lo predispuesto en el Código Penal y Manual de Policía Judicial, ya que este procedió a radicar los informes respectivos a la Fiscalía General de la Nación, aclarándole que el automóvil quedaba bajo custodia del parqueadero “XXX XXXX”.

Señaló que la Policía Nacional no está facultada para exonerar a la accionante del pago de parqueadero adeudado, ya que la dirección de la investigación está en cabeza del ente acusador, autoridad a la que le corresponde adelantar el procedimiento penal bajo el amparo del debido proceso y los demás derechos que le asisten a las partes.

La sentencia impugnada

La Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta negó el amparo al considerar que no es procedente la intervención del juez constitucional para atender la pretensión de la accionante, la cual es de carácter económico pues va encaminada a la exoneración del pago por concepto de parqueadero.

Resaltó que la interesada no demostró el perjuicio de carácter irremediable, grave e inminente que está afrontando, que amerite la protección inmediata de sus derechos fundamentales.

Ordenó hacer un “llamado de atención a la Dirección Seccional de Fiscalías y al Director de la Policía de Tránsito con sede en esta ciudad, para que se revise la razón por la cual los vehículos comprometidos en accidentes de tránsito permanecen por un tiempo exagerado en parqueaderos privados, lo que genera para los usuarios del sistema judicial un cobro exorbitante por concepto de custodia y permanencia de sus automotores en dichos establecimientos”.

La impugnación

Al momento de ser notificada, XXX XXXX exteriorizó su intención de impugnar el fallo.

Consideraciones

1. Corresponde a la Sala determinar si los accionados vulneraron los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la parte interesada, por cobrar los costos de parqueadero del vehículo de placas XXX, en virtud de la inmovilización ordenada dentro de la indagación preliminar Nº XXXXXX.

La Sala concederá el amparo propuesto por la accionante y, para tal efecto, reiterará los planteamientos señalados por esta Sala de Decisión, en providencia STP8475-2015 (radicado 80.149).

2. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de amparo tiene por objeto proteger de manera efectiva e inmediata los derechos fundamentales cuando resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de las autoridades y/o de los particulares, en los casos que la ley regula, siempre que el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial.

El artículo 22 de la Ley 906 de 2004 establece que “la Fiscalía General de la Nación y los jueces deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior, si ello fuere posible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados, independientemente de la responsabilidad penal”.

Asimismo, el numeral 6º del canon 250 ejusdem prevé que la Fiscalía General de la Nación podrá adoptar “las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito”.

De acuerdo con la normatividad descrita, el ente acusador tiene plenas facultades para hacer efectivo el restablecimiento el derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito, entre las que se encuentra la de inmovilizar los automotores comprometidos en accidentes de tránsito en que se causen lesiones a alguna de las partes.

3. La Corte Constitucional ha manifestado que cuando al interior de un proceso penal son detenidos automotores, la autoridad judicial que los tiene a su disposición debe sufragar los gastos de parqueadero de los mismos. Al respecto, en Sentencia CC T-748 de 2003, dijo:

[…] Los gastos de parqueo generados por la inmovilización de vehículos corresponde a la autoridad judicial durante la actuación judicial

5. La Corte Constitucional en anterior oportunidad se pronunció sobre este punto, sosteniendo que corresponde a la autoridad judicial asumir los gastos que ocasione el servicio de patios prestado a los vehículos inmovilizados en desarrollo de una causa penal, a efectos de mantener inalterable el objeto material de la conducta punible. Dijo así la Corte:

“[…] Es así como, en materia de investigación, instrucción y en general en el desarrollo de la causa penal, no existe una orden normativa que establezca el gravamen por parte del sindicado de soportar las expensas derivadas de la prestación de la actividad de patios, circunstancia por la cual, aunque es predicable la existencia de un derecho al cobro del servicio prestado, su imputabilidad se predica en relación con quien dispuso la entrega del vehículo, es decir, de la autoridad competente”[2].

