Sentencia STP14283-2015 de octubre 15 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS 1

Rad.: 82097

Acta 368

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

Bogotá, D.C., quince de octubre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

De conformidad con la preceptiva del artículo 1º, numeral 2º del Decreto 1382 de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta, en tanto lo es en relación con la decisión adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de la cual es su superior funcional.

La Sala confirmará el fallo impugnado, por las razones que a continuación se exponen:

El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando por actuación u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no haya otro medio de defensa judicial o, si existe, cuando se utiliza como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable.

1. Cuestión preliminar.

La señora Mireya Beltrán Rodríguez y 47 personas más, el 3 de noviembre de 2009 instauraron acción de tutela contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes —PAR— de Telecom, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, mínimo vital, seguridad social, vida digna, debido proceso, situación más favorable al trabajador, derechos adquiridos, vida y derecho a la familia.

En aquella oportunidad pretendían, que se ordenara al PAR, o a quien haga sus veces, “incluirlos en el plan de pensión anticipada, pagarles las mesadas dejadas de percibir, con el incremento salarial y debidamente indexadas, desde la fecha de su desvinculación real y hasta que se les notifique el reconocimiento de la pensión de jubilación y la inclusión en nómina de pensionados. También solicitan ordenarle al PAR que cancele lo correspondiente a los aportes a la seguridad social dejados de hacer desde el momento del despido y hasta cuando se los incluya en la nómina del PPA”.

El Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba, mediante sentencia de fecha 17 de noviembre de 2009, concedió el amparo solicitado, ordenando al Patrimonio Autónomo de Remanentes “(…) incluir a los peticionarios en la nómina del PPA, pagarles las mesadas y demás emolumentos dejados de percibir, debidamente indexados, desde la fecha de desvinculación real y hasta que se les notificara por Caprecom el reconocimiento de la pensión de jubilación. Finalmente, le ordenó cancelar los aportes a la seguridad social dejados de pagar desde el despido y hasta cuando se los incluya en la nómina del PPA”, decisión que impugnada, fue confirmada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar, en proveído adiado 5 de febrero de 2010.

En sede de revisión, la Corte Constitucional en Sentencia SU-377 de 2014, resolvió negar por improcedente el amparo solicitado por la actora, bajo los siguientes argumentos:

iii.i. Problemas de inmediatez en los casos de PPA

150. En todos los casos de PPA, y no solo en los que se considerarán a continuación, se observa para empezar lo siguiente. El PPA fue ofrecido por Telecom a sus trabajadores a comienzos del primer semestre del año dos mil tres (2003). No obstante, las acciones de tutela con esta pretensión se interpusieron en el segundo semestre del año dos mil nueve (2009). Trascurrieron entonces, entre el ofrecimiento del plan y el de la promoción de las tutelas, por lo menos seis (6) años. Estas personas fueron ciertamente trabajadoras de una empresa que solo se liquidó en enero de dos mil seis (2006), fecha en la cual fueron desvinculados muchos de los actores. En algunas de las tutelas se alega que la inmediatez debe contarse desde ese momento. Pero conviene precisar, primero, que no todos fueron desvinculados cuando se liquidó la empresa, y que algunos lo fueron años antes (en 2003); y segundo, que incluso contando el tiempo desde esa fecha, los actores tardaron cuando menos tres (3) años para presentar sus tutelas, y ese es un término prima facie irrazonable para efectos de determinar su inmediatez. En efecto, la jurisprudencia de la Corte ha sostenido que no cumple con la inmediatez una tutela contra el PAR, en la cual se solicita inclusión en el PPA, cuando los actores dejan trascurrir, sin justificación razonable, cerca de tres (3) años o más, contados desde su desvinculación, para presentarla (p.ej. Sent. T-551/2009).(1) Con todo, en algunos eventos, esa impresión de irrazonabilidad se puede desvirtuar. La Sala pasa a considerar los casos en los que se aportó algún elemento adicional, con el fin de establecer si se alcanzó a desvirtuar esa conclusión preliminar.

(…).

