Sentencia ST´P 1222-2016/83545 de febrero 2 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier 

STP1222-2016

Radicación nº 83545

(Aprobado en Acta nº 24)

Bogotá, D.C., dos de febrero de dos mil dieciséis.

Nota: Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellido y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.

La Sala resuelve la impugnación formulada por el apoderado del accionante A.A.S. contra la sentencia de tutela de 4 de noviembre de 2015, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante la cual negó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, buen nombre y presunción de inocencia, presuntamente vulnerados por la Fiscalía 17 Especializada de esa ciudad, Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, Oficina Central Nacional de INTERPOL en Colombia, en actuación que involucró a la Policía Nacional y al Ministerio de Defensa Nacional.

Antecedentes relevantes y fundamentos de la acción

De la información que reposa en el expediente y del escrito de la demanda, se llega al conocimiento de lo siguiente:

Expone el accionante A.A.S., a través de apoderado, que en la actualidad se encuentra privado de la libertad en la prisión Krome Service Processing Center en Florida -Estados Unidos-, purgando una pena de prisión que le fue impuesta por las autoridades judiciales de ese país.

Informa que en su contra la Fiscalía General de la Nación le adelanta la investigación xxx, por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, tortura y secuestro extorsivo, en cuyo trámite (Ley 600 de 2000) la Fiscalía 10 Especializada de Cali el 10 de abril de 2007 decretó la apertura de instrucción, emitiendo orden de captura en su contra con fines de indagatoria.

Aduce el demandante que desde entonces la defensa informó al ente investigador de su situación de recluso en el extranjero; no obstante, el 9 de julio de ese mismo año fue declarado persona ausente, siendo comunicado lo propio a la oficina de INTERPOL con intención de solicitarlo en extradición, motivo por el cual se generó al Circular Roja xxx de 2007.

Avanzadas las diligencias, el Juzgado Quinto Penal Especializado el 4 de agosto de 2011, decretó la nulidad de todo lo actuado desde la declaratoria de persona ausente, al encontrar que A.A.S., debió haber sido vinculado al proceso mediante indagatoria, ya que se tuvo previo conocimiento de su ubicación y condición de condenado en Estados Unidos, continuando las diligencias a cargo de la Fiscalía 17 Especializada de Cali, sin que a la fecha se haya logrado la recepción de tal diligencia para el ejercicio de sus derechos como sindicado.

Relata que luego de haber logrado autorización de las autoridades carcelarias norteamericanas para su traslado a la Embajada de Colombia, para efectos de rendir la indagatoria, tal acto se vio frustrado por existir en su contra una Circular Roja de INTERPOL, en razón de la orden de captura con fines de extradición emitida por la Fiscalía Especializada de Cali, razón por la que solicitó el levantamiento de la mencionada orden de aprehensión en su contra.

A raíz de ello, el 9 de junio de 2015, el ente acusador, tras concluir que la nulidad decretada dentro del proceso que se le sigue a A.S. abarca las actuaciones adelantadas desde la declaratoria de persona ausente de 9 de julio de 2007, negó la petición del actor de cancelación de orden de captura, eso sí, disponiendo comunicarle al jefe de INTERPOL que el sindicado, «NO es requerido con fines de extradición, sino para escucharlo en diligencia de injurada».

En atención a lo ordenado la Oficina Central Nacional de INTERPOL el 10 de julio de 2015 anuló la Notificación Roja No. A-197/9-2007; sin embargo, inició el proceso de publicación de la Notificación Azul en su contra.

Considera el demandante que con la Circular Azul se ve frustrada la posibilidad de defensa, toda vez que «ante el mundo, sigue existiendo una notificación, que se emite de mutuo propio (sic) por funcionarios sin que medie solicitud u orden de autoridad competente, en este caso la Fiscalía 17 Especializada de Cali».

Estima que es contrario a derecho que la INTERPOL emita la Circular Azul por el solo hecho de tener vigente una orden de captura sin mediar una solicitud de autoridad competente, menos cuando ello puede frustrar nuevamente la diligencia de indagatoria a la que tiene derecho para ejercer su defensa dentro de la investigación que se le adelanta en Colombia.

Se duele de estar afectado el debido proceso con el actuar de los funcionarios de INTERPOL, a quienes tilda de arbitrarios al tramitar una Circular Azul sin que les hubiera sido ordenado por la Fiscalía como autoridad competente, además de encontrar menguada la presunción de inocencia con tal anotación negativa, ya que solo se ha emitido una orden de captura en su contra, sin que se trate de un prófugo de la justicia.

En consecuencia, solicita el amparo de sus derechos fundamentales, ordenando a INTERPOL cancelar la Notificación Azul en su contra.

Trámite de la acción

Avocado el conocimiento de la acción, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali ordenó correr el respetivo traslado a las autoridades accionadas e involucradas para que ejercieran el derecho de contradicción.

1. En respuesta acudió la Asesora Jurídica de la Oficina Central Nacional INTERPOL Colombia, quien luego de precisar las finalidades y objetivos de esa Institución, así como la naturaleza jurídica de las notificaciones azules, empleadas para obtener información sobre la identidad de una persona vinculada con un asunto penal, precisó que para su publicación en la base de datos no se exige una orden judicial, pues si bien se originan en una orden de captura emitida por autoridad competente, solo constituyen una herramienta de datos en armonía con la cooperación internacional.

Manifestó que esa situación es conocida por el actor, a quien se le informó lo propio al responderle el derecho de petición presentado, afianzando que la Notificación Azul no constituye una solicitud de detención, y por ende, no limita el ejercicio de su derecho de defensa.

Por consiguiente se opuso a la prosperidad de la demanda, ante la inexistencia de la vulneración alegada.

2. Por su parte, la Fiscal 17 Especializada de Cali informó que el 7 de septiembre de 2015 le negó al accionante la petición de cancelación de la Circular Azul cuya providencia quedó ejecutoriada al no haber sido impugnada, sin que se haya desconocido alguna garantía fundamental al actor, quien está sindicado dentro de la investigación penal 808.868 por hechos relacionados con el financiamiento y liderazgo de una organización criminal dedicada a cometer torturas, homicidios, secuestros y desapariciones forzadas.

Expuso que tiene conocimiento que A.A.S., por haber colaborado con la justicia norteamericana, recientemente obtuvo su libertad, «razón por la cual iba a ser deportado y dejado a disposición de esta Unidad de Fiscalía, pero por su seguridad le permitieron quedarse en dicho país donde actualmente reside», sin embargo, esa es una situación que aún no le ha sido informada por la defensa, quien se dedica a indicar que está detenido, pero no aporta los datos precisos de su ubicación o el lugar exacto de reclusión, pese a haber sido requerido en ese sentido, con la finalidad de agilizar los trámites administrativos, tendientes a lograr su vinculación mediante indagatoria.

Los demás involucrados guardaron silencio.

La sentencia impugnada

Fue proferida el 4 de noviembre de 2015, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, negando el amparo invocado.

En sustento, argumentó que resulta legal y constitucionalmente razonable la publicación de la Circular Azul por parte de la Oficina Central Nacional de INTERPOL, en tanto la misma tiene fundamento en una investigación que se adelanta contra el actor ante la Fiscalía 17 Especializada por delitos de homicidio, tortura y concierto para delinquir.

Además, que la publicación cumple los requisitos exigidos para el efecto, sin que comporte alguna afectación a los derechos del accionante, ni limite el ejercicio de su derecho a la defensa en la investigación penal que se le sigue.

La impugnación

Notificado del contenido del fallo, el apoderado del accionante lo impugnó, reiterando las inconformidades plasmadas en la demanda de tutela, en especial, alegando la vulneración al debido proceso por haberse publicado contra A.A.S. una Notificación Azul, sin previa orden de la autoridad competente que le adelanta la investigación penal en Colombia.

Consideraciones

1. De conformidad con la preceptiva del artículo 1º numeral 2º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, la Sala es competente para pronunciarse respecto de la impugnación interpuesta en contra de la decisión adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali.

2. El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces para obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando por acción u omisión, le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o, existiendo, cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.

3. En el presente caso, la demanda de tutela instaurada por A.A.S., a través de apoderado, está orientada a que se ordene la cancelación de la Notificación Azul que pesa en su contra en razón de la investigación penal que le adelanta la Fiscalía 17 Especializada, dentro de la cual está vigente una orden de captura con fines de indagatoria.

Estima el actor que, luego de haberle sido cancelada al Notificación Roja xxx, ya que por error fue solicitada la orden de captura con fines de extradición, cuando es para indagatoria, no puede generársele una Notificación Azul, ya que entraría nuevamente a afectar la posibilidad de acudir a una diligencia de injurada, menos cuando no se ha emitido una orden de autoridad competente para el efecto.

