Sentencia STP11971-2016 de agosto 25 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Nº 1

Magistrado Ponente:

Luis Guillermo Salazar Otero

STP11971-2016

Rad. Nº: 87242

Acta Nº 267

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016).

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

ASUNTO

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por L. E. Y. S., quien actúa como agente oficioso de I. Y. M., contra el fallo del 6 de julio del año en curso proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, que no tuteló los derechos fundamentales alegados como vulnerados por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, trámite que se hizo extensivo al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, la Fiduprevisora S.A., el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL-2015 y el Fondo de Atención en salud para la población privada de la libertad.

1. ANTECEDENTES

El a quo los resumió en los siguientes términos:

“Explicó el accionante que el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, “falló una acción de tutela a favor de una interna el pasado 13 de abril del 2015 donde protegía los derechos a la salud” y el día 27 de mayo de 2015, señaló que “solicité desacato contra el fallo”.

Señaló además que “luego de varios recordatorios no dio respuesta al fallo, el 21 de septiembre de 2015 interpuso acción de tutela contra ese juzgado por no fallar el desacato pero el juez me llamó preguntando sobre la salud de la interna y manifestó que ahora sí iba a estar al tanto sobre ese asunto y solicité desistimiento por que según ya iban a fallar pero fue un gran error por que guardó total silencio y hasta el tanto que Caprecom ya salido de jurídico de la cárcel y ha hora (sic) no sé cómo le debe garantizar la salud de la interna Iris Yesenia Montoya. Pasado todo este tiempo nunca fue notificado el fallo de decisión de desacato y considero que se debe compulsar copias ante el Consejo Superior para lo de su cargo”. 

En virtud de lo anterior, solicitó que a través de la presente acción de tutela se ordene lo siguiente: 

“1. Solicito se ordene al Inpec y a la Fiduprevisora PPL 2015 el tratamiento que requiere para lo de la salud de la interna que es quistes en los ovarios o sea cáncer. 2. Se ordene al Juzgado Segundo rendir informe sobre por qué guardó silencio. 3. Se compulse copia al Consejo Superior de la Judicatura para lo de su cargo. 4. Se compulse copia a la Procuraduría para lo de su cargo”. 

2. EL FALLO IMPUGNADO

La Sala Penal del Tribunal de Cúcuta no tuteló los derechos invocados, una vez consideró:

1. Que no se ha presentado la alegada violación de garantías fundamentales dentro del trámite del incidente de desacato promovido por el accionante, como quiera que a partir de las actuaciones surtidas en el mismo se advierte que el despacho demandado ha mostrado especial diligencia para obtener el cumplimiento del fallo de tutela dictado en favor de Iris Yesenia Montoya, mediante la realización de múltiples requerimientos orientados a procurar una adecuada prestación de los servicios de salud para aquélla, al punto que en visita que le fuere practicada a la interna el pasado 28 de junio de 2016, aseveró sentirse mejor en tanto ha obtenido efectiva atención médica, en el entendido que las órdenes médicas se han cumplido y fue vista por un ginecólogo.

2. Y si bien ya se le había autorizado la cirugía de histerectomía abdominal total ordenada en la sentencia de tutela, la cual finalmente no pudo realizarse por la terminación del contrato con la IPS Medical Duarte; el ginecólogo del Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta le indicó que debía practicársele estudios ecográficos para evitar tal procedimiento.

3. Sumado a ello, indicó que no se ha dictado decisión definitiva dentro del trámite incidental y ello ha obedecido a que: (i) inicialmente el mismo se dirigió contra Caprecom EPS, entidad que fue luego liquidada, de manera que debió procederse a la vinculación de aquella que en la actualidad tiene la obligación de prestar los servicios médicos a la penada, esto es, el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015; (ii) el tratamiento de la interna ha sido complejo, de ahí que se emitieron 5 órdenes médicas que debían realizarse progresivamente y que dependían una de la otra, donde por circunstancias físicas de la interna, verbigracia, su ciclo menstrual y bajos niveles de hemoglobina en sangre, algunas no se pudieron realizar en su oportunidad; y (iii) el tratamiento que en la actualidad se prescribe no es el mismo que el ventilado en la acción de tutela, siendo así que, repítase, en este momento se intenta evitar la cirugía inicialmente ordenada. De suerte que, se trata de aspectos que deben ser dilucidados mediante el seguimiento del mismo.

