Sentencia STP16434 de noviembre 25 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Nº 3

STP16434-2014

Radicación: 77.011

Acto 406

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

Bogotá, D.C., veinticinco de noviembre de dos mil catorce.

Vistos

Se pronuncia la Sala sobre la demanda de tutela instaurada por los apoderados judiciales de Laura Milena Moreno Ramírez contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, por la presunta vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, defensa y presunción de inocencia.

Antecedentes y fundamentos de la acción

A través de sus apoderados judiciales, Laura Milena Moreno Ramírez interpone acción de tutela contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por cuanto las consideraciones contenidas en la sentencia absolutoria dictada a favor de Carlos Andrés Cárdenas Gómez, el pasado 7 de octubre de 2014, dentro del proceso penal con radicación 110016000000 201201126, se erigen violatorias de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y presunción de inocencia.

Lo anterior, toda vez que, en criterio de sus abogados, a pesar de no haber sido enjuiciada dentro de dicha actuación, en la cual, por demás, tampoco ejerció derecho de contradicción alguno, la corporación accionada realizó juicios de credibilidad y responsabilidad que dan a entender ex ante, que aquella “intervino en una actividad supuestamente delictiva”(1). Enfatizan los libelistas, el fallo cuestionado dedica un amplio análisis encaminado a determinar la verosimilitud del dicho de su representada, para así concluir que “sus versiones fueron “mentirosas”” y en últimas, reprocharla “indirectamente por la muerte de una persona”(2).

Así mismo, plantea el escrito de demanda que el razonamiento realizado por el mentado órgano colegiado, en punto de la “existencia de una conducta punible —homicidio—”, constituye una vía de hecho en perjuicio de los intereses de Moreno Ramírez, ya que, para llegar a tal conclusión, el tribunal pasó por alto la prueba científica y partió exclusivamente de «consideraciones especulativas y meramente formales”(3), pues, tal tópico nunca quedó acreditado en el juicio de Cárdenas Gómez.

Así las cosas, dentro de ese contexto, como antecedentes procesales del asunto que enmarca el presente trámite constitucional, se destaca que ante el Juzgado Once (11) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, cursa el proceso con número de radicado 110016000000 201200141, en el que se investiga a su prohijada y a Jessy Mercedes Quintero Moreno, por los hechos que conllevaron la muerte del joven Luis Andrés Colmenares Escobar. Diligenciamiento que se encuentra en desarrollo de la audiencia de juicio oral.

De igual forma, denotan los memorialistas que por el mismo acontecer fáctico, se adelantó el proceso con radicación 110016000000 201201126 en contra de Carlos Andrés Cárdenas Gómez, actuación en la cual el Juzgado 27 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, el 6 de junio de 2014 profirió sentencia absolutoria, la que fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, a través de proveído con calenda 7 de octubre de la misma anualidad, y constituye el objeto de la presente queja constitucional.

Ahora bien, en relación con los fundamentos de procedencia de la acción de amparo constitucional, la defensa de Laura Milena refiere que, “conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la acción de tutela es procedente contra la decisiones judiciales que atenten flagrantemente contra los derechos fundamentales de los sujetos procesales”(4), máxime, en este caso, donde se cumplen a cabalidad los requisitos generales y específicos de procedibilidad, decantados en la Sentencia C-590 de 2005.

Al respecto, plantean los demandantes que se trata de un asunto de relevancia constitucional, pues, en la medida que la sentencia judicial censurada prejuzga la participación de Laura Milena Moreno Ramírez en el suceso descrito líneas atrás, y además, asevera que su versión de los hechos es mentirosa y contradictoria, refulge palmario que la misma quebranta los derechos fundamentales de ésta.

Igualmente, dan cuenta de la imposibilidad de alegar la vulneración de derechos en el proceso penal, “simple y llanamente porque se produjo en un escenario procesal en el que nuestra representada no contó con garantía alguna para proteger sus derechos fundamentales”, pues, no fue parte ni interviniente en la citada causa penal.

