Sentencia STP1532-2017/89925 de febrero 7 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS NÚMERO TRES

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

STP1532-2017

Rad.: 89925

Acta 30

Bogotá, D.C., siete de febrero de dos mil diecisiete.

Vistos

Decide la Sala las impugnaciones propuestas por el apoderado de Miriam Esther Rojano Álvarez y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte Distrital de Cartagena frente al fallo proferido el 17 de noviembre de 2016, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, mediante el cual tuteló los derechos fundamentales de petición, igualdad y debido proceso de la accionante, en la demanda formulada contra la entidad recurrente y la Fiscalía 13 Seccional de la misma ciudad.

Antecedentes y fundamentos 

Así los expuso el Tribunal Superior de Cartagena:

1. Narran los hechos de tutela, que el 8 de septiembre de 2016 la señora Miryam (sic) Rojano Álvarez presentó petición ante el Director de Tránsito Distrital de Cartagena con el fin de que se inscribiera y devolviera el cupo al vehículo UAK 405, el cual fue inscrito en forma legal ante la oficina o Secretaría de Tránsito Distrital de Cartagena asignándole cupo de servicio público.

2. Señala la demanda que el vehículo fue inmovilizado por órdenes de la Fiscalía General de la Nación porque presentaba Resolución dual o gemela, razón por la cual se prohibió su circulación. Lo anterior fue el resultado de una acción fraudulenta cometida por el entonces jefe de matrícula WILLIAM SIMANCAS, contra quien la Fiscalía Seccional de conocimiento de Cartagena de Indicas inició investigación penal.

3. Fue así como correspondió el conocimiento de la investigación a la Fiscalía Seccional 13 de Cartagena, la cual ordenó en el mes de agosto de 2010 la cancelación de varias matrículas relacionadas a la investigación, entre ellas la del vehículo perteneciente a la accionante. La mencionada Resolución fue impugnada y posteriormente confirmada por la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal superior de Cartagena mediante decisión del 26 de abril de 2011.

En consecuencia, el DATT mediante Resolución 1480 de agosto de 2012 acató lo ordenado por la Fiscalía y canceló la matrícula del vehículo UAK 405. Alega el abogado que como la Fiscalía no se manifestó sobre el estado físico del vehículo, el DATT debió resolver su situación jurídica.

Una vez conocidos los hechos, el accionante presentó derecho de petición al titular de la Cartera de Transportes DATT Cartagena, obteniendo respuestas evasivas sin resolver lo preguntado.

(…).

4. Con nota de urgente se expresa que el DATT no ha dado respuesta a derecho de petición presentado por la señora Miryam (sic) Rojano Álvarez.

II. Petición 

1. Pretende el accionante, que a través de la acción de tutela se tutele derecho fundamental de petición, debido proceso e igualdad violado por el DATT y la Fiscalía 13 Seccional.

2. Se ordene dar cumplimiento al Departamento de Tránsito y Transporte de Cartagena lo dispuesto en el artículo 30 inciso 2 de la Resolución 12379 de 2012, inscribiendo los vehículos según su naturaleza, o sea si son públicos no los inscriba como particulares.

3. Se ordene a la Fiscalía 13 Seccional de Cartagena, hacer un pronunciamiento de fondo para que el Director de Tránsito y Transporte de Cartagena dé cumplimiento a lo ordenado en la Ley y decidida sobre el estado físico de los rodantes cuyas matrículas fueron canceladas, teniendo en cuenta que desaparecieron las causales que originó la acción delictiva. Consecuencia es que deben ser inscritas nuevamente en forma legal.

El fallo impugnado

Indicó el Tribunal a quo que el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagenaen adelante DATT, había resuelto la petición elevada por Miriam Rojano Álvarez negándola, tras indicar que “el vehículo no podrá ser registrado nuevamente toda vez que existe una decisión judicial que ordenó su cancelación”.

No obstante, advirtió que no había constancia de que tal contestación le haya sido notificada a la demandante, razón por la cual dispuso tutelar su derecho fundamental de petición y ordenarle al DATT que “… en el término de 48 horas comunique la respuesta a derecho de petición recibido el 28 de septiembre de 2016”.

Agregó, que debía ampararse el derecho a la igualdad de la accionante porque estaba ante un caso similar al de otra ciudadana, “quien en un caso semejante presentó derecho de petición ante el DATT y le fue comunicada la respuesta”.

Del mismo modo, manifestó que debía protegerse la garantía fundamental del debido proceso porque “dentro de la observancia de la plenitud de las formas del trámite de los derechos de petición se encuentra la comunicación o notificación de la respuesta”.

