Sentencia STP17659-2015/82893 de diciembre 15 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS 3

Rad.: 82893

Magistrado Ponente:

Dr. José Leonidas Bustos Martínez

Aprobado Acta 443

Bogotá. D.C., quince de diciembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. De conformidad con la preceptiva del artículo 1º del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta contra la decisión proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

2. La libertad de conciencia ocupa un lugar de primacía entre los derechos fundamentales porque de su aseguramiento y eficacia depende el principio de neutralidad religiosa e ideológica del Estado y de su Derecho, necesario para potenciar en todo ser humano la facultad individual de reflexionar, construir sus propias máximas subjetivas de acción y actuar según ellas.

Dicha garantía fundamental cumple funciones estructurales por cuanto es un presupuesto para la construcción de una sociedad democrática, respetuosa de la dignidad humana(11).

En esa dirección, la Corte Constitucional ha señalado que desconocer la libertad de conciencia de una persona, obligándola a revelar sus creencias o a actuar en contra de ellas, es una de las maneras más graves e impactantes de violentar a un ser humano(12).

No obstante la fórmula imperativa del artículo 18 de la Constitución Política, en el cual se consagra que “nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia”, no cualquier resistencia al cumplimiento de lo ordenado por las normas jurídicas es susceptible de protección judicial, pues ese derecho fundamental debe ser comprendido como integrado a un contexto normativo amplio que involucra otros intereses como la integridad del orden jurídico, la estabilidad institucional y el respeto de los derechos de los demás.

Las claves para la comprensión de esa temática se encuentran en la jurisprudencia constitucional.

2.1. La regla general de la necesidad de interpositio legislatoris.

La objeción de conciencia es una reacción individual ante una auténtica contradicción entre una norma de conciencia —de origen religioso, ético o moral, ideológica o de semejante naturaleza— y una disposición normativa. Esa oposición puede manifestarse de dos formas: en la primera, la más frecuente, “la norma de conciencia prohíbe lo que la norma jurídica impone como obligatorio”, mientras que en la segunda, “la norma de conciencia impone como obligatorio lo que la norma jurídica prohíbe”(13).

Existen formas tradicionales y frecuentes de resolver esa contradicción: a) el ordenamiento jurídico libera al sujeto, por vía de excepción, del cumplimiento de la obligación general; b) se permite al obligado realizar una actividad sustitutiva no opuesta a su conciencia y c) el renuente se niega a cumplir la norma y se atiene a las consecuencias desfavorables de su decisión(14).

La objeción de conciencia, en un sentido propio, se presenta cuando el sujeto se encuentra ante la disyuntiva de abandonar sus más firmes convicciones o exponerse a las sanciones jurídicas, debido a la ausencia de una excepción normativa o porque existiendo la posibilidad de cumplir una obligación sustitutiva esta es igual de opuesta a sus creencias.

Dado que esas tensiones tienen la potencialidad de afectarla integridad del orden jurídico, la estabilidad institucional, la eficacia de las garantías constitucionales y el respeto de los derechos de los demás, corresponde al legislador emplear fórmulas —de excepción o sustitutivas, que permitan eliminar o suavizar, en la medida de sus posibilidades, tales contradicciones—.

Esa es la línea argumentativa seguida por la Corte Constitucional en la Sentencia C-728 de 2009, respecto de la objeción de conciencia en relación con la prestación del servicio militar obligatorio, en la que señaló que “la garantía constitucional a partir de la cual es posible plantear objeciones de conciencia al cumplimiento de distintos deberes jurídicos, requiere un desarrollo legislativo”.

No obstante, en ese mismo fallo y en las posteriores sentencias T-430 de 2013 y T-455 de 2014, aclaró que la ausencia de regulación legal “no comporta la ineficacia del derecho, el cual, en su núcleo esencial, puede hacerse valer directamente con base en la Constitución”.

