Sentencia STP19116-2017 de noviembre 16 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Nº 1

Magistrado Ponente:

Fernando León Bolaños Palacios

STP19116-2017

Rad.: 94563

Acta 381.

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).

I. VISTOS

1. Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por el Hospital Universitario de Santander ESE, a través de apoderado especial, contra la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta vulneración de las garantías fundamentales al debido proceso, salud, seguridad social, igualdad y acceso efectivo a la administración de justicia, trámite al que fueron vinculadas las autoridades judiciales, partes y demás sujetos intervinientes dentro de la causa que dio origen a este asunto (Exp. 11001-0230-000-2016-00178-00).

II. ANTECEDENTES

2. HECHOS Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

2.1. De acuerdo con las pruebas allegadas al expediente y lo esbozado en el libelo introductorio, se tiene que el 29 de julio de 2015(1) el Hospital Universitario de Santander ESE, a través de apoderado especial, instauró demanda ejecutiva civil de mayor cuantía en contra de la EPS CAFESALUD, hoy EPS MEDIMÁS, correspondiéndole, por reparto, al Juzgado 6º Civil del Circuito de Bucaramanga, quien mediante auto del 1º de septiembre de dicha anualidad se declaró incompetente para conocerlo, pues «el conflicto se originó en el sistema de seguridad social» y, en virtud de los numerales 4º y 5º del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, envió el expediente a los juzgados de esa especialidad en la misma ciudad.

2.2. A su turno, el asunto fue recibido por el Juzgado 6º Laboral del Circuito de la referida urbe, «quien no obstante admitir que el conocimiento por competencia si (sic) era de esa especialidad, como quiera que las facturas se emitieron por concepto de prestación de servicios de salud a los usuarios de CAFESALUD, rechazó de plano la demanda» y la remitió, por competencia territorial, a la capital de la República, pues adujo que al no existir constancia del lugar de reclamación del derecho, el diligenciamiento «se tenía que ventilar en el domicilió (sic) de CAFESALUD como entidad demandada, es decir en Bogotá».

2.3. Por su parte, el Juzgado 37 Laboral del Circuito de Bogotá, una vez recepcionó la foliatura en comento, «se abstuvo de conocer alegando que a pesar de que las facturas sí prestan merito ejecutivo, esos títulos valores se rigen por la normativa comercial de acuerdo con el artículo 722 del Código de Comercio, y no por la laboral».

2.4. Con ocasión de lo anterior, se suscitó entre las autoridades judiciales de las especialidades civil y laboral conflicto negativo de competencia, el cual fue resuelto por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia a través de Auto APL2642-2017 del 23 de marzo de 2017, atribuyéndole el conocimiento a aquella.

2.5. El Hospital suplicante del amparo se duele de la aludida determinación, pues, en su sentir, constituye una «vía hecho» porque «decidió en no más de 4 párrafos variar el precedente jurisprudencial» sobre la materia, lo que en su criterio instituye una «falta de motivación», al punto que «la integridad de magistrados (sic) que componen la Sala de Casación Civil (...) salvaron el voto oponiéndose tajantemente a dicha providencia», disentimiento en el que se apoya la libelista para incoar la presente demanda constitucional.

III. PRETENSIONES

3. La parte demandante solicita (i) le tutelen los derechos fundamentales invocados, (ii) se deje sin efectos la providencia atacada y (iii) se ordene a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia proferir «un nuevo Auto que dirima el conflicto de competencias suscitado entre el Juzgado 6º civil (sic) y 6º laboral (sic) ambos del Circuito de Bucaramanga, y el Juzgado 37 Laboral del Circuito de Bogotá, en el sentido de otorgarle la competencia al Juzgado 6º Laboral del Circuito de Bucaramanga».

IV. INFORMES

4. Solo respondió el doctor RIGOBERTO ECHEVERRY BUENO, presidente de la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, quien manifestó que la decisión cuestionada correspondió al criterio mayoritario adoptado por la corporación, al paso que la estimó razonable, pues «se explicó (...) el motivo por el cual la Corte consideró necesario recoger su anterior tesis y, en consecuencia, adjudicar el conocimiento de las demandas ejecutivas soportadas en facturas originadas en la prestación de servicios de salud, a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil.».

V. CONSIDERACIONES

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 4º del Decreto 1382 de 2000, en concordancia con el canon 44 del Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia, es competente esta Sala para pronunciarse, en primera instancia, sobre la presente demanda de tutela, en tanto ella involucra una decisión adoptada por la Sala Plena de la corporación.

6. En el caso concreto, el problema jurídico a resolver se contrae en determinar si la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia lesionó o no los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, en atención a que por intermedio de la decisión adoptada el 23 de marzo de 2017 (APL2642-2017), al interior del conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados 6º Civil, 6º Laboral, ambos del Circuito de Bucaramanga y el 37 Laboral del Circuito de Bogotá, para conocer de la demanda ejecutiva formulada por el Hospital Universitario de Santander ESE contra CAFESALUD EPS, varió su jurisprudencia en relación con el fallador facultado para tramitar esos asuntos, aduciendo que la autoridad natural la constituía la especialidad civil.

7. Respecto de la posibilidad de admitir el examen de amparo cuando la conducta que atenta o vulnera una garantía constitucional deriva de una decisión judicial, es pertinente recordar que el pronunciamiento CC C-590-2005, hizo alusión a los requisitos generales y especiales para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra dichas providencias.

8. En ese sentido, se extrae que para la viabilidad de la revisión de un fallo judicial por el juez constitucional, la demanda debe: (i) tratar sobre un asunto de relevancia constitucional; (ii) agotar todos los recursos ordinarios y extraordinarios dispuestos por la legislación aplicable; (iii) presentarse en un término oportuno y razonable; (iv) si la alegación del defecto es por una irregularidad procesal, esta debe ser de tal magnitud que impacte en el sentido de la decisión; (v) una especificación detallada de los hechos y (vi) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela.

9. De igual modo, en esa misma sentencia de constitucionalidad, además de pronunciarse sobre los anteriores requisitos formales, se señalaron las causales especiales para la procedibilidad de la acción de amparo contra las decisiones judiciales. Estas son:

9.1. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

9.2. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

9.3. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

9.4. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

9.5. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

9.6. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

9.7. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

9.8. Violación directa de la Constitución.

10. Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en casos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta Política, sí se trata de determinaciones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

11. En conclusión, se ha reiterado que ante la concurrencia de los requisitos generales y, por lo menos, una de las causales específicas de procedibilidad contra las providencias judiciales, es viable ejercitar la acción de tutela como mecanismo excepcional por vulneración de prerrogativas supralegales.

12. En el caso bajo estudio, advierte la Sala que (i) trata sobre un asunto de relevancia constitucional, pues cuestiona la seguridad jurídica y la confianza legítima; (ii) contra la determinación reprochada no procede recurso alguno; (iii) no ha habido tardanza en la presentación de la demanda de amparo; (iv) se efectuó una especificación detallada de los hechos que motivaron el origen de este diligenciamiento y (v) la providencia recurrida no se trata de una sentencia de tutela.

13. Siguiendo ese hilo conductor y al margen de si el proveído objeto de análisis es acertado o no, se tiene que el mismo contiene un juicio razonable, pues, para arribar a la conclusión reprochada, fueron expuestos serios motivos, con base en una ponderación probatoria y jurídica, propia de la adecuada actividad judicial, debido a que la señalada corporación arguyó lo siguiente:

(...) 

3. Hasta la presente fecha, en asuntos similares la corporación atribuyó la competencia de «[l]a ejecución de obligaciones emanadas (...) del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad», a la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social, a partir del artículo 2º, numeral 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en concordancia con el artículo 100 ibídem.  

4. Sin embargo, un nuevo análisis de la situación que plantea el conflicto que ahora reclama la atención de la Corte, hace necesario recoger dicha tesis y, en lo sucesivo, adjudicar el conocimiento de demandas ejecutivas como la que originó este debate, a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil, teniendo en cuenta las razones que a continuación se exponen.  

5. Es cierto que uno de los principales logros de la Ley 100 de 1993 fue el de unificar en un solo estatuto el sistema de seguridad social integral, al tiempo que la Ley 712 de 2001 le asignó a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social, el conocimiento de las controversias surgidas en razón del funcionamiento de tal sistema, como así lo prevé el artículo 2º, numeral 4º, cuyo texto señala que es atribución de aquella:  

(...) 

4. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan. 

(...).  

Ocurre sin embargo que dicho sistema puede dar lugar a varios tipos de relaciones jurídicas, autónomas e independientes, aunque conectadas entre sí.  

La primera, estrictamente de seguridad social, entre los afiliados o beneficiarios del sistema y las entidades administradoras o prestadoras (EPS, IPS, ARL), en lo que tiene que ver con la asistencia y atención en salud que aquellos requieran.  