4. Sin embargo y de conformidad con lo anterior, recordó que con miras a lograr la efectividad del amparo concedido, el juez de tutela y posterior desacato tiene la facultad de ajustar la orden constitucional, lo cual entonces puede hacer en este caso el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta tras advertir que Caprecom EPS ya no es legalmente la entidad obligada a prestar la atención en salud a la población carcelaria.

3. LA IMPUGNACIÓN

El demandante impugnó el fallo de tutela y en sustento de su disenso, expuso que el despacho demandado indujo en error al tribunal al mostrarse atento al desarrollo del trámite incidental, lo cual sólo viene a hacer en virtud a sus requerimientos.

Se queja del excesivo tiempo que ha tardado el incidente de desacato, frente a lo cual se cuestiona cuál es el término para fallarlo.

4. CONSIDERACIONES

1. De conformidad con lo establecido por los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación presentada contra el fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta.

2. Según lo señala el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona ostenta la facultad de promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o si existiendo, se utiliza como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable.

3. En el asunto sub examine, la queja constitucional propuesta por el agente oficioso de I. Y. M. se dirige a señalar que el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta no ha resuelto de fondo el incidente de desacato, que por solicitud suya se abrió desde el 24 de junio de 2015, ante el alegado incumplimiento del fallo de tutela de fecha 13 de abril del mismo año que amparó los derechos de la mencionada y ordenó a Caprecom EPS, que dentro de los cinco días siguientes a su notificación, procediera a practicarle cirugía de histerectomía abdominal total.

4. Sobre el particular, conviene recordar que la Carta Política ha conferido singular importancia al cumplimiento de los términos procesales y es por ello por lo que en su artículo 228 establece:

“Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”.

En armonía con lo anterior, el artículo 4º de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, señala:

“La administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar”.

4.1. En ese orden de ideas, una de las manifestaciones del derecho al debido proceso efectivamente se materializa a través del adelantamiento sin dilaciones injustificadas de las actuaciones judiciales y administrativas, bajo el entendido que el derecho a una pronta y cumplida administración de justicia es propio de un estado social de derecho.

4.2. Sobre el particular, en frecuente providencia SU-394 de 2016, sostuvo la Corte Constitucional:

“20. Como se indicó, el constituyente estableció que la acción de tutela también procedía contra omisiones de las autoridades y quienes ejercen funciones materialmente jurisdiccionales les asiste esa condición.  

21. En este sentido, es probable que no sea una providencia judicial la fuente de violación del debido proceso sino que precisamente el no proferir dichas determinaciones genere una lesión a este derecho fundamental y al acceso oportuno a la administración de justicia.  

22. En este contexto, el legislador estatutario desarrolló el mandato constitucional y dispuso que: i) la administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento, ii) los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales y iii) la violación injustificada de dichos plazos constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar(1).  

23. Asimismo, el Código General del Proceso prevé como primer deber del juez dirigir el proceso, velar por su rápida solución y adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y dilación, así como procurar la mayor economía procesal(2). 

24. No obstante, dicho aparato normativo no prevé un mecanismo efectivo para lograr un pronunciamiento ante la ausencia de la decisión judicial oportuna. En efecto, bien puede afirmarse que el sujeto procesal tiene la posibilidad de presentar memoriales con esa finalidad, solicitar la alteración del turno para fallar(3), hacer que el funcionario a quien corresponde la decisión del asunto remita el proceso a quien le sigue en turno de cumplirse los supuestos de pérdida automática de competencia de que trata el artículo 121 del Código General del Proceso o incluso solicitar la vigilancia judicial administrativa del proceso en los términos del artículo 101-6 de la Ley 270 de 1996. Sin embargo, en respuesta a dichas peticiones es necesario un nuevo pronunciamiento que también puede ser objeto de demora.  

25. Debe tenerse en cuenta que en ocasiones la dilación injustificada no es atribuible a una conducta caprichosa o arbitraria del funcionario judicial, sino que deriva de problemas estructurales de la administración de justicia, cuya congestión histórica ha impedido que los despachos se encuentren al día, por lo que es frecuente que transcurran varios años entre la presentación de la demanda y el momento en que se profiere sentencia.  

26. Esto sin contar las complejidades que se generan en virtud de la práctica de pruebas o del cumplimiento de los trámites de notificación, que aumentan los tiempos previstos por el Legislador para que el proceso concluya con un fallo estimatorio.  

