Sentencia STP15240-2016/88123 de octubre 19 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

Ref.: STP15240-2016

Rad.: 88123

(Aprobado en Acta 331)

Bogotá D.C., diecinueve de octubre de dos mil dieciséis.

Se pronuncia la Sala en relación con la demanda de tutela presentada por Jhon José Montaña Gallego, en calidad de Procurador 322 Judicial I de Palmira (Valle), contra el extinto Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Descongestión de Palmira, o quien haga sus veces, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de esa ciudad, en actuación que involucró a la Sala Penal de Tribunal Superior de Buga, por la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso, dentro del proceso penal que se sigue contra José Harbey Medina Rivas, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

A la actuación fueron vinculados el procesado José Harbey Medina Rivas, su abogada defensora, los Juzgados Primero y Segundo Penales del Circuito de Palmira, al Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales del Circuito de esa localidad, la Fiscalía 169 Seccional de Pradera (Valle), así como las partes e intervinientes que actuaron en el proceso penal 765636000183201100255.

Antecedentes relevantes

De la información aportada a la actuación se encuentra el siguiente discurrir procesal relevante:

1. El 15 de julio de 2011 la Fiscalía presentó escrito de acusación contra José Harvey Medina Rivas por ser presunto autor del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, por los siguientes hechos, ocurridos el 16 de junio de 2011:

Dentro del control rutinario de la Policía Nacional, en inmediaciones de la calle 3 con carrera 12 del barrio “El Bolito”, del área urbana del municipio de Pradera (Valle), el uniformado de Policía Nacional, adscrito al Grupo EMCAR de la ciudad de Palmira, observó a una persona de raza negra, quien al notar la presencia del policial arrojó una bolsa plástica del color negro, por lo que los oficiales al verificar el contenido de la referida bolsa, encontraron en su interior otro paquete envuelto en cinta adhesiva color habano y bolsa color amarilla en su interior contenía sustancia estupefaciente de la comúnmente denominada marihuana por sus características y olor particular.

Agregó la Fiscalía que la sustancia incautada correspondió a 1.219 gramos netos de marihuana. (fl. 125 cdno. Corte).

2. El asunto fue repartido al Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira, bajo el radicado 76563600018320110025500, ante el cual el 31 de agosto de 2011 se celebró audiencia de formulación de acusación y el 10 de noviembre siguiente el acto preparatorio.

3. El 10 de abril de 2012 se dio inicio al juicio oral, sin que el acusado aceptara su responsabilidad, continuando con la fase probatoria y siendo suspendida a petición del ente fiscal.

Después de fijarse varias fechas para continuar el juicio (26 de febrero de 2013, 23 de julio de 2013, 6 de noviembre de 2014 y 27 de enero de 2015), fue agendada audiencia para realizarse el 30 de abril de 2015.

4. En forma paralela, el 30 de diciembre de 2014, el Fiscal del caso —169 Seccional de Pradera—, radicó ante el Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales del Circuito de Palmira el escrito de preacuerdo que celebró con el procesado José Harvey Medina Rivas, por la conducta investigada, en el que relacionó de manera idéntica la situación fáctica de la acusación, acordando lo que sigue:

Teniendo la imputación jurídica que inicialmente hizo la Fiscalía General de la Nación ante el señor Juez Promiscuo Municipal de Pradera con función de control de garantías, se tiene señor José Harbey (Sic) Medina Rivas, que usted con su actuar vulneró el bien jurídico de la salud publica delito por el cual usted preacuerda con el Estado para la aceptación de responsabilidad, se tiene que la presente aceptación de responsabilidad de fundamenta partiendo de la pena mínima a imponer como quiera que tiene a su favor las circunstancias de menor punibilidad que señala el artículo 55 del Código Penal numeral primero por carencia de antecedentes penales, sin que obren circunstancias de mayor punibilidad que señala el artículo 58 ibídem, ni circunstancias de agravación punitiva quedando la pena a imponer en la fecha de hoy con la aceptación de responsabilidad de la siguiente forma:

El acuerdo celebrado entre la Fiscalía y usted señor José Harvey Medina Rivas, en presencia de su defensor de confianza, consiste en reconocerle lo establecido en el artículo 56 del Código Penal que versa sobre las circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema, el cual establece que quien está bajo estas condiciones, en cuanto hayan influido directamente en la ejecución de la conducta punible y no tenga entidad suficiente para excluir la responsabilidad incurrirá en pena no mayor de la mitad del máximo, ni menor de la sexta parte del mínimo pactando las partes una pena de 45 (sic) meses de prisión. Esto constituirá la única rebaja compensatoria por el acuerdo ajustándonos a los lineamientos del inciso segundo del artículo 351 del Código de Procedimiento Penal.

Referente a la multa será proporcional al beneficio acordado. (fl. 82 cdno. Corte)

Dicha negociación fue asignada por reparto el 13 de enero de 2015 al Juzgado Primero Penal del Circuito de esa localidad, mismo que al tratarse de un asunto abreviado, lo remitió el 4 de febrero siguiente al reparto de los Juzgados Penales del Circuito de Descongestión de esa ciudad.

El preacuerdo fue repartido, bajo idéntico radicado 76563600018320110025500, al extinto Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Descongestión de esa ciudad, el cual en audiencia de 20 de febrero de 2015 —sin asistencia del Ministerio Público— verificó la negociación y, al encontrar que no se estaban afectando garantías fundamentales, emitió sentencia condenatoria contra Medina Rivas, imponiéndole la pena de 40 meses de prisión, como autor responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, multa de 51.56 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual tiempo de la pena principal. Así mismo, fue decretada la libertad inmediata del condenado por pena cumplida.

Decisión que no fue objeto de impugnación, por lo que al cobrar firmeza, las diligencias fueron enviadas a sede de ejecución, correspondiendo al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira.

5. El 27 de marzo de 2015 ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Palmira, en las diligencias ordinarias, el Fiscal 169 Seccional de Pradera (Valle) presentó solicitud de preclusión de las diligencias seguidas contra José Harvey Medina Rivas, argumentado la imposibilidad de continuar con la acción penal ante la existencia de cosa juzgada, ya que por los mismos hechos fue proferida sentencia condenatoria producto de un preacuerdo.

6. El 30 de abril de 2015, en la fecha programada para la continuidad del juicio oral, el funcionario de conocimiento suspendió la diligencia; continuando el 11 de septiembre siguiente, en cuyo acto negó petición de preclusión presentada por el ente acusador. Decisión contra la cual la Fiscalía, la defensa y el Ministerio Público presentaron recurso de apelación.

7. El 2 de diciembre siguiente, la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga confirmó la negativa de la preclusión, refiriendo que las actuaciones realizadas ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Descongestión de Palmira, constituyen una actuación irregular, no solo porque el preacuerdo resulta extemporáneo según el artículo 352 de la Ley 906 de 2004, sino porque debió haberse presentado ante la causa original tramitaba ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa ciudad, y no decidirse en actuación paralela, por lo que la sentencia condenatoria carece de legitimidad, sin que pueda ser una solución definitiva, «lo que impide tenerla como fundamento para predicar cosa juzgada».

Por último, compulsó copias penales y disciplinarias para que se investiguen las posibles irregularidades en las actuaciones del fiscal del caso, la juez que emitió la sentencia condenatoria y los funcionarios encargados del Centro de Servicios Judiciales de Palmira.

Fundamentos de la demanda

El doctor Jhon José Montaña Gallego, Procurador 322 Judicial Penal I de Palmira, actuando como agente especial del Ministerio Público, acude al presente reclamo constitucional, alegando el presunto desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso dentro de las actuaciones reseñadas, en la medida en que coexisten dos actuaciones penales por unos mismos hechos contra Jhon José Montaña Gallego, por lo que impera decretar la nulidad de la sentencia condenatoria emitida por el extinto Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Descongestión de Palmira, la cual se produjo irregularmente a consecuencia del preacuerdo celebrado entre el implicado y la Fiscalía, el cual debió haberse presentado ante la actuación original que se adelantaba ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa ciudad y no como una nueva actuación.

Advierte el libelista que no existe otro remedio judicial para superar las falencias acaecidas dentro del proceso penal, siendo procedente dejar sin efectos la condena impuesta a José Harvey Medina Rivas el 20 de febrero de 2015, al ser una clara vía de hecho que afecta el debido proceso y demás garantías fundamentales a las partes e intervinientes de la causa.

En consecuencia, solicita que se decrete la nulidad del citado fallo, así como de la totalidad de las posteriores actuaciones, disponiendo la remisión de los elementos materiales de prueba y el escrito de preacuerdo al Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira, para que continúe con la actuación.