Así, la encrucijada de un ciudadano, en razón de sus convicciones, a causa de un deber legal con déficit de excepciones o prestaciones sustitutivas, habilita la intervención del juez constitucional, siempre y cuando estén acreditadas las condiciones para el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia.

2.2. Condiciones para el reconocimiento del derecho de objeción de conciencia.

La jurisprudencia constitucional ha descartado todos los casos en los que el sujeto manifiesta, en abstracto, una mera opinión o desacuerdo con la forma en que el Legislador ha regulado imperativamente una conducta, ya sea porque considera que el asunto debería quedar en el ámbito de la libre decisión personal o porque se podría adoptar una normatividad más progresista, conservadora o de otro tipo. Lo amparado, se resalta, es una creencia capaz de impeler en el sujeto una conducta específica que entra en contradicción con una norma jurídica, no importa la fuente de esa convicción, aunque la mayoría de los insumisos estén motivados por una doctrina religiosa.

En ese orden, la Corte ha reiterado que las convicciones involucradas deben ser “profundas, sinceras, continuas y exteriorizadas”(15) pues, “[n]o puede tratarse de convicciones o de creencias que tan solo estén en el fuero interno y vivan allí, que no transciendan a la acción”(16). Esto significa que el objetor debe acreditar, siquiera sumariamente, que cumple con dichos requerimientos pues, las manifestaciones de tales creencias, en la mayoría de los casos, ocurren en un contexto restringido y particular de socialización.

Adicionalmente, cuando está involucrado un deber constitucional o los derechos fundamentales de otras personas, el juez constitucional debe ponderar hasta qué punto es posible el ejercicio de la objeción por motivos de conciencia(17) o evaluar la naturaleza de la labor encargada en relación con el interés general y la ausencia de una exigencia irrazonable o desproporcionada(18).

Análisis del caso concreto

1. Inexistencia de un hecho superado.

Si bien el accionante actuó como jurado de votación en las elecciones regionales de 25 de octubre de 2015, de conformidad con la Resolución 827 de 25 de septiembre de 2015, emitida por la Registraduría Distrital del Estado Civil(19), situación por la cual carece de objeto el análisis respecto de la aplicación de la sanción prevista en el inciso 4º del artículo 105 del Código Electoral, no hay lugar a declarar la carencia actual de objeto de la acción de tutela porque la solicitud de amparo tiene como finalidad principal que el juez constitucional se pronuncie respecto de su inclusión en la lista de jurados de votación.

Dado que el peticionario del amparo tiene la condición de docente universitario es altamente probable que, en la víspera de los próximos comicios, la Registraduría Nacional del Estado Civil le conmine al cumplimiento del deber frente al cual ha manifestado insumisión, siendo necesario un pronunciamiento constitucional de fondo que brinde claridad sobre el alcance de los derechos fundamentales invocados.

2. Los desatinos del fallo de primera instancia.

La Sala confirmará la decisión impugnada pero, con fundamento en una motivación diferente a la esbozada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, debido a las siguientes razones:

2.1. Esa corporación judicial comprendió que la objeción de conciencia planteada por el accionante estaba circunscrita a la antinomia entre una “norma interna de orden filosófico” y una regla jurídica, que en su sentido completo abarcaba las previsiones de los artículos 5º —inciso 2º del parágrafo 1º— de la Ley 163 de 1994 y 105 —inciso 4º— del Decreto 2241 de 1986.

Esa comprensión es una lectura parcial de los argumentos expuestos por el demandante, puesto que la contradicción propuesta da lugar a un problema jurídico más profundo y complejo.

Por un lado, encontramos que el accionante manifestó tener “una postura racionalmente acogida”(20) en la cual se sustenta su oposición a “participar en procedimientos previstos por el sistema democrático” y de donde surge, para él, una máxima subjetiva de acción que le impide actuar como jurado de votación y, por otro, en virtud de los artículos 95 —5º— y 258 de la Constitución Política, está vigente el deber de todos los ciudadanos de colaborar en la realización de elecciones o actos de democracia participativa(21).

