Sentencia STP16202-2014 de noviembre 18 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS

STP16202-2014

Rad.: 76.611

Magistrado Ponente

Dr. José Leonidas Bustos Martínez

(Aprobado Acta número 394)

Bogotá, D. C., dieciocho de noviembre de dos mil catorce.

Objeto de la decisión

Resuelve la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas, la impugnación interpuesta, a través de apoderado, por Rubén Darío Mancinas Aguilar, contra el fallo de tutela emitido el 2 de octubre de 2014, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante el cual negó el amparo de sus derechos fundamentales, supuestamente vulnerados por la Fiscalía Veinte Especializada de la misma sede; ordenándose vincular al trámite a la Fiscalía Primera Seccional de Rionegro, al Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías y al Juzgado Veintiséis Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín.

Antecedentes relevantes

El 12 de marzo de 2014, en el aeropuerto José María Córdova de Medellín, Rubén Darío Mancinas Aguilar fue retenido, debido a que “portaba dentro de dos maletas dos mil doscientos (2.200) billetes en denominación de cien dólares americanos”. Luego, el 13 siguiente, la Fiscalía resolvió disponer su libertad, por considerar que no se está ante una situación de flagrancia y objetivamente no resulta verificado el delito de lavado de activos. Sin embargo, procedió a incautar el dinero referido y a ordenar su depósito en el Banco de la República.

Posteriormente, MancinasAguilar acudió ante el juez de control de garantías, para solicitar la devolución de la suma dineraria reseñada, despachos que en primer y segundo grado negaron su solicitud.

Fundamentos de la acción

A través de apoderado, Rubén Darío Mancinas Aguilar promovió acción de tutela contra la Fiscalía Veinte Especializada de Medellín, por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, en razón a que la accionada no ha autorizado la devolución de los dineros que le fueron incautados, mismos (sic) que mantiene en tal condición sin que medie una decisión judicial que así lo disponga o una medida cautelar impartida por la autoridad jurisdiccional competente, pues, teniendo el deber de acudir ante el juez de control de garantías para legalizar dicha incautación no lo efectuó, con el agravante de que el término de que trata el artículo 88 del Código de Procedimiento Penal ya expiró. Incluso, agrega, tal omisión ha impedido el pago de la multa que le fue impuesta en el marco de la actuación administrativa que se sigue ante la DIAN.

Desde esta óptica, solicita que mediante este mecanismo constitucional se ordene la devolución de los dineros que le fueron incautados en forma ilegal.

Fallo impugnado

Mediante fallo del 2 de octubre de 2014, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín negó la protección reclamada, con fundamento en que “debidamente acreditada la posibilidad que tiene el accionante de debatir el asunto dentro de la actuación penal que viene siendo adelantada en contra del señor Rubén Darío Mancinas Aguilar no puede el juez de tutela irrumpir en el análisis de fondo del problema jurídico planteado en la demanda constitucional, pues para que esta situación sea posible se requiere indubitablemente que se cumplan ciertas medios de defensa que ofrece el ordenamiento jurídico los cuales deberán surtirse en la actuación penal que adelanta la Fiscalía”.

Impugnación

El apoderado del actor impugnó el fallo atrás citado y como sustento insistió en los fundamentos de la demanda, esto es, respecto de la falta de competencia de la Fiscalía para incautar y mantener en esa condición los dineros que le fueron retenidos a su representado, sin que medie una orden judicial o medida cautelar que legalice dicha actuación.

Consideraciones de la Sala

La Sala, con fundamento en el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000(1), en armonía con el artículo 46 del Acuerdo 006 del 12 de diciembre de 2012(2), es competente para conocer de las impugnaciones promovidas en contra de las sentencias de tutela dictadas por los tribunales superiores de distrito judicial.

Por su parte, según el artículo 32, inciso 2º del Decreto 2591 de 1991, el juez que conozca de la impugnación estudiará el contenido de la misma, cotejándolo con el acervo probatorio y con el fallo. Si a su juicio este carece de fundamento, procederá a revocarlo, mientras que si lo encuentra ajustado a derecho lo confirmará.

A su turno, el artículo 86 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces, con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando, por acción u omisión, le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial, o cuando, existiendo, la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.

Control de legalidad sobre bienes objeto de incautación

El inciso primero del artículo 34 de la Constitución Política prohíbe las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Por su parte, el numeral segundo del artículo 250 prevé que la Fiscalía General de la Nación en ejercicio de sus funciones deberá adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. En estos eventos el juez que ejerza las funciones de control de garantías efectuará el control posterior respectivo, a más tardar dentro de las treinta y seis horas siguientes.

Ahora, en lo que respecta a la figura del comiso, se precisa que la misma procede: i) sobre los bienes y recursos del penalmente responsable que provengan o sean producto directo o indirecto del delito; ii) o sobre aquellos utilizados o destinados a ser utilizados en los delitos dolosos como medio o instrumentos para la ejecución del mismo; iii) sobre los bienes del penalmente responsable cuyo valor corresponda o sea equivalente al de bienes producto directo o indirecto del delito, cuando de estos no sea posible su localización, identificación o afectación material, sin perjuicio también de los derechos de las víctimas y terceros de buena fe.

El efecto de la declaratoria de esta figura conlleva que los bienes pasen en forma definitiva a la Fiscalía General de la Nación a través del Fondo Especial para la Administración de Bienes, a menos que la ley disponga su destrucción o destinación diferente (L. 906/2004, art. 82).

Entonces, en punto de las medidas materiales y jurídica sobre bienes susceptibles de comiso se encuentran: i) la incautación y ocupación y ii) la suspensión del poder dispositivo. Las cuales proceden: i) cuando se tengan motivos fundados para inferir que los bienes o recursos son producto directo o indirecto de un delito doloso; ii) que su valor equivale a dicho producto, iii) que han sido utilizados o estén destinados a ser utilizados como medio o instrumento de un delito doloso, iv) o que constituyen el objeto material del mismo, salvo que deban ser devueltos al sujeto pasivo, a las víctimas o a terceros (art. 83 ejusdem).

El trámite en la incautación u ocupación de bienes con fines de comiso efectuadas por orden del Fiscal General de la Nación o su delegado, o por acción de la Policía Judicial comporta que dentro de las treinta y seis horas siguientes a ello comparecerá ante el juez de control de garantías para la realización de la audiencia de revisión de la legalidad sobre lo actuado (art. 84 ejusdem).

Y, para efectos de la devolución de bienes señala el artículo 88 del Código de Procedimiento Penal de 2004 que antes de formularse la acusación y en un término que no puede exceder de seis meses, serán devueltos los bienes y recursos incautados u ocupados a quien tenga derecho a recibirlos cuando no sean necesarios para la indagación o investigación, o se determine que no se encuentran en una circunstancia en la cual procede su comiso; sin embargo, en caso de requerirse para promover acción de extinción de dominio dispondrá lo pertinente para dicho fin.

En las mismas circunstancias, continúa la norma, la petición del fiscal o de quien tenga interés legítimo en la pretensión, el juez que ejerce las funciones de control de garantías dispondrá el levantamiento de la medida de suspensión del poder dispositivo.

Análisis del caso concreto

1. Para el caso, se encuentra que, con ocasión de los hechos ocurridos el 12 de marzo de 2014, en el aeropuerto José María Córdova de Medellín, donde Rubén Darío Mancinas Aguilar, ciudadano mexicano, “fue sorprendido (…) en el momento en que portaba dentro de dos maletas dos mil doscientos (2.200) billetes en denominación de cien dólares americanos”, se iniciaron dos actuaciones, una de carácter administrativo cambiario y otra de naturaleza penal.

