Sentencia STP16409-2016 de noviembre 9 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL - EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA,

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Nº 3

STP16409-2016

Radicación: 88915

Magistrado Ponente:

Dr. José Francisco Acuña Vizcaya

(Aprobado acta 354)

Bogotá, D.C., nueve de noviembre de dos mil dieciséis.

Decide la Sala la impugnación interpuesta por la directora regional noroeste del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el jefe de la oficina jurídica de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, el representante legal del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios y los Alcaldes de los municipios de Caldas, Antioquia, Envigado, Sabaneta y Medellín, contra el fallo proferido el 28 de septiembre 2016, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante el cual concedió el amparo de los derechos fundamentales invocados por JOSÉ ALEJANDRO BALAGUERA GALVIS, Procurador 116 Judicial II, en representación de la población privada de la libertad en la unidad de reacción inmediata, las estaciones de Policía del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, CTI y Sijin, presuntamente vulnerados por las entidades impugnantes.

Antecedentes

Y

Fundamentos de la acción

Así fueron sintetizados los fundamentos de la acción en el fallo constitucional de primera instancia:

De lo narrado por el Procurador 116 Judicial II, se extrae que dicha entidad efectuó unas labores de verificación en los calabozos de las estaciones de Policía La Candelaria, Laureles, San Javier la Lima, Belén, Poblado, Bello, Altavista, Girardota, Copacabana, Los Gómez, Sabaneta, Caldas, Envigado, Doce de Octubre, Castilla, Popular, Manrique, Aranjuez, San Cristóbal, Buenos Aires, Villa Hermosa, Santa Elena, la Sijin y el Bunker de la Fiscalía General de la Nación; hallando que en dichas salas temporales, se encuentran detenidas para el 8 de septiembre del corriente (sic), un total de 488 personas entre imputados y condenados, en un estado deplorable, sin que sea posible su traslado al respectivo centro carcelario, dada la dificultad que se presenta con la admisión de internos en los diferentes establecimientos carcelarios. Solicitó se ordene al Ministerio de Justicia, al Inpec, y a la Asociación Sindical Unitaria de Servidores Públicos del sistema penitenciario y carcelario, restablezcan los derechos de los ciudadanos privados de la libertad en los lugares referenciados, disponiéndose su remisión y admisión en los centros carcelarios del área metropolitana(1).

El fallo impugnado

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín amparó los derechos a la dignidad humana, a la salud, a la alimentación y a no ser sometido a tratos y penas crueles, en consecuencia, ordenó (i) al comandante de Policía del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a la coordinación de la URI de la fiscalía, al director seccional del CTI y al comandante de la Sijin que en el término de ocho (8) días siguientes, se abstengan de mantener personas en detención, por un periodo superior a las 36 horas. Y, en un término razonable que en ningún caso puede superar esos ocho días contados a partir de la notificación de esta providencia, procedan a trasladar a las personas sindicadas y condenadas que lleven más de 36 horas en las unidades de reacción inmediata, salas de retenidos de las estaciones de Policía del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, del CTI y la Sijin, a los establecimientos de reclusión del orden nacional o distrital en los que deben permanecer hasta que la autoridad judicial competente ordene su libertad; (ii) al Inpec que, en el mismo término, reciba en custodia y efectúe el ingreso y registro al sistema penitenciario y carcelario de todas las personas que lleven más de 36 horas recluidas en los centros de retención transitoria (…), registrando el estado de salud y los requerimientos de atención en salud de todas las personas que recibe en custodia, especialmente de quienes reporten al momento del ingreso enfermedades (…); (iii) a las alcaldías de Medellín, Caldas, Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, Girardota y Copacabana que en coordinación con el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, en un término de tres meses, elabore y presente un programa de ampliación de infraestructura carcelaria y de las áreas para detención transitoria de las instalaciones que atienda las necesidades de cupos para la detención preventiva y transitoria en el área metropolitana del Valle de Aburrá, programa que deberá adelantarse y culminarse en un término no mayor a 4 años, para lo cual las alcaldías deberán proveer los recursos en el presupuesto de celebrar los convenios que sean necesarios con la Nación a efecto de ampliar y mejorar la infraestructura y el sostenimiento de los centros de detención transitoria y de reclusión en el área metropolitana y (iv) a los representantes legales del sindicato SEUO y de la Asociación Sindical Unitaria de Servidores Públicos del sistema penitenciario y carcelario seccional Bello, dispongan lo necesario para que no se impida el acceso a los internos(2).

