Sentencia STP15615-2016/88381 de octubre 25 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS No. 3

Rad. Nº 88381

(Aprobado mediante Acta Nº 337)

Magistrado Ponente

Dr. Eugenio Fernández Carlier

Bogotá D.C., veinticinco de octubre de dos mil dieciséis.

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el accionante MARCOS HERNÁN VELASCO ESCOBAR, contra la sentencia de tutela emitida el 12 de septiembre de 2016 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto, mediante la cual negó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y petición, presuntamente vulnerados por el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de dicha ciudad el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.

A la presente actuación fueron vinculadas las Direcciones Regional de Occidente del INPEC y del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Pasto.

ANTECEDENTES

Fueron resumidos por el Tribunal A quo como sigue a continuación:

Manifiesta el actor que se encuentra condenado a una pena privativa de la libertad de 228 meses de prisión, desde diciembre de 2008.

Señala que el 27 de junio de 2016, mediante auto el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto, reconoció a su favor y a título de redención por trabajo en el Establecimiento Penitenciario Carcelario de Mediana Seguridad de Pasto, dos (2) meses y dieciocho (18) días y declaró que había descontado de la pena a esa fecha un total de ciento trece (113) meses y cinco (5) días, razón por la cual solicitó al área jurídica del EPCMS de Pasto, le fuera tramitado el beneficio administrativo de las setenta y dos (72) horas.

Sostiene que ante esa petición, el área jurídica le informó que no cumplía con el requisito del numeral 6º del artículo 147 de la Ley 65 de 1993, ya que presentó cuatro calificaciones de conducta regular en los años 2007, 2008 y 2010, por lo cual, no le podría dar trámite.

Refiere que ante ese escenario interpuso derecho de petición el 8 de agosto de 2015 ante el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto, suplicando que de manera oficiosa el despacho solicitara al área jurídica, los documentos pertinentes para el estudio del beneficio administrativo de las 72 horas.

Expone que el 18 de agosto mediante auto de sustanciación, el Juzgado referido, le informó que remitió su petición al área jurídica del Establecimiento Penitenciario, para los fines propios de su cargo, no respondiendo de fondo y desconociendo que: “el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, además de las funciones contempladas en el Código de Procedimiento Penal, tendrá las siguientes: conocer de las peticiones de los internos o apoderados que formulen en relación con el reglamento interno y tratamiento penitenciario, en cuanto se refiera a los derechos y beneficios que afecten la ejecución de la pena”.

Menciona que las conductas por las que el área jurídica del Establecimiento Penitenciario le niega el beneficio son de hace 6 años, omitiendo el precedente judicial, donde la Corte Suprema de Justicia, declara que la valoración de la conducta del condenado no puede depender de un solo lapso ni de una sola calificación sino que debe realizarse en cada caso de manera ponderada (Art. 27 de la Ley 906 de 2004), en forma integral con análisis de la evolución del comportamiento de la persona durante todo el tiempo de reclusión.

Concluye diciendo que, es claro que desde el año 2010, han pasado seis años, en los cuales no ha presentado una conducta regular ni mucho menos ha infringido las normas de convivencia penitenciarias, más bien ha tenido una conducta ejemplar de manera continua hasta la fecha, con lo que demuestra que el sistema progresivo ha tenido efectividad y se ha dedicado al trabajo con óptimos resultados, al igual deja claro que cumple con todos los requisitos tanto objetivos como subjetivos exigidos por la Ley 65 de 1993, para la concesión del beneficio solicitado.

En ese orden, solicitó el amparo de sus derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia y petición, en consecuencia, se le conceda el beneficio administrativo de permiso de hasta de 72 horas.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

Avocado el conocimiento del asunto, el Tribunal A quo ordenó correr traslado a las autoridades accionadas y vinculadas para que ejercieran el derecho de contradicción que les asiste, obteniéndose las siguientes respuestas.

1. El Juez 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto, luego de referir el trascurso del proceso en sede de ejecución, solicitó negar la acción de tutela interpuesta al no haber vulnerado derecho fundamental del accionante, pues como se lo precisara en autos del 21 de abril y 12 de agosto de 2016, el estudio del permiso administrativo de hasta 72 horas es de competencia exclusiva del Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Pasto donde se encuentra recluido, a donde fueron remitidas las peticiones para lo de su cargo.

