Sentencia STP12364-2015 de septiembre 10 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Nº 1

STP12364-2015

Radicación: 81.692

(Aprobado acta 315)

Magistrado Ponente

Dr. Eyder Patiño Cabrera

Bogotá, D.C., diez de septiembre de dos mil quince.

Asunto

Se resuelve la impugnación presentada por JUAN CARLOS MARTÍNEZ VÁSQUEZ frente a la decisión proferida el 12 de agosto de 2015 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual le negó la acción de tutela interpuesta contra el partido Alianza Verde y la Registraduría Nacional del Estado Civil, por la presunta vulneración de sus derechos al debido proceso y a elegir y ser elegido.

Antecedentes

1. Hechos y fundamentos de la acción.

Fueron relatados por el A quo de la siguiente manera:

(…) Refirió el libelista que(1), como militante de la Alianza Verde, se inscribió a la consulta popular llevada a cabo el pasado 18 de julio de 2015, para obtener un aval como aspirante a la Junta Administradora Local de Rafael Uribe Uribe y, pese a que obtuvo el tercer lugar, no fue incluido dentro de la lista de candidatos inscrita ante la Registraduría para los comicios que tendrán lugar en octubre del presente año. Dijo que, en escrito presentado el 24 de julio de 2015, impugnó la decisión ante el Comité de Avales del movimiento político, sin que a la fecha de presentación de la demanda haya obtenido pronunciamiento. Acudió al trámite constitucional con el fin de que se ordene a dicho grupo respaldar su inscripción como candidato.

La sentencia impugnada

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá negó el amparo al considerar que la autoridad llamada para resolver la inconformidad del accionante es el Consejo Nacional Electoral, conforme con lo establecido en el artículo 7º de la Ley 130 de 1994.

Precisó que el presente trámite no puede invadir la competencia de otras autoridades, sin que se observe la presencia de una «vía de hecho» o la presencia de un perjuicio irremediable.

La impugnación

JUAN CARLOS MARTÍNEZ VÁSQUEZ insistió en los planteamientos de la demanda e indicó que la tutela es el único mecanismo que puede proteger sus garantías fundamentales de forma expedita.

Aseguró que no es posible que el Consejo Nacional Electoral resuelva la controversia planteada, dada la cercanía de los comicios electorales.

Consideraciones

1. Problema jurídico.

Corresponde a la Corte determinar si los accionados vulneraron los derechos al debido proceso y a elegir y ser elegido del interesado, por negarse a inscribirlo como candidato a la Junta Administradora Local de la Localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá.

Para resolver, verificará previamente si se satisface el principio de subsidiariedad que rige el ejercicio de la acción.

2. Improcedencia de la tutela por ruptura del principio de subsidiariedad.

2.1. La Constitución Política, en el artículo 86, estableció la tutela como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual que tiene por objeto la protección de manera efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, ante su vulneración o amenaza, proveniente de la acción u omisión atribuible a las autoridades públicas o de los particulares, en los casos que la ley regula, siempre que el interesado no cuente con otros medios de defensa judicial.

De su naturaleza se infiere que cuando el ordenamiento jurídico establece otro mecanismo judicial efectivo de protección, el interesado debe acreditar que acudió en forma oportuna a aquél para ventilar ante el juez ordinario la posible violación de sus derechos constitucionales fundamentales.

Por lo tanto, se constituye en presupuesto de procedibilidad, el agotamiento de todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial(2).

2.2. En el presente caso, se observa que razón le asistió al a quo cuando señaló que la actor se equivocó al elegir la tutela como ruta para censurar la decisión mediante la cual resultó excluido de la lista de candidatos del partido Alianza Verde que aspiran a la Junta Administradora Local de la localidad RAFAEL URIBE URIBE de Bogotá, ya que es claro que tiene la posibilidad de impugnar dicha determinación ante el Consejo Nacional Electoral de conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la Ley 130 de 1994, el cual prevé:

(…) Obligatoriedad de los estatutos. La organización y el funcionamiento de los partidos y movimientos se regirá por lo establecido en sus propios estatutos. Cualquier ciudadano, dentro de los veinte días siguientes a la adopción de la respectiva decisión, podrá impugnar ante el Consejo Nacional Electoral las cláusulas estatutarias contrarias a la Constitución, a la ley o a las disposiciones del Consejo Nacional Electoral, o las decisiones de las autoridades de los partidos y movimientos tomadas contraviniendo las mismas normas.