Respaldó esa determinación con los siguientes argumentos:

i) El procurador referenció que había un total de 488 ciudadanos privados de la libertad, entre ellos 427 imputados y 61 condenados, en un estado lamentable, pues presentan problemas en la alimentación, en la prestación de los servicios de salud, se dificulta la visita de sus familiares, duermen en el suelo y hasta en los pasillos, por ser espacios cerrados no reciben la luz del día, algunos lugares carecen de sanitarios y duchas, entre otra serie de situaciones, y que evidencian el olvido y abandono en que se encuentran estas personas.

ii) Cerca de 488 personas se encuentran a la espera de ser trasladadas a los respectivos centros carcelarios, sin que sea la solución negarse al recibo de los mismos (…) sino en buscar soluciones de fondo al tema de las crisis de hacinamiento, problemática que no es novedosa pues la Corte Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones reiterando el estado de cosas inconstitucional.

(iii) No se pueden sacrificar los derechos fundamentales de las personas recluidas en lugares no aptos, y si bien los establecimientos carcelarios también se encuentran hacinados, son ellos los que cuentan, así sea precariamente, con la infraestructura física para albergar a los mismos, garantizándoles por lo menos la alimentación, visitas, etc.

(iv) No obstante los directores de los establecimientos de reclusión tienen la carga de recibir los internos que se encuentran bajo la custodia y vigilancia del Inpec, es claro que los entes territoriales también deben asumir su responsabilidad en el asunto, pues no es cierto que no tengan competencia para ello, pues por expresa disposición legal las personas detenidas preventivamente están a cargo de los referidos entes, y si estos carecen de sus respectivas cárceles, pueden contratar con el Inpec para el recibo de los mismos.

Las impugnaciones

1. La directora regional noroeste del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario impugnó el fallo. Solicitó que se revoque el numeral segundo de la providencia de primera instancia, pues, a su juicio, es contradictoria, ya que desconoce la situación de hacinamiento que existe en los establecimientos penitenciarios y carcelarios, declarada en Sentencia T-388 de 2013. Indicó que no es posible efectuar el traslado de los internos teniendo en cuenta la regla de equilibrio decreciente fijada para su ingreso. Estimó que son los entes territoriales los llamados a resolver el problema de hacinamiento que se presenta en la mayoría de cárceles del país y que, dada la situación actual, no es posible prohibir a las estaciones de policía que reciban a las personas detenidas(3).

2. El jefe de la oficina jurídica de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios solicitó se revoque el numeral cuarto de la parte resolutiva, en cuanto impone obligaciones a la Uspec que, por ley, no está llamada a cumplir. Insistió en que las entidades territoriales son las encargadas de la organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por lo que la decisión del a quo no se articula con las competencias de los municipios ni con la Sentencia T-388 de 2013 que declaró nuevamente el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario. En ese orden de ideas, considera que son las autoridades locales y el departamento de Antioquia, quienes deben adoptar medidas precisas y pertinentes, con el propósito de poner en marcha el correcto y adecuado funcionamiento de los establecimientos carcelarios de su jurisdicción.

Explicó que la entidad que representa carece de competencia para trasladar y asignar cupos en los establecimientos carcelarios, lo que es competencia exclusiva de la dirección general del Inpec. Por lo anterior, solicitó que se le desvincule del presente trámite(4).