2. La Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, solicitó su desvinculación por falta de legitimación por pasiva, al considerar que el competente para resolver sobre las solicitudes formuladas por el interno accionante es la Dirección Regional de Occidente.

3. La Directora del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Pasto, luego de señalar que todas y cada una de las peticiones que ha elevado el actor han sido contestadas, incluso aquellas referidas a la concesión del permiso administrativo de 72 horas, indicó que en el caso del actor, no solo no cumplía los requisitos establecidos en la Ley para el otorgamiento de dicho beneficios, sino que adicionalmente no era viable el permiso por el monto de la pena que purga (24 años), amén de que tiene otro proceso donde es requerido para que cumpla una sanción de 3 años y dos 2 días.

EL FALLO IMPUGNADO

Fue proferido el 12 de septiembre de 2016 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto, negando el amparo invocado, al advertir que el accionante ha obtenido respuesta a sus peticiones, además no es de competencia del juez constitucional entrar a verificar si reúne o no los requisitos para la concesión del beneficio administrativo, pues ello es de competencia del Instituto Carcelario, quien dentro de sus funciones estableció que el actor no cumplía con los requisitos exigidos por la ley para su concesión, decisión adoptada con base en el análisis del marco legal que regula el otorgamiento de dicho beneficio.

LA IMPUGNACIÓN

Notificado del contenido del fallo, el accionante manifestó su voluntad de impugnarlo, insistiendo en que cumple los requisitos establecidos en el artículo 147 de la Ley 65 de 1993 para que se le conceda el beneficio administrativo de permiso de hasta 72 horas.

CONSIDERACIONES

1. De conformidad con lo establecido por los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000, es competente esta la Sala para pronunciarse sobre la impugnación presentada contra el fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, a través del cual fue declarada improcedente la acción de tutela invocada, al ser su superior funcional, en actuación que vincula al Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y al Director del Establecimiento Carcelario de Mediana Seguridad de dicha ciudad.

2. Suficiente ha sido la divulgación frente al artículo 86 de la Constitución Política, en cuanto establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o existiendo, cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable.

3. En el caso concreto, la queja del accionante radica en la negativa del Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y de la Dirección del Establecimiento Carcelario de la ciudad de Pasto de tramitar y autorizar el permiso administrativo de hasta 72 horas, pese a considerar que reúne los requisitos establecidos en el artículo 147 del Código de Procedimiento penal.

4. Concerniente al tema de la concesión de beneficios administrativos para las personas que se encuentran cumpliendo una pena como consecuencia de la infracción a la ley penal, en particular, al permiso de las 72 horas, la Corte Constitucional ha indicado que se trata de una manifestación de la finalidad propia del sistema de tratamiento penitenciario que propende por la preparación del interno para una vida en libertad con plena resocialización, los cuales se desarrollan principalmente por las autoridades penitenciarias y el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.

Dichos beneficios consagrados especialmente en el artículo 146 de la Ley 65 de 1993, «suponen una disminución de las cargas que deben soportar las personas que están cumpliendo una pena y que, en algunos casos, pueden implicar la reducción del tiempo de privación efectiva de la libertad dispuesto en la sentencia condenatoria o una modificación en las condiciones de ejecución de la condena», por lo que su concesión parte del cumplimiento de una serie de requisitos.

El permiso de las 72 horas, según el Estatuto penitenciario y carcelario, requiere la confluencia de los siguientes presupuestos:

ARTÍCULO 147. PERMISO HASTA DE SETENTA Y DOS HORAS. La Dirección del Instituto Penitenciario y Carcelario podrá conceder permisos con la regularidad que se establecerá al respecto, hasta de setenta y dos horas, para salir del establecimiento, sin vigilancia, a los condenados que reúnan los siguientes requisitos:

1. Estar en la fase de mediana seguridad.

2. Haber descontado una tercera parte de la pena impuesta.

3. No tener requerimientos de ninguna autoridad judicial.

4. No registrar fuga ni tentativa de ella, durante el desarrollo del proceso ni la ejecución de la sentencia condenatoria.

5. <Numeral modificado por el artículo 29 de la Ley 504 de 1999. El nuevo texto es el siguiente:> Haber descontado el setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, tratándose de condenados por los delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados.

6. Haber trabajado, estudiado o enseñado durante la reclusión y observado buena conducta, certificada por el Consejo de Disciplina.