Por último, ponen de presente que se verifica la inmediatez en el ejercicio de la acción, ya que, el proveído atacado data del 7 de octubre de 2014, y que en todo caso, no se trata de una decisión de tutela.

De otra parte, como exigencia específica de procedibilidad, los quejosos ocupan un extenso capítulo de su libelo a argumentar y demostrar la configuración del que denominan defecto procedimental absoluto”(5), por la configuración de tres vías de hecho, a saber: (i) desconocimiento de las normas que definen y regulan la prueba de referencia, (ii) violación directa de la Constitución por quebranto del derecho de defensa y la garantía de la presunción de inocencia, y (iii) por declarar probada la materialidad del delito de homicidio, en contraposición a la realidad probatoria producida en la fase de juicio oral.

Así, en cuanto a la primera, manifiestan que el Tribunal Superior de Bogotá superó el alcance de lo que la Ley 906 de 2004 entiende por prueba de referencia”(6) y consideró que “la versión disponible por parte de Laura Moreno, emanada de distintos testigos que dijeron haber hablado con ellas, era prueba directa”(7).

Con relación a la segunda irregularidad procesal, afirman los profesionales del derecho que la Sala Penal de la Colegiatura demanda:

(…) decidió sobrepasar los límites de los derechos fundamentales que a ésta le asisten —refiriéndose a Laura Milena— y, en proceso penal diferente en el que se investigan los mismos hechos pero a diferentes personas, decidió realizar análisis sobre su versión, de los mismos, sobre las posibles concordancias o contradicciones y, finalmente, exponerla como responsable en una segunda instancia, proferida sin que hubiera la más mínima garantía de defensa y contradicción(8).

En concordancia con ese planteamiento, particularizan los yerros en los que aducen incurrió el tribunal accionado, de la siguiente manera:

En efecto, a partir del fundamento 24 de la decisión objeto de esta tutela entro a hacer consideraciones de carácter particular sobre la versión que supuestamente aportó nuestra representada a terceros y que por supuesto, NO fue objeto de contradicción, oposición y debate por parte de sus defensores (…).

Específicamente en los fundamentos 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 40 y 41b, el fallo realizó valoraciones a propósito de la credibilidad de Laura Moreno a punto de indicar, por ejemplo, que existieron contradicciones sobre las personas que se encontraban con Colmenares Escobar al momento de su caída al caño, sin que Laura Moreno hubiera tenido la posibilidad, en pleno ejercicio de sus derechos y garantías, de controvertir tal afirmación en ejercicio de su derecho a la defensa.

Del mismo modo, se llegó al punto de indicar que nuestra prohijada manifestó diversas ubicaciones a propósito del lugar donde se produjo la caída de Colmenares Escobar, lo que la haría ver como contradictoria en sus aseveraciones(9).

Todo lo anterior, para concluir que, sin duda alguna, el hecho de adelantar juicios de responsabilidad sobre personas ajenas a la acción penal en concreto, constituye una violación palmaria de las normas de rango constitucional a partir de las cuales se reconocen y protegen las garantías y derechos fundamentales de las personas.

Por último, en lo que atañe a la existencia del hecho investigado, los defensores de Moreno Ramírez exponen que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, de manera arbitraria y sin justificación jurídica o científica aceptable, decidió dar por demostrada la materialidad de la conducta punible, con base en suposiciones e hipótesis imaginarias que no se acompasan con los dictámenes de los peritos forenses. Al respecto, afirman los libelistas:

Lo que consideramos vía de hecho es, en síntesis, el ignoto mecanismo que permitió a los magistrados legos, superar las dudas manifestadas por los expertos científicos, para afirmar, con la certeza que ellos no se atrevieron a pregonar, que la muerte del joven Luis Andrés Colmenares es resultado de una conducta humana. Un homicidio(10).