3. El representante legal del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios —SEUP— informó que en el establecimiento penitenciario de Pedregal, dadas las graves condiciones de hacinamiento, la zona de recepción, que es de tránsito, ha tenido que ser usada como celdas y pabellones, existiendo más de 550 personas recluidas en ese sitio. Solicitó que se aclare (i) cómo será la implementación, en el establecimiento de Pedregal, del sistema de equilibrio decreciente ordenado en las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015 y (ii) que en el establecimiento de Pedregal no se podrán recibir internos provenientes de la estaciones de Policía, CTI y URIS, hasta tanto no disminuyan los niveles de hacinamiento en esa área específica(5).

4. El Alcalde de Caldas - Antioquia informó que el municipio cuenta con un establecimiento de reclusión propio que presenta precarias condiciones de seguridad y salubridad, por lo que fue necesario suscribir un convenio interadministrativo con un municipio cercano que cuenta con la infraestructura y experiencia necesarias, con el fin de brindar albergue a las personas que se encuentran a su cargo en situación de sindicados o imputados. Señaló que no es posible cumplir con el plazo de tres meses dispuesto en la sentencia para efectuar los estudios que allí se ordenaron, dado que el centro carcelario “amenaza ruina, situación que hace necesario buscar los recursos y realizar los estudios para una eventual demolición y posterior construcción de una nueva sede administrativa, lo que conllevaría a prolongar el término indicado”(6).

5. La apoderada del municipio de Envigado se opuso a la decisión de primera instancia. Manifestó que el municipio cuenta con la infraestructura física y el personal idóneo para asumir el cuidado de las personas sujetas a detención preventiva en calidad de sindicados; garantiza el bienestar de los reclusos a su cargo en condiciones dignas, garantizando los servicios de alimentación, visitas, sanidad, seguridad interna, salud, entre otros.

Aclaró que “la entrega al Inpec de los capturados o detenidos a los centros carcelarios, cuando ya hay asignado un cupo en el centro de reclusión, ha presentado muchos problemas por cuanto las instituciones carcelarias no reciben personal, por lo que las personas deben ser trasladadas desde el comando de policía del municipio de Envigado o de la cárcel municipal, situación que es ajena al ente territorial”(7).

6. La apoderada del municipio de Medellín cuestionó que el fallo impusiera una carga económica imprevista a los municipios, desconociendo la ley orgánica del presupuesto y ordenado la realización, mediante un fallo de tutela, de una obra de carácter público. Precisó que el complejo penitenciario y carcelario El Pedregal es un establecimiento del orden nacional, cuya responsabilidad recae en el Inpec, según los parámetros establecidos en la Ley 65 de 1993 y los decretos 169 de 2015 y 204 de 2016.

Expuso que “en cabeza de los entes territoriales existe expresa obligación de adecuar sitios para la reclusión de detenidos preventivamente o sindicados. No obstante, es responsabilidad del Ministerio de Justicia proveer dichos recursos económicos a las entidades territoriales, situación que no ha acontecido (…) En ese orden de ideas, es apenas elemental que el Ministerio de Justicia entregue los recursos económicos suficientes para el cumplimiento de las exorbitantes obligaciones impuestas a los entes territoriales para la atención de la población detenida preventivamente. Aunado a que la Sentencia T-388 de 2013 ratificó que es el gobierno, a través del Ministerio de Justicia, el Inpec y Uspec quienes deben encargarse de la política carcelaria y proveer los recursos para superar la condición de vulnerabilidad, sin mencionar en ningún caso a los entes territoriales”(8).

Con todo, señaló que la administración municipal ha colaborado a minimizar la situación de vulnerabilidad de la población carcelaria, dentro del margen de su competencia y el patrimonio con el que cuenta, insistiendo en que no le es posible cumplir el fallo constitucional en los términos en que fue proferido. Agregó que no existe legitimación por pasiva y estimó que en este caso no se acreditó un perjuicio irremediable(9).

