Sentencia STP1207-2016/83817 de febrero 2 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS

STP1207-2016

Rad.: 83817

(Aprobado mediante Acta 24)

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

Bogotá D.C., dos de febrero de dos mil dieciséis

“(Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean remplazados por sus iniciales y sus datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia)”.

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la Defensoría del Pueblo - Regional Magdalena Medio, contra la sentencia de tutela del 20 de noviembre de 2015 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, mediante la cual negó la protección demandada a nombre de Jxxxxx Axxx Mxxxxxx, contra el Director Seccional de Fiscalías y Comandante de Policía del Magdalena Medio, Fiscalía de Barrancabermeja y Yxxxxx Rxxxx Bxxxxxxx, a quienes acusa de vulnerar sus derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y al debido proceso.

Extractos «Consideraciones

De conformidad con el artículo 1º numeral 2º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, en armonía con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta contra la decisión adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, de la cual es su superior funcional.

Entendido que la queja contra el fallo del Tribunal a quo la dirige la Defensoría del Pueblo del Magdalena Medio, en cuanto resolvió negar la protección a los derechos fundamentales al debido proceso, la vida e integridad personal de la mujer víctima de la violencia de género invocados a favor de Jxxxxx Axxx Mxxxxxx, pretendiendo, en últimas, se disponga que la Fiscalía dé trámite de urgencia a las denuncias interpuestas por la ofendida, así como que adopte las medidas de protección necesarias.

El artículo(sic) 2º y 11 de la Carta Política de manera expresa señalan el deber del Estado de proteger el derecho fundamental a la vida de todas las personas residentes en Colombia.

En concordancia con las disposiciones indicadas, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la protección y el respeto del derecho fundamental a la vida guarda una relación intrínseca con la garantía del derecho fundamental a la seguridad personal, pues bajo determinadas circunstancias, con base en él, los individuos pueden exigir “medidas específicas de protección de parte de las autoridades, con el objetivo de prevenir la materialización de cierto tipo de riesgos extraordinarios contra su vida o integridad personal, que no tienen el deber jurídico de soportar, y que las autoridades pueden conjurar o mitigar”(1).

Atendiendo tales deberes constitucionales y lo dispuesto en el artículo 250 de la Carta Política, la Fiscalía General de la Nación debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la debida protección “de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes(2)”, pues aunque el ente investigador tiene autonomía para juzgar la idoneidad y eficacia de la participación de esas personas en el proceso penal, no puede desconocer que la búsqueda por el reconocimiento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación puede poner en serio peligro la vida y la seguridad personal de las víctimas y los testigos, sus familias y defensores. En este sentido, es claro que la negligencia de la Fiscalía en el otorgamiento de la protección debida puede llegar a comprometer la responsabilidad del Estado(3).

Para el efecto, y conforme con el artículo 67 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 4º de la Ley 1106 de 2006(4), el 15 de agosto de 2008, el Fiscal General de la Nación profirió la Resolución 0-5101 “Por medio de la cual se reglamenta el Programa de Protección y Asistencia a Testigos, Víctimas e Intervinientes en el Proceso Penal de la Fiscalía General de la Nación”, la cual tiene por objeto otorgar medidas de seguridad a favor de esas personas cuando se encuentren en riesgo de sufrir agresión, o sus vidas corran peligro, por causa o con ocasión de la intervención en un proceso penal de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, siempre que el riesgo sea calificado como extraordinario extremo”. (Artículo 2º).

Precisamente la Corte Constitucional sobre el particular ha señalado(5):

[e]l Programa de Protección de la Fiscalía General de la Nación vinculará a las personas sobre las que recae un riesgo extraordinario o extremo para sus vidas e integridad personal, definidos como aquellos que ameritan la intervención excepcional del Estado para preservar el derecho afectado.(6)” De esta manera, la vinculación al Programa de Protección en comento solo se producirá cuando:

(i) Exista un “riesgo extraordinario” que amenace la seguridad personal, al punto que éste sea específico e individualizable, concreto, presente, importante, serio, claro y discernible, y desproporcionado(7), según la “evaluación de amenaza y riesgo” practicada por “los investigadores asignados a la Oficina de Protección y Asistencia(8)”de la Fiscalía.