27. En estos eventos, el análisis de procedencia de la acción de tutela debe tener en cuenta que materialmente el interesado se encuentra en una situación de indefensión, puesto que a diferencia de lo que ocurre en el escenario del amparo contra una providencia judicial, en el que existe una determinación que puede cuestionarse, mediante el uso de recursos ordinarios o extraordinarios; en el caso de las omisiones no existe pronunciamiento, por esta razón es precisamente, ante la ausencia de otro medio de defensa judicial eficaz que la acción de tutela es la llamada a lograr que se produzcan las decisiones tanto de trámite como interlocutorias que permitan avanzar en la resolución del asunto de fondo, que finalmente habrá de ser decidido en la sentencia. 

28. En este sentido, para acreditar el cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el contexto de omisiones judiciales basta con que se pruebe que interesado ha desplegado una conducta procesal activa y que la parálisis o la dilación no es atribuible a su conducta.  

29. De otra parte, el análisis de procedencia también debe atender el examen del requisito de inmediatez, de manera que se constate un plazo razonable entre la ocurrencia de la omisión que permite identificar una demora injustificada en la tramitación del proceso y la presentación de la acción de tutela.  

30. La Sala considera que cuando el accionante aduce que el proceso judicial en el que actúa ha tenido una duración muy extensa que implica la inobservancia de la regla de plazo razonable, previamente a constatar dicha circunstancia debe verificar la procedencia de la acción de tutela, debiéndose acreditar los requisitos de subsidiariedad y la inmediatez, en los términos expuestos”. 

4.3. Ahora bien, en punto del término para el trámite y resolución del incidente de desacato, y precisamente, sobre su no consagración por parte del legislador, sostuvo a su vez al máximo Tribunal Constitucional en Sentencia C-367 de 2014:

“4.4.2.5. En este contexto, al no fijar un término determinado o determinable para resolver el trámite incidental de desacato a un fallo de tutela, que es uno de los medios que existen para hacer cumplir dicho fallo, omite un ingrediente necesario para garantizar, como es su deber constitucional, un recurso efectivo para lograr el amparo de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados. Si el incidente se prolonga de manera indefinida en el tiempo, merced a la omisión legislativa relativa, se hace nugatorio en el plano fáctico el mandato constitucional de que el fallo de tutela sea de cumplimiento inmediato. 

(...) 

4.4.5. En vista de las anteriores circunstancias, el que la norma demandada no fije un término determinado o determinable para resolver el trámite incidental de desacato a un fallo de tutela, siendo éste un elemento esencial para armonizar con el mandato constitucional de cumplimiento inmediato del fallo de tutela, implica la existencia de una omisión legislativa relativa. Esta omisión, además, quebranta el mandato explícito del artículo 89 de la Constitución, que señala el deber del legislador de establecer, además de los mecanismos de protección de derechos previstos en los artículos 86 a 88 ibídem, los demás recursos, acciones y procedimientos necesarios para la protección de los derechos, y desconoce el artículo 228 ibíd., conforme al cual todas las actuaciones procesales ante la administración de justicia deben tener un término y éste debe observarse con diligencia. Ante la afirmación de que existe una omisión legislativa relativa, compartida por la mayoría de los intervinientes y por el Ministerio Público, caben dos posibles alternativas de solución. La primera es la de exhortar al Congreso de la República para que fije dicho término. La segunda es la de tratar de subsanar la omisión legislativa relativa a partir del mandato de la propia Constitución, en especial de su artículo 86, que fija un término máximo para lo que califica como inmediato en materia de tutela.  

4.4.6. Este tribunal, sin dejar de reconocer que el legislador puede fijar un término en la ley para resolver el trámite incidental de desacato a un fallo de tutela, como lo hizo en su oportunidad con la solicitud de cumplimiento, opta por la segunda alternativa enunciada. Y lo hace porque encuentra en la propia Constitución un criterio fundado para determinar, de manera objetiva y razonable, cómo podría entenderse en el tiempo el mandato constitucional de que la protección de los derechos fundamentales y el cumplimiento de los fallos de tutela sean inmediatos, y porque considera que de la circunstancia de que no haya término para resolver el trámite incidental de desacato a un fallo de tutela se siguen dos graves consecuencias inconstitucionales, pues (i) se prolonga en el tiempo la vulneración de los derechos fundamentales o su amenaza, con el riesgo de que el daño a los mismos se consume y sea irreparable, y (ii) se vulnera otros derechos fundamentales como el acceso a la justicia y el debido proceso sin dilaciones injustificadas, se desconoce importantes deberes del Estado y, en especial, de la administración de justicia, y se incumple con un explícito mandato constitucional.  

