Sentencia STP16597-2017/94176 de octubre 10 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS 1

STP16597-2017

Radicación 94176

Acta 338

Magistrado Ponente:

Fernando León Bolaños Palacios

Bogotá, D.C., diez de octubre de dos mil diecisiete.

Vistos

Decide la Sala la impugnación interpuesta por el “agente oficioso” del oso “Chucho”, en relación con el fallo proferido el 16 de agosto del año en curso por la Sala de Casación Laboral, que concedió el amparo del derecho fundamental al debido proceso de la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla, Fundazoo, presuntamente vulnerado por la homóloga Sala Civil, trámite al cual se dispuso la vinculación de Corpocaldas, Aguas de Manizales S.A. ESP, la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la capital del departamento de Caldas.

Antecedentes

I. Hechos y fundamentos de la acción

Los hechos que determinaron la acción constitucional impetrada, fueron sintetizados por el a quo de la forma como sigue:

“(...) Inició por recordar que “Chucho” es un oso de anteojos que nació junto a su hermana “Clarita” en la Reserva Natural La Planada del municipio de Ricaurte (Nariño), en situación de cautiverio; que a los 4 años de edad, ambos ejemplares, fueron trasladados a la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco, ubicada en Manizales para un mejor cuidado, a través de un programa de conservación, el cual “nunca se ejecutó” por la empresa de servicios públicos Aguas de Manizales, encargada de la administración de la reserva.

Sostuvo que acorde a concepto técnico emitido por la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas, la reubicación del espécimen “mejoraría su bienestar, además de potenciar el valor para la conservación de la especie”, máxime cuando dicha entidad estableció:

(i) a pesar de que su dieta en la naturaleza consiste en vegetales, con consumo ocasional de proteína animal, en la Reserva de Río Blanco la alimentación del ejemplar consistía predominantemente de concentrado de perro; (ii) como consecuencia de la muerte de su hermana “Clarita” entró en depresión, pues, adicionalmente, no tenía posibilidad de compartir o interactuar con otros de su misma especie; (iii) frente a complicaciones de salud, únicamente contaba con la asistencia de un veterinario, quien no tenía experiencia en fauna silvestre. (iv) adicionalmente al concepto de Corpocaldas, se resalta que el ejemplar se ha fugado en repetidas ocasiones, situación que representa un riesgo, tanto para las personas del área como para el mismo animal, toda vez que relaciona al ser humano como proveedor de alimento y agua, entre otra serie de circunstancias expuestas en el concepto mencionado.

Afirmó que, en diciembre de 2016, envió solicitud a todas las autoridades ambientales, informando su capacidad de recibir un ejemplar de oso de anteojos “que no fuera candidato a liberación por sus condiciones especiales, para que hiciera parte de su plan de colección”, lo anterior, conforme a su “capacidad científica, financiera y de infraestructura de cuidar”.

Explicó que, mediante oficio de 24 de febrero de 2017, Corpocaldas comunicó que le concedía la tenencia, pero le solicitó un plan de manejo, por lo que, el 8 de marzo siguiente, envío el informe “Manejo de osos de anteojos (Tremarctos ornatus) en el zoológico de Barranquilla”, lugar idóneo para tratar a esta especie, acorde al plan de manejo animal aprobado mediante el acto administrativo 993 de junio de 2010, emitida por el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla, dado que cuenta con la infraestructura necesaria y el personal capacitado para garantizar la salud y el bienestar, aunado a que tiene experiencia en el manejo de esa especie desde 1976.

Aseguró que la petición fue estudiada por Corpocaldas, que por su necesidad de reubicar a “Chucho”, por concepto técnico de 5 de abril de 2017, determinó que su traslado era viable, obteniéndose el “Salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica” 1511718 expedido por dicha entidad, lo que generó que el 16 de junio posterior suscribiera el acta de disposición respectiva en la que consta la entrega del animal y las condiciones de tenencia.

Indicó que, en la última fecha señalada, Luis Domingo Gómez Maldonado promovió acción de hábeas corpus como agente oficioso del referido espécimen, por considerar que en el zoológico de Barranquilla aquel se encuentra en situación de “cautiverio permanente”; la cual fue declarada improcedente por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales, el 13 de julio de 2017, pero impugnada, por decisión de 26 de julio siguiente, un magistrado de la Sala de Casación Civil concedió la protección y ordenó:

(...) a la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla, la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Aguas de Manizales S.A. ESP, la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, acordar y disponer en un término no mayor a 30 días contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, el inmediato traslado del oso de anteojos, andino, o tremarctos ornatus de nombre “Chucho”, confinado actualmente en el zoológico de Barranquilla, a una zona que mejor se adecué a su hábitat, con plenas y dignas condiciones de semicautiverio, conforme lo exige la normatividad respectiva, teniendo como destino prioritario la Reserva Natural Río Blanco, lugar que ha sido su casa durante 18 años.

Censuró la anterior decisión, pues consideró que la misma produjo un impacto negativo en la sociedad, generando un equivocado entendimiento constitucional y legal para el uso de las acciones legales (...)”.

II. Pretensiones

El apoderado especial de la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla, Fundazoo, solicitó que se concediera el amparo de las garantías constitucionales deprecadas y, en consecuencia:

“(...) 3.1. Que se declare que la decisión de hábeas corpus con Radicado 2017-0468-02 de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil Familia (sic)..., violó directamente el texto constitucional, y violenta el derecho al debido proceso y el principio de legalidad de mi representada.

3.2. Que, en atención a dicha declaración, se declare que la decisión de hábeas corpus constituye una vía de hecho.

3.3. Que se deje sin efectos la decisión de devolución del oso de anteojos “Chucho” y se le permita permanecer en el zoológico de Barranquilla, donde cuenta con todos los cuidados veterinarios, de infraestructura, alimentación, compañía y en general todos los requerimientos necesarios para su bienestar”.

III. Informes de los accionados y vinculados

Fueron compendiados por el a quo, de la siguiente manera:

“(...) Dentro del término otorgado, Luis Domingo Gómez Maldonado (agente oficioso del oso “Chucho”) indicó que la decisión emitida en la acción materia de controversia es constitucional, legal y judicialmente válida y trajo a colación un pronunciamiento de la Corte Constitucional; rememoró igualmente el caso argentino en que se concedió la misma acción a favor de un chimpancé y, por otra parte, arguyó que se pretenden traer nuevos argumentos que debieron ser invocados en la acción atacada y que no existe imposibilidad de cumplimiento de la orden judicial.

A su turno, el tribunal vinculado, además de remitir en calidad de préstamo el expediente objeto de debate constitucional, informó que se sometía a la decisión que emitió el 13 de julio de 2017; por demás indicó que a dicho trámite se había vinculado a la Alcaldía de Manizales y a la Reserva Natural La Planada.

La secretaría de la Sala de Casación Civil remitió copia de la providencia cuestionada.

(...).

Corpocaldas rememoró la procedencia del osezno y explicó que a pesar de estar en un hábitat natural, nació y continúa en cautiverio, “pues su desplazamiento dentro del territorio también era limitado a un área de media cuadra encerrada por una malla, alambre de púas y cerca eléctrica”, que por su origen “depende totalmente del manejo de un grupo de profesionales para suplir sus necesidades tanto nutricionales como de bienestar y salud animal, por lo que es un ejemplar que no puede llegar a ser liberado en su medio natural sin que exista un alto riesgo de morir”. También reseñó que, sin perjuicio de la avanzada edad del oso, “un buen estado nutricional, una buena condición corporal, las condiciones físicas aceptables y una condición emocional”, podría llevar a la procreación con la compañera de su misma especie que se encuentra en el zoológico de Barranquilla.

Adicionalmente, reseñó el trámite administrativo que se surtió para el traslado correspondiente a dicho centro animal y destacó que aquel se realizó en beneficio de la conservación de la especie, “objetivo que no estaba cumpliendo el oso habitando en La Reserva Río Blanco”.

Bajo tales consideraciones coadyuvó la solicitud de amparo constitucional y allegó los estudios técnico-científicos que dan cuenta de la viabilidad de la permanencia de Chucho en el zoológico de Barranquilla”.

Del fallo recurrido

Mediante sentencia del 16 de agosto de los cursantes, la Sala de Casación Laboral decidió tutelar la prerrogativa fundamental al debido proceso de la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla, Fundazoo, y dispuso: “(...) SEGUNDO: DEJAR sin valor y efecto toda la actuación surtida al interior de la acción constitucional de hábeas corpus, identificada con el radicado 17 001 221 3000 2017 00486 01 y disponer el archivo de las diligencias (...)”, al considerar que, si bien algunas tendencias legislativas plantean la posibilidad de ampliar el concepto de “persona” también a los animales, para que sean considerados como sujetos de derecho, desde la óptica de la Constitución Política Nacional no resulta viable la utilización de la acción de hábeas corpus para propugnar por la salvaguarda de la libertad, por cuanto:

(i) El aludido mecanismo propende por la protección de las personas, cuando se afrenta la libertad con violación de las garantías superiores y legales, como igualmente en el supuesto en que la privación de la aludida prerrogativa se prolonga de forma ilícita; empero, siempre atendiendo a los principios “pro homine” o “pro persona”, tal y como ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la guardiana de la Carta Magna, por lo que no resulta admisible su concesión a favor de los animales, toda vez que las regulaciones jurídicas solo predican su uso frente a humanos y no sobre otra clase de seres vivientes; pues de ser así, se tergiversaría la naturaleza real del referido accionamiento.