(ii) Se verifique el “nexo causal directo entre participación procesal eficaz para la administración de justicia y los factores de amenaza y riesgo derivados de esa colaboración(9)”.

(iii) Se compruebe que la solicitud de vinculación al programa no está motivada por interés distinto que el de “colaborar oportuna y espontáneamente con la Administración de Justicia.(10)

(iv) Las medidas de seguridad necesarias correspondan a las que prevé el Programa. Sin embargo, el funcionario que realice la evaluación de riesgo y amenaza, “[t]ambién evaluará si las medidas de seguridad pueden ser implementadas por otro organismo estatal creado con esa finalidad(11) (Negrilla fuera del texto original).

(v) “Que la admisión del candidato a proteger no constituya un factor que afecte en forma insuperable la seguridad de la estructura del Programa o de la Fiscalía General de la Nación.(12)

(vi) El peticionario “y/o sus familiares mayores de edad a quienes se extienda el riesgo(13)” hayan manifestado su voluntad de ingresar al Programa.

Satisfechas las condiciones enunciadas, el beneficiario del Programa tendrá derecho a las medidas de protección previstas en el capítulo séptimo de la Resolución 0-5101, así:

“ART. 7º—Cambio de domicilio. Cuando del estudio técnico de riesgo, se concluya que es suficiente como medida de protección el cambio de lugar de domicilio, el Programa de Protección otorgará los recursos necesarios para tal fin.

(…)

“ART. 8º—Incorporación. Cuando se configuren los presupuestos exigidos en la presente resolución, y del estudio técnico de riesgo se concluya la procedencia de la incorporación al Programa, se procederá al traslado del protegido de la zona de riesgo a otro sitio del territorio nacional. Siendo ubicado en un lugar definido por el Programa y quedando sometido a los esquemas de seguridad que éste disponga. El Programa asumirá la protección integral de la persona hasta tanto se ejecute la reubicación definitiva, salvo que con anterioridad se configure alguna causal de exclusión o el protegido renuncie al Programa.

(…)

“ART. 9º—Protección Inmediata. Excepcionalmente, por solicitud del Fiscal a cargo de la investigación, el Director del Programa dispondrá medidas inmediatas de protección a víctimas, testigos e intervinientes de la actuación penal.

(…)

La protección inmediata no convierte en definitiva la vinculación ni cancela la evaluación de la situación de riesgo del candidato.

Para la adopción de las medidas de protección inmediata, deberá valorarse la naturaleza del hecho investigado y que se considere que reúnen las características previstas para la configuración del riesgo extremo. El Fiscal a cargo de las diligencias ordenará a la policía judicial las medidas de protección necesarias mientras el Programa asume la protección.

Una vez decretadas las medidas inmediatas de protección por parte del Director del Programa, éste dispondrá lo necesario para que en el menor tiempo posible se realice la evaluación de riesgo conforme con los lineamientos generales y bajo los parámetros señalados en la presente resolución.

(…)

“ART. 10.—Protección condicionada. Excepcionalmente, el Director del Programa dispondrá la protección condicionada de víctimas y testigos de la actuación penal por un período que no supere los tres (3) meses, si de la evaluación se desprende que en ese lapso el Fiscal adoptará medidas procesales de fondo contra presuntos implicados. En reevaluación, se verificará el cumplimiento de la condición; de lo contrario, cesarán las obligaciones asumidas por el Programa de Protección”. (Negrilla del texto original).

En este orden de ideas, en relación con las obligaciones a cargo del Programa, el numeral 2º del artículo 20 de la Resolución citada, establece que la Fiscalía deberá “[g]estionar ante gobiernos extranjeros que tengan convenio con Colombia” la reubicación de los beneficiarios del Programa en el exterior, “en aquellos casos en que no sea posible su reubicación en un lugar del territorio nacional y/o bajo el criterio de la Dirección del Programa. Esta labor será sólo acompañamiento sin garantizar resultado alguno.(14)

En ese orden, es claro que al Programa de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación se podrán vincular las víctimas, testigos e intervinientes, cuando sus derechos fundamentales a la vida y a la seguridad personal se encuentren amenazados por su participación en el proceso penal. Por tanto, según las necesidades de seguridad del interesado, la Fiscalía deberá adoptar las medidas que prevé el Programa, o en su defecto coordinar su implementación por otros organismos del Estado, entre otras.