Por último, consideró que, con el fin de dar cumplimiento a la Sentencia T-762 de 2015, ha realizado brigadas en temas de ayudas a la descongestión en las cárceles; como la tramitación de beneficios ante los jueces de ejecución de penas, apoyo con profesionales en derecho y psicología, desarrollo del programa “preparación para la libertad”, entre otros(10).

7. El apoderado del municipio de Sabaneta indicó que no existe la vulneración señalada en el fallo de primera instancia. Precisó que ha sido garante de los derechos de las personas privadas de la libertad, para lo cual suscribió el contrato interadministrativo de prestación de servicios del 16 de marzo de 2016, con el municipio de Envigado, con el fin de prestar los servicios para el recibo de personas privadas de la libertad por decisión judicial, conforme a lo dispuesto en la Ley 65 de 1993.

Expuso que, según el informe suministrado por la estación de policía de esa municipalidad, “las personas que están detenidas en esa dependencia no hacen parte del grupo de personas que han sido capturadas en el municipio de Sabaneta, y debido a la crisis carcelaria que afronta el país, la Policía Nacional ha asumido la custodia de personas privadas de la libertad en algunas instalaciones a nivel nacional, concluyendo que la situación que se presenta no es debido al espacio de las instalaciones de la estación de policía de Sabaneta, sino a la destinación que la da la policía a petición de la justicia colombiana”(11).

Manifestó que si bien los entes territoriales están en la obligación de adecuar sitios para la reclusión de detenidos preventivamente o sindicados, es responsabilidad del Ministerio de Justicia proveer dichos recursos económicos a las entidades territoriales. Solicitó se desvincule al municipio del presente trámite, al no serle imputable la vulneración de derechos alegada(12).

8. Finalmente, el apoderado del municipio de Itagüí, en impugnación que fue declarada extemporánea por el juez de primera instancia, precisó que “no tiene competencia para atender las peticiones presentadas en la presente acción, toda vez que la remisión y admisión al centro penitenciario ubicado en la municipalidad, pertenece a otro tipo de autoridades, y que por tanto, el ente territorial no concurre en el procedimiento interno que debe surtirse ente la Policía Nacional, el personal del Inpec y las órdenes concretas de las autoridades judiciales en lo penal”(13).

Aclaró que la alcaldía que representa cumple con las directrices trazadas en la Ley 65 de 1993, por medio de convenios administrativos con diferentes entidades y establecimientos penitenciarios, como el Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Paz, donde no se tiene un límite de cupos, es decir, se reciben la totalidad de personas que sean remitidas con orden de autoridad competente. Por lo anterior, solicita se declare que el municipio no ha vulnerado ningún derecho fundamental(14).

Consideraciones de la Sala

1. De conformidad con la preceptiva del artículo 1º del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta contra la decisión proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.

2. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a promover esta acción ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial, o existiendo, cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.

En diferentes oportunidades, la Sala ha precisado que el instrumento mencionado no se encuentra diseñado con miras a reemplazar al juez competente, de ahí que no sea de recibo cuando se advierte que el accionante cuenta con otro mecanismo judicial para invocar la protección de los derechos fundamentales que considera le han sido vulnerados. De tal forma, la competencia del juez de tutela se limita al examen y verificación del acto por el cual se presume, son violadas o amenazadas las garantías superiores.

Es por ello, que se han fijado criterios generales sobre la procedencia formal del amparo, los que han sido estatuidos en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 cuyo numeral primero señala la existencia de otro medio de defensa judicial para lograr la protección que mediante la acción constitucional se pretende obtener.

Análisis del caso concreto

1. El Procurador 116 Judicial II promovió acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en las unidades de reacción inmediata y las estaciones de policía del área metropolitana del Valle de Aburrá y en sitios aledaños a éstas, los cuales estima violados en razón de los hallazgos encontrados en las visitas de inspección realizadas por la Defensoría del Pueblo, en agosto de 2016.

Una vez analizadas las distintas impugnaciones interpuestas contra el fallo de primera instancia, se observa que las mismas se pueden agrupar en tres grupos: (i) los argumentos expuestos por el Inpec y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios —Uspec—, solicitando se revoque el fallo de tutela o, en su defecto, sean desvinculados del trámite, al considerar que las órdenes dispuestas en el fallo son de competencia exclusiva de los entes territoriales; (ii) aquellos invocados por las distintas alcaldías municipales, explicando que cuentan con la infraestructura y los servicios necesarios para atender la población carcelaria y pidiendo se revoque el numeral cuarto del fallo impugnado, mediante el cual se les impuso una carga económica contraria a la ley orgánica del presupuesto; y, por último, (iii) el presentado por el Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios, en el que pretende se aclare cómo será la implementación del sistema de equilibrio decreciente ordenado en las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015.

2. De entrada, la Sala anuncia que confirmará los numerales primero, segundo y tercero de la parte resolutiva del fallo impugnado(15), porque estos tienen como finalidad conjurar, en el corto plazo, la amenaza de un perjuicio irremediable que se cierne sobre los derechos fundamentales a la vida, dignidad y salud de los peticionarios y de aquellas personas que se encuentran en similares circunstancias de vulnerabilidad.

Sin embargo, revocará la orden relacionada con la ejecución de obras dirigida a las alcaldías de Medellín, Caldas, Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, Girardota y Copacabana, contenida en el numeral cuarto(16), confirmando las demás determinaciones que se enmarcan dentro de la variedad de herramientas u órdenes complejas cuya finalidad es superar, a corto y mediano plazo, la situación irregular advertida, in situ, por el tribunal.

Las razones de esa determinación se expondrán, en breve, a continuación.

2. La jurisprudencia constitucional ha señalado que existe una clara violación de los derechos fundamentales de los procesados cuando estos son privados de la libertad en salas de retenidos, en lugar de ser remitidos a los centros de reclusión que la ley indica.

En la Sentencia T-847 de 2000, la Corte constitucional respecto del hacinamiento carcelario en las salas de retenidos de las estaciones de Policía, aclaró lo siguiente:

En sus salas de retenidos sólo deben permanecer las personas hasta por un máximo de treinta y seis (36) horas, mientras son puestas nuevamente en libertad o se ponen a disposición de la autoridad judicial competente. Así, esas dependencias no cuentan con las facilidades requeridas para atender a las condiciones mínimas de vida que deben garantizarse en las cárceles: alimentación, visitas, sanidad, seguridad interna para los detenidos con distintas calidades, etc.; como las personas no deben permanecer en esas salas de retenidos por lapsos mayores al mencionado, la precaria dotación de las estaciones de Policía y sedes de los otros organismos de seguridad, no representan un peligro grave para los derechos fundamentales de quienes son llevados allí de manera eminentemente transitoria; pero si la estadía de esas personas se prolonga por semanas, meses y años, el Estado que debe garantizarles unas condiciones dignas, necesariamente faltará a tal deber, y el juez de amparo que verifique tal irregularidad debe otorgar la tutela y ordenar lo que proceda para ponerle fin.

En concordancia, la permanencia indefinida de los accionantes en las estaciones de policía del área metropolitana del Valle de Aburrá, en las unidades de reacción inmediata de Medellín y en la Sijin, en detención preventiva, a causa del estado de sobrepoblación carcelaria, se tradujo en la vulneración de sus derechos fundamentales, pues esos lugares de reclusión no cuentan con la infraestructura y logística adecuada para proveer las condiciones mínimas de higiene y salubridad para una detención prolongada.

En efecto, tal y como lo señaló recientemente la Corte Constitucional en Sentencia T-151 de 2016, la detención de una persona en una unidad de reacción inmediata o unidad similar, nunca puede superar las treinta y seis (36) horas. Tales lugares no están destinados a la reclusión de sujetos procesados o en ejecución de una sentencia, ni cumplen con las condiciones técnicas y estructurales necesarias, por lo que la permanencia prolongada en esos sitios, atenta contra la dignidad humana. Al respecto señaló:

(…) esta situación se generó por la renuencia de personal del Inpec de cumplir con su deber de trasladar a los detenidos y condenados a los centros de reclusión respectivos, dando lugar a que se utilicen las instalaciones de las URI, remolques y buses, como establecimientos carcelarios y penitenciarios, aunque de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 65 de 1993 no tengan esa naturaleza ni bajo las condiciones actuales de su infraestructura no sea viable asignarla pues las URI de la Fiscalía General de la Nación carecen de las instalaciones y las condiciones para albergar a detenidos y personas condenadas. La negativa del personal del Inpec de recibir bajo su custodia a las personas luego de legalizada la captura también llevó a que los policiales responsables de ésta confinaran a los detenidos y condenados en buses y remolques por periodos prolongados —de meses—; en total hacinamiento, sin tener la posibilidad de suplir sus necesidades básicas como ir a un baño, dormir en una cama, usar elementos de aseo o tener un lugar adecuado para recibir los alimentos.

(…) Existe entonces una afectación prolongada y sistemática de desconocimiento de los derechos de las personas privadas de la libertad en las instalaciones de la URI que impone el juez constitucional adoptar medidas para superarlo y evitar que se vuelva a presentar en el futuro.

(…) Lo anterior no solo constituye una irregularidad en la actuación de los servidores públicos del Inpec encargados de recibir en custodia, ordenar y realizar el traslado de los procesados a los respectivos establecimientos de reclusión, que merece la atención de todos los órganos de control, sino que ocasionó una situación grave de violación del derecho de las personas privadas de la libertad a no recibir tratos inhumanos o degradantes, por las condiciones notoriamente insalubres e indignas en que se encontraban, pues, se resalta, vehículos, cargas de acampar, parques y remolques así como los pasillos de las URI no son los lugares establecidos por la ley para recluir a las personas en detención preventiva o en cumplimiento de una condena, y tampoco tienen las condiciones mínimas materiales y funcionales adecuadas para hacerlo, a lo cual se suma la ostensible sobrepoblación que por la omisión del Inpec se generó en las salas de detenidos de las URI y las estaciones de Policía (…)

Así las cosas, es evidente que los argumentos expuestos por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec— y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios —Uspec—, pretendiendo descartar su responsabilidad en el cumplimiento del fallo de primera instancia, carecen de fundamento. Si bien es cierto que, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 65 de 1993, es competencia de los departamentos, municipios y áreas metropolitanas, la dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, en todo caso, será el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario quien ejercerá la inspección y vigilancia de las cárceles de las entidades territoriales(17), por lo que le asiste una posición de garante en todos los casos en los que, en virtud de una orden judicial, una persona deba permanecer privada de la libertad.

En esas condiciones, no puede el Inpec desatender las obligaciones que le fueron impuestas en el presente fallo, precisamente porque a ella compete disponer del traslado de los internos condenados de un establecimiento a otro, máxime si la situación vulneradora de derechos fundamentales también le es imputable, dada la “irregularidad en la actuación de los servidores públicos encargados de recibir en custodia, ordenar y realizar el traslado de los procesados a los respectivos establecimientos de reclusión, que merece la atención de todos los órganos de control, sino que ocasionó una situación grave de violación del derecho de las personas privadas de la libertad a no recibir tratos inhumanos o degradantes, por las condiciones notoriamente insalubres e indignas en que se encontraban”(18). No es procedente, entonces, la desvinculación pretendida.