Los partidos y movimientos inscribirán ante el Consejo Nacional Electoral los nombres de las personas que, de acuerdo con sus estatutos, hayan sido designados para dirigirlos y para integrar sus órganos de gobierno y administración, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de la respectiva designación. El Consejo Nacional Electoral podrá, de oficio o a solicitud de cualquier persona, exigir que se verifique la respectiva inscripción y aun realizarla si dispone de la prueba correspondiente. Cualquier ciudadano podrá impugnar ante el Consejo Nacional Electoral la designación de esas directivas dentro de los quince (15) días siguientes a la misma, por violación grave de los estatutos del partido o movimiento. Para todos los efectos, el Consejo Nacional Electoral sólo reconocerá como autoridades de los partidos y movimientos a las personas debidamente inscritas ante él.

Lo anterior se encuentra soportado en el contenido del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, que en su numeral 1º estableció como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia “de otros recursos o medios de defensa judiciales”, salvo que se la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable(3), el cual no se vislumbra en este asunto.

Así las cosas, la Sala encuentra que no es de su competencia considerar las inconformidades planteadas en el amparo constitucional, pues ello sería tanto como conocer el fondo del asunto y asumir funciones que no le está permitido conocer frente a la legalidad del cuestionado aval otorgado por el partido Alianza Verde.

3. Ahora, respecto de la posibilidad de revocar el aval otorgado a una persona para que actúe como candidato de una colectividad política, que en últimas implica la modificación de las listas o candidatos, ninguna de las normas que regulan la materia hace alusión a sus condiciones o requisitos.

Sobre ese aspecto, el Consejo Nacional Electoral ha conceptuado que(4):

(…) no existe limitación alguna en este aspecto, quedando sujeta únicamente a circunstancias de tiempo.

En este estado de las cosas, asumiendo que al aval es un acto potestativo y unipersonal de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, en cuanto a que es manifestación de la voluntad que posibilita una candidatura, y simultáneamente es garantía de las condiciones morales y calidades del beneficiario, dable es predicar su revocabilidad aún sin consentimiento del candidato.

Lo anterior para concluir, que en cualquier momento desde la inscripción hasta el vencimiento del término la modificación de candidaturas, resulta válida la revocatoria del aval por parte de la agrupación política que lo expidió.

Así, pues, si el otorgamiento del aval político tiene por finalidad garantizar la idoneidad moral del candidato(5) en un acto de responsabilidad política que garantiza el ejercicio democrático del proceso electoral, dentro del contexto de la unidad de partido que motivó la reforma a esta institución, para fortalecer el régimen de los partidos políticos y su actuación coherente bajo el régimen de bancadas, entre otras, se ha de aceptar que esta especial condición es inherente a la autonomía que la Constitución Política reconoce a los partidos políticos, de modo que defiere en ellos la posibilidad de regular estatutariamente los mecanismos, controles y procedimientos para su debido funcionamiento.

Por lo tanto, la intromisión del juez de tutela resulta contraria a la autonomía constitucionalmente otorgada a las colectividades políticas, porque sus atribuciones y decisiones están amparadas bajo su discrecionalidad, pues es a la colectividad política en el marco de la dinámica de la democracia, a quien le corresponde evaluar sobre el otorgamiento o la revocatoria de un aval.

Adicionalmente, incluso si se considerase que la acción tutela es mecanismo procedente para exigir el otorgamiento de un aval o rectificar la revocatoria de uno conferido, es necesario analizar que los derechos invocados no han sido vulnerados.