4.4.6.1. En efecto, en el inciso cuarto del artículo 86 de la Constitución, se plasma un límite objetivo para decidir sobre el reclamo de protección inmediata de derechos fundamentales, valga decir, para fijar el tiempo que puede transcurrir entre la solicitud de tutela y su resolución, que no puede ser superior a diez días. Por lo tanto, no es irrazonable asumir que, si el cumplimiento del fallo de tutela debe ser inmediato, sea que esto ocurra en razón de la solicitud de cumplimiento o sea que ocurra como consecuencia del trámite incidental de desacato, para este fin tampoco sea posible superar los diez días, contados desde su apertura. Por el contrario, así se sigue del objeto de la acción de tutela, que es la protección de los derechos fundamentales, y del derecho de acceso a la justicia, que no se satisface con el mero fallo de tutela, sino que requiere de su efectividad, de tal suerte que el derecho vulnerado sea restablecido o que la amenaza cese. 

4.4.6.2. Si la propia Constitución fija un término de diez días, como suficiente para resolver la solicitud de tutela, con el ejercicio probatorio y argumentativo de las partes y del juez que es necesario para ello, en razón de la inmediatez que es propia de los asuntos de tutela, no hay razón alguna para asumir que este mismo tiempo sea suficiente para resolver el trámite incidental de desacato, con respeto de las garantías del debido proceso y, en especial, del derecho de defensa de quien se afirma ha incurrido en desacato(4), tratándose como se trata del deber constitucional de cumplir inmediatamente el fallo de tutela. A pesar de ser un trámite breve, en todo caso se debe comunicar la iniciación del incidente a la persona de quien se afirma ha incurrido en desacato, para que pueda ejercer su derecho a la defensa y aportar o solicitar las pruebas necesarias para demostrar el cumplimiento del fallo de tutela o la imposibilidad de dicho cumplimiento, pues para que se configure el desacato se requiere, entre otras condiciones, demostrar la responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) de la persona incumplida y el vínculo de causalidad entre ésta y el incumplimiento(5). Para resolver el trámite incidental de desacato a un fallo de tutela esimperioso respetar el principio de necesidad de la prueba, como elemento esencial del derecho a la defensa y del debido proceso, al punto de que, en casos excepcionalísimos, siempre y cuando haya una justificación objetiva y razonable, consignada en una providencia judicial, si la práctica o recaudo de la prueba supera el antedicho término, el juez pueda excederlo para analizar y valorar esta prueba y tomar su decisión.  

4.4.7. Antes de abrir un incidente de desacato, el juez tiene el deber de evaluar la realidad del incumplimiento y de valorar, de manera autónoma y amplia, si para hacer cumplir el fallo de tutela son suficientes y eficaces las demás atribuciones que le confiere el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991(6) y, en todo caso, debe asumir la responsabilidad de hacer cumplir el fallo, valga decir, de ejercer su competencia mientras esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.  

4.4.8. El término máximo que se señala en esta sentencia para resolver el trámite incidental de desacato a un fallo de tutela no se aplica, por sustracción de materia, a los incidentes de desacato ya resueltos, sino a los que se abran con posterioridad a esta sentencia y a los que, estando en trámite, sólo les reste la decisión del juez. Tampoco se aplica a las sentencias estructurales que dicte la Corte cuando se trate, por ejemplo de estados de cosas inconstitucionales, o aquellas para las cuales haya dispuesto un seguimiento a través de salas especiales conformadas por ésta, cuando de manera excepcional este tribunal se ocupe de hacer cumplir los fallos de tutela(7).  

5. Pues bien, dentro del presente trámite el despacho accionado informó las actuaciones desplegadas dentro del trámite incidental en cuestión y las razones por las cuales el mismo no ha sido fallado, particularmente, explicó que se han presentado múltiples circunstancias que no han permitido verificar el efectivo incumplimiento de la orden constitucional, siendo así que en primer lugar, el incidente se dirigió contra Caprecom EPS, y ante la liquidación de dicha entidad, debió procederse a vincular a aquella que en la actualidad tiene la obligación de prestar los servicios médicos a la penada, esto es, el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015. De otro lado, el tratamiento de la interna ha presentado variaciones de conformidad con su evolución, al punto que en la actualidad no es el mismo que el ventilado en la acción de tutela, siendo así que en este momento se propende por evitar la cirugía inicialmente ordenada.