(ii) Si bien el oso “Chucho” es un espécimen sintiente, no por ello puede el agente oficioso reclamar su liberación a través de la referida herramienta, si se atiende a que la defensa de posibles maltratos y abusos por parte de seres humanos o, inclusive, su extinción, debe efectuarse por medio de otra serie de instrumentos jurídicos que se encuentran fijados en la Ley 1774 de 2016, como es el caso de la “prevención material efectiva”, los cuales van encaminados a la protección de los animales contra el sufrimiento y el dolor, causado directa o indirectamente por los individuos y que se encuentran en sintonía con el artículo tercero constitucional.

(iii) Las autoridades judiciales accionadas incurrieron en una serie de yerros, al dar aplicación a normativas incompatibles con la situación demandada por el accionante, los cuales decantaron en que se reconocieran derechos disímiles a los establecidos por el legislador, como también al impartir una diligencia ajena a la señalada en el ordenamiento jurídico, frente a la presunta situación de vulnerabilidad del multicitado mamífero.

De la impugnación

Fue promovida por el agente oficioso del oso “Chucho”, quien sustentó el recurso en los siguientes términos:

Como primera inconformidad indicó que, dentro del trámite surtido en primera instancia por la Sala de Casación Laboral, se vulneró su derecho a la defensa ya que la sentencia confutada fue proferida el 16 de agosto cursante y en esa misma fecha se le “(...) notificó el contenido del auto de fecha 15 de agosto de 2017, suscrito por el presidente de la Sala Laboral (...), mediante el cual se admitió la acción de tutela interpuesta por los abogados Mario Felipe Daza Pérez y David Alonso Roa Salguero (...)”, vedándole su oportunidad de ejercer la contradicción frente a las manifestaciones planteadas en el libelo tutelar.

Igualmente, señaló que las argumentaciones expuestas por el a quo son contrarias al criterio fijado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-041 de 2017, atendiendo a que, si bien, los animales no pueden por sí mismos reclamar el respeto de sus derechos como seres sintientes, ello no significa que deba prescindirse de su amparo dada la evidente condición de indefensión en la que se encuentran, lo cual, en el presente caso, torna viable que mediante la acción de hábeas corpus se agencien las garantías del oso “Chucho”.

Afirma que, muy a pesar a que en el ordenamiento jurídico existen mecanismos idóneos para lograr que el oso pueda habitar libremente en un espacio similar a su medio natural, la evidente carencia de herramientas que permitan materializar la protección de las prerrogativas de los seres no humanos, hacen que el aludido mecanismo sea procedente para lograr tal fin.

Manifiesta que, mientras en legislaciones internacionales se han salvaguardado las prerrogativas de animales no racionales, por cuanto se ha considerado que al ser titulares de derechos no humanos merecen que se les proteja a través del hábeas corpus, se observa como en el ordenamiento patrio no se concibe tal posibilidad hecho que, a su juicio, demanda la actualización de aquella acción constitucional frente a las exigencias de defensa que requieren los mentados sintientes, especialmente aquellas especies que, como en el caso del oso “Chucho”, peligra su existencia.

Consideraciones

De conformidad con lo establecido en el artículo 4º del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, en concordancia con el artículo 44 del reglamento general de la Corte Suprema de Justicia, es competente esta Sala para resolver la impugnación promovida por el “agente oficioso” del oso “Chucho”, contra la determinación emitida en primera instancia por la homóloga Sala Laboral.

La Corte confirmará el fallo emitido por el a quo por las consideraciones que a continuación se exponen:

a. Cuestión preliminar: Sobre la solicitud de nulidad por ausencia de notificación del auto admisorio.

De entrada advierte la Sala que el requerimiento nulitativo propugnado por el agente oficioso, por cuanto, a su juicio, no se le notificó en debida forma el auto de calendas 15 de agosto de los corrientes, mediante el cual se avocó en primer grado el presente trámite, no tiene vocación de prosperidad ya que, contrario a su afirmación, de las probanzas que reposan en el expediente resulta diáfano que ello sí ocurrió al constar en la foliatura el informe(1) rendido por el impugnante que, en su condición de tercero con interés allegó a la causa tutelar en el que, inclusive, requirió que se negara la dispensa constitucional solicitada, como también la vinculación de otras entidades que, a su juicio, podrían tener interés en la actuación.

b. Cuestión de fondo.

Reseña histórica de la acción de hábeas corpus.

En el artículo 30 de la Constitución Política de Colombia se estableció la institución del hábeas corpus, como un instrumento que puede invocarse por sí mismo o interpuesta persona ante cualquier autoridad judicial, para salvaguardar los derechos de un individuo privado de su locomoción o que creyera estarlo de manera ilegal. No obstante, tal disposición es el resultado de décadas de mutaciones en el campo de las libertades públicas y de las garantías iusfundamentales, predicable exclusivamente de los seres humanos.