Trámite de la acción

Admitida la demanda de tutela, se dispuso correr traslado de la misma a las autoridades accionadas, así como a todos los involucrados para que ejercieran el derecho de contradicción y aportaran las pruebas que estimaren pertinentes.

Al respecto, fueron allegadas las siguientes respuestas:

1. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Palmira enseña que inicialmente le fue asignado por reparto el asunto seguido contra José Harvey Medina Rivas para la verificación del preacuerdo suscrito con la Fiscalía, sin embargo al tratarse de un asunto de terminación anticipada del proceso, en virtud del Acuerdo PSAA13-10072 del Consejo Superior de la Judicatura, lo remitió al reparto de los Juzgados Penales del Circuito de Descongestión de esa ciudad, sin que con posterioridad a ello, tenga intervención alguna en el proceso reprobado en la demanda, razón por la cual solicita su desvinculación de la presente acción de tutela.

2. El doctor Mario Fernando Manrique Palomino, Juez coordinador del centro de servicios judiciales de Palmira, informó que en esa dependencia existe un sistema de reparto con el cual se asignan las solicitudes de audiencia en la modalidad de Ley 906 de 2004, instalado en el año 2010, el cual efectúa la asignación mediante grupos, «esto es, acusaciones con detenido, acusaciones sin detenido, preacuerdo con persona detenida, preacuerdo sin persona detenida, preclusión, entre otras»; sin que esa dependencia cuente con funciones de verificación o reorientación de solicitudes dada su naturaleza, además, que no se tiene un sistema de verificación similar al SPOA que guarde cronológicamente las actuaciones, sin que pueda derivarse alguna irregularidad en el trámite, contrario a la demanda.

3. Por su parte, el doctor Albeiro Marín Cataño, Juez Segundo Penal del Circuito de Palmira, reseñó la actuación procesal que registra la carpeta 765636000183201100255-00 seguida contra José Harvey Medina Rivas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, indicando que en momento alguno se han desconocido los derechos fundamentales de las partes o intervinientes, cuando se ha desarrollado la actuación conforme a derecho.

4. A su vez, la doctora Dalia María Ruiz Cortés, acudió al trámite, indicando que fungió como titular del extinto Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Descongestión de Palmira, al cual le eran repartidos asuntos de trámite abreviado, preacuerdos, allanamientos a cargos, solicitudes de preclusión y segundas instancias de juzgados de control de garantías.

Adujo que los asuntos inicialmente debían ser repartidos a los juzgados de conocimiento, para que éstos seleccionaran los trámites abreviados, para posteriormente efectuar el reparto en descongestión, entendiendo que ya había sido revisada la oportunidad procesal para la presentación de preacuerdos.

Expuso que en este caso, erradamente la Fiscalía presentó el escrito de preacuerdo ante el Centro de Servicios Judiciales y no al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Palmira de Palmira, donde se adelanta la actuación contra el implicado, lo cual generó que equivocadamente se repartiera al Juzgado Primero Penal del Circuito, sin percatarse que ya cursaba un proceso. Luego el asunto le fue asignado, sin que las partes o el Centro de Servicios le pusieran de manifiesto tal situación, por lo que procedió en derecho a tramitar el preacuerdo presentado, según sus competencias legales sin desconocer los derechos fundamentales de las partes e intervinientes.

Por lo demás, presentó sus consideraciones particulares sobre lo acontecido, destacando su correcto proceder durante la actuación, sin que pueda predicarse alguna afectación de su parte. Por ende, solicita que ante los yerros detectados, se adopte una solución jurídica para zanjar tal situación, ya sea decretando la nulidad de la sentencia condenatoria o precluyendo el proceso penal que aún se sigue contra el implicado.

5. A su vez, un Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga sostuvo que se atiene a los argumentos jurídicos expuestos en el auto de 2 de diciembre de 2015, a través del cual confirmó la negativa de la preclusión solicitada en el proceso penal que se adelanta contra José Harvey Medina Rivas.

6. Finalmente, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira aportó copia del auto de 19 de agosto de 2015, por medio del cual se abstuvo avocar conocimiento de la sentencia condenatoria emitida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Descongestión de Palmira, toda vez que dentro de ese trámite ya se había reconocido la libertad por pena cumplida.

Los demás involucrados guardaron silencio dentro del término concedido.