5.1. Aunque si bien en principio las circunstancias aducidas por el juzgado serían atendibles, puesto que las mismas no evidencian un actuar negligente en el desarrollo del trámite incidental, contrario sensu, se ha propendido por esclarecer y determinar las actuales condiciones de salud de I. Y. M. frente a las obligaciones de la entidad incidentada; también lo es que de conformidad con los precedentes jurisprudenciales citados, no puede concluirse cosa distinta a que el diligenciamiento en cuestión ha tomado un término excesivo sin que se haya adoptado decisión de fondo dentro del mismo; circunstancia que no solo genera la violación de los derechos de la parte actora al no encontrar pronta y oportuna resolución del asunto de su interés, sino también de la entidad accionada al encontrarse indefinidamente atada a una actuación judicial, y en vilo de que eventualmente su representante legal sea objeto de sanciones pecuniarias y restrictivas de su derecho a la libertad.

5.2. En efecto, pese a la loable intención del juzgado de dilucidar al máximo la situación de salud de la agenciada frente a la obligación del demandado, para efectos de atribuirle o descartar responsabilidad en la inobservancia del mandato constitucional, a juicio de la Sala obran dentro del expediente suficientes elementos para que se adopte una determinación sobre el particular, resultando particularmente relevante lo recordado por el a quo acerca de la posibilidad que tiene la autoridad que conoce del desacato de ajustar la orden inicialmente impartida o de emitir otras adicionales en aras de hacer efectivos la protección dispensada y los derechos amparados, en el evento de encontrar que las circunstancias no son las mismas que las estudiadas en la acción de tutela.

5.3. En Sentencia T-271 de 2015, en la cual también se hace referencia al término decantado para resolver el trámite incidental, se dijo acerca de la facultad de juez para modificar la orden de tutela lo siguiente:

“1.1. Ahora bien, en Sentencia C-367 de 2014 se resolvió que la decisión del incidente de desacato debe adoptarse dentro de los 10 días siguientes a la radicación de la respectiva solicitud, en el marco del análisis efectuado al artículo 52 del Decreto Estatutario 2591 de 1991 en sede de control abstracto. 

En esa providencia, la Corte señaló que no es posible aplicar en este caso el artículo 4º del Decreto 306 de 1992 y, por consiguiente, el artículo 137 del Código de Procedimiento Civil o el artículo 129 del Código General del Proceso, porque el incidente de desacato a un fallo de tutela es un incidente especial. La especialidad de este incidente viene dada en la característica del amparo de un derecho fundamental trasgredido o amenazado que exige inmediato cumplimiento. 

En esa medida, consideró que al regular la Constitución la acción de tutela, en su artículo 86, y precisar que tanto la protección de los derechos como el cumplimiento de los fallos deben ser inmediatos, esta no debe superar los diez días, de este mandato se sigue que para resolver el trámite incidental de desacato a un fallo de tutela no habrán de transcurrir más de diez días, contados desde su apertura.

La Corte ha reiterado que, dada la naturaleza especial que tiene el incidente de desacato, el juez que conoce del mismo no puede volver sobre los juicios o las valoraciones que hayan sido objeto de debate en el respectivo proceso de tutela, ya que ello implicaría “revivir un proceso concluido afectando de esa manera la institución de la cosa juzgada”(8). De acuerdo con lo anterior, el ámbito de acción del operador judicial en este caso está definido por la parte resolutiva del fallo correspondiente(9). En este orden de ideas, la autoridad judicial que decide el desacato debe limitarse a verificar:  

“(1) a quién estaba dirigida la orden;  

(2) cuál fue el término otorgado para ejecutarla;  

(3) y el alcance de la misma. Esto, con el objeto de concluir si el destinatario de la orden la cumplió de forma oportuna y completa (conducta esperada). (Sents. T-553/2002 y T-368/2005). 

Adicionalmente, el juez del desacato debe verificar si efectivamente se incumplió la orden impartida a través de la sentencia de tutela y, de existir el incumplimiento, debe identificar si fue integral o parcial. Una vez verificado el incumplimiento debe identificar las razones por las cuales se produjo con el fin de establecer las medidas necesarias para proteger efectivamente el derecho (…)”.(10) 

Con todo, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que por razones muy excepcionales el juez que resuelve el incidente de desacato, con la finalidad de asegurar la protección efectiva del derecho, puede proferir órdenes adicionales a las originalmente impartidas o introducir ajustes a la orden inicial, siempre que se respete el alcance de la protección y el principio de la cosa juzgada, señalando los lineamientos que han de seguirse para tal efecto:  

“(1) La facultad puede ejercerse cuando debido a las condiciones de hecho es necesario modificar la orden, en sus aspectos accidentales, bien porque: 

(a) la orden original nunca garantizó el goce efectivo del derecho fundamental tutelado, o lo hizo en un comienzo pero luego devino inane;  

(b) porque implica afectar de forma grave, directa, cierta, manifiesta e inminente el interés público o  

(c) porque es evidente que lo ordenado siempre será imposible de cumplir.  

