Sentencia STP13031-2015 de septiembre 24 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS

Rad.: 82053

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros sean eliminados, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.)

STP13031-2015

Aprobado acta 338

Bogotá, D. C., veinticuatro de septiembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Para resolver se considera

Esta Sala es competente para pronunciarse sobre la impugnación presentada por la parte accionante, de conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.3.1.2.4 del Decreto 1069 de 2015 – Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho (antes artículo 4º del Decreto 1382 de 2000) y el artículo 44 del reglamento de la corporación.

Es temática incesantemente reiterada por la jurisprudencia que la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional y se encuentra sujeta al cumplimiento de exigentes condiciones de orden general y especial.

En virtud de las primeras es necesario: (i) que la problemática tenga relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los recursos o medios ordinarios o extraordinarios de defensa; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez; (iv) que el actor identifique debidamente los hechos que generaron la violación y los derechos afectados; y, (v) que la providencia controvertida no sea una sentencia de tutela.

Aun superados los anteriores condicionamientos, la concesión del amparo se encuentra supeditada a que aparezca probada la ocurrencia de alguna de las causales específicas de procedibilidad, a saber: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente o violación directa de la Constitución (CC C-590/05 y T-488/14, entre otras).

El fallo materia de impugnación se funda en el incumplimiento de la segunda condición genérica de procedibilidad, esto es, el agotamiento previo de los medios ordinarios y extraordinarios de defensa, toda vez que el proveído del 19 de agosto de 2014, por medio del cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral de Descongestión, negó la concesión de la casación interpuesta por XXX XXXX, admitía la formulación del recurso de reposición y el mismo fue interpuesto extemporáneamente, con lo cual la propia parte interesada condenó al fracaso ese mecanismo de defensa, proceder que no puede ser subsanado con el ejercicio de la acción de tutela, pues esta no se encuentra instituida para revivir oportunidades procesales que se dejaron precluir.

Al respecto, no se comparte la tesis de la accionante, quien pregona la existencia de un defecto por exceso de ritual manifiesto, ya que no puede constituir tal irregularidad el cumplimiento de los mandatos legales, como el contenido en el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil (aplicable en materia laboral por disposición del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo), el cual establece que los términos y oportunidades señalados para la realización de los actos procesales de las partes son perentorios e improrrogables, proposición normativa que se amolda al canon 228 constitucional, según el cual: “Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”.

Sin embargo, esta Sala tiene presente la vigencia del principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial que:

[…] estatuye el deber que tiene la autoridad judicial de proteger y salvaguardar las garantías individuales de las personas, en particular, en lo que se refiere a los derechos y libertades fundamentales, más allá del sometimiento a simples ritualidades y formalismos. La decisión rigurosa de declarar improcedente la acción de tutela cuando el actor no hizo uso del medio de defensa ordinario que tenía para hacer valer sus derechos, llevaría en determinados casos a que lo formal imperara sobre lo sustancial, pues, frente a la evidente violación de los derechos constitucionales fundamentales, prima la obligación estatal de garantizar la efectividad de los derechos, por encima de la exigencia de agotar los medios judiciales de defensa. De lo contrario, en aquellos eventos el juez de tutela estaría prestando su tácita aquiescencia frente a una vulneración de los derechos fundamentales de una persona, amparado en el subterfugio de la aplicación de una formalidad que debe ceder ante el derecho sustancial, por constituir éste la razón de ser de aquella. (CC. T-411/04).

Por tal motivo considera que la negativa del tribunal accionado a la casación interpuesta por XXX XXXX no puede mantenerse incólume con el fundamento esgrimido en el proveído del 19 de agosto de 2014, toda vez que esa decisión fue el producto de una aplicación automática e irreflexiva de una subrregla jurisprudencial, cumplida sin contemplar las particularidades del caso concreto.

La subrregla jurisprudencial aplicada es la siguiente: “[…] el interés económico del demandado para recurrir en casación se establece teniendo en cuenta el gravamen impuesto por la sentencia recurrida” (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Auto del 13 de septiembre de 2002. Radicación 17343). Con soporte en ella el tribunal concluyó: “[…] a la demandada XXX XXXX, no le asiste interés jurídico para recurrir en casación, toda vez que las condenas impuestas en las instancias procesales, lo fueron solo respecto de […] Caja Nacional de Previsión Social Eice en liquidación y/o […]”.

Aunque la señora XXX XXXX fue vinculada como demandada, su posición real dentro del proceso no era esa, sino la de tercero ad excludendum (CPC, art. 53), porque pretendía “la cosa o derecho controvertido”.