Consideraciones

1. La petición de amparo constitucional fue presentada en vigencia del Decreto 1382 de 2000, por el cual se establecen reglas de reparto para el conocimiento de la acción de tutela, y como involucra a la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga la competencia para definirla está atribuida a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por disposición del artículo 1º ibídem.

2. El artículo 86 de la Constitución Política consagró la acción de tutela como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, ante el menoscabo o amenaza derivados de la acción u omisión atribuible a las autoridades públicas o a los particulares, en las situaciones específicamente precisadas en la ley.

La doctrina constitucional ha sido clara y enfática al indicar que, cuando se atacan providencias judiciales, la acción de tutela sólo resulta procedente de manera excepcional. Pues, como regla general, la inconformidad de las partes con lo resuelto por los jueces ha de ser planteada y debatida en forma oportuna, acudiendo para ello a los medios de impugnación ordinarios y extraordinarios instituidos en el ordenamiento jurídico.

La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, acorde con la jurisprudencia constitucional, exige ciertos requisitos, unos genéricos y otros específicos, cuyo cumplimiento está obligado el demandante a acreditar, cualquier pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela, respecto de la eventual afectación de derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional, solamente es admisible cuando se haya determinado de manera previa la configuración de una de las causales de procedibilidad, lo cual implica una carga de acreditación para el actor respecto de la satisfacción de los mismos y de los supuestos fácticos y jurídicos en que se fundamenta la censura, de tal manera que resulte evidente la vulneración.

3. En el presente asunto, el Procurador 322 Judicial Penal I de Palmira, actuando como agente especial del Ministerio Público(1), alega el presunto desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso, dentro de la actuación penal abreviada que se adelantó ante el extinto Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Descongestión de Palmira, contra José Harvey Medina Rivas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Sostiene el demandante que la sentencia condenatoria de 20 de febrero de 2015, emitida en virtud del preacuerdo que celebró el procesado con la Fiscalía 169 Seccional de Pradera (Valle), comporta una seria irregularidad, en la medida en que desconoció la existencia previa del proceso penal que adelanta el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Palmira contra el implicado por los mismos hechos, el cual para el momento de la presentación del preacuerdo ya había dado inició a la fase probatoria en juicio oral.

Así, le corresponde a la Sala determinar si con las actuaciones adelantadas por las autoridades accionadas, dentro del proceso penal que se sigue contra José Harvey Medina Rivas, se han desconocido los derechos fundamentales que reclama el agente del Ministerio Público.

4. Previo a resolver el caso concreto, es necesario realizar las siguientes precisiones:

4.1. El debido proceso dentro en las actuaciones judiciales y administrativas exige que «nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio», siendo netamente primordial para las partes e intervinientes en un conflicto contar con la garantía plena que su asunto será definido por el funcionario competente o juez natural, siendo éste un elemento de carácter fundamental.

En materia penal, una vez el ente fiscal decide presentar escrito de acusación ante el respectivo juez competente para adelantar el juicio, es ese funcionario de conocimiento el juez natural del proceso (art. 19 C.P.P.), a quien le corresponde adelantar el procedimiento legal pertinente para desarrollar cada una de las etapas y resolver las controversias que presenten las partes e intervinientes dentro de ese específico asunto, de cara al debido proceso, legalidad, unidad procesal y demás derechos y garantías de los involucrados.

4.2. Ahora, en el marco de la justicia premial, nuestro ordenamiento procesal penal previó la posibilidad que la Fiscalía y el imputado o acusado logren preacuerdos que impliquen la terminación del proceso, con el fin de humanizar la actuación procesal y la pena, obtener pronta y cumplida justicia, activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito, propiciar la reparación integral de los delitos ocasionados y lograr la participación del imputado en la definición de su caso (art. 348 C.P.P.), en un plano de legalidad y respeto por las garantías fundamentales.

La normativa procesal penal regula el momento, oportunidad y modalidad en que pueden presentarse ese tipo de negociaciones, el cual sin lugar a dudas, una vez obtenido, será presentado ante el respectivo juez de conocimiento.

Así lo prevé el artículo 350 del C.P.P., al señalar que obtenido el preacuerdo, «el fiscal lo presentará ante el juez de conocimiento como escrito de acusación», tanto así, que lo acordado obliga al funcionario judicial, tal como lo prevé el inciso 4° del artículo 351 ibídem, que indica:

(…) Los preacuerdos celebrados entre fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías fundamentales.