(2) La facultad debe ejercerse de acuerdo a la siguiente finalidad: las medidas deben estar encaminadas a lograr el cumplimiento de la decisión y el sentido original y esencial de la orden impartida en el fallo con el objeto de asegurar el goce efectivo del derecho fundamental tutelado.  

(3) Al juez le es dado alterar la orden en sus aspectos accidentales, esto es, en cuanto a las condiciones de tiempo, modo y lugar, siempre y cuando ello sea necesario para alcanzar dicha finalidad.  

(4) La nueva orden que se profiera, debe buscar la menor reducción posible de la protección concedida y compensar dicha reducción de manera inmediata y eficaz”(11) Subrayas de la Sala.

6. El anterior repaso jurisprudencial permite concluir entonces que el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta, pese a los reiterados pedimentos del demandante, ha tardado un término que supera cualquier noción de razonabilidad y, de hecho, el fijado por vía jurisprudencial por la Corte Constitucional, para adoptar una decisión de fondo dentro del incidente de desacato promovido por el agente oficioso de I. Y. M., por el presunto incumplimiento del fallo de tutela calendado el 13 de abril de 2015; pese a contar con suficientes elementos suasorios para tal efecto y con la excepcional prerrogativa de ajustar la orden allí contenida si a ello hay lugar.

7. Así las cosas, se impone la protección del derecho al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la citada y aquí agenciada. Por lo anterior, se ordenará al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta, que dentro del término de diez días siguientes a la notificación de la presente decisión, resuelva lo que en derecho corresponda frente al trámite incidental de la referencia, en los términos aquí expuestos.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutela, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero. REVOCAR el fallo recurrido y en su lugar TUTELAR los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia de I. Y. M.

Segundo. ORDENAR al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta, que dentro del término de diez siguientes a la notificación de la presente decisión, resuelva lo que en derecho corresponda frente al trámite incidental promovido por el agente oficioso de la citada y que actualmente cursa en contra del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. Notificar esta decisión en la forma prevista por el Decreto 2591 de 1991.

Cuarto. Remitir el asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Luis Guillermo Salazar Otero—Gustavo Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 Ley 270 de 1996, art. 4º.

2 Ley 1564 de 2012, art. 42-1.

3 Ley 446 de 1998, art. 18.

4 Cfr. Sentencias T-343 de 2011 y T-527 de 2012.

5 Supra II, 4.3.4.9.

6 Supra II, 4.3.3.1.5. y 4.3.4.5.

7 Supra II, 4.3.4.6.

8 Sentencia T-188 de 2002.

9 En Sentencia T-014 de 2009 se indicó: “A este respecto se resalta, en primer lugar, que no es posible que las consideraciones que se hagan para decidir el incidente conduzcan a la reapertura del tema de fondo, ya decidido mediante la sentencia de tutela. En este sentido debe subrayarse que en ese momento procesal el referido fallo ha hecho tránsito a cosa juzgada, por lo que la decisión en él contenida resulta inmodificable y de obligatorio acatamiento, incluso para el juez que la hubiere proferido. Es claro entonces que nada en el incidente de desacato puede implicar la reconsideración de la decisión cuyo cumplimiento se busca, ni aún con la aquiescencia del beneficiario de aquélla, ni tampoco con la del juez que la originó. // El tema se limita entonces a examinar si la orden emitida por el juez de tutela para la protección del derecho fundamental, fue o no cumplida en la forma allí señalada. La decisión que debe adoptarse dentro de este incidente deberá tener como referente el contenido de la parte resolutiva de la sentencia de tutela cuyo cumplimiento se busca. Así, especialmente si la persona o autoridad accionada no ha estado enteramente inactiva, sino que realizó determinadas conductas a partir de las cuales alega haber cumplido con la orden de tutela que le fuera impartida, será entonces a partir del contenido de dicha parte resolutiva que podrá apreciarse la validez del reclamo planteado y/o las explicaciones de la autoridad o persona accionada”.

10 Sentencia T-1113 de 2005.

11 Sentencia T-086 de 2003.