En las épocas de la antigua Grecia y Roma, la citada acción fue denominada como “De Homine Libero Exhibendo”, surgiendo en las compilaciones jurídicas de antaño, como un mecanismo de resguardo exclusivo de la libertad personal o física frente al abuso de otros conciudadanos o particulares, por cuanto, la citada herramienta no era invocada ante autoridades judiciales, sino para verificar las condiciones sobre las que era sometido un hombre libre por otro semejante, estando en manos de un pretor la verificación del afectado; dado que, en aquel entonces, no todos los seres humanos gozaban de tal privilegio.

Del mismo modo, como ha sido señalado por la Corte Constitucional(2), la primigenia regulación del hábeas corpus como instituto de salvaguarda de la locomoción individual ante la arbitrariedad de las autoridades públicas, nace en el año 1215 con la promulgación de la Carta Magna en Inglaterra, estableciéndose en su normativa 39: “(...) Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la fuerza contra él ni enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino”.

Posteriormente, en la aludida nación europea, germinó un dispositivo judicial dirigido a rebatir las detenciones ilegales de autoridades, tales como ministros, sheriff o de otras personas, conocido como el “Habeas Corpus Amendment Act”, el cual fue fijado de la siguiente forma:

“Cuando una persona sea portadora de un “hábeas corpus”, dirigido a un “sheriff”, carcelero o cualquier otro funcionario, a favor de un individuo puesto bajo su custodia, y dicho “hábeas corpus” se presente ante tales funcionarios, o se les deje en la cárcel, quedan obligados a manifestar la causa de esta detención a los tres días de su presentación (a no ser que la prisión sea motivada por traición o felonía mencionada inequívocamente en el “warrant”) pagando u ofreciendo abonar los gastos necesarios para conducir al prisionero, que serán tasados por el juez o tribunal que haya expedido el “hábeas corpus”, a continuación del mandamiento, y que no podrán exceder de doce denarios por cada milla, y después de haber dado por escrito la seguridad de pagar igualmente los gastos necesarios para presentar de nuevo al prisionero, si ha lugar, así como la garantía de que este no se escapará en el camino; así como remitir dicha orden, y volver a presentar al individuo ante el Lord Canciller o ante el funcionario del orden judicial que haya de entender en la causa, a tenor de dicho mandamiento (...)”(3).

De igual manera, los Estados Unidos de América adoptaron en su sistema jurídico superior la pluricitada figura como una medida de seguridad en aras a proteger la libertad, denominándola “Privilege”(4), trasladándose a las naciones latinoamericanas como un estandarte de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Concepción jurídica de la acción de hábeas corpus

La institución del hábeas corpus fue consagrada en el artículo 30 de la Constitución Política de 1991 como una prerrogativa fundamental, que además se encuentra reconocida en diferentes estatutos internacionales, como lo son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto internacional sobre derechos civiles y políticos, la Convención americana sobre derechos humanos y la Declaración americana de derechos y deberes del hombre, la cual, ni siquiera en estados de excepción(5), puede enajenarse al ser considerada como una indemnidad judicial indispensable para el amparo de los derechos que se enuncian en la Ley 137 de 1994 (CC C-187/2006), tal y como lo concluyó la guardiana de la Carta Magna, al indicar que:

“En este artículo el legislador, valiéndose de la Convención americana de derechos humanos y del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, enuncia una serie de derechos que califica de intangibles, durante los estados de excepción, los cuales no pueden ser objeto de suspensión o restricción alguna por el legislador extraordinario, ya que se consideran como bienes imprescindibles para la dignidad de la persona humana.

Durante los estados de excepción, es de común ocurrencia que se afecten ciertos derechos que la misma Constitución permite restringir o limitar en épocas de normalidad, valga citar: el derecho de reunión, el derecho de asociación, la libertad de circulación, etc.; sin embargo, existen otros que en ninguna época pueden ser objeto de limitación, como los contenidos en la disposición legal que se estudia, los cuales son considerados como inafectables” (CC C-179/94).

Por tanto, el hábeas corpus es considerada como una garantía intangible, imprescriptible, inalienable e inviolable, atendiendo su carácter perentorio y de inmediata aplicación, que ha sido creada en virtud de la sensibilidad que representa el derecho fundamental a la libertad de un ser humano ante cualquier aprehensión y/o retención irregular por parte de una autoridad judicial(6), la que además, se encuentra consagrada en las normativas internacionales que integran el bloque de constitucionalidad.

Es por ello que la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia, ha decantado que:

“(...) El derecho consagrado en el artículo 30 de la Constitución puede también interpretarse como una acción, de igual naturaleza a la acción de tutela de que trata el artículo 86 superior, quetienetodapersona contra cualquier acto expedido por autoridad judicial, sea este auto o inclusive sentencia, pudiendo ser esta última de cualquier instancia, para pedir su libertad en aquellos casos en que creyere estar ilegalmente privado de esta. Se puede afirmar, en otros términos, que se trata de una “acción de tutela de la libertad”, con el fin de hacer efectivo este derecho”(7) (subrayadas y negrillas por fuera de texto original).