En relación con la primera, se observa que ante la DIAN se adelantó actuación administrativa cambiaria en contra de Mancinas Aguilar, dentro de la cual se profirió la Resolución 3171 del 28 de agosto de 2014, por cuyo medio se le impuso la multa a favor del tesoro nacional por la suma de $128.746.170, por no presentar la declaración en los términos en los que establece el régimen cambiario al ingresar al país con divisas por un monto superior a diez mil dólares, según la Resolución Externa 8 de mayo 5 de 2000, modificada por la Resolución Externa 6 de julio 23 de 2004 de la Junta Directiva del Banco de la República, en armonía con el numeral 28 del artículo 3º del Decreto 2245 del 28 de junio de 2011.

Igualmente, se ordenó “remitir una copia a la Fiscalía Veinte de la Unidad Especializada de Medellín de la Fiscalía General de la Nación (…) para que haga parte de la noticia criminal número 056156000702201400022 por el delito de lavado de activos, con el fin de que nos informen cuando finalice el proceso y que pongan a disposición de este despacho las divisas para el descuento de la sanción, de conformidad con lo establecido en los artículos 35 y 36 del Decreto 2245 de 2011”.

Respecto de la segunda, la Fiscalía Primera Seccional de Rionegro, por medio de resolución del 13 de marzo de 2014, resolvió que “objetivamente no existen los elementos materiales probatorios que de manera razonable nos digan que efectivamente este ciudadano se encuentre incurso en el citado delito o en cualquier otro, por lo que no se aprecia de manera clara la situación de flagrancia del artículo 301 de la Ley 906 de 2004 en que pueda haber incurrido esta ciudadano y específicamente con respecto a la materialidad del delito, por lo que el capturado se dejara en libertad bajo compromiso de acuerdo a lo ordenado por el artículo 302 ibídem mientras la Fiscalía allega más información al respecto. Con respecto al dinero incautado este se depositara en el Banco de la República una vez se hayan realizado las pesquisas investigativas pertinentes por parte de la policía judicial”.

Ahora, en el término de contestación de la demanda, la Fiscalía Veinte Especializada de Medellín, despacho a quien se le asignó el conocimiento de la indagación, puntualizó que en lo que respecta a la devolución del dinero al demandante se le informó que “no se podía devolver o entregar el dinero (que es lo que subyace a la acción de tutela) hasta tanto no se haya adoptado una decisión de fondo con respecto a la indagación (bien una preclusión o bien una sentencia absolutoria), o que se establezca, como lo insinúa el accionante, que lo que dijo el Fiscal de Rionegro es que nos encontrábamos en presencia de una conducta atípica objetivamente, porque ese dinero (…), de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 100 del Código de las Penas es el elemento del delito y en esa medida, en el evento de una sentencia condenatoria, habría lugar al comiso del mismo. Esto en concordancia con el artículo 82 de la Ley 906 de 2004. Lo anterior, según criterio de este delegado, pese a que no existe medida cautelar sobre ese dinero (…)” (se destaca).

Inconforme con la respuesta anotada, el actor acudió al juez de control de garantías, correspondiéndole el conocimiento de tal petición —devolución del dinero— al Juzgado Séptimo Penal Municipal de Medellín, despacho que, en sesión de audiencia del 25 de junio de 2014, la negó, con fundamento en el artículo 88 del Código de Procedimiento Penal, en el entendido que es a la Fiscalía a la que le compete resolver dicho pedimento. Apelada la decisión, el Juzgado Veintiséis Penal del Circuito de la misma ciudad la confirmó, tras colegir que en esta particular situación no era procedente el control de la incautación reclamada por el peticionario.

2. Pues bien, en inicio la Sala verifica que los presupuestos de procedibilidad de la acción de tutela se satisficieron, por cuanto los derechos aludidos en menoscabo comportan relevancia constitucional, se cumple el requisito de la inmediatez —la vulneración persiste—, el actor agotó el mecanismo con el que contaba para plantear la temática expuesta en esta sede, a saber, acudió al juez de control de garantías.