Corolario del anterior discurrir, como quiera que la defensa de Laura Milena Moreno Ramírez asegura que la providencia judicial atacada, puede llegar a afectar la decisión del juez que tiene a cargo el conocimiento de su proceso particular, y la decisión de segunda instancia que dentro de dicha actuación judicial eventualmente se suscite, solicita como pretensión constitucional: se conceda el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y presunción de inocencia de Moreno Ramírez, y en consecuencia, se ordene a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá:

(…) modificar en la sentencia de 7 de octubre de 2014 los argumentos 24, 25, 30, 32, 34, 35, 36, 39, 40 y 41b, por referirse a la participación y responsabilidad penal de Laura Milena Moreno Ramírez y Jessy Mercedes Quintero Moreno, estando imposibilitada para hacerlo de conformidad con los argumentos ampliamente expuestos(11).

Trámite y respuesta

De las autoridades accionadas

A este trámite fueron vinculados la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, los juzgados veintisiete (27) y once (11) penales del Circuito con Función de Conocimiento de la misma ciudad, los ciudadanos Carlos Andrés Cárdenas Gómez y Jessy Mercedes Quintero Moreno, y las demás partes e intervinientes del proceso penal con radicación 110016000000 201201126.

1. En respuesta a la presente demanda tutelar, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, informó que mediante proveído de 7 de octubre de 2014 se confirmó la sentencia proferida por el Juzgado 27 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de la misma ciudad, a través de la cual se absolvió a Carlos Andrés Cárdenas Gómez por los delitos de homicidio y soborno(12).

A su vez, en cumplimiento al auto adiado 20 de noviembre del año en curso, la colegiatura accionada comunicó que, aun cuando el 8 del mismo mes y año se llevó a cabo la lectura de la providencia judicial en cita, la misma no se encuentra ejecutoriada, en razón a que “el 9 de octubre de 2014 iniciaron los bloqueos de Asonal Judicial(13) y por ende, el traslado de que trata el artículo 183 del Código de Procedimiento Penal no ha transcurrido en debida forma.

2. El procurador tercero delegado para la investigación y juzgamiento penal, aunque descorrió el traslado de la demanda de tutela incoada por los apoderados de Moreno Ramírez, omitió pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la acción constitucional. Sin embargo, como precedente similar al asunto objeto de examen, se refirió a la decisión adoptada por esta corporación, dentro del proceso con radicación 110010203000 201401617 00, la cual adujo compartir de manera íntegra(14).

3. El representante de víctimas dentro del proceso penal 110016000000 201200141, seguido en contra de las acusadas Laura Milena Moreno Ramírez y Jessy Mercedes Quintero Moreno, bajo la premisa de la subsidiariedad de la acción de tutela, solicita que la misma se declare improcedente, por cuanto para la preservación de los derechos y garantías de las mentadas procesadas, existen otros mecanismos ordinarios e idóneos de defensa judicial. Enfatiza el abogado:

(…) hoy en día, existe un proceso vigente en el que se están debatiendo y controvirtiendo elementos materiales probatorios y evidencia física, por lo que, la señorita Laura Milena Moreno Ramírez, goza de la presunción constitucional de inocencia hasta no ser vencida en juicio, siendo este el escenario judicial correcto para ejercer su derecho de defensa, buen nombre y debido proceso(15).

4. El Juzgado Veintisiete (27) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, afirma que no ha incurrido en ninguna actuación violatoria de los derechos fundamentales de Moreno Ramírez, ya que, aun cuando el 6 de junio de 2014, dictó en primera instancia, sentencia absolutoria a favor de Cárdenas Gómez, en ella no se emitió pronunciamiento alguno” con relación a la responsabilidad de aquella en los mismos hechos investigados. Además, pone de presente que la demanda de tutela censura exclusivamente el fallo del tribunal ad quem(16).

5. Por su parte, el Juzgado Once (11) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, a quien le correspondió por reparto el adelantamiento del proceso penal que se sigue en contra de Laura Milena Moreno Ramírez y Jessy Mercedes Quintero, manifiesta que en manera alguna la sentencia de segunda instancia proferida por el tribunal accionado, dentro del proceso en el que fue investigado Carlos Andrés Cárdenas Gómez, constituye Prejuzgamiento” ya que, la decisión relacionada con la responsabilidad penal o no de las encartadas, respecto de los delitos que les fueron formulados por la representante del ente acusador, “depende exclusivamente de lo que los defensores y la fiscalía demuestren con sus pruebas”, en la actuación procesal asignada a su cargo(17).

6. El abogado defensor de Carlos Andrés Cárdenas Gómez, en respuesta al trámite de la referencia, afirma que se acoge a la decisión que en derecho adopte esta corporación(18).

7. El señor Luis Alonso Colmenares Rodríguez, después de indicar las diferentes razones por las cuales considera que el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, fue dictado con estricta sujeción a las normas constitucionales y legales, solicita se despache de forma negativa la pretensión de los abogados defensores de Moreno Ramírez(19).

8. En atención a los hechos y pretensiones de la demanda tutelar, la Fiscal 60 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, planteó que la misma resulta improcedente para afectar la estructura de una sentencia judicial, pues, una pretensión en tales términos sin duda escapa de la verdadera finalidad de la acción, que no es otra que la protección de derechos fundamentales. En este sentido, aduce la representante del ente investigador que esta herramienta constitucional no fue establecida para desconocer la autonomía de los jueces, y menos aún, que a través de ella pueda ser:

(…) desquiciado el andamiaje fáctico-jurídico del fallo proferido por el Tribunal Superior, sólo con fundamento en apreciaciones subjetivas sobre la forma como la segunda instancia debió enfrentar el proceso de concreción del mérito demostrativo de los elementos de prueba o el valor que debió habérsele asignado a un determinado medio (…)(20).

9. Finalmente, el apoderado judicial de Jessy Mercedes Quintero Moreno, coadyuvó la demanda de tutela incoada por la defensa técnica de Laura Milena Moreno Ramírez, expresando, en similares términos, las razones de hecho y de derecho que en este caso habilitan la procedencia del amparo constitucional deprecado(21).

Consideraciones de la Corte

De conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Decreto 1382 de 2000, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver la demanda de tutela instaurada por los representantes judiciales de Laura Milena Moreno Ramírez.

1. Asunto a decidir.

De acuerdo a los fundamentos de la acción de tutela, pretenden los accionantes que en garantía de los derechos al debido proceso, defensa y presunción de inocencia de Laura Milena Moreno Ramírez, se modifiquen, en la sentencia de fecha 7 de octubre de 2014 dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dentro del proceso con radicación 110016000000 201201126, los párrafos señalados con los números 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 40 y 41b, por cuanto a juicio de aquellos, éstos consignan juicios anticipados de responsabilidad penal en contra de la citada joven, quien por no ostentar la calidad de parte o interviniente en dicha actuación, no pudo ejercer la contradicción de los mismos.

Así las cosas, para resolver el problema jurídico planteado, corresponde a la Corte determinar: (i) si la acción de tutela es el mecanismo eficaz para la defensa de los intereses de la peticionaria Moreno Ramírez y, con base en ello, (ii) si la providencia judicial en cita es lesiva de sus derechos constitucionales fundamentales.

2. Del carácter subsidiario y residual de la Acción de Tutela. Improcedencia cuando existen otras vías idóneas de defensa judicial.

Al tenor de lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede invocar la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares. No empece, establece el inciso 3º de la disposición en cita, que la acción de tutela únicamente es procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

Lo anterior, por cuanto el ordenamiento jurídico cuenta con un sistema judicial de protección de los derechos constitucionales, cuya garantía se confía en primer lugar al juez ordinario, lo que justifica la procedencia excepcional de la protección de amparo, ya que, con el propósito de garantizar el principio de seguridad jurídica, resulta imperioso preservar el orden regular de las competencias asignadas por la ley, a las distintas autoridades jurisdiccionales.