Estableciendo de igual modo en la referenciada Sentencia C-187/2006, que la aludida herramienta debe ser interpretada desde una perspectiva pro homine y pro libertate, por ser sus titulares todas las personas que se encuentren privadas de la libertad:

El estudio sistemático de las normas que integran la Constitución Política de 1991, muestra el interés especial del constituyente por amparar a la persona humana ante los abusos que contra ella puedan cometer tanto las autoridades públicas, como también los particulares. Así, desde el mismo preámbulo, los delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente expresaron que la Carta sería expedida para asegurar la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo.

En el mismo sentido, el artículo 1º superior establece que Colombia es un Estado social de derecho de tipo republicano, democrático y pluralista, fundado, entre otros valores, en el respeto de la dignidad humana, mientras el artículo 2º de la Carta, relacionado con los fines esenciales del Estado, menciona entre ellos garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, el de asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, disponiendo además, que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Por su parte, en el artículo 5º se preceptúa, que el Estado reconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona. A su vez, el artículo 6º prevé, que los servidores públicos son responsables por infringir el ordenamiento jurídico y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Armonizando con los anteriores postulados, el artículo 30 de la Constitución de 1991 dispone, que quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el hábeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis (36) horas.

En efecto, el hábeas corpus es la garantía más importante para la protección del derecho a la libertad consagrado en el artículo 28 de la Constitución, que reconoce en forma expresa que toda persona es libre, así como que nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. Dicha disposición consagra además, que la persona detenida preventivamente debe ser puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente dentro del término que establezca la ley.

(...).

En efecto, si bien el derecho a la libertad personal ocupa un lugar importante en la normativa nacional e internacional, y es por ello que el hábeas corpus se orienta en principio a su garantía, es evidente que con frecuencia la privación de la libertad se convierte en un medio para atentar contra otros derechos fundamentales de la persona. Por lo tanto, el cometido esencial del hábeas corpus no se puede entender restringido solo a la protección del derecho a la libertad sino que ha de dársele una proyección mucho más amplia en cuanto verdaderamente abarca la garantía de todo el conjunto de derechos fundamentales de la persona que se encuentra privada de su libertad de manera arbitraria o ilegal, y que por esta circunstancia se encuentran en latente y permanente amenaza. En tal medida, el radio de protección del hábeas corpus no se limita a cubrir solo el derecho a la libertad sino que se expande para cubrir los otros derechos fundamentales íntimamente relacionados con este, y que le dan soporte, como son los derechos a la vida y a la integridad personal.

Por tanto, como toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se le trate humanamente y a que el Estado le garantice los derechos a la vida e integridad personal, puede afirmarse sin duda alguna, que el hábeas corpus es un derecho fundamental para una verdadera protección integral de la persona privada de la libertad de manera arbitraria o ilegal”.

Naturaleza ecocéntrica de la Constitución Política

Históricamente el reconocimiento de la importancia del medio ambiente y sus elementos ha sido un proceso lento y complejo, dada la notable carencia de desarrollo en la materia que les reconozca valor por sí mismos. Nuestro país ha sido catalogado por la comunidad internacional como una nación “megabiodiversa”, al poseer invaluables fuentes de fauna y flora, los cuales requieren una protección especial bajo una corresponsabilidad universal (CC C-519/94, C-595/2010 y C-632/2011).

Por tales motivos, la Corte Constitucional a través de sus pronunciamientos ha insistido en que dentro del Compendio Superior de 1991, fueron establecidos una serie de parámetros relacionados con la persona y la naturaleza, otorgando una importancia fundamental al medio ambiente sano, en orden a su conservación y protección; lo cual ha llevado a catalogarla como una “Constitución ecológica o verde”(8).

La legislación patria y la referida corporación, en relación con la conservación del ecosistema, tienen como punto de partida el desarrollo histórico y las líneas de pensamiento que han desembocado en la existencia de diversos enfoques jurídicos que se concretizan en visiones: i) antropocéntricas(9), ii) biocéntricas(10) y iii) ecocéntricas(11), siendo esta última perspectiva constituida por la Carta Mundial de la Naturaleza(12), cuando reconoce que “toda forma de vida es única y merece ser respetada, cualquiera que sea su utilidad para el hombre, y con el fin de reconocer a los demás seres vivos su valor intrínseco” (preámbulo) y se “respetará la naturaleza y no se perturbarán sus proceso esenciales” (principio general 1), la cual puede constatarse en la Sentencia CC C-595/2000, que anotó: “(...) la Constitución muestra igualmente la relevancia que toma el medio ambiente como bien a proteger por sí mismo y su relación estrecha con los seres que habitan la tierra”.