Quien observare mala conducta durante uno de esos permisos o retardare su presentación al establecimiento sin justificación, se hará acreedor a la suspensión de dichos permisos hasta por seis meses; pero si reincide, cometiere un delito o una contravención especial de policía, se le cancelarán definitivamente los permisos de este género”.

Con fundamento en lo anterior, resulta claro que la función de las autoridades penitenciarias es la de certificar si la persona cumple los requisitos y comunicarlo al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, quien es la autoridad encargada de conceder el beneficio, por la reserva judicial que consagra el numeral 5 del artículo 38 de la Ley 906 de 2004(1).

Así lo estableció además la Corte Constitucional en la Sentencia C-312 de 2002, a través de la cual declaró la exequibilidad del numeral 5º del artículo 79 de la Ley 600 de 2000, cuyo contenido fue reproducido íntegramente por el citado numeral 5º del artículo 38 de la Ley 906 de 2004. Al respecto dijo:

[…] En cuanto tiene que ver con los beneficios administrativos, se trata de una denominación genérica dentro de la cual se engloban una serie de mecanismos de política criminal del Estado, que son inherentes a la ejecución individual de la condena. Suponen una disminución de las cargas que deben soportar las personas que están cumpliendo una condena y que, en algunos casos, pueden implicar la reducción del tiempo de privación efectiva de la libertad dispuesto en la sentencia condenatoria o una modificación en las condiciones de ejecución de la condena.(2)

Al ser inherentes a la etapa de aplicación individual del derecho penal durante la ejecución de la condena, las condiciones que permiten acceder a tales beneficios son propias del proceso de ejecución, tienen un carácter objetivo susceptible de constatarse, y deben estar previamente definidas en la ley. Por ende, la denominación de estos beneficios como administrativos no supone una competencia de estas autoridades para establecer las condiciones o eventos en los cuales son procedentes. Tales condiciones en algunos casos se refieren al cumplimiento efectivo de una determinada proporción de la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia condenatoria; en otros, no ser un reincidente; haber indemnizado integralmente a la víctima; tener un comportamiento disciplinario adecuado a las necesidades de convivencia dentro del centro de reclusión; haber redimido parte de la pena a través de trabajo o estudio, entre otros.

En todos estos casos, la función del juez de ejecución de penas de garantizar la legalidad de la ejecución de la pena se lleva a cabo precisamente verificando el cumplimiento efectivo de estas condiciones –establecidas legalmente-, para determinar si la persona a favor de quien se solicitan los beneficios es acreedora de los mismos. Ahora bien, las condiciones a través de las cuales los condenados se hacen acreedores de algunos de estos beneficios, deben ser certificadas por las autoridades penitenciarias ante el juez, cuando supongan hechos que éste no pueda verificar directamente. La competencia para certificarlas resulta razonable si se tiene en cuenta que son estas autoridades administrativas quienes están encargadas de administrar los centros de reclusión. Sin embargo, la facultad de certificar estas condiciones no supone el encargo de una función de control de la legalidad de la ejecución de la pena. La importancia de la atribución jurisdiccional en lo que se refiere a la verificación de su legalidad, permite que el juez pueda verificar el cumplimiento efectivo de tales condiciones, y por ello, el ordenamiento legal le otorga la facultad de constatar personalmente lo dicho en la certificación administrativa, esto es, el cumplimiento efectivo del trabajo, educación y enseñanza que se lleven a cabo en el centro de reclusión.(3)

De lo anterior se tiene entonces que, estando los beneficios administrativos sujetos a condiciones determinadas previamente en la ley, y siendo los jueces de ejecución de penas las autoridades judiciales encargadas de garantizar la legalidad de las condiciones de ejecución individual de la condena, mediante la verificación del cumplimiento de las condiciones en cada caso concreto, resulta ajustado a la Constitución que el reconocimiento de tales beneficios esté sujeto a su aprobación.

[…]

El valor constitucional que tiene la necesidad de preservar el principio de legalidad en la ejecución de la condena y la atribución de esta función en cabeza de las autoridades judiciales implica que la aprobación de cualquier medida administrativa que afecte el tiempo de privación efectiva de la libertad de un condenado debe ser aprobada por la autoridad judicial encargada de ejecutar la pena, pues este aspecto está expresamente reservado al juez de ejecución.(4) De lo contrario, ello implicaría que las autoridades administrativas tendrían la potestad de modificar las decisiones judiciales concretas, y ello sí comprometería el principio de separación de funciones entre los diversos órganos del poder público.

En virtud de lo anterior, es necesario concluir que la disposición demandada se ajusta a la Constitución y así se declarará.

Posteriormente, a través de la sentencia de tutela T-972 de 2005 y en tratándose del beneficio administrativo del permiso de hasta 72 horas, reiteró que:

Así las cosas, la norma legal que atribuye a los Jueces de Ejecución de Penas la competencia para decidir acerca del otorgamiento de los beneficios administrativos que establece el régimen penitenciario (Art. 79 Num, 5° de la Ley 600 de 2000) se encuentra en vigor, pues superó el juicio de constitucionalidad a que fue sometida, en el que además se sentaron las directrices jurisprudenciales reseñadas, mediante las cuales se afianza el principio constitucional de reserva judicial de la libertad, extendido a la fase de ejecución de la pena.

De otra parte, el Consejo de Estado, a través de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo(5), estableció que los permisos administrativos, entrañan factores de modificación de las condiciones de cumplimiento de la condena, y que como consecuencia de ello su reconocimiento cae bajo la órbita de competencia que el numeral 5° del artículo 79 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), atribuye a los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

Para este Corporación “con el artículo 79, numeral 5, de la ley 600 de 2000 se trasladó a los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad la competencia que la Ley 65 de 1993, reglamentada por el decreto 1542 de 1997, le había atribuido a las autoridades penitenciarias para conceder los beneficios administrativos, dejando a éstas, únicamente la potestad de presentar propuestas o allegar las solicitudes de reconocimiento de esos beneficios”(6)

Pronunciamiento que concurre a ratificar la inequívoca competencia del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para pronunciarse acerca del otorgamiento de los beneficios administrativos contemplados en la Ley penitenciaria.

A manera de conclusión de este primer análisis se tiene que (i) la reserva judicial de la libertad ampara los momentos de imposición, modificación y ejecución de la pena; (ii) los beneficios administrativos entrañan una modificación a las condiciones de ejecución de la condena; (iii) en consecuencia, las decisiones acerca de los beneficios administrativos previstos en el régimen carcelario, son de competencia las autoridades judiciales; (iv) conforme a ley vigente declarada exequible por la Corte Constitucional, y a pronunciamiento relevante del Consejo de Estado son los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad la autoridad competente para decidir acerca de los mencionados beneficios administrativos.

[…]

Ahora bien, en desarrollo del principio de separación y colaboración armónica de los diferentes órganos del Estado para la realización de los fines que le son propios (Art.113), mientras que a los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad les corresponde garantizar la legalidad de la ejecución de la pena, mediante la verificación del cumplimiento efectivo de las condiciones, legalmente establecidas, que ameritan el otorgamiento del correspondiente beneficio, a las autoridades penitenciarias les compete certificar las condiciones o requisitos que, conforme a la ley, deben concurrir para el otorgamiento del correspondiente beneficio, cuando supongan hechos que el juez no pueda verificar directamente.

Esta facultad certificadora de las autoridades penitenciarias, no tiene la virtualidad de desplazar o sustituir a la autoridad judicial encargada de velar por la legalidad en la ejecución de la pena, y en desarrollo de tal potestad otorgar o negar los referidos beneficios. […].

De manera que por disposición legal, que ha suscitado además pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional, C-312 de 2002, y del Consejo de Estado, Rad. 250000-23-26-000-2001-0485-01-ACU, la competencia para decidir acerca de los beneficios administrativos, que como el permiso de 72 horas tiene la virtualidad de modificar las condiciones de cumplimiento de la condena, está radicada en el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

5. Aplicando los citados derroteros al caso que nos ocupa, y una vez revisadas las piezas procesales allegadas al trámite, esta Sala advierte que razón le asiste al actor en solicitar la protección de sus garantías fundamentales, al habérsele vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, toda vez que, las autoridades judiciales se han negado darle el trámite pertinente y resolver su solicitud de concesión del beneficio administrativo de permiso de hasta 72 horas, incurriéndose así en un defecto de carácter sustantivo(7).

6. En efecto, se tiene acreditado que el interno MARCOS HERNÁN VALASCO ESCOBAR, en dos oportunidades ha presentado ante el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, solicitud para obtener el beneficio administrativo de permiso de 72 horas, sin embargo, éste no se ha pronunciado sobre el particular, por el contrario, mediante autos del 21 de abril(8) y 12 de agosto de 2016(9), ha dispuesto remitir las solicitudes al INPEC, al considerar que dicha autoridad es la debe pronunciarse sobre el particular, desconociendo las fuentes jurídicas de su competencia para la resolución de este asunto, el artículo 38 numeral 5° de la Ley 906 de 2004, y la sentencia de constitucionalidad C-312 de 2002.

Desde luego que la Sala no desconoce que el Director del Establecimiento Carcelario de Pasto refirió que el condenado hoy accionante MARCOS HERNÁN VELASCO ESCOBAR no cumplía con los requisitos establecidos en artículo 147 de la Ley 65 de 1993 para concederle el beneficio, no obstante, ello no era suficiente para que el citado despacho judicial se abstuviera de resolver las peticiones invocadas, pues como quedara precisado al establecimiento carcelario tan solo le compete certificar las condiciones o requisitos que, conforme a la ley, deben concurrir para el otorgamiento del correspondiente beneficio, cuando supongan hechos que el juez no pueda verificar directamente.

Además, esta Corporación a través de sus Salas de Decisión de Tutelas, ha considerado que los jueces de ejecución de penas son los competentes para verificar si están dados o no los presupuestos legales para la concesión del beneficio administrativo de las 72 horas cuando el Establecimiento Carcelario emite concepto desfavorable frente al particular, en tanto que el principio de reserva judicial de la libertad se extiende a la fase de ejecución de la condena(10).

En idéntico sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional(11):

[…] la capacidad certificadora de la autoridad penitenciaria, no comporta la prerrogativa de modificar el tiempo o las condiciones en que los sentenciados deben cumplir sus condenas. Estos aspectos caen dentro del ámbito del principio de reserva judicial que ampara la libertad personal. Carece en consecuencia la autoridad penitenciaria de competencia legal para desconocer a través de una resolución, una decisión emitida por la autoridad judicial competente acera de la concesión de un beneficio administrativo.

Ahora bien, en lo que hace al segundo de los argumentos del ente demandado, relativo a que si bien se satisfacen todos los requisitos legales exigidos para el otorgamiento del beneficio administrativo, existen elementos de carácter subjetivo que aconsejan su negativa, encuentra la Corte que tal consideración involucra un desconocimiento de la reserva legal que ampara la materia relativa a las condiciones que permiten el acceso a los beneficios administrativos. Destacó la Corte en su momento (C-312/02) el carácter objetivo, verificable, susceptible de constatación y por ende de configuración legal, de los requisitos para acceder a estos beneficios. No le era permitido entonces a la autoridad demandada crear una serie de presupuestos adicionales que denominó de orden subjetivo (no verificables empíricamente)(12), y ante su no concurrencia conceptuar negativamente sobre el beneficio, y menos aún, sustraerse, a través de una resolución fundada en tales consideraciones, al cumplimiento de la decisión de la autoridad jurisdiccional competente que concedía el beneficio.

[…]

Así las cosas, la resolución del Establecimiento Carcelario demandado, que negó el beneficio administrativo por 72 horas al recluso Francisco Javier Arango Sánchez, no solamente contraviene la reserva judicial que la Constitución, la ley y la jurisprudencia reconocen a la fase de ejecución de la pena, y en particular al otorgamiento de los beneficios administrativos que modifican las condiciones de la condena, si no que desconoce el principio de reserva legal, que conforme a la jurisprudencia de esta Corte, rodea la configuración de las condiciones de acceso a los mencionados beneficios.

En ese orden, es evidente la vulneración del derecho fundamental al debido proceso del actor, pues hasta el momento no ha existido pronunciamiento sobre la prosperidad o no del beneficio administrativo del permiso de hasta 72 horas por la autoridad competente para ello, esto es, el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto, por tanto, habrá de revocarse la sentencia impugnada, para en su lugar conceder la acción de tutela al sentenciado MARCOS HERNÁN VELASCO ESCOBAR.

En consecuencia, se ordenará al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Pasto, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, remita al Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, la documentación necesaria, conforme a los requisitos para resolver el beneficio administrativo del permiso de hasta 72 horas, señalados en los artículos 147 de la Ley 65 de 1993, 5º del Decreto 1542 de 1997 y 1º del Decreto 232 de 1998, despacho judicial que en término de diez (10) deberá pronunciarse acerca de la procedencia o no del citado beneficio.