Es claro entonces que es la autoridad judicial que impartió la orden de inmovilización la que debe asumir los gastos generados por la guarda y custodia del vehículo. Empero, es necesario precisar que esa carga la asume dicha autoridad solo hasta cuando permanezca bajo su disposición el bien aprehendido, pues luego de levantada la medida y autorizada la entrega a su propietario, cesa la obligación de la Fiscalía o de los jueces de cubrir esos gastos, debido a que de allí en adelante es responsabilidad del propietario el retiro de los patios. De suerte que si es su voluntad no retirarlo, debe correr con los gastos de parqueo que genere la estadía del vehículo en los patios, dado que para ese entonces ya el vehículo dejó de estar bajo la responsabilidad de la autoridad que ordenó su inmovilización.

Asimismo, en Providencia CC T-1000 de 2001 señaló:

En principio, un vehículo retenido debe ser conducido a un patio, sin embargo, puede ocurrir que en materia de tránsito y no en el desarrollo de las causas penales, el particular decida que a su costo, tenga lugar la inmovilización en un parqueadero o taller independiente, evento en el cual, surge un contrato de depósito (art. 2236 del C.C. en armonía con el 1170 del C. Co.), que obliga al sujeto a cumplir cabalmente todas las obligaciones que se suscitan de la citada relación personal, entre ellas, las expensas derivadas del cuidado y conservación del bien.

La citada opción, no tiene ocurrencia en materia penal, ya que la finalidad de la adopción de la medida consiste en mantener inalterable el objeto material de la conducta punible, circunstancia que limita la voluntad del titular por el principio de conservación de la prueba.

Ahora bien, cuando un automotor es trasladado a un patio, el sujeto titular del bien no presta su consentimiento en la decisión, circunstancia por la cual, es impredicable la existencia de una relación contractual, ya que “condicio sine qua non” de la misma, es la existencia previa de un acuerdo de voluntades.

Cuando no existe acto jurídico generador de obligaciones, y no es de aquellos eventos en los cuales se predica un hecho jurídico, es necesario que cualquier obligación, como la de pagar las expensas por la vigilancia y cuidado del bien, provengan de una norma que las imponga explícitamente.

5. En el evento sub judice, el taxi retenido, fue conducido al parqueadero XXX, el cual independientemente de la relación contractual que tenga con la administración, se encuentra prestando en este caso, la actividad de patios, es decir, aquella mediante la cual, recibe los automotores retenidos por orden de autoridad competente, hasta el momento en el cual, se levante la decisión que dio origen a la inmovilización. Es claro entonces, que es impredicable la ocurrencia de una actividad de parqueo, y que por lo mismo, no existe una relación contractual que permita el cobro de las expensas de cuidado y vigilancia.

Ante la ausencia de relación contractual, es necesario acudir al ordenamiento jurídico para precisar si existe un mandato normativo que imponga la susodicha obligación. Es así como, en materia de investigación, instrucción y en general en el desarrollo de la causa penal, no existe una orden normativa que establezca el gravamen por parte del sindicado de soportar las expensas derivadas de la prestación de la actividad de patios, circunstancia por la cual, aunque es predicable la existencia de un derecho al cobro del servicio prestado, su imputabilidad se predica en relación con quien dispuso la entrega del vehículo, es decir, de la autoridad competente […].

7. Es necesario advertir, que en desarrollo de la causa penal que dio origen a la retención del vehículo (taxi), el Juzgado Veinticuatro Penal del Circuito, ordenó la entrega del automotor sin condicionamiento alguno, mandamiento desconocido por el accionado quien lo retuvo en contravía de la citada orden.

Es importante resaltar que para la vigencia del Estado Social de Derecho, es necesario que los particulares y en general los operadores jurídicos, se sometan al acatamiento de las decisiones de las autoridades, para de esa manera, lograr el aseguramiento de los derechos y libertades de las personas, fin del Estado reconocido por la Constitución, a la par que logra la prevalencia y vigencia de un orden justo (C.P., preámbulo y art. 2º).

En principio ninguna persona puede relevarse del deber de acatar la decisión de una autoridad, a menos que ocurran circunstancias ajenas a su voluntad, imprevisibles e irresistibles que constituyan una justa causa que impida la observancia de la decisión. No es otro el alcance del artículo 95 de la Constitución, cuando impone como deber de toda persona: “...3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas... y 7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia...”.