Luego entonces, tal y como ha sido sostenido por la centinela Constitucional:

“(...) los enfoques heterogéneos de protección al medio ambiente encuentran respaldo en las disposiciones de la Carta de 1991. El paradigma a que nos aboca la denominada “Constitución Ecológica”, por corresponder a un instrumento dinámico y abierto, soportado en un sistema de evidencias y de representaciones colectivas, implica para la sociedad contemporánea tomar en serio los ecosistemas y las comunidades naturales, avanzando hacia un enfoque jurídico que se muestre más comprometidos con ellos, como bienes que resultan por sí mismos objeto de garantía y protección”.

Los animales como seres sintientes

Del concepto de medio ambiente, del deber de protección de la diversidad de flora y fauna, su integridad, del amparo a los recursos y del valor de la dignidad humana como el fundamento de las relaciones entre los humanos y estos con la naturaleza y los seres sintientes; se puede extraer un deber constitucional de salvaguarda del bienestar animal que encuentra su fundamento igualmente del principio de la solidaridad, como se indicó en la Sentencia CC T-125/94, que señaló:

“[l]a naturaleza social del Estado de derecho hunde sus raíces en el principio de solidaridad social (C.P., art. 1º). De este principio se desprenden la obligación social del trabajo (C.P., art. 25), las obligaciones derivadas de la función social de la propiedad (C.P., art. 58) y de la empresa (C.P., art. 333), las obligaciones tributarias (C.P., art. 95-9),el deber de procurar la salud individual y comunitaria (C.P., art. 49), losdeberesderespetarlosderechosajenosynoabusardelospropios y de obrar conforme al principio de solidaridad social (C.P., art. 95-1, -2), proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (C.P., art. 8º) y velar por el medio ambiente sano (C.P., arts. 80 y 95-8)” (subrayado fuera de texto).

Lo anterior confirma la obligación superior de garantizar la integralidad de los animales, sin que, en ningún caso, dicho compromiso sea absoluto, ya que el mismo admite excepciones.

Igualmente, en instrumentos internacionales, no normativos, como la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, se establece el derecho a la existencia de los mismos, al respeto, a la prohibición de exterminio, explotación o crueldad y a la obligación de cuidado y protección por parte de los hombres (arts. 1º a 3º). También con el Convenio sobre la diversidad biológica se busca la adopción de estrategias y políticas para la conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, requiriendo para su utilización que se tenga en cuenta en la toma de decisiones de los procesos nacionales, al obligarse a los Estados Partes a reconstruir las especies amenazadas y proteger las que están en vía de extinción (arts. 6º a 10). Por lo tanto, en virtud de tales mecanismos se han creado dos reglas: (i) sobre el estado de conservación, de acuerdo al cual se debe garantizar el mantenimiento y conservación de la biodiversidad y (ii) el control de procesos potencialmente peligrosos y adversos para el medio ambiente (CC C-095/2016).

Igualmente, con la finalidad de defensa de los animales en el ordenamiento jurídico actual se promulgó la Ley 1774 de 2016 “por medio de la cual se modifican el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones”, cuyo objeto es el de establecer una “especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos, por lo cual en la presente ley se tipifican como punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales, y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial”, de los mismos al tratarse de seres sintientes y no cosas.

Por lo tanto, del interés superior de protección del ecosistema y a la fauna, surge un deber de resguardo contra el padecimiento, el maltrato y la crueldad. De la relación entre la naturaleza y los seres humanos se puede inferir el estatus moral de la vida animal y dotar de la capacidad de sufrimiento a los mismos, por ello se entiende que son organismos sintientes que generan una serie de obligaciones para la raza humana, de cuidado y protección. Sin embargo, de este mandato constitucional no se puede extraer la existencia de un derecho al bienestar animal, fundamental, ni mucho menos la exigibilidad del mismo por medio de acciones constitucionales(13).

Caso concreto

Conforme viene de reseñarse, es claro que la petición de amparo, se orienta a dejar sin efecto la decisión adoptada en segunda instancia por un magistrado de la homóloga Sala de Casación Civil, quien dentro del trámite especial de hábeas corpus, revocó la determinación proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, que le concedió la libertad al oso de anteojos “Chucho”, considerando que su traslado al zoológico de la ciudad de Barranquilla reñía con la citada prerrogativa del animal.

Para la Sala, tal y como lo consideró el a quo, el hábeas corpus no se torna viable para proteger los derechos de un ser no humano, por cuanto, si bien la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha pregonado la existencia de un mandato superior de protección al bienestar animal, ello no se traduce en la existencia de una garantía fundamental en cabeza de estos, ni su exigibilidad por medio este tipo de mecanismos.