No obstante, la respuesta de tales despachos judiciales resultaron contrarias al ordenamiento jurídico, habida cuenta que resolvieron el asunto sin atender a un ejercicio hermenéutico integral de las normas que regulan el control de legalidad que le precede a los bienes objeto de incautación.

Tal realidad se mantuvo cuando el juez de tutela de primera instancia resolvió el caso, con fundamento en la improcedencia de la vía constitucional por proceso en curso, argumento que no guarda sustento, pues lo cierto es que el procedimiento en cuestión se encuentra en indagación, es decir, lo consiguiente no es que el actor provoque su imputación para efectos de ejercer la oposición a los actos de incautación que realizó la Fiscalía, en efecto, no se puede perder de vista que el proceso se inicia con la acusación, de manera que, era de su competencia ocuparse de fondo de la temática propuesta, por cuanto el accionante agotó el mecanismo que tenía a su alcance, lo contrario, se traduce en denegación del acceso a la administración de justicia.

Ello es así, toda vez que resulta palmario la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, por falta de aplicación de una norma sustantiva al trámite de incautación que materializó la Fiscalía y porque tal actuación reviste matices de una confiscación, lo cual está prohibido constitucionalmente.

Nótese que el comiso es la figura jurídica por cuyo medio los bienes del penalmente responsable que provienen o son producto directo o indirecto del delito o han sido utilizados o destinados a ser utilizados como medio o instrumentos para la ejecución del mismo, pasan a poder de la Fiscalía General de la Nación, previo agotamiento del procedimiento previsto en la ley, sin perjuicio de los derechos que tengan sobre ellos los sujetos pasivos o los terceros de buena fe.

En procura de ese objetivo, el canon 83 de la Ley 906 de 2004 establece la incautación y la ocupación como medidas cautelares de carácter material sobre bienes susceptibles de comiso y la suspensión del poder dispositivo como medida jurídica.

Para la realización de tales medidas materiales se deben observar las siguientes pautas: i) la orden de incautación u ocupación debe provenir del Fiscal General o de su delegado; ii) la incautación también puede surgir del accionar de la policía judicial en los eventos señalados en esa normatividad; iii) dentro de las 36 horas siguientes a la incautación u ocupación de bienes, la Fiscalía debe acudir al juez de control de garantías para que revise la legalidad de lo actuado.

Surtido el control de legalidad, dentro de los seis meses siguientes y antes de proferirse la acusación, con más espacio y mayores elementos de juicio, el delegado del ente acusador puede optar por devolver el bien a su propietario o tenedor legítimo, orientarlo al trámite de extinción de dominio o solicitar su comiso, previo agotamiento del procedimiento que garantice el debido proceso y el derecho de contradicción de los intervinientes, tal como lo dispone el artículo 88 ibídem.

En este orden de ideas, se colige que:

(…) la Ley 906 de 2004 adjudicó a la Fiscalía General de la Nación, a través de los fiscales delegados, la obligación de atender de forma diligente, en los plazos allí señalados, lo relacionado con los bienes incautados u ocupados, situación que le impone acudir ante los jueces de control de garantías o de conocimiento, según sea el caso, para demandar las decisiones pertinentes.

La omisión de tal deber conlleva la vulneración del debido proceso en tanto el término fijado en el artículo 84 de dicha preceptiva es imperativo, no simplemente facultativo. En esa medida, los sujetos procesales, los intervinientes y los operadores jurídicos están obligados a acatarlos, pues no tendría sentido establecerlos si su cumplimiento pudiera quedar al arbitrio de las partes.

Recuérdese que los términos constituyen oportunidades para que las partes, intervinientes y operadores judiciales ejecuten las actuaciones impuestas en la ley. Entonces, hacen parte del debido proceso en tanto crean certeza sobre el tiempo en que se puede actuar en cada situación procesal; así mismo, materializan los principios de igualdad y seguridad jurídica al precisar el límite dentro del cual se pueden usar los diversos mecanismos y recursos establecidos en la ley.