Vista así las cosas, el actor objetó en conciencia un deber constitucional del cual los artículos 5º de la Ley 163 de 1994 y 105 del Código Electoral son solo una dimensión de su desarrollo normativo.

Esa aclaración es, como se verá más adelante, relevante para la resolución del caso.

2.2. El tribunal llegó a la conclusión de que la convicción del demandante, al consistir en un “ataque, en últimas, a la eficiencia y calidad del sistema político que se basa en el derecho al sufragio universal y a la primacía de la voluntad de la mayoría”, le impedía, eventualmente, ejercer su derecho al sufragio, pero en ningún caso “presenciar los comicios electorales, ni ejecutar las funciones propias de los jurados de votación”. En síntesis, afirmó:

“(…) el deber jurídico al que está sujeto simplemente lo obliga a estar presente en un fenómeno electoral y a colaborar administrativamente con su ejecución, pero en ningún caso, como lo sostiene el accionante, ‘a participar’ en él”.

Esa tesis es errada por cuanto ignora que nuestro ordenamiento constitucional se sustenta en el carácter estructural y definitorio del principio democrático(22), a partir del cual la democracia se manifiesta de forma universal y expansiva(23).

En esa dirección, la Corte Constitucional ha aclarado que “el principio de participación democrática expresa no solo un sistema de toma de decisiones, sino un modelo de comportamiento social y político, fundamentado en los principios del pluralismo, la tolerancia, la protección de los derechos y libertades así como en una gran responsabilidad de los ciudadanos en la definición del destino colectivo. El concepto de democracia participativa lleva ínsita la aplicación de los principios democráticos que informan la práctica política a esferas diferentes de la electoral”(24).

La democracia participativa, entendida como una alternativa entre la democracia directa y la representativa(25), permite el empleo de múltiples mecanismos encaminados a posibilitar la participación ciudadana en escenarios distintos a las elecciones de representantes de cualquier orden, tales como el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato(26), además de otros que no requieren de votaciones, como el derecho de petición(27) y las acciones constitucionales(28).

Sugerir, entonces, que actuar como jurado de votación no es participar de una actividad democrática, porque esa condición está reservada a quien, en efecto, ejerce su derecho al sufragio, es desconocer el tránsito de la democracia representativa a la participativa instituida por el Constituyente de 1991. Destáquese que, incluso, en determinadas circunstancias, la abstención electoral ha sido reconocida como una forma legítima de manifestación democrática(29).

2.3. La distinción entre participación directa e indirecta emula, en forma desatinada, la respuesta dada por la Corte Constitucional a los planteamientos de objeción de conciencia, por parte del personal médico e instituciones de salud, frente a la práctica del aborto.(30) Contrario a lo que ocurre en el presente caso, allí tiene mucho sentido esa diferenciación pues, quienes efectúan la intervención médica necesaria para interrumpir el embarazo no desempeñan la misma función que los sujetos encargados de realizar actividades administrativas o judiciales.

Permitir la insumisión de las personas ubicadas en el segundo grupo podría impactar de forma negativa la eficacia de los derechos fundamentales de acceso a la salud y administración de justicia de las mujeres gestantes expuestas a las circunstancias habilitantes reconocidas por la Sentencia C-355 de 2006.

Los jurados de votación son una pieza clave en el engranaje del proceso electoral, su concurso es indispensable porque constituyen la garantía de neutralidad que acompaña la verificación, recaudo, preconteo y aseguramiento de los votos que permite a los demás ciudadanos —sus pares— confiar en el escrutinio final y de que la decisión colectiva fue informada objetivamente por la voluntad de todos los habilitados para participar.

En resumen, para la Sala, la función de jurado de votación constituye un ejercicio democrático activo, de conformidad con el principio de participación democrática y, debido a ello, en el análisis del problema jurídico se debe tener en cuenta ese presupuesto.

3. Precedentes jurisprudenciales aplicables al caso.

Se destacan las sentencias SU-747 de 1998 y T-447 de 2009, en las cuales la Corte Constitucional analizó, detalladamente, el deber de los ciudadanos de ejercer como jurados de votación cuando para ello han sido convocados por la autoridad.

En los numerales siguientes se expondrán, sucintamente, los criterios pertinentes que de allí se extraen.

3.1. El Legislador no está obligado a considerar todas las opciones religiosas o ideológicas.

En relación con la objeción de conciencia por razones religiosas, la máxima autoridad constitucional aclaró que el Estado no estaba obligado a hacer distinciones entre ciudadanos y, por tanto, formular excepciones o prestaciones sustitutivas de la obligación general, pues “dado el carácter plural de la sociedad colombiana y el mandato constitucional de respetar dicho pluralismo, así como el deber estatal de tratar de manera igual a todos los cultos, resulta en extremo complejo establecer tratamientos diferenciales para hacer compatibles la realización de actividades masivas, como elecciones y sufragios de democracia participativa u otras actividades que el Estado prepara de manera general, con distinciones que tengan en consideración cada uno de los posibles escenarios”(31).

Si bien esa aclaración responde a la censura respecto de la supuesta arbitrariedad en que habría incurrido la Registraduría Nacional del Estado Civil, quien, en efecto, no consideró las diferentes convicciones ideológicas en la selección de los jurados de votación, en manera alguna soluciona el problema jurídico planteado, pues lo dicho no es otra cosa que la exposición de la falta de desarrollo legislativo para el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia.

3.2. El deber constitucional de los ciudadanos de apoyar al Estado en la tarea de organizar y realizar elecciones o actos de democracia participativa.

Como se ha dicho anteriormente, la Corte Constitucional ha advertido que “la participación como jurado de votación persigue la realización de un deber constitucional, dirigido a realizar un propósito constitucional claro: la realización de elecciones o actos de democracia participativa”(32), cuyo fundamento se encuentra en los artículos 95 —5º— y 258 de la Constitución Política.

Tal exigencia se deriva de la fórmula del Estado social de derecho, donde “los ciudadanos no solamente cuentan con derechos, sino también con obligaciones. Una de ellas es precisamente la de colaborar con la realización de los comicios electorales”(33).

Esa orientación se inscribe en una comprensión jurisprudencial más amplia desde la cual los deberes constitucionales son concebidos como “aquellas conductas o comportamientos de carácter público, exigibles por la ley a la persona o al ciudadano, que imponen prestaciones físicas o económicas y que afectan, en consecuencia, la esfera de su libertad personal”(34). Y, por esa razón, “no puede entenderse como discriminatorios o limitantes de la libertad, sino que resultan materialmente propiciatorios de la misma, al promover las condiciones necesarias para obtener su eficacia real”(35).

3.3. La ausencia de una carga irrazonable o desproporcionada.

Finalmente, la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-747 de 1998, manifestó que la obligación de actuar como jurados de votación constituye una carga natural, que deben asumir los ciudadanos para que las justas electorales puedan llevarse a cabo. Cabe resaltar que el tema allí abordado estaba relacionado con la protección solicitada por personas que recibieron amenazas por causa del mismo nombramiento.

Una tesis similar fue empleada en la Sentencia T-447 de 2009, en la cual se afirmó que no se imponía a los demandantes un deber permanente de acudir a las elecciones, de tal manera que su libertad de cultos resultara afectada.

Esos dos precedentes dejan en claro que el deber constitucional de apoyar al Estado en la tarea de organizar y realizar elecciones, desarrollado en los artículos 5º de la Ley 163 de 1994 y 105 del Decreto 2241 de 1986, se traduce en una carga razonable que deben soportar todos los ciudadanos seleccionados para esa tarea. Corresponde, en consecuencia, a los objetores en conciencia argumentar y probar lo contrario.