En efecto, YYY YYYY demandó de Cajanal Eice en liquidación el reconocimiento y pago del 100% de la pensión de ZZZ ZZZZ, aduciendo su condición de cónyuge supérstite. Al contestar la demanda, XXX XXXX adujo que el derecho reclamado le correspondía a ella (fl. 17 cdno. 1) y también aportó registro civil de matrimonio contraído con el causante y registros civiles de nacimiento de dos hijos procreados con aquél.

El Juzgado Octavo Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá declaró que el derecho le asistía a YYY YYYY porque XXX XXXX no acreditó un tiempo de convivencia superior a los cinco años. Además, adujo que el matrimonio celebrado entre ella y ZZZ ZZZZ debía considerarse nulo por razón del vínculo preexistente con YYY YYYY.

A su vez, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral de Descongestión, que conoció por apelación de XXX XXXX, estudió el derecho que le podría asistir a ella para acceder a la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente del causante y concluyó que la recurrente fue inferior a su deber probatorio, puesto que no logró demostrar “la convivencia entre ella y el causante, por un lapso superior a los 5 años durante la fecha anterior a la muerte”. Por tanto, al no encontrar acreditados los requisitos para que XXX XXXX pudiera hacerse acreedora a la pensión de sobrevivientes, decidió confirmar el fallo de primera instancia.

Respecto a situaciones similares la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado que:

[…] el artículo 53 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso laboral por remisión analógica, dispone que quien pretenda en todo o en parte la cosa o el derecho controvertido, podrá intervenir formulando su pretensión frente a demandante y demandado para que en el mismo proceso se le reconozca. Esto es lo que se denomina intervención ad excludendum. El de la compañera permanente de un pensionado fallecido que reclama que se le reconozca como sustituta de la pensión que había demandado la cónyuge del causante, es uno de los casos donde en materia laboral y de seguridad social procede la aludida intervención, pues lo que pretende la compañera permanente es que se le tenga a ella y no a la esposa del causante, como titular del derecho controvertido. (SL13388-2014. 1º de octubre de 2014. Radicación 59772).

En consecuencia, a la señora XXX XXXX no podía considerársele como demandada, para aplicarle la subrregla jurisprudencial citada, pues ella también pretendía el derecho en litigio y por ello las instancias estudiaron y decidieron la posibilidad de reconocimiento del mismo a su favor. De esa forma, la negativa de la casación resulta ser contra evidente frente al propio fallo del tribunal, que estudió la viabilidad de la pretensión de la señora XXXX. Tampoco es coherente que de esa manera se le negara interés jurídico para recurrir en casación, cuando previamente se le reconoció legitimidad para apelar el fallo, medio de gravamen mediante el cual aspiró a obtener el reconocimiento de ser “la única con derecho” a reclamar la sustitución pensional (fl. 37 cdno. 1).

De esa manera se estructura un defecto fáctico que redunda en afectación de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, vulneración que será objeto de amparo mediante la decisión de dejar sin valor y efecto el proveído del 19 de agosto de 2014, con el cual se negó la concesión de la casación, y la expedición de orden a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá para que se pronuncie sobre la procedencia del recurso extraordinario interpuesto, atendiendo la real posición procesal de la señora XXX XXXX, según lo plasmado en esta sentencia.

Cabe aclarar que el presupuesto de la inmediatez se considera satisfecho, atendiendo el cese de actividades presentado en la administración de justicia en el año 2014, así como también que, de acuerdo con los registros que obran en la página web de la Rama Judicial y anexos presentados a la demanda, la supresión de la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá determinó que el proveído de rechazo de la reposición se emitiera el 17 de marzo de 2015, mientras que la demanda de tutela se radicó el 13 de agosto del mismo año.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala Segunda de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. REVOCAR el fallo impugnado, para en su lugar CONCEDER el amparo deprecado por la señora XXX XXXX y, en consecuencia: (a) declarar sin valor y efecto el auto interlocutorio de fecha 19 de agosto de 2014, dictado dentro del proceso Nº 2011-00294, por medio del cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Descongestión Laboral, negó la casación interpuesta por la señora XXXX; y, (b) ordenar a la Sala Laboral de la corporación judicial mencionada, o a la que corresponda, que dentro del término de cinco (5) días, siguientes a aquel en que le sea notificado el presente fallo, se pronuncie sobre la procedencia del recurso extraordinario precitado, atendiendo la real posición procesal de la señora XXX XXXX, según lo plasmado en esta sentencia.

2. NOTIFÍQUESE de conformidad con lo preceptuado en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. REMÍTASE el asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase».