Sentencia STP16858-2015/82889 de diciembre 3 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS 1

Rad. 82889

Acta: 429

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

(Legis, considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de los nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

Bogotá, D.C., tres de diciembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «4. Consideraciones.

1. De conformidad con lo establecido por los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación presentada contra el fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

2. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona tiene la facultad de promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable.

2. En el asunto sub examine, la censura efectuada por JERE y MINR tiene relación con la indagación que cursa ante la Fiscalía 31 Seccional de Puerto Carreño con ocasión de la muerte violenta de su hijo CYRN, queja a la cual se unió MHPP, quien adujo haber sido víctima en tales hechos, toda vez que pese a que estos ocurrieron en febrero de 2015 no se había dictado una decisión de fondo respecto a la individualización e identificación de los autores, como tampoco se había dispuesto su captura, aunado a la falta de respuesta de las peticiones presentadas para la entrega de los bienes del occiso y entrega del automotor.

3.1. Frente a ello, de entrada la Sala advierte que se procederá a confirmar el fallo objeto de impugnación, porque el diligenciamiento en cuestión, en el cual no se avizora dilación injustificada alguna, se encuentra actualmente en curso y ello desplaza al mecanismo de amparo invocado, pues pese a la insatisfacción que le pueda asistir a la parte demandante, resulta claro que no es la acción de tutela el estadio para ventilar sus discrepancias y menos, cuando el diligenciamiento en cuestión se encuentra surtiendo el trámite respectivo, que se constituye en el escenario idóneo para hacer las solicitudes en orden a que sus pretensiones salgan avantes.

3.2. En efecto, no se advierte que las autoridades hayan incurrido en la mora judicial alegada, pues se tiene que a la Fiscalía le fue asignado el asunto el 11 de febrero último y el 26 del mismo mes efectuó el correspondiente programa metodológico y para su desarrollo impartió las correspondientes órdenes a la Policía Judicial SIJIN, recibiéndose un primer informe el 11 de septiembre y el definitivo el 7 de octubre, el cual, según se adujo, es contentivo de entrevistas, reconocimientos fotográficos, interrogatorios, individualización e identificación de los presuntos responsables, entre otros aspectos, correspondiéndole entonces al ente instructor su valoración y de su resultado adoptar las determinaciones a que haya lugar.

3.3. No se observa prima facie una actitud negligente de parte del organismo instructor ni del cuerpo investigador, pues de acuerdo con la exposición de los hechos efectuada por la fiscalía, se infiere que el caso amerita un grado de complejidad, que hubo también dificultad para la recolección de las evidencias por el lugar donde acaecieron, la ubicación de testigos, etc., lo cual se traduce en circunstancias de peso para que el informe respectivo no hubiese sido allegado en el tiempo otorgado.

3.4. Deben también tener presente los accionantes que de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 175 del C. de P.P., modificado por la ley 1153 de 2011, la fiscalía cuenta con un plazo de dos años para formular imputación o disponer de manera motivada el archivo de la indagación, plazo que se computa a partir de la recepción de la noticia criminis, lo cual indica que en el asunto bajo estudio la actuación se viene desarrollando dentro del término legal , pues recordemos que el asunto le fue asignado a la Fiscalía accionada el 11 de febrero del año en curso.

3.5. Con todo, si los libelistas insisten en que los tiempos han sido injustificados, para exponer dicha circunstancia tienen un mecanismo expedito al cual pueden acudir para conjurarla, que no es otro que la recusación prevista en la ley adjetiva penal, en el sentido que constituye una causal de impedimento “Que el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los términos que la ley señale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada”. De manera tal que les es posible acudir a la figura señalada para provocar el incidente correspondiente, con la consecuencia, entre otras, de que si prospera la petición el proceso se asigne a un nuevo funcionario para que se ocupe del mismo.

Lo anterior sin perjuicio de que pueda dirigirse además ante el juez disciplinario, para presentar la correspondiente queja con el fin de que sean tomados los correctivos establecidos en la legislación vigente.

3.4. Quiere ello decir que la ley otorga mecanismos a los peticionarios para que pueda hacer cumplir los plazos dentro de la actuación, con la finalidad de resguardar el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, de manera que surge diáfana la imposibilidad de tomar la vía de la tutela para eventos como el que ahora ocupa la atención de la Sala, al no satisfacerse el presupuesto de subsidiariedad que le es propio.

4. Lo mismo es predicable frente a la pretensión para que el proceso sea objeto de vigilancia por parte de las autoridades que se encuentran facultadas para ello como lo es el Consejo Seccional de la Judicatura respectivo o la Procuraduría General de la Nación, ante las cuales debe elevar las peticiones que estime pertinentes para tal efecto.

5. En síntesis, los accionantes tienen a su disposición oportunidades y herramientas para proponer sus planteamientos en torno a las materias señaladas y así, propiciar la revisión y solución del asunto con respeto del cauce natural del proceso ordinario, de manera que es dentro del mismo donde le corresponde actuar a fin de ventilar los aspectos que le generan reparos, circunstancia que impone declarar la improcedencia de la solicitud de amparo toda vez que al juez de tutela le está vedado adentrarse en asuntos que son del resorte de otras autoridades, pues ello supondría una flagrante irrupción de sus competencias y el desconocimiento de su naturaleza y finalidades, relativas a la protección de derechos fundamentales y no a la sustitución de los mecanismos de defensa judicial que el legislador ha dispuesto.

6. Finalmente, en punto de las peticiones que dicen fueron presentadas y no tramitadas por la Fiscalía, se responde que como bien lo precisó el Tribunal, sola una fue radicada a la cual se le dio oportuna respuesta a través del oficio fechado el 22 de septiembre de 2015.

Ahora, según lo adujo la impugnante MINM, para la devolución del vehículo y las pertenencias de su hijo, al igual que para el reconocimiento de víctimas dentro de la investigación, le otorgó poder a un abogado a quien le entregaron los soportes correspondientes, peticiones que, según lo advierte, no fueron presentadas por el togado.

Lo anterior se traduce en argumento suficiente para dejar sin sustento alguno lo aducido por los otros dos recurrentes en el sentido que las respectivas solicitudes reposan en las carpetas, y soportar aún más lo sostenido por el ente fiscal de haberse pronunciado en su momento respecto del único libelo radicado por los actores.

Debe advertirse a la recurrente que si considera que el profesional del derecho designado incurrió en alguna falta disciplinaria al no haber cumplido con el mandato conferido, le corresponde poner en conocimiento de la autoridad respectiva, tarea que no puede trasladar al juez de tutela, mucho menos cuando no obra elemento de prueba que acredite la afirmación, tan solo el dicho de la libelista.

7. Lo consignado en precedencia y aunado a lo señalado por el a quo, desvirtúa la afirmación de los demandantes en torno de la vulneración de sus derechos fundamentales, motivo por el cual el fallo será confirmado.

En razón de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en Sala de Decisión en Tutela, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el fallo recurrido.

2. Notificar esta decisión en la forma prevista por el Decreto 2591 de 1991.

3. Remitir el asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase».