Sentencia STP11485-2015/81278 de agosto 27 de 2015 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Nº1

Rad. Nº 81.278

STP11485-2015

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero 

(Aprobado Acta Nº 296)

Bogotá, D.C., veintisiete de agosto de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. De acuerdo con el objeto de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si el Director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, vulneró los derechos a la presunción de inocencia, honra, buen nombre y dignidad humana de L.A.H.A., dentro de la rueda de prensa rendida el 26 de mayo de 2015.

2. El artículo de 15 de la Constitución Política contempla las garantías fundamentales de la intimidad de las personas y su buen nombre, imponiéndole la obligación al Estado de respetarlos y hacerlos respetar.

De igual modo, el precepto 20 ejúsdem se garantiza la libertad de informar y recibir información veraz e imparcial.

Sobre la garantía del buen nombre, la Corte Constitucional, en sentencias CC SU-082/95 y CC C851/05, señaló:

(…) El buen nombre alude al concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y profesionales, antecedentes y ejecutorias. Representa uno de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social de la persona y constituye factor indispensable de la dignidad que a cada uno debe ser reconocida.

Se atenta contra este derecho cuando, sin justificación ni causa cierta y real, es decir, sin fundamento, se propagan entre el público —bien en forma directa y personal, ya a través de los medios de comunicación de masas— informaciones falsas o erróneas o especies que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa, o cuando en cualquier forma se manipula la opinión general para desdibujar su imagen.

Pero el derecho al buen nombre no es gratuito. Por su misma naturaleza, exige como presupuesto indispensable el mérito, esto es, la conducta irreprochable de quien aspira a ser su titular y el reconocimiento social del mismo. En otros términos, el buen nombre se adquiere gracias al adecuado comportamiento del individuo, debidamente apreciado en sus manifestaciones externas por la colectividad.

Tal garantía, cede en ocasiones frente a la de libertad de información, particularmente cuando se examina la conducta del individuo frente a la sociedad.Por tal razón:

(…) Admitir que el derecho a la intimidad no es absoluto implica asentir que en ciertas ocasiones, cuando el interés general se ve comprometido y se perjudica la convivencia pacífica o se amenaza el orden justo, cierta información individual puede y debe ser divulgada. No por otra razón la Corte ha dicho que “en el desarrollo de la vida corriente, las personas se ven impelidas a sacrificar parte de su intimidad como consecuencia de las relaciones interpersonales que las involucran. En otros casos, son razones de orden social o de interés general o, incluso, de concurrencia con otros derechos como el de la libertad de información o expresión, las que imponen sacrificios a la intimidad personal” (CC C-692/03).

Ahora, en la era de las nuevas tecnologías quien difunde información sobre la conducta de una persona, debe atender a la función social de lo que divulga y al impacto que generará en la comunidad. Por tal razón, es necesario que se asegure un ejercicio responsable y serio en la difusión de la información, con el fin de proteger los derechos fundamentales de la persona, que podrían verse vulnerados o amenazados por la forma en que se divulgan datos.

En palabras de la Corte Constitucional:

(…) la información difundida acerca de una determinada persona debe atenerse a los parámetros de veracidad e imparcialidad que garantizan tanto la libertad informativa—desde la doble percepción que integra tanto los derechos del individuo difusor como del individuo receptor—, como el legítimo derecho a la honra y al buen nombre de los sujetos objeto de aquella. En efecto, dado que cada persona es libre y responsable de sus propios actos, es lógico que cada individuo asuma las consecuencias de aquellos ante la sociedad. Así, sólo la conducta desplegada por cada persona —respecto de aquellos asuntos que no pertenezcan a su ámbito íntimo y personalísimo—, determinará la legítima fama de aquella, afectando positiva o negativamente su nombre y honra de conformidad con el juicio que de su comportamiento haga la sociedad. (CC T-1202/00, SU-056/95 y C-063/94, entre otras).

Entonces, el difusor debe atenerse a parámetros de veracidad e imparcialidad, para divulgar la información.

Pero en ocasiones puede presentarse una colisión entre derechos fundamentales, a saber: buen nombre, hábeas data o intimidad, de una parte; y libertad de información, de otra. Por lo tanto, como ambas son garantías fundamentales de la primera generación, es preciso entonces que el difusor lleve a cabo un juicio de ponderación entre los axiomas vulnerados, para determinar con qué potencialidad podrían afectarse las garantías de la persona sobre la cual informará. Entonces, ese criterio ponderativo es el que debe guiar el contenido de la información que se presente a la comunidad.

3. En el presente asunto, el Director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, impugnó el fallo de primera instancia al considerar que en la rueda de prensa rendida ante los medios de comunicación el día 26 de mayo de 2015, no trasgredió los derechos fundamentales del aquí actor, L.A.H.A., ya que su actuación estuvo guiada y respaldada en el principio de publicidad que rige las actuaciones judiciales.

