Sentencia STP19446-2017 de noviembre 21 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Nº 1

Magistrado Ponente:

Eyder Patiño Cabrera

STP19446-2017

Rad.: 94982

Acta 392

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

ASUNTO

Se resuelve la impugnación presentada por el representante legal del Partido Cambio Radical, frente a la sentencia proferida el 4 de octubre de 2017, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual le negó la tutela interpuesta contra la senadora C. N. L. H., por la presunta vulneración de sus derechos al buen nombre y a la honra.

Al presente trámite fue vinculada la Radio Cadena Nacional [en adelante RCN Radio].

ANTECEDENTES

1. Fundamentos de la acción.

1.1. El 16 de agosto de 2017, RCN Radio invitó a la senadora y precandidata a la Presidencia de la República C. N. L. H. con el fin de que, a través de ese medio masivo de comunicación, los oyentes conocieran sus propuestas e ideas.

La periodista Y. R., a modo de preámbulo, indicó:

Protagonista, la senadora C. L. precandidata presidencial o candidata, ya le vamos a precisar. Esa es siempre la pregunta que estamos haciendo a todos los que vienen a esta cabina en condición de aspirantes a la Presidencia. Hemos empezado esta serie desde ya hace un par de meses. ¿Cuál es la idea?, es que ustedes los conozcan en esta primera etapa, escuchen sus propuestas, sus ideas, en el momento de depositar un voto hay que hacerlo a conciencia, conociendo qué busca o propone el candidato. En ese ejercicio, creemos que los medios de comunicación contribuimos y permitimos que ustedes se enteren de esas propuestas de los candidatos y precandidatos [...](1).

En desarrollo de la entrevista, la congresista L. H. señaló:

[...] al señor L. F. H., que es el gran vocero de Cambio Radical y G. V., le parece que la corrupción no es un problema; y que nos roben cincuenta millones, cincuenta billones, BI, seis reformas tributarias, siete puntos del PIB al año, que esa no es una prioridad. Yo creo que sí es una prioridad, pero en eso consiste la política. Él hace política con G. V. y Cambio Radical que, en mi opinión, pues es un concierto para delinquir con personería jurídica, que tiene el mayor número de parapolíticos condenados, que tiene al señor K. G. avalado, que no solamente era corrupto, sino un asesino; eso es Cambio Radical, y a ese partido y a su vocero, como el señor L. F. H., les parece que no se necesita hacer una batalla contra la corrupción [...](2). [Énfasis de la Corte]

En seguida, la periodista preguntó a la accionada: «¿Usted cree que Cambio Radical es un concierto para delinquir con personería jurídica o se le chispoteó?»(3), ante lo cual respondió:

Yo creo eso, yo creo eso. Pero además no lo creo porque se me ocurrió ni porque me caen gordos, ni... no; es porque ese es el partido que tiene el mayor número de parapolíticos, es decir, de políticos que se aliaron con paramilitares que asesinaban colombianos para tomarse el poder, por favor, eso es un concierto para delinquir. Es que esos señores están juzgados es por concierto para delinquir(4). [Énfasis agregado por la Sala].

1.2 Inconforme con lo anterior, el representante legal del Partido Cambio Radical presentó acción de tutela en contra de la senadora C. N. L. H., por la vulneración de sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra.

Resaltó que la imagen de la colectividad se ve gravemente afectada, toda vez que las afirmaciones de la accionada están encaminadas a señalar que se trata de «un grupo de personas que se reúnen con el fin de cometer delitos».

Adujo que las investigaciones y juicios que se adelantan o adelantaron en contra de algunos de los integrantes de esa colectividad son de responsabilidad individual, y ello de ninguna manera conlleva a que el partido pueda considerarse una «organización criminal».

Refirió que en virtud de tales expresiones, para la opinión pública las personas que integran el Partido Cambio Radical son delincuentes y su objetivo primordial es el de reunirse para cometer conductas establecidas como delito en la legislación penal, lo cual, aunque pareciera una exageración, resulta relevante si se tiene en cuenta que la accionada es una senadora de la República, elegida con más de ochenta mil votos y las aseveraciones fueron difundidas en una cadena radial de alcance nacional, cuya audiencia es de las más altas del país.

Solicitó ordenar a la demandada que rectifique públicamente las «falsas imputaciones que efectuó contra el Partido Cambio Radical el pasado 16 de agosto de 2017, a través de la cadena radial RCN Radio».