4. En primer lugar, debe destacar la Sala que la Organización Policial Internacional INTERPOL es una organización mundial diseñada para contrarrestar la delincuencia trasnacional con la finalidad de lograr un intercambio de información que hace parte del servicio mundial de comunicación policial protegida y las bases de datos y servicios de carácter operativo policial. Estas fuentes de información permiten a los Estados miembros acceder a datos sobre criminalidad global, así como compartir entre ellos solicitudes de captura, notificaciones de personas desaparecidas, información sobre testigos y víctimas, identificación de objetos y cadáveres, notificación de bienes hurtados, personas con antecedentes criminales, sujetos vinculados con el abuso sexual de niños y niñas, huellas dactilares y perfiles genéticos, entre otros. (Cf. C.C. T-919 de 2012).

En Colombia, a partir del Decreto 216 de 2010 y la Resolución 319 de 2010 se establecieron las funciones de la Oficina Central Nacional de INTERPOL, entre las que se encuentra la de desarrollar y ejercer funciones para el intercambio de información, asistencia recíproca, con arreglo a las prescripciones y estatutos de INTERPOL, los cuales fueron aprobados al interior de nuestra legislación, a través de la Ley 1670 de 2013.

La propia Corte Constitucional en la sentencia T-919 de 2012, en cuanto a las notificaciones internacionales expedidas por la INTERPOL, ha destacado que:

En ellas se recogen una serie de datos registrados en el sistema de información policial, que son publicados a fin de prevenir o reprimir distintas conductas penales. Al respecto, se ha señalado que esta figura tiene dos ámbitos de acción, la sola comunicación de información (advertencia) o una solicitud concreta de actuación. En concreto se usan para:

— La búsqueda de personas con miras a su detención.

— La obtención de información sobre personas que hayan cometido o pudieran cometer una infracción penal de derecho común o que hayan participado o podido participar, de modo directo o indirecto, en su comisión.

— El suministro a las autoridades policiales de información de carácter preventivo sobre actividades delictivas de una persona.

— La búsqueda de personas desaparecidas.

— La búsqueda de testigos o víctimas.

— La identificación de personas o cadáveres.

— La descripción o la identificación de modus operandi, de infracciones cometidas por personas desconocidas, de las características de imitaciones y falsificaciones, o de decomisos de objetos que sean objeto de tráfico.

Para el efecto, el mismo Reglamento de INTERPOL ha diferenciado por colores los tipos de notificaciones, tal como lo relacionó la citada jurisprudencia constitucional, así:

  1. Notificación Roja. Se emplea para solicitar la retención preventiva con miras a la extradición de una persona, (…).
  2. Notificación Azul. Es utilizada para conseguir más información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con un asunto penal. En caso de no cumplirse los requisitos de la notificación roja puede emplearse una azul para informar a otros países que una persona es objeto de una investigación penal. Al respecto, se han establecido los siguientes requisitos:
 

1. Que la persona objeto de notificación sea requerida dentro de una investigación penal.

2. Diligenciamiento del formulario de notificación por parte de la autoridad que adelanta la investigación penal o por parte del funcionario de Policía Judicial. Se requiere suministrar de forma obligatoria los datos de identificación como apellidos, nombre, sexo y fecha de nacimiento de la persona en cuestión. Igualmente, información relativa a la investigación policial, exposición de los hechos que comprende un resumen de los mismos, fecha y lugar.

3. Firma del funcionario que solicita la notificación.

 

—Notificación Verde. En este caso se difunden alertas o información policial sobre personas que han cometido delitos en un país y es probable que vuelvan a cometerlos en otros (…).

— Notificación Negra. Permite la búsqueda de información sobre cadáveres sin identificar (…).

—Notificación Amarilla. Pretende la localización de personas desaparecidas, especialmente menores o a fin de descubrir la identidad de personas incapaces de identificarse a sí mismas (…).

— Notificación Naranja. Se utiliza para informar sobre un acontecimiento, una persona, un objeto, un procedimiento o un modus operandi que supongan un peligro inminente para la seguridad pública y puedan ocasionar daños graves a personas o bienes (…).

De ahí, se tiene que la Notificación Azul, tiene como finalidad, localizar, identificar u obtener información sobre una persona de interés en una investigación criminal, mientras que la Notificación Roja, busca la detención o arresto preventivo de personas con el objetivo de ser extraditadas.

5. En este caso, la Oficina de INTERPOL luego de haber cancelado la Notificación Roja contra A.S., dado que la orden de captura que reporta la Fiscalía 17 Especializada en su contra lo es dentro de la investigación penal que se le adelanta con fines de indagatoria, y no de extradición, procedió a dar trámite de Notificación Azul.