En cuanto al debido proceso que se aduce como vulnerado, en precedencia se han detallado las particulares características de esta atribución, su legitimación en cabeza del partido y la responsabilidad política que surge para la colectividad política y el candidato, la naturaleza especial del aval como parte de un acto preparatorio —el de la inscripción electoral— razones para concluir que no es dable predicar las reglas del debido proceso a una actuación que ni es pública, tampoco asimilable a las reglas del proceso administrativo, ni requiere ser motivada.

Con respecto al derecho a la participación política en su manifestación de elegir y ser elegido, se ha de resaltar que la intervención del juez constitucional solo se justifica cuando a favor del accionante ha surgido de manera clara el derecho fundamental en comento y su pretensión no consiste en la concreción de una mera expectativa(6). En el presente asunto se discute la vulneración de derechos surgida de una mera expectativa respecto de la posibilidad de ser elegido, pues se trata de una situación que en la debida oportunidad puede ser modificada por la colectividad política en la que milita el aspirante y en consecuencia, sólo será definitiva cuando precluye la oportunidad para su retiro.

Además, obligar a la Registraduría Nacional del Estado Civil a inscribir extemporáneamente a un candidato para unas elecciones, implica violar el procedimiento legal(7), extendiendo aún más, en forma desproporcionada, una etapa en la que no podrían presentarse otras posibles modificaciones.

Se trata entonces, de reglas generales estatuidas para hacer efectivo el ejercicio de la democracia en nuestro país, fundamento del Estado Social de Derecho, sobre las cuales reposa incluso una reserva legal especial por el carácter estatutario reconocido para las normas generales que la regulan.

Así, pues, la presente acción de tutela deviene en improcedente (i) porque pretende dejar sin efecto una decisión amparada en la autonomía reconocida a las colectividades políticas, que no corresponde a una actuación administrativa de la que se prediquen las reglas del debido proceso, (ii) busca que las autoridades electorales procedan a aceptar un candidato que no fue inscrito en el término que concede la ley para ello y (iii) porque no se evidencia la vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados en la demanda.

Por las anteriores consideraciones se ratificará el fallo.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas Nº 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. Confirmar la sentencia impugnada.

2. Disponer el envío de las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisión de los fallos proferidos.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Eyder Patiño Cabrera—Gustavo Enrique Malo Fernández—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 Folios 5 a 17.

2 Ver Corte Constitucional. Sentencias C-590 del 8 de junio de 2005 y T-332 del 4 de mayo de 2006. CSJ STP, radicación 31.781, 32.327, 36.728, 38.650, 40.408,41.642, 41.805, 49, 752, 50.399, 50.765, 53.544, 54.762, 57.583, 59.354, 60.917, 61.515, 62.691, 63.252, 64.107, 65.086, 66.996, 67.145, 68.727, 69.938 y 70.488.

3 Sentencia T-226 de 2007 de la Corte Constitucional (…) Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en cuenta la presencia concurrente de varios elementos que configuran su estructura, como la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados.

4 Concepto del 10 de marzo de 2005, M.P. Luis Eduardo Botero Hernández, radicación 0458 de 2005; y concepto del 17 de junio de 2003, M.P. Nydia Restrepo Herrera, radicación 2332.

5 Se ha de tener en cuenta que con respecto de las reservas personales que puedan albergar los entes nominadores se ha considerado que se trata de “circunstancia que escapa por completo al análisis del juez de tutela” (Sent. T-1190/2004).

6 Sentencia T-1005 de 2006.

7 El artículo 2º de la Ley de la 163 de 1994 establece el plazo de los 5 días posteriores a la inscripción como término para efectuar las modificaciones a la inscripción de candidaturas y la Resolución 1073 de 2007 de la Registraduría Nacional del Estado Civil fijó el calendario electoral, correspondiendo el plazo de modificación entre el 9 y el 15 de septiembre de 2007.