150.15. Obra copia de una respuesta dirigida por el PAR a la señora Mireya Beltrán Rodríguez el tres (3) de noviembre de dos mil seis (2006), que versa sobre una solicitud de esta última de ser incluida en el grupo de beneficiarios del PPA. La Corte advierte que esta misma peticionaria interpuso la presente acción de tutela el tres (3) de noviembre de dos mil nueve (2009).Según las pruebas, había sido desvinculada de Telecom en la fecha de terminación del proceso liquidatorio; es decir, el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006).De modo que dejó trascurrir, para promover el amparo, un término de seis (6) años contados desde que fue ofrecido el PPA, uno de tres (3) años computado desde que se le acabó el vínculo laboral con la compañía, y uno de dos (2) años contados desde que se le dio respuesta a su solicitud de inclusión al PPA. La tutelante no expone motivos que justifiquen con suficiencia el trascurso de tan amplio período de tiempo para reclamar la protección judicial de sus derechos. Por lo mismo, conforme con lo antes expuesto, la Corte Constitucional considera que la tutela presentada por la señora Mireya Beltrán Rodríguez debe ser declarada improcedente por falta de inmediatez.

En consideración a lo anterior, el estudio deberá ceñirse exclusivamente a la pretensión de la señora Mireya Beltrán Rodríguez, dirigida a que se “haga la sustitución patronal de mi defendida a Colombia Telecomunicaciones, hoy Movistar, a partir del 30 de diciembre del 2005, en el momento que firmaron el cambio de personería jurídica, con el Decreto 4781 del 30 de diciembre del 2005”.

2. La acción de tutela fue concebida como un mecanismo subsidiario y residual para la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando en el ordenamiento jurídico no existen, o existiendo no son eficaces, otros mecanismos judiciales para garantizar el ejercicio del derecho vulnerado o amenazado, a raíz de la acción u omisión de cualquier autoridad pública o, bajo determinados supuestos, de un particular.

Como regla general la acción de tutela no es el medio idóneo para reclamar las prestaciones sociales derivadas una relación laboral. Teniendo en cuenta las competencias de las diferentes jurisdicciones, es la jurisdicción laboral quien, en principio, está llamada a prestar su concurso para decidir controversias que se inscriben en el desarrollo de un contrato de trabajo.

En este orden de ideas, las pretensiones que están dirigidas, por ejemplo, a obtener el pago de salarios, el reconocimiento de prestaciones sociales, el reconocimiento o reliquidación de pensiones, la sustitución patronal, el reintegro de trabajadores y, en fin, todas aquellas prestaciones que derivan su causa jurídica de la existencia de una relación laboral previa, en principio, no están llamadas a prosperar por vía de la acción de tutela, en consideración al criterio de subsidiaridad que reviste la protección constitucional.

Esta limitación encuentra su razón de ser en la existencia de otros medios judiciales. No obstante, verificada la existencia de otros mecanismos que permitan garantizar el ejercicio del derecho fundamental vulnerado o amenazado, resulta necesario el análisis de idoneidad del mismo, tendiente a determinar si la acción de tutela resulta procedente, con el fin de conceder un amparo transitorio, evitando la materialización de un perjuicio irremediable.(2)

Pues bien, descendiendo al caso que concita la atención de la Sala en esta oportunidad, se advierte que el a quo, acertadamente resolvió el asunto sometido a su consideración, pues, frente a la pretensión de la actora, señaló:

Así mismo, tal como se indicó líneas atrás, fue con ocasión de la emisión del Decreto 2062 de 2003 que se suprimió la planta de personal de Telecom, en atención al proceso liquidatario de la entidad, incluyendo, por supuesto, el cargo que ocupaba la accionante; por ende, cesó la prestación efectiva del servicio por parte de la extrabajadora en Telecom, al paso que, en el expediente tutelar, no milita elemento de convicción alguno que permita inferir que continuó con su labor en la Empresa Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, siendo ello un presupuesto necesario para predicar la sustitución patronal.

Así las cosas, como quiera que no se encuentran acreditados los requisitos para declarar la sustitución patronal, desestima la Sala la pretensión de la demandante en ese sentido (negrillas nuestras).

Ello por cuanto, el problema jurídico ya fue dilucidado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia(3) en los mismos términos, así:

Es tema indiscutido que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom desapareció y que el contrato de trabajo de (…) terminó por la liquidación de la entidad, y por la autorización de la supresión de cargos ordenada por los decretos 1615 y 2062 de 2003, a partir del 26 de julio de 2003. La censura muestra total conformidad respecto de lo que consignó el ad quem, en cuanto a que la terminación del contrato, aunque legal, constituyó un despido injusto que generó el pago de una indemnización convencional por la suma de (…). Así las cosas, no queda duda que el contrato del actor no continuó con la nueva empresa, sino que finalizó por la liquidación de Telecom, y que con el pago de la indemnización quedaron resarcidos los perjuicios causados al demandante.