El adelantamiento y emisión de tal circular, en manera alguna se puede entender como un procedimiento arbitrario o caprichoso, al ser elaborado en el marco de las competencias que le asisten a INTERPOL como organismo de cooperación internacional, el cual es consecuencia de tener vigente una orden de captura dentro de una investigación y por ende, tratarse de una persona con interés en un asunto criminal.

Es más, el Reglamento de INTERPOL sobre tratamiento de datos, en su artículo 88, prevé:

Artículo 88: Notificaciones azules:

1. Las notificaciones azules se publicarán con miras a: a) obtener información sobre una persona que presente un interés para una investigación policial, o b) localizar a una persona que presente un interés para una investigación policial, o c) identificar a una persona que presente un interés para una investigación policial.

2. Solo se podrán publicar notificaciones azules si se cumplen las condiciones siguientes: a) la persona objeto de la solicitud es un convicto, un acusado, un sospechoso, un testigo o una víctima; b) se pide información adicional sobre el posible historial judicial de la persona, sobre su identidad, situación o paradero, o sobre cualquier otro aspecto que guarde relación con la investigación policial; c) se aportan datos suficientes sobre la persona o la investigación policial para que la cooperación solicitada sea eficaz.

3. Solo se podrá publicar una notificación azul si los datos de identificación son suficientes. Se entiende por datos suficientes, como mínimo, los siguientes: a) Si la persona ha sido identificada: i. bien los apellidos, el nombre, el sexo y la fecha de nacimiento (al menos el año) de la persona, acompañados por su descripción física, perfil de ADN, huellas dactilares o los datos que figuran en los documentos de identidad (por ejemplo, pasaporte o documento nacional de identidad); ii. o bien una fotografía de buena calidad acompañada al menos por otro elemento de identificación, como otros nombres, el nombre de uno de los padres o un detalle físico particular que no aparezca en la fotografía. b) Si la persona no ha sido identificada: i. una fotografía de buena calidad, o ii. las huellas dactilares, o iii. el perfil de ADN.

A partir de ahí, se tiene que no se requiere de una orden preliminar por autoridad judicial que disponga de la publicación de esa circular, sino que en este caso, basta con la plena demostración de que A.S. está implicado en una investigación penal para proceder de conformidad, ya que detenta en su contra una orden de captura vigente con miras a obtener su injurada.

No resulta desproporcionada la emisión de la Circular Azul cuyos fines informativos permiten a las autoridades extranjeras conocer la situación del investigado, en aras de cooperación internacional, más aún cuando el actor se encuentra en el extranjero, resultando razonable su publicación.

6. Es más, como lo refirió el a quo, tal publicación cumple con los requisitos exigidos, toda vez que: (i) el actor tiene en curso una investigación penal adelantada por la Fiscalía 17 Especializada de Cali, por los presuntos delitos de homicidio, tortura y concierto para delinquir, (ii) fue diligenciado el respectivo formulario con su plena identificación, apellidos, nombre, sexo y fecha de nacimiento, información relativa a las pesquisas, así como una exposición de la fecha, lugar y ocurrencia de los hechos investigados, tal como se aprecia a folio 57 del cuaderno del Tribunal, y (iv) fue autorizada por el Jefe de Investigaciones Internacional de dicha entidad.

7. Por todo lo anterior, que no puede pregonarse alguna vulneración a los derechos fundamentales de A.A.S., con la publicación de la Notificación Azul de INTERPOL, pues contrario a lo manifestado en la demanda, no se demostró cómo su expedición afecta o le impide el libre ejercicio de sus derechos dentro del proceso que se sigue en su contra, cuando la misma es un mero acto de información que no implica una detención inmediata, a diferencia de la Circular Roja.

En tales condiciones, lo que se evidencia es que la parte demandada obró con apego a lo legalmente establecido para la emisión de la Notificación Azul, sin que se observe en dicho actuar alguna acción u omisión constitutiva de vía de hecho, por lo que no existe agravio o amenaza a los derechos fundamentales a que hace referencia el libelista, motivo por el cual la acción de tutela incoada resulta improcedente, tal como lo concluyó el tribunal en la sentencia de primera instancia impugnada, por lo que la decisión impera su confirmación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en Sala de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Confirmar el fallo impugnado, de conformidad con la motivación que antecede.

2. Notificar según lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. Enviar las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cúmplase.

Magistrados: José Leonidas Bustos MartínezEugenio Fernández CarlierPatricia Salazar Cuéllar.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.