En esas condiciones, ha de observarse que la Corte Constitucional se ha referido a la acción de tutela para señalar que “se trata de un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que establece la ley”; pues, enfatiza, “no es una institución procesal alternativa ni supletiva”(22) (resaltado propio de la Sala).

Sin embargo, como se desprende del texto superior, la mentada Corporación también destaca que la norma hace una salvedad y reconoce la oportunidad de la acción pública, cuando el medio judicial ordinario o el procedimiento administrativo no resulte eficaz. Veamos:

(…) esta corporación ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela en los casos en que existan otros medios y recursos de defensa judicial a disposición del actor en los siguientes eventos:

“(i) Los medios ordinarios de defensa judicial no son suficientemente idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados;

(ii) Aún cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales.

(iii) El accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas), y por lo tanto su situación requiere de particular consideración por parte del juez de tutela”(23).

Bajo tales presupuestos normativos y jurisprudenciales, lógico resulta colegir que en virtud del principio de subsidiariedad, la acción de tutela es improcedente cuando quien acude a ella, cuenta con herramientas judiciales ordinarias que le permiten ejercer de manera idónea y eficaz, una verdadera defensa de sus derechos fundamentales.

De ahí que, frente a cada caso concreto, en punto de la procedencia de la acción pública, deberá el juez constitucional evaluar si, aunque el afectado cuenta otro medio de defensa judicial, éste no resulta apto para obtener la protección requerida.

3. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Como quiera que en el asunto sub examine, la acción de tutela pretende la protección de ciertos derechos fundamentales presuntamente vulnerados por una providencia judicial, se ofrece necesario recordar los requisitos de procedibilidad del amparo, los que ya han sido expuestos in extenso por la jurisprudencia de la Sala.

Así, bien sabido es que la acción de tutela es un mecanismo de protección excepcionalísimo cuando se dirige contra providencias judiciales, lo que implica que su prosperidad vaya ligada al cumplimiento de rigurosos requisitos de procedibilidad, mismos que esta corporación, en posición compartida por la Corte Constitucional(24) ha venido acogiendo y generan una carga para el actor, no sólo en su planteamiento, sino también en su demostración.

En este sentido, según la doctrina constitucional, los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ameritan que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Además, que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

Igualmente, exige la jurisprudencia que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; así mismo, cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales del demandante.

Además, que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible”(25).

Y finalmente, que no se trate de sentencias de tutela.

Los anteriores requisitos no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido ratificados por la Corte Constitucional, primero en la Sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, ya citada y luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mentadas providencias, en el sentido que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas sólo pueden tener cabida:

…si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto” (C-590/2005) —resaltado fuera del original—.

Su cualidad habilitadora, en el caso de los primeros, hace que su ausencia repercuta en la declaratoria de improcedencia de la acción.

4. Precedentes similares al caso sub examine.

A propósito de casos semejantes en los que por vía de la acción de tutela se atacó una providencia judicial dictada en el marco de un proceso penal en el cual, quien acudió a la herramienta constitucional, si bien no ostentó la calidad de parte o interviniente, adujo que dicha determinación quebrantaba sus derechos fundamentales, válido resulta destacar que, tanto la jurisprudencia de esta corporación como la de la Corte Constitucional, ha reconocido que la protección de amparo es improcedente por cuanto los actores cuentan con otros mecanismos idóneos y eficaces de defensa judicial. Veamos:

En Sentencia CC T-059 de 2009, el alto tribunal constitucional se ocupó del análisis de la siguiente pretensión:

El accionante basa su demanda en que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no le permitió concurrir al proceso penal adelantado contra la excongresista Yidis Medina Padilla para ser oído, presentar pruebas y ejercer el derecho de contradicción dentro del mismo; sin embargo, en la sentencia anticipada que la condenó se consignaron imputaciones en su contra, (…) con lo cual la autoridad accionada le vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la presunción de inocencia, a la igualdad, al buen nombre y honra y al acceso a la administración de justicia (resalta la Sala).

