Sentencia STP18130-2016/89271 de diciembre 13 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS NÚMERO TRES

Magistrado Ponente:

Dr. José Francisco Acuña Vizcaya

STP18130-2016

Rad. 89.271

Aprobado Acta 401

Bogotá. D.C., trece de diciembre de dos mil dieciséis.

Decide la Sala la impugnación interpuesta por Magalis Mariela Serrano Jiménez, contra el fallo proferido el 14 de septiembre de 2016, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual denegó el amparo de los derechos fundamentales invocados, supuestamente vulnerados por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de la misma ciudad y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.

Antecedentes y fundamentos de la acción

Así fueron sintetizados los fundamentos de la acción en el fallo constitucional de primera instancia:

“Magalis Mariela Serrano Jiménez instaura acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al Acceso a la Administración de Justicia, “vida en condiciones dignas y a la protección especial a personas de la tercera edad y en estado de minusvalía”, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas.

Refiere que presentó demanda ordinaria laboral contra la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, UGPP, con miras a obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su compañero permanente Víctor Ramón Romero Robles, trámite que se adelantó ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Santa Marta, despacho que en sentencia de 8 de abril de 2015 accedió al reconocimiento de la prestación económica.

Aduce que contra la anterior decisión, la demandada instauró recurso de apelación ante la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, colegiado que en proveído de 8 de abril de 2016 confirmó la de primer grado. Agrega que se remitió el expediente al juzgado de origen, autoridad que emitió el auto de obedézcase y cúmplase, liquidó y aprobó las costas del proceso ordinario.

Expone que el 15 de junio de 2016, promovió el proceso ejecutivo para obtener el cumplimiento de tales fallos, razón por la cual a través de auto de 29 de junio de 2016 se ordenó librar el mandamiento de pago de las mesadas vencidas hasta la inclusión en nómina, intereses moratorios y las costas procesales. Acude entonces al presente mecanismo de amparo constitucional, para que se ordene a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, dar cumplimiento a las sentencias de primera y segunda instancia emitidas en el proceso ordinario laboral con radicado 2014-00226, así como a la orden de pago ejecutiva contenida en el auto de 29 de julio de 2016, proferido por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Santa Marta.

Mediante auto proferido el 2 de septiembre de 2016, esta Sala de la Corte admitió la acción de tutela, ordenó notificar a las convocadas y a los intervinientes en el proceso ejecutivo génesis de la presente acción, a fin de que ejercieran los derechos de defensa y contradicción a su favor.

Dentro del término de traslado, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, indicó que la presente acción es improcedente, toda vez que se encuentra en curso el proceso ejecutivo por lo que la resolución del asunto recae sobre el juez natural y que tampoco se demostró la existencia de un perjuicio irremediable.

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta y el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de esa ciudad, en escrito separado, únicamente realizaron un recuento de las actuaciones procesales. Relata que la entidad ejecutada, formuló recurso de reposición contra el mandamiento de pago, el cual se denegó en auto de 29 de julio siguiente y que contra esa decisión la demandada interpuso recurso de apelación, que fue rechazado en proveído de 19 de agosto de la presente anualidad.

Adiciona que la entidad al contestar la demanda formuló las excepciones que denominó “falta de cumplimiento de la obligación establecida en el art. 192 del CPA (sic) e inembargabilidad de las cuentas”, (sic) sobre las cuales se descorrió traslado el 22 de agosto siguiente.

Cuestiona que su derecho a la pensión “ha quedado suspendido en tiempo en una total indefensión”, pues ante la presentación “irracional de recursos por parte de la UGPP la efectividad de la orden judicial de pago queda condicionada una serie de pronunciamientos, términos y requisitos que hacen ineficaz e inidóneo el mecanismo judicial del proceso ejecutivo para amparar los derechos fundamentales invocados como violados pues sus efectos hasta ahora son puramente ilusorios”.

Afirma que en la actualidad cuenta con 76 años de edad y se encuentra en un delicado estado de salud, en tanto que padece de “obesidad, depresión, falla renal crónica con asistencia dialítica, diabetes, hipertensión arterial y en estado de minusvalía por la amputación supracondilea de sus extremidades inferiores debido a necrosis por pie diabético, adicionalmente [vive] en condiciones de pobreza extrema, no cuen[ta] (sic) con ningún ingreso, [no recibe] (sic) ayuda económica de [sus] (sic) hijos y por [su] (sic) edad y estado de salud (...) es imposible trabajar.”(1)

El fallo impugnado 

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, negó la tutela impetrada al considerar, que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad, pues lo pretendido es la ejecución de una condena impuesta mediante sentencia, para lo cual cuenta con otro medio de defensa judicial en la jurisdicción ordinaria. Además, en el trámite de la acción ejecutiva se le ha garantizado a la actora el debido proceso y allí puede ejercer los recursos de ley al interior del mismo.(2)

La impugnación 

La accionante, manifestó su voluntad de interponer impugnación en los siguientes términos:

Indicó, no se tuvo en cuenta las circunstancias particulares en la que se encuentra, ni la idoneidad y eficacia de los mecanismos ordinarios para la protección de los derechos fundamentales (D. 2591/91, art. 6º, num. 1º).

Lo anterior, por cuanto el proceso ejecutivo instaurado se encuentra suspenso por la interposición del recurso de queja, por ello, no es el mecanismo idóneo, ni eficaz para la protección de los derechos invocados. Máxime que el mismo puede superar su expectativa de vida por sus quebrantos de salud y avanzada edad.(3)

Consideraciones de la Sala

De conformidad con las disposiciones del artículo 1º, numeral 2º del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta contra la decisión proferida por la Sala de Casación Laboral de esta corporación.

La Constitución Política, en el artículo 86, estableció la tutela como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual que tiene por objeto la protección de manera efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, ante su vulneración o amenaza, proveniente de la acción u omisión atribuible a las autoridades públicas o por particulares en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial, o existiendo, cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.

1. Acción de tutela para hacer cumplir providencias judiciales ejecutoriadas.

La regla general es la improcedencia de la acción constitucional para exigir el cumplimiento de obligaciones de dar, sin embargo, excepcionalmente se admite. Así lo ha definido la línea jurisprudencial de la Corte,(4) reiterada en la sentencia T-216 de 2015:

“…pero si la orden consiste en una obligación de dar el instrumento idóneo para alcanzar tal fin es el proceso ejecutivo, toda vez que su correcta utilización garantiza el forzoso cumplimiento de la obligación eludida, en la medida en que se pueden pedir medidas cautelares, como el embargo y secuestro de los bienes del deudor y su posterior remate con el fin de asegurar el pago. No obstante lo anterior, para la Corte, si el incumplimiento de una obligación de dar, impuesta en una sentencia judicial, se traduce en la vulneración de derechos fundamentales, la acción de tutela será procedente porque se considera que la vía ejecutiva no cuenta con la virtualidad de tener la misma efectividad del mecanismo constitucional” (negrillas fuera de texto).

2. Perjuicio irremediable.

De manera excepcional se admite la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales cuando la persona cuenta con otro mecanismo de defensa pero éste no es idóneo o eficaz para garantizar los derechos fundamentales invocados; así mismo, se configure un perjuicio irremediable, que se pretenda evitar; sobre todo en aquellos grupos poblacionales de protección constitucional reforzada.

De esta manera, se ha establecido la procedencia de la acción constitucional cuando la inminencia, urgencia y gravedad de la situación, la hacen impostergable para evitar un perjuicio irremediable. Por tanto, los jueces tendrán que analizar, evaluar y verificar en el caso concreto, las condiciones expuestas por el afectado y establecer que el mecanismo ordinario es o no idóneo para dar pronta solución al conflicto; de la misma forma, determinar las posibles consecuencias que se pueden producir en los derechos fundamentales del actor.

En este sentido la Corte Constitucional, en la sentencia T-237 de 2016, ha señalado requisitos que se deben cumplir, a saber:

“(i) la inminencia, la cual se presenta cuando existe una situación “que amenaza o está por suceder prontamente”(5), con la característica de que sus consecuencias dañinas se pueden dar a corto plazo, razón por la que es necesario tomar medidas oportunas y rápidas para evitar que se lleve a cabo la afectación;

(ii) la urgencia, que se relaciona directamente con la necesidad o falta de algo que es necesario y que sin eso se pueden amenazar garantías fundamentales, que exige una pronta ejecución de forma ajustada a las circunstancias de cada caso;

(iii) la gravedad, que se advierte cuando las consecuencias de esa falencia o necesidad han producido o pueden producir un daño grande e intenso en el universo de derechos fundamentales de una persona, lo cual puede desembocar en un menoscabo o detrimento de sus garantías. Dicha gravedad se reconoce fundada en la importancia que el ordenamiento jurídico le concede a ciertos bienes bajo su protección(6):

“La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas. Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la persona, objetivamente. Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a todas luces inconveniente”(7).