Aprobados los preacuerdos por el juez, procederá a convocar la audiencia para dictar la sentencia correspondiente (…). (Negrilla fuera de texto).

Es decir, que independientemente de la modalidad del preacuerdo o del momento procesal en el que se pacte, ya sea desde la audiencia de formulación de imputación o con posterioridad a la presentación de la acusación, es al juez de conocimiento de la causa al que le corresponde verificar la legalidad o no del mismo, pronunciándose de fondo al respecto.

Por consiguiente, es claro que si la Fiscalía ya ha presentado un escrito de acusación, a partir del cual se ha definido al juez de conocimiento competente para conocer el proceso, resulta evidente que los preacuerdos surgidos con posterioridad a esa etapa, deben ser presentados ante tal funcionario natural y no otro, ya que se trata de la misma causa, con igual sujeto y situación fáctica.

No puede desligarse la actuación, ni generarse una nueva con la presencia de negociaciones posteriores, para que éstas sean definidas por un funcionario diferente del juez competente del juzgamiento, como si se tratara de un nuevo proceso, sustancialmente diferente o ajeno al núcleo fáctico, ya que ello devendría en un desconocimiento pleno de los derechos fundamentales y las garantías procesales de las partes e intervinientes, permitiendo un doble juzgamiento y atentando contra los principios de seguridad jurídica, legalidad, juez natural, justicia material, non bis in ídem, debido proceso, entre otros.

Todo ello, en observancia del principio de unidad procesal que rige la actuación, contenido en el artículo 50 del C.P.P., que a la letra dice: «por cada delito, se adelantará una sola actuación procesal, cualquiera que sea el número de autores o partícipes, salvo las excepciones constitucionales y legales», la cuales en el presente caso, no se advierten.

5. En este asunto, contra José Harvey Medina Rivas, el delegado de la Fiscalía General de la Nación el 15 de julio de 2011, presentó escrito de acusación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, correspondiendo el asunto al Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira, bajo el radicado 76563600018320110025500, ante el cual se desarrollaron las audiencias de formulación de acusación y preparatoria.

Se dio inició al juicio oral a partir del 10 de abril de 2012, tal como consta en el acta de audiencia visible a folio 120 cuaderno Corte, ante la presencia del ente fiscal, la defensa y el acusado, quien no aceptó responsabilidad por lo que continuó la fase probatoria, cuya etapa ha sido varias veces aplazada, a solicitud de las partes, sin que la misma se haya superado.

Sin embargo, estando la actuación en ese periodo, la Fiscalía radicó ante el Centro de Servicios Judiciales de Palmira, el 30 de diciembre de 2014 el preacuerdo que suscribió con el procesado, siendo erradamente repartido, bajo el mismo número de radicado 76563600018320110025500, al Juzgado Primero Penal del Circuito de Palmira, autoridad que al considerar el asunto como abreviado, a su vez dispuso su reparto ante los Juzgados Penales del Circuito de Descongestión de esa ciudad, siendo asignado al extinto Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Descongestión de Palmira.

En audiencia del 20 de febrero de 2015, ese despacho en presencia del acusado, su defensor y la Fiscalía —no acudió Ministerio Público—, impartió aprobación del preacuerdo presentado y profirió sentencia condenatoria contra José Harvey Medina Rivas, en los términos de la negociación pactada, esto es, como autor responsable del punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, bajo circunstancias de marginalidad o pobreza extrema, imponiéndole la pena de 40 meses de prisión, multa de 51.56 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por tiempo igual que la pena principal. Igualmente, decretó la libertad inmediata por pena cumplida.

Esa decisión no fue objeto de recurso alguno, lo cual permitió su ejecutoria.

Luego, el 27 de marzo de 2015, el mismo fiscal del caso presentó en la actuación original ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira, petición de preclusión por imposibilidad de continuar con la acción penal, ante la existencia de la citada sentencia condenatoria, cuya pretensión fue desfavorable mediante decisión de 11 de septiembre de 2015 y confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, el 2 de diciembre de ese año.

6. De la mera lectura del acontecer procesal, se advierte la flagrante afectación de los derechos y garantías fundamentales que reclama el demandante por esta vía constitucional, al ser evidente que a partir de actuaciones irregulares se produjo una ilegal terminación anticipada del proceso, por parte de un juez diferente del funcionario natural competente para resolver el asunto, que no es otro que el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira.