Así, frente a tal situación, la Corte Constitucional determinó:

En cuanto concierne al asunto bajo estudio, tanto la investigación penal de única instancia radicada bajo el Nº 0031, que (…) adelanta la Fiscalía General de la Nación, en contra del señor Diego Palacio Betancourt, entre otros; así como el proceso disciplinario radicado bajo el Nº 001-105507-04 que adelanta la Procuraduría General de la Nación, también en contra del demandante, son alternativas eficaces de protección de los derechos fundamentales del demandante, pues ofrecen el mismo amparo que el juez constitucional, teniendo en cuenta que, tanto en el campo penal como en el disciplinario, en cuanto al objeto y resultado previsible, tales medios de defensa son amplios campos donde el demandante tiene la oportunidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra e impugnar las decisiones que no comparta, pues son esos los escenarios naturales en donde será investigada su conducta con observancia de la plenitud de las formas propias de cada una de dichas actuaciones, teniendo a su alcance, en calidad de parte, útiles herramientas para evitar o remediar eventuales irregularidades (resaltados ajenos al texto original).

Siguiendo esta línea de entendimiento, una Sala de Decisión de Tutelas de esta corporación, mediante providencia CSJ STP 19 de septiembre de 2014, rad. 75.347, en un caso similar al tratado en el precedente, decidió negar el amparo constitucional allí deprecado, tras argumentar, entre otros aspectos, que el accionante:

(…) no tiene porqué considerar que el derecho fundamental al debido proceso y a su presunción de inocencia, le fue desconocido:

Lo primero, porque al no ser sujeto de juzgamiento por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por no ser aforado ni constitucional ni legal, no puede alegar válidamente quebrantamiento de su garantía fundamental, la cual está establecida precisamente a favor de quienes son materia de juzgamiento y a quienes debe serles respetado el debido proceso, valga la redundancia, dentro del proceso respectivo.

El actor, según manifestación suya, es juzgado en el Juzgado 19 Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de la ciudad de Bogotá, D.C., y es allí en donde debe reclamar el respeto al debido proceso (resaltados propios de la Sala).

Y puntualizó:

Si el doctor (…) se considera ajeno a la acusación que se le ha formulado ante el Juez 19 del Circuito con funciones de conocimiento que lo juzga, tiene allí toda la oportunidad de demostrar y reclamar el reconocimiento de su inocencia, puesto que ese es el escenario natural de su juzgamiento, que en ningún momento lo fue ni podía serlo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (resalta la colegiatura).

En consecuencia, a partir de los anteriores derroteros jurisprudenciales, lógico resulta colegir que, en estos casos, la improcedencia de la acción de tutela radica en la existencia de otro medio de defensa judicial, como es, el propio proceso penal que se adelanta en contra del accionante, ya que, cada procedimiento judicial cuenta con los mecanismos que se requieren para garantizar el debido proceso y el respeto por los demás derechos fundamentales.

5. Análisis del caso concreto.

Como se refirió en acápite precedente, los apoderados judiciales de Laura Milena Moreno Ramírez demandan la concesión del amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y presunción de inocencia de su prohijada, y que en consecuencia, se ordene a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, modificar la sentencia dictada el 7 de octubre de 2014 dentro del proceso con radicación 110016000000 201201126, en lo que atañe a las consideraciones y juicios de responsabilidad que frente a la conducta de su asistida, en los hechos que conllevaron la muerte del joven Luis Andrés Colmenares Escobar, se advierten en los párrafos señalados con los números 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 40 y 41b de dicho proveído.

Frente a tal pretensión, suficiente resulta lo expuesto para advertir la absoluta improcedencia de la demanda constitucional por aplicación del principio de subsidiariedad de la acción de tutela, toda vez que, en tratándose de dos procesos penales seguidos por virtud de un mismo acontecer fáctico, las inconformidades que plantea la defensa técnica de Moreno Ramírez, en torno a las consideraciones contenidas en la sentencia absolutoria dictada a favor de Carlos Andrés Cárdenas Gómez, pueden ser alegadas dentro de la propia actuación que se sigue en contra de la citada procesada y de Jessy Mercedes Quintero Moreno, ante el Juzgado Once (11) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

En tal virtud, es palmario que la aquí accionante no sólo cuenta con otro mecanismo idóneo de defensa judicial, sino que además, de su situación particular no es viable predicar la existencia de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia del amparo, por la simple razón que, la providencia judicial censurada, sólo vincula a quien en ese asunto fue investigado y declarado absuelto, y no a los eventuales e hipotéticos intervinientes que en la misma actuación no fueron sujetos procesales.

Así, de manera pacífica y reiterada, la doctrina constitucional ha reconocido que el recurso de amparo no fue diseñado para desplazar la competencia del juez natural, en la medida que, los recursos judiciales ordinarios son verdaderas herramientas de protección de los derechos fundamentales, por lo que deben usarse oportunamente para garantizar su vigencia, so pena de convertir en improcedente el mecanismo subsidiario que ofrece el artículo 86 superior”(26) (resaltado ajeno al texto original).

Por ende, es el proceso penal de radicación 110016000000 201200141, que cursa ante el ante el Juzgado Once (11) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, el escenario donde la demandante tiene la oportunidad, en calidad de procesada, de presentar por sí misma o a través de sus abogados defensores elementos materiales de prueba, controvertir los que se aduzcan en su contra, diseñar su propia teoría del caso, y recurrir las decisiones que no comparta; facultades todas éstas que permiten inferir que Moreno Ramírez cuenta con un amplio campo de defensa, al interior de un diligenciamiento que, como así lo impone la Constitución Política, debe adelantarse con estricta sujeción a las reglas del debido proceso.

Así las cosas, concluye la Sala que la acción de tutela presentada por los apoderados judiciales de Laura Milena Moreno Ramírez no es procedente, en la medida que, como bien ha sido señalado por la jurisprudencia de esta corporación, el proceso penal tiene como finalidad principal la determinación de la responsabilidad penal individual, lo que no permite entender, como de manera errada lo advierten los libelistas, que la sentencia demandada conlleve efectos vinculantes en punto de la presunta responsabilidad penal de quien, dentro de dicha actuación procesal, no fue juzgada.

Corolario de lo anterior, como quiera que la acción de tutela que se examina es improcedente, para la Sala resulta imperioso negar el amparo invocado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal - En Sala de Decisión de Acciones de Tutela Nº 3, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NEGAR por improcedente el amparo invocado.

NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: José Leonidas Bustos Martínez—Eugenio Fernández Carlier—Patricia Salazar Cuéllar.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

(1) Cuaderno primera instancia. Folio 3.

(2) Ibíd. Folio 6.

(3) Ibíd. Folio 3.

(4) Ibíd. Folios 6-7.

(5) Ibíd. Folio 10.

(6) Ibíd. Folio 21.

(7) Ibíd. Folio 20.

(8) Ibíd. Folios 28-29.

(9) Ibíd. Folio 29.

(10) Ibíd. Folio 45.

(11) Ibíd. Folio 49.

(12) Ibíd. Folios 178-198.

(13) Ibíd. Constancia Secretarial. Folios 286-287.

(14) Ibíd. Folios 200-201.

(15) Ibíd. Folios 214-217.

(16) Ibíd. Folios 223-224.

(17) Ibíd. Folio 227-230.

(18) Ibíd. Folio 233.

(19) Ibíd. Folios 238-241.

(20) Ibíd. Folios 276-279

(21) Ibíd. Folios 281-284.

(22) Corte Constitucional. Sentencia T-476 de 1998.

(23) Corte Constitucional. Sentencia T-059 de 2009.

(24) Fallo C-590 de 8 de junio de 2005 y T-332 de 2006.

(25) Ibídem.

(26) Corte Constitucional. Sentencia T-753 de 2006.