De suerte que ante la orden de una autoridad, mediante la cual se exija el cumplimiento o el acatamiento a una decisión, es deber y obligación de los operadores jurídicos proceder conforme a lo dispuesto. Es por eso, que el Legislador plasma mecanismos para hacer efectivo el presente postulado, bien sea por el camino de la ejecución o por la ruta de la sanción ante el fraude a una resolución judicial.

[…] no podía el parqueadero XXX sustraerse al cumplimiento de un mandamiento judicial, mediante el cual se ordenó la entrega incondicional del automotor, por estimar que tenía derecho a retener el vehículo, al actuar de la citada manera, se sustrajo de la ejecución de una orden imperativa, incumpliendo sin justa causa una resolución judicial.

En el presente asunto se observa que en la Fiscalía 2ª de Los Patios cursó investigación penal con ocasión del accidente de tránsito en el que se vio comprometido el automóvil de placas XXX, de propiedad de la aquí accionante, el cual fue retenido por la Policía de Carreteras y dejado luego a disposición de dicha autoridad judicial.

Lo anterior demuestra que la dueña del automotor no prestó su consentimiento para el traslado al parqueadero denominado XXX XXXX y, por lo tanto, no existió ningún tipo de contrato que hiciera exigible el cobro de los gastos ocasionados con el cuidado y vigilancia.

El 27 de noviembre de 2014 el ente acusador decretó el archivo de las diligencias y dispuso la entrega el automotor. La mencionada orden no se ha podido hacer efectiva debido a que la firma que custodia el rodante, está cobrándole a la accionante una suma que asciende a los $4.000.000 por concepto de parqueadero.

Resulta indiscutible que debe darse cumplimiento a la orden emitida por la Fiscalía de Los Patios por parte del establecimiento donde reposa actualmente el automóvil consistente en hacer entrega del mismo sin ningún tipo de condicionamiento, generándose a favor de la XXX XXXX la posibilidad de promover las acciones legales contra la Fiscalía General de la Nación, con miras a obtener el pago del servicio que ha prestado.

Así las cosas, es claro que se desconocieron los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al trabajo de XXX XXXX, al no haberse materializado la entrega efectiva del vehículo de placas XXX, dispuesta a través de orden judicial.

Es de resaltar que aunque las pretensiones de la parte accionante tienen en su contenido la apariencia de una pretensión eminentemente de carácter económico, lo cierto es que no es posible admitir en un Estado Social y Democrático de Derecho donde el pilar del andamiaje gira alrededor del ser humano como garante y protector de sus derechos, que el individuo tenga involucrada una garantía de índole patrimonial con la que satisface sus necesidades y las de su familia, por un año aproximadamente y que ese Estado en todo ese tiempo no le haya definido la situación del rodante, el compromiso penal o pecuniario del mismo.

En consecuencia, según se advirtió párrafos atrás, se revocará el fallo de primera instancia y, en efecto, se concederá el amparo de los derechos al debido proceso, a la administración de justicia y al trabajo de XXXX. En efecto, se le ordenará al parqueadero XXX XXXX de la ciudad de XXX, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la notificación de esta sentencia disponga la entrega inmediata y sin condicionamiento alguno a XXXX del vehículo de su propiedad de placas XXX acatando de esta forma la orden perentoria que la Fiscalía 2ª Seccional de Los Patios le impartiera con antelación.

Ahora, la Sala considera oportuno aclararle al representante legal del referido parqueadero que la firma que representa no está en la obligación de soportar una carga económica que no le pertenece, razón por la que tienen la posibilidad de acudir ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y demanden a la Fiscalía General de la Nación, para reclamar los costos por el servicio prestado. Sobre ese tópico la Corte Constitucional, en Sentencia CC T-1000 de 2001, señaló:

[…] Se pregunta esta Sala, ¿cuál es la autoridad que debe responder por los costos del servicio?, y ¿qué mecanismos jurídicos puede utilizar el prestador para obtener el reconocimiento de sus expensas?

Frente al primer interrogante, es necesario precisar que aunque el automotor lo retuvo la Estación Quinta de Usme (Bogotá D.C.), el mismo se puso a disposición de las autoridades judiciales competentes, que en este caso fueron: en la etapa instructiva, la Fiscalía 262 Seccional adscrita a la Unidad de Delitos contra la Seguridad Pública, y en la etapa de juzgamiento, el Juzgado 24 Penal del Circuito de Bogotá, quien mediante Oficio XXXX de noviembre 15 de 2000, en cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia de 14 de noviembre del mismo año, ordenó la entrega del automotor.