No está demás precisar que recientemente el Estado expidió la Ley 1761 de 2015, cuyo objeto fue crear el delito de “feminicidio” para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana, en orden a garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias que favorezca su desarrollo integral y su bienestar, de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación.

Aplicando las precitadas nociones al caso concreto y analizado los hechos expuestos en la demanda de tutela, junto con las pruebas incorporadas, se advierte con claridad que la vida de la accionante Jxxxxx Axxx Mxxxxxx y la de su núcleo familiar están en peligro, pues las conductas del presunto agresor son repetitivas y se tornan al parecer, cada vez más violentas, sin que las autoridades judiciales, a pesar de que ésta ha pedido en múltiples oportunidades medidas efectivas de protección, las mismas no se han materializado.

Según lo acreditado en el proceso, Jxxxxx Axxx Mxxxxxx, precisamente por las diferentes situaciones de violencia intrafamiliar a las que se ha visto sometida por su expareja el señor Yxxxxx Rxxxx Bxxxxxxx, lo ha denunciado en cuatro oportunidades ante la Fiscalía General de la Nación (querellas radicadas bajo los CUI 68081-6000-136-2014-00686-00, 68081-6000-136-2015-05694-00, 68081-6000-135-2015-00227-00 y 68081-6000-135-2015-01875-00), incluso solicitó medidas de protección ante la Comisaría de Familia la Floresta de Barrancabermeja.

Adujo por ejemplo ante la Defensoría del pueblo “… he presentado tres denuncias en la Fiscalía general de la Nación con los números […] por violencia intrafamiliar y también solicité a la Comisaría la Floresta medida de protección, pero no he podido detener a mi expareja, me persigue, me acosa, me amenaza, me dice que si no vuelvo con él me mata y mata a mis hijas, yo tengo 2 niñas de 12 y 5 años de edad… Yo vivía con él hasta hace un mes porque ese día llegó borracho pateando las puertas y cogió el cuchillo y le dijo a las niñas que las iba a matar que no las quería y me amenazó a mí con el cuchillo, mi hija la mayor en un descuido le quitó el cuchillo y lo botó a la calle…”(15).

Ante el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses donde fue remitida a que le valoraran las lesiones que al parecer le había perpetrado su ex pareja “quemadura en el brazo derecho, incapacidad provisional de 13 días con secuelas por definir”, afirmó la accionante: “mi exmarido que vive en la casa el sábado en la mañana me encerró porque si y no me dejaba salir, me estrujaba y me estrellaba contra las paredes delante de las niñas y luego como por la pura tarde como a las seis y media fue hasta el puesto que yo tengo y me amenazó con un cuchillo a mí y a mi hermana y yo llame a la Policía”(16)

Desde luego que la Sala no desconoce que la Fiscalía General de la Nación por los supuestos procesales indicados, ha adelantado las labores necesarias para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos denunciados por Jxxxxx Axxx Mxxxxxx, y según el caso, tome la decisión que en derecho corresponda, pues atendiendo precisamente la pluralidad de denuncias interpuestas, decidió adelantarlas por celeridad y economía bajo una sola actuación procesal, encontrándose a la espera incluso de solicitar ante el Juez competente la respectiva orden de captura en contra del denunciado, es más, aquellos hechos que se adelantan bajo el Radicado 680816000135201501875, se encuentran en la etapa de juicio.

No obstante, no ha adoptado verdaderas medidas de protección para velar por los derechos de la accionante, pues no solamente su actuación debe estar encaminada a adelantar el diligenciamiento penal, sino a proteger a las víctimas, conforme lo dispone el artículo 250 de la Constitución Política y la Resolución 0-5101 de 2008, máxime cuando como quedó visto, se encuentran en riesgo de sufrir agresión o sus vidas corren peligro por causa precisamente de las conductas atribuibles al denunciado consistentes en atentar contra la integridad personal de la demandante y la de su familia.

Y aunque ciertamente la Comisaría de Familia, conforme las disposiciones del Decreto 4799 de 2011, expidió algunas órdenes a la Policía Nacional para la protección de la accionante, estas se limitaron a “suministrar los abonados telefónicos de la institución y del cuadrante, realizar visitas perimetrales al lugar de residencia por lo menos una vez en cada turno de vigilancia, implementar planilla de revista individual y dejar constancia ante la central de comunicaciones”. Así lo señaló el Comandante de Policía del Magdalena medio

En ese orden, surge evidente que Jxxxxx Axxx Mxxxxxx, en este momento no cuenta con una medida que proteja efectivamente su vida y la de sus hijas, máxime que el agresor conoce su lugar de residencia y trabajo y en ellos la visita seguido, pues a pesar de las medidas adoptadas, están han resultado infructuosas, pues no de otra manera hubiese solicitado la colaboración de la Defensoría del Pueblo.

De este modo, esta Sala encuentra acreditado que la accionante está en una grave situación de seguridad que obliga al Estado a adoptar a su favor medidas especiales y efectivas de protección.

En virtud de lo expuesto, esta Corporación tutelará los derechos fundamentales a la vida y a la seguridad personal de Jxxxxx Axxx Mxxxxxx y la de su núcleo familiar, razones por la que se revocará la sentencia impugnada.

En consecuencia, se ordenará a la Fiscalía General de la Nación, a través del Director Seccional de Fiscalía del Magdalena Medio, que en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de esta sentencia, realice estudio de seguridad y adopte la medida de protección que requiera la vida e integridad personal de la demandante si es del caso, conforme lo dispuesto en la Resolución 05101 de 2008.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Resuelve

1. Revocar la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2015 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, mediante la cual negó la acción instaurada a nombre de Jxxxxx Axxx Mxxxxxx, para en su lugar, Tutelar sus derechos fundamentales a la vida e integridad personal y los de su núcleo familiar.

2. Ordenar a la Fiscalía General de la Nación, a través del Director Seccional de Fiscalías del Magdalena Medio, que en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de esta sentencia, realice estudio de seguridad y adopte la medida de protección que requiera la vida e integridad personal de Jxxxxx Axxx Mxxxxxx y la de su núcleo familiar, si es del caso, conforme lo dispuesto en la Resolución 05101 de 2008.

3. Notificar a las partes de conformidad con lo señalado en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

4. Enviar las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cúmplase»

(1) Sentencia T-719 de 2003.

(2) Artículo 250.7 de la Constitución Política.

(3) Cfr. Sentencias T-1025 de 2007, T-1060 de 2006, T-558 de 2003 y T-532 de 1995.

(4) “Créase con cargo al Estado y bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General de la Nación, el “Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de la Fiscalía”, mediante el cual se les otorgará protección integral y asistencia social, lo mismo que a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil y al cónyuge, compañera o compañero permanente, cuando se encuentren en riesgo de sufrir agresión o que sus vidas corran peligro por causa o con ocasión de la intervención en un proceso penal. En los casos en que la vida del testigo o denunciante se encuentre en peligro, la Fiscalía protegerá la identidad de los mismos. || Para efectos de protección por parte del programa, se entenderá por testigo la persona que ha tenido conocimiento de la comisión de un delito, o cualquier otra circunstancia que resulte relevante para demostrar la responsabilidad penal, que en concepto del funcionario judicial competente está en disposición de expresarlo durante la actuación procesal y de ello se derive un riesgo para su vida o integridad personal. || Así mismo, estará a cargo del programa, los testigos de aquellos casos de violación a los Derechos Humanos e infracción al Derecho Internacional Humanitario, independientemente de que no se haya iniciado el correspondiente proceso penal”. El artículo 1º de la Ley 1421 de 2010, prorroga la vigencia de este artículo por un término de cuatro años.

(5) C.C. ST.585A-2011

(6) Artículo 4.5 de la Resolución 0-5101 del 15 de agosto de 2008, proferida por el Fiscal General de la Nación.

(7) Ibídem, artículo 4.4. Estas exigencias se pueden confrontar con los fundamentos jurídicos 4.2 y 4.3 de la presente sentencia.

(8) Ibídem, artículo 4.11.

(9) Ibídem, artículo 4.9.

(10) Ibídem, artículo 16.2.

(11) Ibídem, artículo 16.3.

(12) Ibídem, artículo 16.4.

(13) Ibídem, artículo 16.5.

(14) Adicionalmente, la misma disposición prevé que “[e]sta labor será solo de acompañamiento sin garantizar resultado alguno.”

(15) Fl. 9 vto. C.O. 1

(16) Fl. 12 ibídem