Las impugnaciones

1. El apoderado judicial de Miriam Esther Rojano Álvarez recurrió el fallo de primer grado porque si bien es cierto se amparó el derecho de petición, nada se dijo sobre la vulneración del debido proceso de su defendida.

Explicó que no se solucionó el problema jurídico planteado, derivado de la cancelación de la matrícula del vehículo de su propiedad, desconociendo la posición adoptada por la Corte Suprema de Justicia en un caso similar (tutela CSJ STP51982016).

Tampoco se dijo nada sobre la garantía de igualdad que le asiste, derivada de la inscripción del automotor en el registro de tránsito, como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia al DATT en la decisión antes mencionada.

Por tales razones y como no se garantizó efectivamente la protección de los derechos fundamentales de su defendida, pide la revocatoria parcial del fallo para que se ordene al director del DATT que cumpla lo dispuesto en el artículo 30 de la Resolución 12379 de 2012 y en ese sentido, que inscriba el vehículo de placas UAK 405 cuya matrícula había sido cancelada.

2. La subdirectora del DATT también impugnó el fallo de primer grado luego de indicar que mediante oficio 1073 “del mes de octubre” respondió el derecho de petición formulado por la demandante y lo remitió a su domicilio.

Agregó que la solicitud de matriculación del vehículo de placas UAK 405 era improcedente porque “existe una orden de la Fiscalía 13 Seccional de Cartagena vigente”, en la cual, si bien se decretó la prescripción de la acción penal, la orden de cancelación de la matrícula no había perdido fuerza ejecutoria.

Finalmente, pidió la revocatoria de la decisión, al señalar que no ha conculcado los derechos fundamentales de la accionante.

Consideraciones de la Corte

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015(1), la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver las impugnaciones interpuestas contra el fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena.

2. Para el caso, la crítica formulada por el apoderado judicial de Miriam Esther Rojano Álvarez se centra en la cancelación de la matrícula del vehículo de placas UAK 405, que fue dispuesta por la Dirección de Tránsito y Transporte de Cartagena mediante Resolución 1480 de 2012, en cumplimiento de lo dispuesto por la Fiscalía Trece Seccional de esa ciudad mediante Resolución de acusación dictada en contra de William Ariel Simancas Torres y otros.

Aquel trámite culminó con Resolución de preclusión por prescripción de la acción penal, sin embargo, la cancelación de la matrícula aún está vigente y no se ha adoptado una decisión de fondo sobre el estado del automotor.

Pues bien, el DATT destacó, en su respuesta a la demanda, la imposibilidad de acceder a las pretensiones de la accionante tras afirmar que “si bien es cierto cesa la investigación penal por su preclusión, no pierde fuerza ejecutoria la orden dada por el ente investigador de mantener la cancelación de los vehículos”, tornándose igualmente improcedente la inclusión del rodante en el registro vehicular de Cartagena con la expedición de nuevas placas, en razón a la decisión que se adoptó en la Resolución 1480 de 2012, que no era posible revocar sin previa orden judicial.

Se extrae además de las pruebas aportadas al trámite, que la Fiscalía 13 Seccional culminó el proceso penal con Resolución de preclusión por prescripción de la acción penal, decisión que hizo tránsito a cosa juzgada. También se advirtió dentro del plenario la imposibilidad de aplicar la figura del comiso sobre el automotor de propiedad de Miriam Esther Rojano Álvarez, quien no fue vinculada a dicha investigación, máxime que no se demostró que el rodante hubiese sido utilizado para la realización de la conducta punible.

Esa situación hace visible que Rojano Álvarez es un tercero de buena fe y se vio afectada con las irregularidades en que presuntamente incurrieron las autoridades de tránsito, razón por la que en su momento se le hizo entrega del automotor.

Ahora bien, es cierto que la Fiscalía dispuso la cancelación de la matrícula del automotor de placas UAK 405 de propiedad de la demandante. No obstante, quedó claro en el trámite de tutela que ella no tuvo injerencia alguna en los hechos que fueron objeto de investigación a cargo de la Fiscalía 13 Seccional, procedimiento que versó sobre el uso por duplicidad del cupo que le había sido asignado, al punto que la fiscalía indicó que Rojano Álvarez actuó como tercero de buena fe afectada por las irregularidades, al parecer, cometidas por funcionarios de la oficina de tránsito de Cartagena, sin que en la actualidad mantenga requerimiento alguno por dicha actuación.