Lo mismo debe decirse respecto de la pretensión invocada por la Uspec. No es cierto que la providencia impugnada le haya ordenado a esa unidad la custodia y el ingreso de todas las personas que lleven más de 36 horas recluidas en los centros de retención transitoria, función que asignó exclusivamente al Inpec. Su vinculación a este trámite, entonces, quedó limitada a la orden proferida en el numeral cuarto del fallo de primera instancia, asunto que se tratará a continuación.

3. Ahora bien, frente al segundo aspecto, esto es, la orden emitida por el tribunal dirigida a propiciar la intervención de las alcaldías accionadas, el Ministerio de Justicia y la Unidad de Servicios Penitenciarios, en la presentación de un programa de ampliación de infraestructura carcelaria para garantizar la reclusión de los detenidos en condiciones de dignidad, se observa que la misma concuerda con lo señalado por la Corte Constitucional en las sentencias T-388 de 2013, T-762 de 2015 y T-151 de 2016 sobre la necesidad de que las autoridades nacionales y locales, a través de un esfuerzo coordinado, sostenible y progresivo, respondan de forma eficiente a las problemáticas que han dado lugar al estado de cosas inconstitucional en el sistema carcelario.

En efecto, contrario a lo expuesto en las distintas impugnaciones presentadas por algunas de las alcaldías vinculadas a este trámite, las entidades territoriales están a cargo de los establecimientos de detención preventiva y de los centros de detención transitoria; a ellas les corresponde crearlos, brindar la alimentación adecuada, garantizar el aseguramiento en salud de sus internos y condiciones dignas de reclusión, y adecuar las celdas para la detención transitoria a las condiciones mínimas señaladas en la ley. Por ese motivo, su intervención en el cumplimiento del fallo constitucional, resulta indispensable.

Sin embargo, la Sala revocará la específica orden de “proveer los recursos en el presupuesto y celebrar los convenios que sean necesarios con la Nación” para el mejoramiento de la infraestructura y el sostenimiento de los centros de detención transitoria y de reclusión en el área metropolitana, dirigida a las alcaldías de Medellín, Caldas, Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, Girardota y Copacabana, al Ministerio de Justicia y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios —Uspec—, porque esa determinación daría lugar a la ejecución del presupuesto municipal, en la construcción de obras públicas, sin la debida planeación y procesos de contratación.

4. Por último, la Sala observa que los impugnantes pretenden que se defina la forma en que deberá implementarse el sistema de equilibrio decreciente ordenado por la Corte Constitucional mediante sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, señalando que no ha sido posible acatar dicha regla, dada la actual situación de hacinamiento que se presenta en todas las cárceles del país. Estas precisiones, sin embargo, escapan del presente pronunciamiento, pues hacen parte del estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional en las referidas providencias y del seguimiento que, en razón de ello, adelanta la mesa de trabajo conformada por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades, con el fin de coordinar la implementación de las órdenes dadas en esas providencias, evaluando, entre otros aspectos, las dificultades, estrategias de superación y los resultados concretos alcanzados, por lo que es ese el escenario propicio para discutir las presuntas dificultades que, a juicio de los impugnantes, han impedido el cumplimiento integral de dichos pronunciamientos.

5. En conclusión, salvo por la aclaración hecha en precedencia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín no incurrió en un exceso y sus decisiones tampoco son redundantes en relación con las adoptadas por el máximo tribunal constitucional en las precitadas sentencias, pues, desde el conocimiento de la realidad local, ha orientado las medidas concretas e inmediatas en un ámbito para el que está facultado a intervenir si, como en el presente caso, advierte que la vulneración de los derechos fundamentales no se supera exclusivamente con medidas de corto alcance(19).