La decisión del tribunal en este específico tema, se adecua a la línea que de tiempo atrás ha trazado la corporación, en el sentido de que, para que se configure la sustitución patronal, se requiere que el trabajador continúe prestando efectivamente sus servicios al nuevo patrono, situación que en este caso no se presenta, pues no hay elementos probatorios que así lo indiquen. Además, valga recordarlo, la confirmación que le impartió el ad quem a la sentencia de primera instancia, también abarcó la declaratoria de encontrar probada la excepción de “inexistencia del contrato de trabajo con Colombia Telecomunicaciones S.A.”.

Resulta irrelevante profundizar entonces para el caso en estudio, sobre el tema de la sustitución empresarial que plantea la censura, porque de todos modos, el actor no continuó prestando servicios con la nueva empresa, toda vez que, se reitera, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom terminó el contrato de trabajo, aunque de manera injusta, pero lo indemnizó con la suma de (…), bajo los parámetros de la Convención Colectiva vigente y, por consiguiente, la nueva entidad “Colombia Telecomunicaciones” resulta ajena a cualquier pretensión de quien jamás le prestó servicios.

Ahora bien, la actora solicita “Indemnización de los daños morales y materiales y físicos la suma de dos mil quinientos millones de pesos moneda colombiana $2.500.000.000”.

Con acierto resolvió al a quo la pretensión de la actora, pues a partir de los presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional(4), la accionante cuenta con otra vía procesal para realizarla.

Impera recordar que el primordial objeto de la acción de tutela consiste en lograr, de manera preferente y sumaria, la protección cierta y efectiva de los derechos fundamentales cuando son objeto de violación o amenaza. En ese sentido, la providencia que profiera el juez en el marco de este especial procedimiento debe estar encaminada básicamente al enunciado propósito constitucional y, por ende, lo esencial en ella está conformado por la resolución acerca de si se otorga la tutela y por las órdenes que el juez estime necesario impartir con miras al amparo del derecho o los derechos afectados.

Por las anteriores razones, y tal y como fue anunciado, la providencia impugnada se confirmará.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el fallo impugnado por las razones expuestas en precedencia.

2. Ejecutoriada esta decisión, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

3. Notifíquese de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese y cúmplase».

1 Sentencia T-551 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo). En ese caso, la Corte concluyó que había problemas de inmediatez, por una parte, porque “[…] observado el lapso transcurrido entre las fechas de desvinculación de los accionantes, que en unos casos se remontan a los días 25 y 26 de julio de 2003 y en los demás asuntos datan del 1º de febrero de 2006, y tomando en cuenta que la acción constitucional fue instaurada conjuntamente solo hasta el 15 de diciembre de 2008, se aprecia desvirtuado el requisito de la inmediatez que debe concurrir en la acción de tutela”. Pero no bastó con eso, sino que además advirtió que en ese lapso trascurrido hasta la presentación del amparo, los actores no habían actuado con diligencia.

2 C.C. T-179/03, C.C. T-999/01, C.C. T-875/01, C.C. SU-086/99.

3 CSJ SL, 19 de febrero de 2008, radicado 30815, SL 13 de mayo de 2008, radicado 32421.

4 Mediante Sentencia C.C. SU-256/96, la Corte fijó los presupuestos para acceder por esta vía al reconocimiento de los perjuicios ocasionados, por la vulneración de derechos fundamentales, los cuales deberán ser cuidadosamente verificados por el juez de tutela, pues se trata de una pretensión que en principio no tiene vocación de prosperidad, en sede de acción tutelar. Así las cosas, las condiciones que deben reunirse son las siguientes: i) que la tutela sea concedida; ii) que el afectado no disponga de otro medio judicial para obtener el resarcimiento del perjuicio; iii) que la violación del derecho haya sido manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria; iv) que la indemnización sea necesaria para asegurar el goce efectivo del derecho; v) que se haya garantizado el debido proceso a quien resulte condenado y, en particular, que haya tenido la posibilidad de controvertir las pruebas.