La segunda, de raigambre netamente civil o comercial, producto de la forma contractual o extracontractual como dichas entidades se obligan a prestar el servicio a los afiliados o beneficiarios del sistema, en virtud de lo cual se utilizan instrumentos garantes de la satisfacción de esas obligaciones, tales como facturas o cualquier otro título valor de contenido crediticio, el cual valdrá como pago de aquellas en orden a lo dispuesto en el artículo 882 del Código de Comercio.  

Así las cosas, es evidente que como la obligación cuyo cumplimiento aquí se demanda corresponde a este último tipo de relación, pues surgió entre la entidad promotora de salud Cafesalud S.A., y la Prestadora del servicio Hospital Universitario de Bucaramanga, la cual se garantizó con un título valor (factura), de contenido eminentemente comercial, la competencia para conocer de la demanda ejecutiva, teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, radica en la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil. (Énfasis fuera de texto).

14. Las anteriores aseveraciones corresponden a la valoración razonable del juez de conocimiento bajo el principio de la libre formación del convencimiento, lo cual impide que la providencia censurada sea cuestionable por el sendero de éste accionamiento. Recuérdese que la aplicación sistemática de las disposiciones jurídicas y la interpretación ponderada de los falladores judiciales, al resolver un asunto dentro del ámbito de su competencia, pertenecen a su autonomía como administradores de justicia.

15. El razonamiento de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia no puede controvertirse en el marco de la acción de tutela, en atención a que la aludida variación jurisprudencial no se percibe ilegítima, caprichosa o arbitraria, pues, por el contrario, obedeció a la reflexión jurídica sobre la normatividad aplicable al empleo de títulos valores de contenido crediticio como instrumentos de recaudo por la falta de pago de sumas de dinero, posición que fue suficientemente motivada, habida cuenta que, a juicio de la corporación, el elemento llamado a valorarse no lo constituye la cantidad de argumentos esgrimidos para ello, sino la seriedad y contundencia de los mismos (CC C-376-2011).

16. Sobre este punto, resulta válido detenerse a precisar que si bien es cierto el numeral 4º del canon 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en vigencia del Código de Procedimiento Civil(2), establece que la jurisdicción ordinaria laboral conoce las «controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan»(3), igualmente lo es que la expresión subrayada no significa per se todo lo relacionado con el suministro de bienes y servicios médicos u hospitalarios.

17. Lo anterior obedece a que el sistema de seguridad social integral, al constituir un universo de prestaciones (salud, pensión y riesgos laborales), las cuales pueden desembocar en una pluralidad de litigios, no puede erigirse como el único criterio que determine de la competencia funcional de los falladores integrantes de la jurisdicción ordinaria del trabajo, pues, en virtud de la particularidad del asunto (demanda ejecutiva por la falta de pago de sumas de dinero), también deben valorarse los documentos empleados como título base de recaudo, los cuales, al ser facturas en el caso concreto, se rigen por la ley comercial (canon 772 y siguientes del Decreto 410 de 1971(4)) y, de suyo, por el Código Civil (precepto 822 del Decreto 410 de 1971).

18. Es decir, por la singularidad de la temática, así como por la naturaleza jurídica de las pruebas objeto de apreciación, resulta razonable que el conocimiento de esos procesos corresponda a los jueces civiles, autoridades facultadas, por antonomasia, para interpretar las disposiciones aplicables a esas controversias.

19. Adicionalmente, el precepto 622 de la Ley 1564 de 2012(5), modificó el numeral 4º del canon 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, fundamento jurídico de la parte accionante para sostener su tesis, de la siguiente manera:

La jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de: 

(...) 

Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos. (Énfasis fuera de texto).

20. Lo anterior ratifica que no todas las disputas relacionadas con el sistema de seguridad social, en concreto, con el área de la salud, sean de competencia exclusiva de los jueces ordinarios laborales, pues existen dos excepciones contempladas en la propia legislación civil(6): la responsabilidad médica y los contratos surgidos con ocasión de la prestación de los servicios contemplados en dicho régimen.

21. Al respecto, se considera menester acudir a los incisos segundos de los numerales 1º de los artículos 17, 18 y 20 precepto 622 de la Ley 1564 de 2012, para armonizar lo exteriorizado:

ART. 17.Competencia de los jueces civiles municipales en única instancia. Los jueces civiles municipales conocen en única instancia: 

(...) 

También conocerán de los procesos contenciosos de mínima cuantía por responsabilidad médica, de cualquier naturaleza y origen, sin consideración a las partes, salvo los que correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa. 