Finalmente, (iv) la impostergabilidad de la acción, que lleva a que el amparo sea realmente oportuno pues, si se llegara a tardar o posponer se corre el riesgo de que no resulte tan eficaz como se requiere, así, se hace necesario acudir al amparo constitucional para obtener el restablecimiento o protección de los derechos fundamentales y evitar la amenaza o vulneración de los mismos, y las consecuencias que podría traer al accionante”.

3. Derechos de personas en situación de discapacidad.

Otro de los grupos poblacionales de protección constitucional reforzada es la que se encuentra en situación de discapacidad, física, psíquica o sensorial. Lo cual ha sido precisado por la Corte en la Sentencia C-458 de 2015, así:

“30. La Constitución Política de 1991, estructuró una concepción encaminada a permitir la protección y el amparo reforzado de las personas en situación de discapacidad a fin de garantizar el goce pleno de sus derechos fundamentales.

(…) establecieron, entre otras cosas, una serie de obligaciones a cargo del Estado, tendientes a adoptar medidas para lograr una igualdad real de trato, condiciones, protección y oportunidades de todas las personas, con un especial interés en la promoción, protección y garantía de quienes se encuentran en condición de discapacidad.” (Negrillas fuera de texto).

4. Discriminación favorable.

Desde la norma de normas, el ordenamiento constitucional colombiano estructuró como fundamento del Estado social de derecho el principio y derecho fundamental a la igualdad.

Este principio, derecho y valor constitucional, reconoce que todas las personas gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, los cuales serán garantizados por las respectivas entidades o instituciones del Estado(8). Sin embargo, existe una protección especial cuando las personas están inmersas condición de debilidad manifiesta por su estado físico, mental, situación económica, o por su edad, lo que los hace más vulnerables a la afectación de sus derechos fundamentales.

Entre los grupos poblacionales que gozan del amparo mencionado, se destaca las personas de la tercera edad:

“…“(…) en particular, a este grupo pertenecen las personas de la tercera edad, quienes al final de su vida laboral tienen derecho a gozar de una vejez digna y plena (C.P. arts. 1º, 13, 46 y 48). En relación con estas personas, la Corte ha sentado la doctrina del derecho fundamental a la seguridad social. Así, se le ha dado preciso alcance al mandato constitucional de defender, prioritariamente, el mínimo vital que sirve, necesariamente, a la promoción de la dignidad de los ancianos (C.P. arts. 1º, 13, 46 y 48).”(9) …”(10) (negrillas fuera de texto).

En estos casos, los presupuestos de procedibilidad, son:

“…los cuales se señalan en la Sentencia T-055 de 2006(11):

“(i) que se trate de una persona de la tercera edad, para ser considerado sujeto especial de protección;

(ii) que la falta de pago de la prestación o su disminución, genere un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital,

(iii) que se haya desplegado cierta actividad administrativa y judicial por el interesado tendiente a obtener la protección de sus derechos, y

(iv) que se acredite siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados.”…”(12)

Análisis del caso concreto

El asunto que concita la atención de la Sala, es determinar si la existencia de otro medio de defensa judicial es idóneo o eficaz para la protección de los derechos fundamentales a la vida digna, mínimo vital y seguridad social en pensiones de una persona de la tercera edad en situación de discapacidad física, cuando existe un perjuicio irremediable.

En el presente asunto observa la Sala, que ante el incumplimiento por parte de la entidad accionada de lo ordenado a través de sentencia judicial dentro del proceso ordinario laboral y su consecuente ejecución, se ha dilatado el pago de la pensión de sobrevivientes, por medio de recursos y excepciones de propuestas en dicho trámite.

Ahora bien, analizadas las circunstancias particulares del caso, tenemos: la accionante es una persona de 76 años de edad, que se encuentra en situación de discapacidad física, amputación supracondilea de sus extremidades inferiores(13); padece obesidad, depresión, falla renal crónica con asistencia dialítica, hipertensión arterial y diabetes(14); y vive en condiciones de pobreza extrema pues no cuenta con ningún ingreso, ni ayuda económica de sus hijos y por su estado de salud le es imposible trabajar.

En estas condiciones, se concluye que la actora se encuentra en situación de debilidad manifiesta por su situación de discapacidad física y ser persona de la tercera edad; que tiene protección constitucional reforzada. Así mismo, por su delicado estado de salud hacen que esté en peligro inminente su vida e integridad personal.

Además, la falta de pago de la prestación genera un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital; igualmente, la actora desplegó toda la actividad administrativa y ante su negativa, inició el proceso ordinario laboral que concluyó a su favor con sentencia modificada parcialmente por el Tribunal de Santa Marta.

De igual manera, inició la ejecución del fallo, sin embargo, la UGPP, ha propuesto excepciones(15) y recursos que han dilatado el cumplimiento de la orden judicial.(16) Con lo anterior el medio judicial ordinario se torna ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales invocados.

En este orden de ideas, para la Sala resulta desproporcionado y abiertamente contrario a los postulados constitucionales someter a la actora a continuar con el trámite judicial del proceso ejecutivo, cuando en la jurisdicción ordinaria laboral ya le fue reconocido su derecho a la pensión de sobrevivientes, del cual el Estado está obligado a garantizar su efectividad.

Sumando a lo anterior, debe considerarse que el tiempo de resolución del proceso ejecutivo puede llegar a superar la expectativa de vida de la señora Magalis Mariela Serrano Jiménez, quien se reitera tiene 76 años de edad y la expectativa de vida es de 78.5(17) años; y se encuentra en situación de discapacidad, encontrándose dentro del grupo de personas de especial protección constitucional.

En síntesis, teniendo en cuenta la falta de idoneidad y eficacia de los medios ordinarios de defensa con los que cuenta la accionante para lograr el cumplimiento de la sentencia en mención, el amparo resulta procedente como el único mecanismo existente para obtener la protección de su derecho de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, esta Sala revocará el fallo impugnado y ordenará a la entidad demandada que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, dé cumplimiento a la decisión contenida en la providencia de abril 8 de 2015 del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Santa Marta; providencia confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, el 8 de abril de 2016; y específicamente lo ordenado por el auto que libra de mandamiento de pago el 29 de junio de 2016(18), dentro del proceso ejecutivo.

En esas condiciones, lo procedente revocar el fallo impugnado y conceder el amparo invocado, por las razones expuestas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal - en Sala de Decisión de Acciones de Tutela, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR el fallo impugnado.

CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales invocados.

ORDENAR a la entidad demandada que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, dé cumplimiento a la decisión contenida en la providencia de abril 8 de 2015 del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Santa Marta; providencia confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, el 8 de abril de 2016; y específicamente lo ordenado por el auto que libra de mandamiento de pago el 29 de junio de 2016, dentro del proceso ejecutivo.

NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: José Francisco Acuña Vizcaya—Eugenio Fernández Carlier—Patricia Salazar Cuéllar.

Nubia Yolanda Nova García, secretaria.

1 Folios 115-116. Cuaderno 2.

2 Folios 117 anverso y reverso. Ibídem.

3 Folio 126-127. Ibídem.

4 Cfr. Sentencias: T-441 de 2013, T-394 de 2014, T-560 A de 2014, T-628 de 2014, T-005 de 2015, T-216 de 2015: Consejo de Estado, Sección Primera, radicación 23001-23-33-000-2015-00145-01 (AC), entre otras.

5 Sentencia T-225 de 2003, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

6 Sentencia T-576A de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

7 Sentencia T-225 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

8 Constitución Política, artículo 13.

9 Sentencia C-458 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

10 Cfr. Sentencia T-237 de 2016.

11 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

12 Cfr. Sentencia T-237 de 2016.

13 Folios 7-8, cuaderno 1.

14 Folios 8-33. Ibídem.

15 Folios 204-208. Ibídem.

16 Folios 190-194, 199-203. Ibídem.

17 ttps://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/8Tablasvida1985_2020.pdf

18 Folio 188 anverso y reverso. Cuaderno 1.