De manera que la decisión adoptada por la Fiscalía, relativa a disponer la cancelación de la matrícula, obedeció a la necesidad de conjurar la falsedad detectada, derivada de la duplicidad de matrículas y no podía dejarse al automotor de propiedad de la accionante fuera del tráfico en razón de su compromiso penal.

En esa línea, cabe traer a colación el artículo 30 de la Resolución 12379 de 2012(2), emitida por el Ministerio de Transporte, que dispone lo siguiente:

ART. 30.—Nulidad de la matrícula de un vehículo. Una vez recibida la sentencia que ordena la nulidad de la matrícula de un vehículo, el organismo de tránsito procederá a dar cumplimiento a lo ordenado mediante acto administrativo, efectuando las anotaciones de rigor en el registro.

El vehículo podrá ser registrado nuevamente cuando desaparezcan las causales que originaron la decisión de nulidad, para lo cual se le asignará una nueva placa, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

De lo expuesto, se extrae que no obran razones válidas para que el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena se abstenga de adoptar una decisión definitiva que defina la situación jurídica del rodante, cuando la legislación especial que la regula (Resolución 12379 de 2012), permite que un automotor sea nuevamente registrado “cuando desaparezcan las causales que originaron la decisión de nulidad” de la matrícula (artículo 30 citado), que en este caso consistiría en la cesación de la duplicidad en la inscripción en el registro vehicular, orden que fue en últimas la dispuesta por el ente instructor.

La omisión en que ha incurrido el DATT, afecta el derecho al debido proceso de la accionante, pues por un tiempo considerable se le ha mantenido en zozobra sobre el destino del vehículo.

Por tales razones, no comparte la Sala la decisión del Tribunal al considerar que debía ampararse el derecho de petición, exclusivamente para que la autoridad accionada diera respuesta a la petición, a pesar de que la Corporación a quo ya conocía el sentido de la contestación y sabía, con certeza, que sería negada, en claro desacato a lo dispuesto en el artículo 30 de la Resolución 12379 de 2012.

Pero además, a pesar de que el apoderado de la accionante trajo a colación la sentencia CSJ STP51982016, donde una Sala de Tutelas de esta Corporación se pronunció sobre similar caso en el que se vio afectada otra víctima del mismo proceso penal, nada dijo el Tribunal sobre ese punto.

En esa línea, si bien es cierto que los fallos emitidos en sede de tutela tienen efectos inter partes, la ratio decidendi o elementos que soportan tal providencia, sirven como criterio auxiliar interpretativo para los funcionarios judiciales (cfr. CSJ STP5292–2015).

Entonces, las consideraciones plasmadas por una Sala de Tutelas de la Sala de Casación Penal en el fallo CSJ STP51982016, relacionadas con la aplicación de la Resolución 12379 del Ministerio de Transporte a los casos en que se haya dispuesto la cancelación de una matrícula, resultan plenamente aplicables a este asunto, máxime que en aquella determinación, esta Corporación se pronunció en favor de otro de los afectados con la duplicación de matrículas que habían cometido funcionarios de la oficina de tránsito de Cartagena.

De conformidad con lo señalado en antecedencia, se mantendrá la protección constitucional conferida por los derechos de petición, igualdad y debido proceso de la accionante, pero por las razones plasmadas en esta decisión.

Además, se dispondrá modificar el numeral segundo del fallo impugnado, para ordenar al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte Distrital, DATT, de Cartagena, que en el término de diez (10) días emita una decisión de fondo en torno de la situación jurídica del vehículo de placas UAK 405 de propiedad de la accionante, dando aplicación a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 30 de la Resolución 12379 de 2012.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación PenalSala de Decisión de Acciones de Tutela Número Tres, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR el numeral primero del fallo impugnado, por las razones plasmadas en esta decisión.

MODIFICAR el numeral segundo de la decisión dictada por el Tribunal Superior de Cartagena que quedará así:

ORDENAR al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte Distrital, DATT, de Cartagena, que en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, emita una decisión de fondo en torno de la situación jurídica del vehículo de placas UAK 405 de propiedad de la accionante, dando aplicación a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 30 de la Resolución 12379 de 2012.

NOTIFICAR esta decisión de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: José Francisco Acuña Vizcaya—Eugenio Fernández Carlier—Patricia Salazar Cuéllar.

Nubia Yolanda Nova García, secretaria.

1 Decreto Único Reglamentario del sector justicia y del derecho.

2 Por la cual se adoptan los procedimie y se establecen los requisitos para adelantar los trámites ante los organismos de tránsito.