Aun cuando, el presente tema no es del todo pacífico, si en cuenta se tiene que los actuales pensamientos propugnados por legislaciones internacionales conciben la posibilidad de que se extiendan los derechos de los seres humanos a los animales(14), como fue considerado en la determinación demandada, el ordenamiento jurídico nacional ha establecido que el hábeas corpus únicamente puede ser invocado por una persona cuando haya sido privada de su libertad de manera ilegal o que su detención se haya prologando en iguales condiciones(15), propendiendo siempre por la defensa de la garantía pro homine o pro persona, la cual ha sido desarrollada por la máxima corporación de lo Constitucional de la siguiente forma:

El principio pro homine (...), se ofrece como una cláusula hermenéutica para la interpretación de los derechos fundamentales y, consiste, principalmente, en la obligación que tiene el intérprete de adoptar el sentido más favorable que el contenido de estos derechos recrea, esto es, “... debe privilegiar la hermenéutica que resulte menos restrictiva para el ejercicio de los mismos(16)”. Dado que se trata de un principio cuyo particular interés se funda en el respeto de la dignidad humana, parece razonable que las decisiones que involucran garantías fundamentales deban orientarse por aquellas opciones interpretativas que mejor protejan al individuo y le permitan hacer efectivo su propio plan de vida.

Al respecto anota la Corte,

“(...) el principio de interpretación pro homine, impone aquella interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de aquella interpretación que propenda por (sic) el respeto de la dignidad humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional. Este principio se deriva de los artículos 1º y 2º superiores, en cuanto en ellos se consagra el respeto por la dignidad humana como fundamento del Estado social de derecho, y como fin esencial del Estado la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, así como la finalidad de las autoridades de la República en la protección de todas las personas en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades”(17).

(...).

Es por ello que sobre esta cláusula, también denominada cláusula de favorabilidad en la interpretación de los derechos humanos(18), se ha sostenido en la corporación:

“... es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, así como a los derechos fundamentales, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria”.

Por tanto, como acertadamente lo indicó la colegiatura de primer grado, el hábeas corpus como derecho fundamental que lleva ínsita la protección de la libertad de la persona en cuyo favor se invoca, solo puede ser adjudicado a un ser humano individualizable, con lo cual se vislumbra la inadmisibilidad de dicho mecanismo frente a seres disímiles, habida cuenta que ello desnaturalizaría su particular esencia al predicarse su exclusivo uso por parte de individuos en aquellos específicos eventos que han sido prescritos por el legislador, pues la premisa que frente a este particular, establece la jurisprudencia constitucional excluye la posibilidad de que a través del aludido accionamiento se protejan los derechos de los sintientes reconocidos en la Carta Magna, por cuanto, se itera: “no se puede extraer la existencia de un derecho al bienestar animal, ni la fundamentabilidad del mismo, ni mucho menos su exigibilidad por este mecanismo al solo predicarse obligaciones de cuidado y prohibiciones de maltrato y crueldad contra los animales (...)”(19).

Así mismo, esta corporación comparte el criterio de la homóloga Sala Laboral, cuando indica que para la protección del oso “Chucho” como ser no humano, existen otra serie de mecanismos en el ordenamiento jurídico para evitar el abuso, maltrato o su posible extinción, como aquellos fijados en la Ley 1774 de 2016, cuyo objetivo es el de conceder a los animales el amparo contra todo tipo de sufrimiento y dolor que provenga directa o indirectamente de actos de las personas; sin que ello se traduzca en que deba considerárseles como tales, dada su condición de sintientes pudiendo el agente oficioso ejercer la acción popular como instrumento para su resguardo o, inclusive, la acción de aprehensión material preventiva estatuida en la prerrogativa 8 de la referenciada ley(20).

De esta forma, se advierte que la decisión censurada fue acertada, en el entendido que tuteló el derecho fundamental al debido proceso, al percibir el a quo la trasgresión en que se incurrió dentro de la determinación de hábeas corpus demandada, por cuanto se cimentó en normativas que, a juicio de la Sala, no podían aplicarse en el caso particular del oso “Chucho”, por ser el mentado instrumento una acción exclusivamente pro homine, que dista del procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico para solicitar la protección del aludido sintiente.

En ese orden de ideas, será confirmada la decisión adoptada por la Sala de Casación Laboral, por cuanto resulta ajustada a los preceptos constitucionales que tratan sobre la materia.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el fallo impugnado por las motivaciones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.

2. Ejecutoriada esta decisión, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

3. Notifíquese de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Fernando León Bolaños Palacios—Eyder Patiño Cabrera—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

(1) Ver folios 19 al 52. Cuaderno de primera instancia.

(2) CC C-187/2006.

(3) Ley de hábeas corpus de 1879. Act, 31 Car. II c.2.

(4) Belaunde García Domingo. Los Orígenes del Hábeas Corpus. Página 55.

(5) Ver artículo 4º de la Ley 137 de 1994: Derechos intangibles. De conformidad con el artículo 27 de la Convención americana de derechos humanos, y los demás tratados sobre la materia ratificados por Colombia, durante los estados de excepción serán intangibles: el derecho a la vida y a la integridad personal; el derecho a no ser sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos; la prohibición de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación; la libertad de conciencia; la libertad de religión; el principio de legalidad, de favorabilidad y de irretroactividad de la ley penal; el derecho a elegir y ser elegido; el derecho a contraer matrimonio y a la protección de la familia; los derechos del niño, a la protección por parte de su familia, de la sociedad y del Estado; el derecho a no ser condenado a prisión por deudas civiles; el derecho al hábeas corpus y el derecho de los colombianos por nacimiento a no ser extraditados.

(6) CC C-491/2014.

(7) CC T-1315/2001.

(8) Ver CC C-750/2008: “En Colombia el tema ambiental constituyó una seria preocupación para la Asamblea Nacional Constituyente. En aquel momento, en el que se preparaba la Constitución de 1991, se consideró que ninguna Constitución moderna puede sustraer de su normatividad el manejo de un problema vital, no solo para la comunidad nacional, sino para toda la humanidad”.

(9) “Hace referencia a la preeminencia y dominio del ser humano sobre los demás seres existentes en el planeta tierra; una ética de la relación con la naturaleza centrada en lo humano y en la satisfacción de las necesidades de esta especie. Desde esta perspectiva, los recursos naturales son vistos de manera instrumental como proveedores de alimento, energía, recreación y riqueza para la humanidad y por esta razón deben ser conservados, protegidos y convenientemente explotados para garantizar la supervivencia de la especie humana. Al respecto véase Toca Torres. Las versiones del desarrollo sostenible, cit.; Dobson. Pensamiento político verde, cit. pp. 84-94; Gregorio Mesa Cuadros. Derechos ambientales en perspectiva de integralidad. Concepto y fundamentación de nuevas demandas y resistencias actuales hacia el Estado ambiental de derecho, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2010.” Información tomada del texto “Derechos de la Naturaleza”, historia y tendencias actuales. Javier Alfredo Molina Roa, Universidad Externado de Colombia, 2014. Pág. 72.

(10) Ver Sentencia C-339/2002: “Envuelve una teoría moral que considera al ser humano como parte de la naturaleza confiriéndole a ambos valor, ya que son seres vivos que merecen el mismo respeto. Propende porque la actividad humana ocasione el menor impacto posible sobre las demás especies y el planeta. Reivindica el valor primordial de la vida”.

(11) “Apunta al valor intrínseco de la naturaleza integrada por los ecosistemas y la biosfera en el planeta tierra, independientemente de su valor para el hombre”. Véase Claudia Toca Torres. Las versiones del desarrollo sostenible, en Sociedade e Cultura, vol. 14, Nº 1, enero-junio del 2011, Universidade Federal de Goiás, p. 203”. Extraído del libro “Derechos de la Naturaleza”, historia y tendencias actuales. Pág. 48.

(12) Esta Carta fue solemnemente adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 37/7, el 28 de octubre de 1982.

(13) CC C-095/2016.

(14) Como lo es el caso de los chimpancés Hércules y Leo que, en el año de 2015, por orden de la juez Bárbara Jaffe, quien en representación de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, firmó un recurso de hábeas corpus en su favor, ordenando su traslado de un laboratorio universitario a un santuario de primates.

(15) Ley 1095 de 2006. Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política. ART. 1º—Definición. El hábeas corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine. El hábeas corpus no se suspenderá, aun en los estados de excepción (negrillas de la Sala).

(16) CC C-186/2006.

(17) CC T-191/2009.

(18) Ver sentencias CC C-184/2005; C-186/2006 y C-1056/2004.

(19) CC T-095/2016.

(20) Ley 1774 de 2016. ART. 8º—Adicionar a la Ley 84 de 1989 un nuevo artículo del siguiente tenor: ART. 46A.—Aprehensión material preventiva. Retención preventiva. Cuando se tenga conocimiento o indicio de la realización de conductas que constituyan maltrato contra un animal, o que de manera vulneren su bienestar físico, la Policía Nacional y las autoridades policivas competentes podrán aprehender preventivamente en forma inmediata y sin que medie orden judicial o administrativa previa, a cualquier animal. Toda denuncia deberá ser atendida como máximo en las siguientes veinticuatro (24) horas. PAR.—Cuando se entregue en custodia el animal doméstico a las entidades de protección animal, el responsable, cuidador o tenedor estará en la obligación de garantizar los gastos de manutención y alimentación del animal sin perjuicio de las obligaciones legales que le corresponden a los entes territoriales.