Desde el año 2011 en que fue radicado por la Fiscalía el escrito de acusación contra Medina Rivas, esa autoridad judicial quedó a cargo el conocimiento y desarrollo de proceso, sin que dentro de éste se haya presentado alguna causal de incompetencia o impedimento, siendo una circunstancia que ni siquiera ha sido debatida, ni relacionada en el material probatorio allegado a este trámite.

Se aprecia que el preacuerdo que celebró la Fiscalía y el acusado, en razón de los mismos hechos materia de juzgamiento, fue presentado el 30 de diciembre de 2014, ante el Centro de Servicios Judiciales de Palmira y redireccionado al extinto Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Descongestión de esa localidad, para ser resuelto como si se tratase de un novedoso trámite abreviado, y en el que se procedió a verificar la negociación y emitir sentencia condenatoria, sin miramiento alguno a que contra el mismo procesado, de manera previa, se estaba adelantando un juzgamiento por los mismos hechos, incluso tramitado con idéntico número de radicado.

Es decir, que dentro del trámite abreviado en el que se produjo sentencia anticipada, hubo un desconocimiento absoluto de las formas del juicio, porque el funcionario judicial dio un trámite por completo ajeno al pertinente, en la medida que verificó un preacuerdo que debió presentarse ante el proceso penal que ya estaba en curso, en el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira, autoridad que conforme los artículos 350 y 351 del C.P.P., como quedó expuesto con anterioridad, al ser el juez de conocimiento, es quien ostenta la competencia para resolver al respecto.

A partir de ahí, esta Sala detecta configurado un defecto procedimental absoluto, en los términos de la jurisprudencia constitucional (Cf. C.C. T-1049 de 2012), como requisito específico para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuyo error exige que la decisión cuestionada por esta senda se haya adoptado al margen del procedimiento legal establecido.

La sentencia condenatoria emitida en el marco del trámite abreviado de 20 de febrero de 2015, proferida por el extinto Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Descongestión de Palmira, no fue impugnada, encontrándose ejecutoriada; advirtiendo el juez constitucional que se hace necesaria su intervención para corregir el yerro detectado, ante la carencia de otra vía judicial que resulte efectiva, ante la evidente afectación de derechos que se presenta.

Ello, porque si bien la acción de revisión resultaría, en principio, ser el medio judicial propicio para el levantamiento de la inmutabilidad de la cosa juzgada, se aprecia que de todas maneras contra el fallo condenatorio, solo prosperaría la misma por afectación del non bis in ídem, siempre que exista otra decisión judicial definitiva, la cual en el presente caso, no se corrobora, en el entendido que el proceso ordinario original que se propició por los mismos hechos, aún está en curso, en la etapa de juzgamiento.

Es tan claro, el defecto procesal detectado que con el mismo se produjo una definición alterna al asunto penal seguido contra José Harvey Medina Rivas, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, superando cualquier respeto por el debido proceso, juez natural, seguridad jurídica y legalidad, en plena afectación de los derechos fundamentales de las partes e intervinientes, quienes como el Ministerio Público accionante, fueron llamados al proceso penal ordinario, desconociendo que con posterioridad a éste se produjo a la par una actuación penal definitiva, en virtud del preacuerdo que celebró la Fiscalía con la defensa.

Así, queda expuesto que la sentencia condenatoria abreviada, fue producto de un defecto procedimental absoluto que la convierte en una franca vía de hecho, habilitando al juez constitucional para zanjar las vulneraciones detectadas, toda vez que, como quedó anotado, la solicitud de preacuerdo fue resuelta por un funcionario judicial que superó la competencia radicada en el juez natural de la causa, esto es, el Juzgado Segundo Penal con Funciones de Conocimiento de Palmira, quien previamente, conoció del asunto e incluso, tramita la etapa de juzgamiento.

7. Se aclara que no es en sí misma la celebración del preacuerdo el acto que se reprueba por este medio, sino su indebido trámite ante un juez paralelo como abreviado, lo que genera la lesividad que aquí se reconoce.

El artículo 352 del C.P.P., prevé la posibilidad que la fiscalía y el acusado preacuerden con posterioridad a la presentación de la acusación y hasta el momento en que sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad, permitiendo reducir la pena en una tercera parte.

Sin embargo, el momento alguno la normativa procesal prevé que los eventuales pactos ocurridos luego del inicio del juicio oral —aunque no tenga deducciones de pena—, sean presentados ante otro funcionario, por el contrario, deben ser puestos a consideración del rector del juzgamiento y éste a su vez decidirá lo que en derecho corresponda, en respecto de los principios y garantías que rigen el procedimiento penal.

En efecto, dicho pacto, fue reconocido por el juez de descongestión, lo cual permitió al procesado obtener beneficios punitivos en un procedimiento ilegal paralelo, cuando ello debió presentarse ante el juez natural para su definición, a quien le corresponde en últimas determinar, sobre la admisibilidad o no de la negociación y el reconocimiento de gracias punitivas, pues dicho reconocimiento incidió directamente en el procedimiento penal, al finiquitar de manera prematura el juicio oral, público y contradictorio.

Desde esa arista, la determinación de una pena alterna a la que pudiera definir el juez natural en el juicio oral, público y contradictorio, enfrenta una irregularidad de contenido procedimental que impone dejar sin efectos, la sentencia abreviada proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Descongestión de Palmira.

8. Entonces, lo procedente por esta vía de tutela es conceder el amparo al debido proceso, reclamado por el agente del Ministerio Público, ante la franca vía de hecho estructurada en la sentencia condenatoria que se reprueba en la demanda.

Por consiguiente, en aras de direccionar el debido cauce del proceso penal que enfrenta José Harvey Medina Rivas ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira, se dejará sin efecto la actuación, a partir de la audiencia de 20 de febrero de 2016 de verificación de preacuerdo y emisión de sentencia condenatoria, proferida por el extinto Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Descongestión de esa ciudad.

Igualmente, se ordenará al Juzgado Primero Penal del Circuito de Palmira y/o al despacho donde actualmente se encuentren las citadas diligencias, que de manera inmediata, remita el expediente abreviado al proceso ordinario original que adelanta el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira, para que allí continúen las diligencias y, en el término de cinco (5) días decida en derecho sobre el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y el acusado.

9. Esta Corporación emite un llamado de atención a la Fiscalía General de la Nación, para que se abstenga de realizar actuaciones como la que aquí se presentó, en un completo desconocimiento de la unidad procesal que debe primar en la actuación, permitiendo con ello, no solo las dilación de las diligencias, sino la alteración del orden legal que impone el debido proceso en las actuaciones judiciales.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en Sala de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Resuelve

1. Conceder el amparo del derecho fundamental al debido proceso, reclamado por Jhon José Montaña Gallego, en calidad de Procurador 322 Judicial I de Palmira (Valle), conforme quedó consignado en las motivaciones precedentes.

2. Dejar sin efecto, la actuación seguida contra José Harvey Medina Rivas, a partir de la audiencia de 20 de febrero de 2016 de verificación de preacuerdo y emisión de sentencia condenatoria, proferida por el extinto Juzgado Cuarto Penal del circuito de descongestión de esa ciudad, dentro del radicado 765636000183201100255.

Igualmente, se ordenará al Juzgado Primero Penal del Circuito de Palmira y/o al despacho donde actualmente se encuentren las citadas diligencias, que de manera inmediata, remita el expediente abreviado al proceso ordinario original que adelanta el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira, para que allí continúen las diligencias y, en el término de cinco (5) días decida en derecho sobre el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y el acusado.

3. Hacer un llamado de atención al Fiscal 269 Seccional de Pradera (Valle) y demás autoridades que intervinieron, para que se abstengan de realizar actuaciones como la que aquí se presentó, en un completo desconocimiento de la unidad procesal que debe primar en la actuación, permitiendo con ello, no solo la dilación de las diligencias, sino la alteración del orden legal que impone el debido proceso en las actuaciones judiciales.

4. Notificar según lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

5. De no ser impugnada la presente decisión, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cúmplase

Magistrados: Jose Francisco Acuña Vizcaya, Eugenio Fernández Carlier, Patricia Salazar Cuéllar. Secretaria: Nubia Yolanda Nova García.

1. Nótese que al ser función del Ministerio Público velar por la protección del interés general, del patrimonio público y de los intereses de la sociedad (dentro del proceso penal velar por la defensa de la legalidad y de los derechos de las víctimas y de los procesados), éste se encuentra legitimado por activa para interponer acciones de tutela. Al respecto, ver Corte Constitucional sentencias T-662 de 2002, T-076 de 2011 y T-293 de 2013, entre otras.