En dicha rueda de prensa el apelante señaló:

“Buenos días, como ustedes saben la investigación del hacker está radicada en la Dirección Nacional de CTI, ayer se tomó una decisión trascendental por parte de los Jueces de la República en el sentido de que en este contexto de investigación que hemos armado del caso hacker, teniendo en cuenta que no solamente él es partícipe o autor de estos delitos, también funcionarios públicos, el día de ayer un Juez de la República avaló el preacuerdo entre la Fiscalía y dos agentes de inteligencia del Estado, uno de la Dirección Nacional de Inteligencia y el otro de la SITEJ del Ejército Nacional (...) estas dos personas traficaban información con Andrés Sepúlveda., le vendían información confidencial y supra confidencial sobre objetivos militares, objetivos nacionales, inclusive Inter nacionales, (...) es decir, que en Colombia tenemos dos sentencias por los delitos de espionaje, que fueron las primeras en el país (...), ahora entraremos en un proceso de negociación, de acuerdo, de colaboración con la justicia y más allá de las dos condenas que tenemos hoy, tenemos también que confirmar que esta información que le vendieron a Andrés Sepúlveda. Efectivamente fue la que recibió el asesor espiritual de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, el doctor H., en ese sentido tenemos ya información contundente, evidencia avalada por un Juez de la República que nos dice que efectivamente Andrés Sepúlveda obtuvo esta Información ilícita, secreta, ilegal y así mismo la proporcionó a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, para tener el único objetivo de desestabilizar el proceso de paz, así que ese es el comunicado.

- Preguntas de los periodistas:

¿Usted habla de un proceso de colaboración. La idea es que ellos sean testigos contra .H. y los demás enredados en este proceso?

Director del CTI:

Claro que sí, el acuerdo que firma la Fiscalía con estas dos personas está sujeto a la colaboración dentro del proceso como testigos, así que ya hemos armado el rompecabezas, tenemos el actor y el autor directo y material, también tenemos a estas dos personas que vendieron información de inteligencia y ahora vamos tras el autor intelectual de los hechos que es el doctor H. y en ese sentido haremos la imputación en los próximos días.

- Pregunta

¿Qué saben del doctor H., a través de su abogado ha manifestado la intención de venir a la imputación o se va a pedir algún tipo de circular?

- Director del CTI:

Nosotros hemos radicado la imputación, el encargado de hacer las notificaciones es el Juzgado y esperaremos ese día si asisten las partes(4).

De acuerdo con lo anterior, la Corte considera que razón le asistió al A quo, cuando señaló que el Director del Cuerpo Técnico de la Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, trasgredió los derechos fundamentales a la presunción de inocencia, a la honra, al buen nombre y a la dignidad humana de L.A.H.A., cuando le endilgó con base en información «contundente», la calidad de autor “intelectual” de varias conductas punibles, sin tener en cuenta que se trataba de un proceso en etapa de indagación preliminar y sin que exista una sentencia de carácter condenatorio que así lo determine.

Es de advertir que aunque los cánones 209 y 228 de la Constitución Política establecen que las actuaciones desplegadas por la administración de justicia se rigen por el principio de publicidad, lo cierto es que cuando el titular de la acción penal divulga aspectos de un proceso que se encuentra en curso, debe ser lo suficientemente cauteloso de enterar a la comunidad sin que dicha actuación trasgreda el principio de presunción de inocencia, contemplado en el artículo 29 ejúsdem, el cual establece que “toda persona se presume inocente mientras no se haya declarado judicialmente culpable”.

Dicho aspecto, se insiste, fue lo que no ocurrió en el presente asunto, toda vez que el Director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, se extralimitó en su deber de informar a la comunidad sobre la investigación que adelanta en contra del indiciado L.A.H.A., quien fue señalado como el autor “intelectual” de varios tipos penales, sin que medie una decisión de judicial en la que se haya declarado la responsabilidad penal sobre los mismos, lo cual sin ninguna duda vulnera los derechos a la presunción de inocencia, al buen nombre y a la dignidad humana de H. A.

Ahora, el Director del CTI informó que el 25 de julio de 2015 cumplió lo ordenado por el Tribunal Superior de Bogotá, al convocar a una rueda de prensa en la que indicó que “el señor .H. es presunto responsable de una conducta punible, dado que a la fecha ningún Juez de la República se ha pronunciado de manera definitiva sobre la responsabilidad penal”. Asimismo, reseñó que el ente acusador cuenta “con una serie de hipótesis investigativas y con elementos materiales probatorios suficientes para realizar la imputación de cargos dentro de la indagación que se adelanta contra el señor H. A.”. Al respecto, la Corte considera que ello solo fue posible tras la sentencia de tutela de primera instancia que así lo ordenó, razón por la que no resulta procedente revocar el amparo; por el contrario, se impone su ratificación al compartirse los planteamientos relativos a la vulneración de las garantías fundamentales del actor.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas Nº 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Confirmar la sentencia impugnada.

2. Disponer el envío de las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisión de los fallos proferidos.

Notifíquese y cúmplase».

4 Cfr. Archivo de audio Nº 33 del cd anexado por el accionante.