Debe precisar la Sala, que la citada orden en manera alguna conlleva la aprobación del permiso solicitado, pues se estaría desconociendo los principios de subsidiariedad y residualidad de la acción, en tanto, el juez constitucional se inmiscuiría indebidamente en un asunto de competencia de los jueces naturales, al interior del cual existen medios de defensa aptos para garantizar la protección de que se trata, pues hasta se podrá interponer los recursos ordinarios en el supuesto de que resulten desfavorables las providencias judiciales que decidan el asunto.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Decisión de Tutelas No. 3, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. Revocar el fallo proferido el 12 de septiembre de 2016 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto, y en su lugar conceder la tutela al derecho fundamental al debido proceso del demandante MARCOS HERNÁN VELASCO ESCOBAR.

2. Ordenar al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Pasto, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, remita al Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, la documentación necesaria, conforme a los requisitos para resolver sobre el beneficio administrativo del permiso de hasta 72 horas, señalados en los artículos 147 de la Ley 65 de 1993, 5º del Decreto 1542 de 1997 y 1º del Decreto 232 de 1998, despacho judicial que en término de diez (10) deberá resolver acerca de la procedencia o no del citado permiso.

3. Notificar a las partes según lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

4. Enviar las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cúmplase

Magistrados: José Francisco Acuña Vizcaya—Eugenio Fernández Carlier—Patricia Salazar Cuéllar.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria

1 Artículo 38. De los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad conocen:
1. […]
5. De la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias o de las solicitudes de reconocimiento de beneficios administrativos que supongan una modificación en las condiciones de cumplimiento de la condena o una reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.
[…]

2 Así, por ejemplo, una de las formas en que un beneficio administrativo conlleva una modificación en las condiciones de ejecución de la condena está consagrado en el artículo 75 numeral 4º del Código Penitenciario y Carcelario, que establece como causal de traslado el estímulo de buena conducta.

3 El Código Penitenciario establece:
“ARTICULO 81. EVALUACION Y CERTIFICACION DEL TRABAJO. Para efectos de evaluación del trabajo en cada centro de reclusión habrá una junta, bajo la responsabilidad del Subdirector o del funcionario que designe el director.
El director del establecimiento certificará las jornadas de trabajo de acuerdo con los reglamentos y el sistema de control de asistencia y rendimiento de labores, que se establezcan al respecto.”
Disponiendo en el siguiente artículo:
“ARTICULO 82. REDENCION DE LA PENA POR TRABAJO. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.
A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.
El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo.”

4 El artículo 77 del Código Penitenciario establece: “ARTICULO 70. LIBERTAD. La libertad del interno solo procede por orden de autoridad judicial competente.”

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de segunda instancia proferida dentro de la acción de cumplimiento radicada bajo el No. 25000-23-26-000-2001-0485-01, promovida por la Defensoría del Pueblo contra la Dirección de la Penitenciaría Central de La Picota, para hacer efectivo el cumplimiento del artículo 5° del Decreto 1542 de 1997, “Por el cual se dictan medidas en desarrollo de le Ley 65 de 1993 para descongestionar las cárceles”. La norma reglamenta el artículo 147 de la Ley 65 de 1993 y señala que “los directores de los establecimientos carcelarios y penitenciarios podrán conceder permisos de 72 horas a los condenados en única, primera y segunda instancia, o cuyo recurso de casación se encuentre pendiente, previo el cumplimiento de los requisitos allí señalados” (Se refiere al artículo 147 de la ley 65/93). (Original sin subrayas).

6 Consejo de Estado. Rad. 250000-23-26-000-2001-0485-01(ACU)

7 Defecto sustantivo, orgánico o procedimental: La acción de tutela procede, cuando puede probarse que una decisión judicial desconoce normas de rango legal, ya sea por aplicación indebida, error grave en su interpretación, desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes, o cuando se actúa por fuera del procedimiento establecido. Sobre defecto sustantivo pueden consultarse las sentencias T-260/99, T-814/99, T-784/00, T-1334/01, SU.159/02, T-405/02, T-408/02, T-546/02, T-868/02, T-901/02, entre otras.

8 Fl. 50 C.O. 1

9 Fl. 53 ibídem

10 CSJ STP256-2015, 22 Enero 2015, Rad. 77498

11 ST-975 de 2005

12 Entre los que incluyó la “personalidad reincidente” del sentenciado, sus relaciones familiares que calificó como “algo de alcahuetería”, y la amenaza para la seguridad de la sociedad.