En ese contexto, el incumplimiento del plazo previsto en el canon 84 ibídem para efectuar el control de legalidad de la incautación u ocupación de bienes, comporta la devolución del elemento aprehendido a quien acredite tener mejor derecho sobre el mismo, en tanto se hace necesario restablecer la garantía fundamental afectada (se destaca). (CSJ AP, 17 de oct. de 2012, Rad. 39659).

Así, entonces, en contraste con lo analizado, para el caso se evidencia que: i) la Fiscalía primero concluyó que objetivamente no existen los elementos materiales probatorios que de manera razonable lleve a inferir la comisión del delito de lavado de activos; ii) no obstante, incautó y retuvo en tal condición bienes al actor; iii) sin que acudiera al juez de control de garantías para legalizar dicha actuación; iv) omisión que no abordaron los jueces de control de garantías y el juez de tutela de primera instancia.

En efecto, la Fiscalía debió solicitar el control de legalidad sobre la incautación del dinero, porque tal actuación le subyace por expreso mandato del artículo 84 del Código de Procedimiento Penal cuando señala que “dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la incautación u ocupación de bienes o recursos con fines de comiso, efectuadas por orden del Fiscal General de la Nación o su delegado, o por acción de la policía judicial en los eventos señalados en este código, el fiscal comparecerá ante el juez de control de garantías para que realice la audiencia de revisión de la legalidad sobre lo actuado”.

Es más, la lectura del artículo 88 siguiente no soslaya el precepto anterior, puesto que, si bien la devolución de los bienes incautados podrá hacerse a quien tenga derecho a recibirlos cuando no sean necesarios para la indagación o investigación, o se determine que no se encuentran en una circunstancia en la cual procede su comiso, lo cierto es que de ninguna manera tal actuación desdibuja el control que precede ante el juez de control de garantías. De hecho, recientemente la Corte Constitucional especificó que incluso ese acto de devolución de bienes también debe contar con la intervención del funcionario judicial.

Recuérdese que el texto original del artículo 88 ejusdem señalaba:

ART. 88.—Devolución de bienes. Además de lo previsto en otras disposiciones de este código, antes de formularse la acusación y por orden del fiscal, y en un término que no puede exceder de seis meses, serán devueltos los bienes y recursos incautados u ocupados a quien tenga derecho a recibirlos cuando no sean necesarios para la indagación o investigación, o se determine que no se encuentran en una circunstancia en la cual procede su comiso; sin embargo, en caso de requerirse para promover acción de extinción de dominio dispondrá lo pertinente para dicho fin.

En las mismas circunstancias, a petición del fiscal o de quien tenga interés legítimo en la pretensión, el juez que ejerce las funciones de control de garantías dispondrá el levantamiento de la medida de suspensión del poder dispositivo.

Luego, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-591 de 2014 declaró inexequible las expresiones “Además de lo previsto en otras disposiciones de este código”, “y por orden del fiscal” contenidas en el inciso primero del artículo 88 de la Ley 906 de 2004, con soporte en los razonamientos que se pasan a citar, sintetizados en el comunicado de prensa Nº 33 del 20 de agosto de 2014:

Se consideró por la Corte que lo que sí se deriva de la norma parcialmente acusada es que la competencia adscrita al fiscal de devolver los bienes que han sido incautados u ocupados con fines de comiso, a quien tuviere derecho a recibirlos, sin que medie la autorización previa del juez de control de garantías, tiene la potencialidad de afectar el derecho al debido proceso, el acceso a la justicia del imputado, de terceros de buena fe y de las víctimas, y eventualmente el derecho a la reparación del daño de estas últimas.

(…)

La potestad que la norma asigna al fiscal para que, directamente, defina la devolución de esos valores, a quien tuviere derecho a recibirlos, limita el derecho de acceso a la justicia y el debido proceso (derecho de defensa) de quienes tuviesen una pretensión legítima sobre los mismos, comoquiera que es una decisión que se adopta de plano, sin audiencia de los eventuales afectados, y por una autoridad que conforme al modelo acusatorio no ejerce funciones típicamente jurisdiccionales.

La Sala destacó que el legislador consideró que la adopción de las medidas cautelares materiales de incautación de bienes muebles y ocupación de bienes inmuebles, efectuadas por orden del fiscal o por acción de la policía judicial, podrían conllevar afectación de derechos fundamentales por lo que dispuso un control de legalidad posterior, dentro de las 36 horas siguientes a dicha actuación (art. 84). En efecto, en una actuación de esta naturaleza se pueden ver implicadas garantías constitucionales como el debido proceso, la intimidad y el acceso a la justicia del imputado o de terceros con derechos legítimos sobre los bienes y recursos que son objeto de la medida (se destaca).

(…)

(…) Tanto la incautación de bienes muebles como la ocupación de inmuebles, comportan severas limitaciones al poder dispositivo de dichos bienes, comoquiera que tratándose de valores sujetos a registro (inmuebles y vehículos) dichas medidas deben ser inscritas, y en lo que concierne a los muebles, el poder de disposición se afecta con la incautación misma (se destaca).

(…)

La conclusión de la Corte Constitucional es que la norma que autoriza al fiscal para que directamente, disponga sobre la devolución, a quien tenga derecho a recibirlos, de unos bienes que han sido afectados con medidas materiales de incautación y ocupación, vulnera dos principios nucleares del sistema penal acusatorio: (i) la separación de funciones entre el fiscal y el juez de control de garantías, conforme al cual las decisiones que comporten potestad jurisdiccional solo pueden ser proferidas por este; y (ii) la radicación en el juez de control de garantías de las decisiones que afecten derechos fundamentales. La medida afecta los derechos fundamentales de acceso a la justicia de quienes tuvieren un interés legítimo en los bienes incautados u ocupados, particularmente el derecho de las víctimas a garantizar su expectativa reparatoria.

Por su parte, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sobre la temática en análisis, ha puntualizado lo siguiente:

Cuando un bien mueble o inmueble incautado u ocupado no es presentado ante el juez de garantías para que se imparta la legalidad de las diligencias cumplidas por la Fiscalía o la policía judicial, los mandatos constitucionales y legales generan la imposibilidad de decretar medidas cautelares y el comiso de las cosas u objetos.

Si un bien no es sometido al trámite previsto en el artículo 84 citado, no será posible suspender el poder dispositivo que sobre el mismo tiene su titular y tampoco será lícito ni legítimo que la autoridad judicial ordene el comiso porque de lo contrario se estarán desconociendo los derechos y garantías que les asisten a los asociados.

Admitir que el comiso se puede ordenar en un proceso en el que no se realizó el trámite de incautación u ocupación de bienes previsto imperativamente en la codificación procesal, deviene en acto arbitrario que vulnera el debido proceso y el derecho de defensa. Permitir una tal conducta sería tanto como aceptar que el ordenamiento jurídico nacional autoriza que se profieran sentencias de condena contra acusados a quienes no se les hizo la audiencia de imputación de cargos (CSJ AP, 23 de oct. de 2008, Rad. 29859).

3. Dilucidados los anteriores lineamientos normativos, jurisprudenciales y la cuestión fáctica, la Sala concluye en la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia de Rubén Darío Mancinas Aguilar, en razón a que la Fiscalía no solicitó el control de legalidad a la incautación de la suma de dinero que permanece retenida en tal condición, deber funcional que omitió o rehusó, con la cual negó su deber jurídico sin explicación o justificación válida, acreditada y atendible.