ART. 18.Competencia de los jueces civiles municipales en primera instancia. Los jueces civiles municipales conocen en primera instancia: 

(...) 

También conocerán de los procesos contenciosos de menor cuantía por responsabilidad médica, de cualquier naturaleza y origen, sin consideración a las partes, salvo los que correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa. 

ART. 20.Competencia de los jueces civiles del circuito en primera instancia. Los jueces civiles del circuito conocen en primera instancia de los siguientes asuntos: 

(...) 

También conocerán de los procesos contenciosos de mayor cuantía por responsabilidad médica, de cualquier naturaleza y origen, sin consideración a las partes, salvo los que correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa. (Énfasis fuera de texto).

22. Lo precedente pone de presente que el criterio del sistema de seguridad social integral no es el único que debe tenerse en cuenta para determinar la competencia funcional de los jueces laborales, pues también debe analizarse (i) la especialidad del asunto objeto de debate, tal y como ocurre en casos de derecho de daños médicos (procesos declarativos), así como, se itera, (ii) los títulos base de recaudo, cuyo negocio jurídico causal es la celebración de contratos para el efectivo suministro de tratamientos clínicos (trámites ejecutivos).

23. Si en gracia de discusión, la anterior reflexión resulta insuficiente, no en vano el canon 15 ejusdem fijó la cláusula general o residual de competencia, consistente, entre otros tópicos, en que «[c]orresponde a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil, el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otra especialidad jurisdiccional ordinaria»(7).

24. En ese sentido, la referida disposición jurídica adquiere especial relevancia, porque el salvamento de voto del que se vale la parte accionante para fundamentar su queja constitucional realizó ingentes esfuerzos argumentativos y elucubraciones para arribar a la conclusión deseada por el Hospital Universitario de Santander ESE, significando esa situación que el conocimiento de los casos como el que originó este diligenciamiento no está taxativamente adjudicado a la jurisdicción ordinaria laboral, pues, de ser así, no se tendría la necesidad de efectuar interpretaciones sistemáticas del ordenamiento jurídico en relación con el régimen de la seguridad social.

25. Por ese motivo, considera la Colegiatura que la asignación de las demandas ejecutivas por la falta de pago de sumas de dinero, cuyo negocio jurídico causal sea la prestación de servicios médicos, a la especialidad civil, es razonable, pues la tesis anterior, a la luz de las disposiciones jurídicas en comento y, sobretodo, de la Ley 1564 de 2012, es insostenible.

26. De otro lado, no se comparte el criterio del Hospital Universitario de Santander ESE en lo concerniente con la presunta violación de sus derechos fundamentales al debido proceso, salud, seguridad social y acceso efectivo a la administración de justicia, en virtud de la determinación atacada, porque al remitirse el aludido expediente a la oficina judicial de apoyo para el reparto de los juzgados civiles del circuito de Bogotá, el aparato jurisdiccional del Estado no se ha sustraído de su deber de tramitar y resolver la demanda ejecutiva propuesta por el mencionado sanatorio contra la EPS CAFESALUD, hoy EPS MEDIMÁS, pues, indistintamente de la especialidad encargada de conocerla, existirá, luego de agotadas las etapas procesales, decisión de fondo, bien sea positiva o negativa.

27. Por tanto, se negará el amparo deprecado, máxime cuando no se observa la producción de un perjuicio irremediable conforme las características de inminencia, urgencia, gravedad y necesidad (CC T-079-2009), que permita la intervención del juez constitucional en este evento.

28. En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

VI. RESUELVE

1. NEGAR el amparo deprecado por el Hospital Universitario de Santander ESE.

2. REMITIR el expediente, en el caso que no sea impugnada la presente determinación, a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

3. NOTIFICAR esta decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Fernando León Bolaños Palacios—Alfonso Cadavid Quintero, conjuez—Francisco José Sintura Varela, conjuez.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 En vigencia del Decreto 1400 de 1970, «Por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil», según el Acuerdo PSAA15-10392, el cual previó que «el Código General del Proceso entrará en vigencia en todos los distritos judiciales del país el día 1º de enero del año 2016, íntegramente».

2 Recuérdese que al instante de la presentación de la demanda ejecutiva en comento, estaba vigente el Decreto 1400 de 1970, «Por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil».

3 Énfasis fuera de texto.

4 Por medio del cual se expide el Código de Comercio.

5 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones, el cual, se reitera, entró en vigencia el 1º de enero de 2016, según la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

6 Artículo 1º de la Ley 1564 de 2012. Objeto. Este código regula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios.

7 Énfasis fuera de texto.