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL - EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR la específica orden de “proveer los recursos en el presupuesto y celebrar los convenios que sean necesarios con la Nación” para el mejoramiento de la infraestructura y el sostenimiento de los centros de detención transitoria y de reclusión en el área metropolitana, dirigida a las Alcaldías de Medellín, Caldas, Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, Girardota y Copacabana, al Ministerio de Justicia y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios —Uspec— de conformidad con las consideraciones de la presente sentencia.

CONFIRMAR, en todo lo demás, el fallo impugnado.

NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: José Francisco Acuña Vizcaya—Eugenio Fernández Carlier—Patricia Salazar Cuéllar.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 Folios 538 y 539.

2 Folios 564-566.

3 Folios 606-609.

4 Folios 613-615.

5 Folios 617-620.

6 Folios 625 y 626.

7 Folios 631-636.

8 Folio 674.

9 Folios 673-680.

10 Folios 718-720.

11 Folio 701.

12 Folios 700-703.

13 Folio 735.

14 Folios 735-738.

15 PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales a no ser sometido a tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, al reconocimiento de la dignidad humana, a la salud y a la alimentación adecuada de la población privada de la libertad en la unidad de reacción inmediata, en las estaciones de Policía del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en el CTI y Sijin, invocados por el Procurador 116 Judicial II. SEGUNDO: En consecuencia, se ordena al comandante de Policía del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a la coordinación de la URI de la fiscalía, director seccional de CTI y comandante de la Sijin que en el término de ocho (8) días siguientes, se abstengan de mantener personas en detención, por un periodo superior a las 36 horas, señaladas en el artículo 28 de la Ley 65 de 1993 y soliciten oportunamente y por los medios formales el recibo en custodia de las personas privadas de la libertad al Inpec, ello a fin de garantizarles condiciones mínimas de subsistencia digna y humana. Y, en un término razonable que en ningún caso puede superar esos ocho días contados a partir de la notificación de esta providencia, procedan a trasladar a las personas sindicadas y condenadas que lleven más de 36 horas en las unidades de reacción inmediata, salas de retenidos de las estaciones de Policía del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, del CTI y la Sijin, a los establecimientos de reclusión del orden nacional o distrital en los que deben permanecer hasta que la autoridad judicial competente ordene su libertad, este proceso de traslado de los internos debe tener en cuenta la regla de equilibrio decreciente fijada para el ingreso de internos a los establecimientos carcelarios, impuesta en la Sentencia T-388 de 2013, de modo que no genere una situación de hacinamiento en los establecimientos carcelarios y penitenciarios receptores. TERCERO: Se ordena al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que, en el mismo término, reciba en custodia y efectúe el ingreso y registro al sistema penitenciario y carcelario de todas las personas que lleven más de 36 horas recluidas en los centros de retención transitoria (…), registrando el estado de salud y los requerimientos de atención en salud de todas las personas que recibe en custodia, especialmente de quienes reporten al momento del ingreso enfermedades (…)

16 CUARTO: Se ordena a las Alcaldías de Medellín, Caldas, Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, Girardota y Copacabana que en coordinación con el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios —Uspec—, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, 21 y 28ª de la Ley 65 de 1993, en un término de tres meses, contados a partir de la notificación de esta sentencia, elabore y presente un programa de ampliación de infraestructura carcelaria y de las áreas para detención transitoria de las unidades de reacción inmediata o unidad similar, que atienda las necesidades de cupos para la detención preventiva y transitoria en el área metropolitana del Valle de Aburrá, en condiciones mínimas de subsistencia digna y humana, indicando las fases y cronograma de desarrollo, programa que deberá adelantarse y culminarse en un término no mayor a cuatro años, para lo cual las alcaldías deberán proveer los recursos en el presupuesto y celebrar los convenios que sean necesarios con la nación a efecto de ampliar y mejorar la infraestructura y el sostenimiento de los centros de detención transitoria y de reclusión en el área metropolitana.

17 Sentencia T-151 de 2016.

18 Ibídem.

19 En similar sentido, ver CSJ, STP, 19 de abril de 2016, radicación 85013.