4. La respuesta judicial a la objeción de conciencia planteada por el actor.

Aclarado, entonces, que el accionante propone una antinomia entre una máxima subjetiva de acción que, a la manera de un imperativo moral, le impide participar como jurado de votación y el deber de todos los ciudadanos de colaborar en la realización de elecciones o actos de democracia participativa, en relación con el cual no existe una excepción a la regla general ni prestación sustitutiva, salvo las causales para la exoneración de las sanciones previstas en el artículo 108 del Código Electoral, no aplicables al caso, corresponde a la Sala analizar si están acreditadas las condiciones para el reconocimiento del derecho de objeción de conciencia y otros asuntos relevantes, de conformidad con las anteriores consideraciones.

4.1. Verificación de las condiciones para el reconocimiento del derecho de objeción de conciencia.

La Sala es consciente de la dificultad probatoria que representa la verificación de aspectos como la sinceridad y profundidad de una convicción, en particular cuando se trata de “una postura racionalmente acogida” como la esgrimida por el actor que, a diferencia de las prácticas religiosas o culturales, no está acompañada de un contexto comunitario de expresión y reconocimiento intersubjetivo.

Sin embargo, ese escollo se supera mediante el empleo de la presunción de buena fe instituida en el artículo 83 de la Constitución Política. En consecuencia, el Juez Constitucional se abstiene de especular sobre esos asuntos, además, porque, de hacerlo, irrumpiría en una esfera de la intimidad a la que cada persona tiene un acceso privilegiado.

No ocurre lo mismo con los requisitos de continuidad y exteriorización requeridos por la jurisprudencia, pues ellos pueden percibirse, así sea sumariamente, a través de las acciones del sujeto tales como publicaciones escritas, discursos o acciones judiciales anteriores, para anunciar solo algunos ejemplos.

Revisado el expediente no se encontraron elementos de prueba que apunten en esa dirección. En cambio, se observan notorias inconsistencias que refutan la continuidad y exteriorización de su creencia.

Obsérvese que el actor ostenta las calidades de profesional del derecho y profesor universitario. Ambos roles exigen del sujeto un compromiso adicional con la democracia constitucional colombiana. El primero, mediante los deberes profesionales del abogado - Ley 1123 de 2007, en el cual se le exige observar la Constitución Política y la ley, además de defender y promocionar los derechos humanos conforme a las normas constitucionales y a los tratados internacionales ratificados por Colombia. El segundo, a través de la promoción de los fines esenciales de la educación indicados en el artículo 67 de la Carta Fundamental, tarea que debe cumplir todo docente colombiano sin importar el nivel de formación de los educandos.

A diferencia de los deberes constitucionales —artículo 95 ibídem— que se imponen de forma automática, y si se quiere de manera inconsulta sobre todas las personas que habitan el territorio nacional, los que se adquieren en virtud del ejercicio profesional y ocupacional son voluntarios y conscientes.

4.2. La exigencia irrestricta del deber constitucional contra el cual se dirige la objeción de conciencia.

La inclusión del actor en la lista de jurados de votación tiene su origen en la aplicación objetiva de la regla de selección consagrada en el numeral 1º del artículo 5º de la Ley 163 de 1994, por parte de la Registraduría Distrital del Estado Civil.

En ese sentido, la convocatoria se deriva de su condición de ciudadano colombiano y de su rol como docente universitario, además, está justificada en las responsabilidades que implica el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Política.

Sin duda, la exigencia de ese deber causó en el accionante algún tipo de malestar, sin embargo, aunque se aceptara la sinceridad y profundidad de la convicción expuesta, su objeción no es susceptible de amparo constitucional porque la obligación de todos los ciudadanos de colaborar en la realización de elecciones o actos de democracia participativa constituye una carga mínima que debe soportar toda persona seleccionada para cumplir esa tarea, salvo, por supuesto, que el Legislador disponga lo contrario o el interesado acredite que se le ocasionaría una aflicción irracional o desproporcionada que no está en la obligación de soportar.

Ninguna de esas hipótesis de excepción se evidencian en el plenario.