Omisión que reporta mayor trascendencia si se tiene en cuenta que “la conducta de transportar con la pretensión de introducir injustificada y clandestinamente al país o sacar de él, eludiendo todos los controles cambiarios, financieros, aduaneros y policivos una cantidad apreciable de dinero en efectivo, representado en moneda extranjera, como otra de las modalidades utilizadas para el blanqueo de capitales, no solamente es punible en nuestra legislación, sino que la consagración como delito corresponde precisamente al cumplimiento de compromisos internaciones adquiridos por Colombia, con el fin de prevenir, controlar y reprimir la práctica de actividades que afectan el normal funcionamiento de las economías internas de cada uno de los países, como consecuencia del ingreso o salida de recursos de contenido económico provenientes de actividades delictivas (…) que con total fundamento la Corte Constitucional tiene establecido que “el lavado de activos y su repercusión no sólo en el ámbito nacional sino internacional, ha llevado a los distintos Estados y organizaciones internacionales a elaborar una serie de instrumentos tendientes a prevenir, controlar y reprimir esta conducta delictiva, de alcances transnacional, que durante algunos años estuvo asociada a delitos como el de tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y tóxicas, y que en el año de 1988, con la Declaración de Principios de Basilea y la Convención de Viena, pasó a convertirse en un delito de carácter autónomo”(3)” (CSJ SP, 5 de oct. de 2006, Rad. 25248).

Por lo visto, la Sala también dispondrá la compulsa de copias contra los Fiscales Primero Seccional de Rionegro y Veinte Especializado de Medellín, con la finalidad de que se establezca si la actuación analizada en el sub júdice fue constitutiva de alguna falta disciplinaria o conducta punible.

En tales condiciones, la decisión que se impone adoptar a la Sala es la de revocar el fallo impugnado y conceder el amparo deprecado, para lo cual ordenará a la Fiscalía demandada que acuda ante el juez de control de garantías para promover la audiencia a que se refiere el artículo 84 del Código de Procedimiento Penal de 2004, y en desarrollo de la misma proceder de conformidad con los preceptos legales ya citados.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en Sala de Decisión de Acciones de Tutela, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR el fallo impugnado. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de Rubén Darío Mancinas Aguilar.

En consecuencia,

2. ORDENAR a la Fiscalía Veinte Especializada de Medellín que en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas, a partir de la notificación de este fallo, solicite ante el juez de control de garantías la audiencia de que trata el artículo 84 de la Ley 906 de 2004, en relación con los bienes que le fueron incautados a Mancinas Aguilar el 12 de marzo de 2014, en el aeropuerto José María Córdova de Medellín y de los cuales ordenó su depósito en el Banco de la República.

3. COMPULSAR COPIAS contra los Fiscales Primero Seccional de Rionegro y Veinte Especializado de Medellín, con la finalidad de que se establezca si lo analizado en el sub júdice constituyó alguna falta disciplinaria o conducta punible.

4. ORDENAR a La Fiscalía Veinte Especializada de Medellín que informe a la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma sede, juez de tutela de primera instancia, el cumplimiento de lo ordenado en el numeral segundo.

5. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

6. REMITIR el expediente con destino a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: José Leonidas Bustos Martínez—Eugenio Fernández Carlier—Patricia Cuéllar Salazar.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

(1) Decreto 1382 de 2000. Artículo 1º:

2. Cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del accionado. Si se dirige contra la Fiscalía General de la Nación, se repartirá al superior funcional del juez al que esté adscrito el fiscal.

Lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, será repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, sección o subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 4º del presente decreto.

(2) Reglamento general.

ART. 46.—De las impugnaciones contra las sentencias dictadas por los tribunales superiores de distrito judicial que resuelvan las acciones de tutela en que sea accionada cualquier autoridad pública de orden nacional, conocerá la Sala de Casación que sea el respectivo superior funcional de quien las haya dictado.

(3) Cfr. Sentencia C-326 de 2000.