Cuando la administración de justicia incurre en responsabilidad patrimonial por su actuar judicial, de acuerdo con el numeral 8º del artículo 99 de la ley estatutaria de la administración de justicia, el llamado a representar a la Nación —Rama Judicial— es la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, y frente a ella se puede reclamar el daño antijurídico ocasionado en el desarrollo de las actividades propias de esta Rama del Poder Público”(1).

Al respecto ha establecido el Consejo de Estado:

“[…] En relación con la representación de la Nación en los procesos en los cuales se discute su responsabilidad por las actuaciones judiciales, se precisa que con anterioridad a la expedición de la Constitución de 1991, el artículo 149 del Decreto 1 de 1984 disponía que ‘el Ministro de Gobierno representa a la Nación en cuanto se relacione con el Congreso y el de Justicia en lo referente a la Rama Jurisdiccional’. Ya en vigencia de la Constitución de 1991 que estableció el funcionamiento desconcentrado y autónomo de la administración de justicia (art. 228), el decreto 2652 de ese mismo año, le asignó al Director Nacional de Administración Judicial la función de ‘llevar la representación jurídica de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura’ (art. 15-4). La Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, confirió la representación para toda clase de procesos judiciales de la Nación —Rama Judicial— al Director Ejecutivo de Administración Judicial (art. 99-8). Así las cosas, de acuerdo con las normas vigentes para la época de presentación de la demanda, la Nación debía comparecer a través del Ministro de Justicia a todo proceso en que se discutiera su responsabilidad por las actuaciones de los jueces o magistrados y así ocurrió en el presente caso. No obstante, como el fallo se profiere en vigencia de la Ley 270 de 1996, la Nación deberá responder por los perjuicios causados a la demandante a través del Consejo Superior de la Judicatura, sin que pueda entenderse vulnerado el derecho al debido proceso de la entidad demandada, pues la parte en el mismo que lo es la Nación, tal como se señaló antes, sí estuvo debidamente asistida. Este es un problema presupuestal y no procesal […]”(2).

En el presente caso, como el automotor estuvo retenido a órdenes del Juzgado 24 Penal del Circuito, es este, a través de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial(3), el llamado a cubrir los gastos por su conservación y cuidado, y por lo tanto, es predicable que el ejercicio de las acciones correspondientes a su actuar se ejerciten en contra del Director Ejecutivo de Administración Judicial(4), en su calidad de representante legal de la Rama Jurisdiccional del Poder Público.

De acuerdo con lo anterior, la XXX XXXX de XXX está habilitada para ejercer los mecanismos de defensa idóneos para reclamar el pago de los servicios prestados durante el tiempo en que custodió y vigiló el vehículo de placas XXX.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas Nº 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

Resuelve

1. Revocar la sentencia impugnada y, en su lugar, conceder el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al trabajo de XXX XXXX.

2. Ordenar (sic) XXX XXXX con sede en XXX, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la notificación de esta sentencia disponga la entrega inmediata y sin condicionamiento alguno a XXXX del vehículo de su propiedad de placas XXX acatando de esta forma la orden perentoria que la Fiscalía 2ª Seccional de Los Patios le impartiera con antelación.

3. Disponer el envío de las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisión de los fallos proferidos.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Eyder Patiño Cabrera—Gustavo Enrique Malo Fernández—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, secretaria.

(1) Corte Constitucional, Sentencia T-1000 de 2001.

(2) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 10 de mayo de 2001. M.P. Ricardo Hoyos Duque. Regla aplicable a excepción de la Fiscalía, la cual por su autonomía administrativa y presupuestal ha sido llamada a responder patrimonial y directamente por su actuar antijurídico, al respecto, se encuentra la Sentencia del 17 de agosto de 2000 del Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

(3) Según lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 270 de 1996: “la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, es el órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura“.

(4) Siguiendo lo preceptuado en el artículo 99-8 de la ley ibídem, corresponde al Director Ejecutivo de Administración Judicial: “Representar a la Nación – Rama Judicial en los procesos judiciales […]”.