4.3. El carácter ineludible de la democracia constitucional colombiana.

La objeción de conciencia en contra del principio democrático, enunciada en forma genérica y sustentada en la ficción del derecho natural precontractual, es una conjetura inaceptable como argumento jurídico válido en el marco de los modernos Estados de derecho.

Esa tesis, de ser aceptada, conduciría, sin límite alguno, al reconocimiento de la insumisión hacia otras normas jurídicas de orden constitucional y legal que regulan asuntos del poder público, penales, disciplinarios, civiles, laborales y tributarios, entre muchos otros, cuya fuente de legitimación proviene del principio democrático y la democracia constitucional.

Esas reglas básicas e imprescindibles para la convivencia pacífica en las sociedades modernas no se encuentran especificadas en la noción de derechos naturales aprehensibles por todo ser sensible o racional, puestos en una hipotética comunidad natural de buenos salvajes, predicada por algunas teorías iusnaturalistas.

Tampoco es razonable afirmar que la imposición de sanciones a quienes incumplen deberes legales, en el marco del Estado de derecho, transforma, ipso facto, un régimen democrático en una “tiranía”. Con todo, la Sala respeta esa creencia pues, sin duda, su manifestación libre y espontánea es una evidencia contundente de que las libertades de conciencia, opinión, expresión y catedra del demandante han alcanzado el grado de eficacia que solo es posible en una democracia constitucional.

5. La inexistencia de la vulneración alegada.

El deber constitucional de apoyar al Estado en la tarea de organizar y realizar elecciones, desarrollado en los artículos 5º de la Ley 163 de 1994 y 105 del Decreto 2241 de 1986, constituye una carga razonable que debe soportar el accionante, al igual que todos los ciudadanos seleccionados para cumplir esa tarea.

En consecuencia, la insumisión al deber mencionado, con fundamento en una “postura racional acogida”, como la expuesta por el peticionario, podría dar lugar a la imposición de las sanciones señaladas en el régimen electoral, tal como ocurriría si el demandante desobedeciera, sin justificación razonable, por ejemplo, una norma disciplinaria o penal pretextando que ellas son el producto de la “pauperización del debate político” o de la “dictadura de un grupo social frente a todo el conglomerado nacional”.

Por esas mismas razones, la inclusión de su nombre en la lista de jurados de votación no constituye una vulneración de sus derechos fundamentales.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal – en Sala de Decisión de Acciones de Tutela, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

CONFIRMAR el fallo impugnado.

NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.

Notifíquese y cúmplase».

11 Cfr. Sentencia T-430 de 2013

12 Ibídem.

13 Derecho de la Libertad de Conciencia. II. Llamazares Fernández, Dionisio. Madrid: Civitas Ediciones, S.L. 2003, P. 285.

14 Ibídem.

15 Cfr. Sentencia T-455 de 2014.

16 Cfr. Sentencia C-728 de 2009.

17 Cfr. Sentencia T-388 de 2009.

18 Cfr. Sentencia T-75 de 1995.

19 Cfr. Oficio DRD-CGJ-900 de 19 de noviembre de 2015 recibido por la accionada. Solicitado por la Sala mediante auto de 12 de noviembre del mismo año.

20 Fl. 11.

21 Cfr. Sentencias Su-747 de 1998 y T-447 de 2009.

22 Cfr. Sentencia C-303 de 2010.

23 Cfr. Sentencia C-44 de 2004.

24 Cfr. Sentencia C-180 de 1999.

25 Cfr. Sentencia C-179 de 2002.

26 Cfr. Sentencia C-41 de 2004.

27 Cfr. Sentencia T-445 de 1993.

28 Cfr. Sentencia C-400 de 2013.

29 Cfr. Sentencia C-514 de 2004.

30 Cfr. Sentencia T- 388 de 2009.

31 Cfr. Sentencia T-447 de 2009.

32 Ibídem.

33 Cfr. Sentencia SU-747 de 1998

34 Ibídem.

35 Cfr. Sentencia C- 511 de 1994