2. Las respuestas

2.1. RCN Radio.

La asesora jurídica explicó que la empresa presta los servicios informativos que constituyen su objeto social, de conformidad con los requisitos legales exigidos en el ordenamiento jurídico, en especial a la normativa en materia de radiodifusión sonora, razón por la que considera que la parte accionante no logró demostrar de qué forma los periodistas de esa cadena radial han vulnerado sus derechos fundamentales.

Adujo que el actor no ha solicitado la rectificación referente a la entrevista emitida a través de RCN Radio, tal como lo prevé el numeral 7º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.

2.2. Senadora C. N. L. H.

Luego de resaltar que el Tribunal Superior de Bogotá es competente para conocer la acción de tutela en su contra, en virtud de la investidura que la cobija, manifestó que la idea central de las afirmaciones que realizó, giraron en torno a actos de corrupción y delictivos por parte del Partido Cambio Radical.

Aseguró que las «opiniones» dadas respecto de la parte accionante, están sujetas a la protección del derecho a la «inviolabilidad parlamentaria», pues estuvieron circunscritas al ejercicio de su función pública como senadora de la República, en especial, al control público a instituciones, personas o partidos políticos del gobierno.

Afirmó que el comportamiento de los miembros del Partido Cambio Radical es el que ha dado lugar a su baja reputación, debido a que tiene el mayor número de «políticos aliados con paramilitares», no solo en cuanto a la representación parlamentaria, sino a quienes fueron elegidos como autoridades locales.

Indicó que el juicio de valor por ella expuesto en la entrevista, se amparó en circunstancias fácticas que no han sido controvertidas por la parte actora, sumado a que no acreditó estar en presencia de un perjuicio irremediable.

Refirió que lo que se censura son sus opiniones y creencias, las cuales no se pueden considerar ni verdaderas ni falsas, pues la verdad o la falsedad solo se predica respecto de hechos y las premisas que sustentaron su aserto, para indicar que el Partido Cambio Radical era «un concierto para delinquir con personería jurídica», eran ciertas, toda vez que varios de los Senadores y congresistas de esa colectividad fueron condenados por esta corporación «en el marco de las investigaciones por el fenómeno de la parapolítica».

LA SENTENCIA IMPUGNADA

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá negó el amparo al considerar que el representante legal del Partido Cambio Radical no realizó, o por lo menos no acreditó, haber presentado solicitud de rectificación, tal como lo establece el numeral 7º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.

LA IMPUGNACIÓN

El actor indicó que lo que pretende es la protección al buen nombre de la agrupación política, que se afectó por las palabras emitidas por la accionada.

Adujo que el medio de difusión del mensaje que se cuestiona, es relevante a la hora de medir la gravedad de la vulneración, pero no para determinar la necesidad de pedir la rectificación como requisito de procedibilidad.

Señaló que si bien las declaraciones se hicieron en la cadena radial RCN, quien quebrantó la garantía constitucional fue la demandada, por tanto, la petición de enmienda no es aplicable.

Reseñó que de las sentencias CC T-512-1992 y CC T-110-2015 se puede concluir que la solicitud de corrección como requisito de procedencia de la acción de tutela, es una medida dirigida a la condición especial de los medios de comunicación, pues se trata de sujetos responsables de la información que divulgan y del derecho a la libertad periodística, características garantizadas por el artículo 20 de la Constitución Política.

Resaltó que sobre ese aspecto, la Corte Constitucional ha dicho que «cuando la información que se estima inexacta o errónea no es difundida por los medios sino por otro particular, no cabe extender un requisito expresamente previsto en el artículo 20 superior y, por consiguiente, la previa solicitud de la rectificación ante el particular responsable de la difusión no es exigida como procedencia de la acción de tutela» [Sent. CC T-959-2006].

Solicitó revocar el fallo de primera instancia y, en su lugar, amparar el derecho al buen nombre de la colectividad que representa.

CONSIDERACIONES

1. El asunto planteado.

Corresponde a la Sala determinar si las afirmaciones hechas por la senadora C. N. L. H. en RCN Radio el 16 de agosto de 2017, son lesivas de los derechos al buen nombre y a la honra del Partido Cambio Radical.

2. La procedencia de la acción de tutela en el presente asunto.

El artículo 86 de la Constitución Política establece que el amparo tiene por objeto proteger de manera efectiva e inmediata los derechos fundamentales cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades y/o de los particulares, en los casos que la ley regula, siempre que el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial.

2.1. La Corte considera que, contrario a lo señalado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, no se le puede exigir al Partido Cambio Radical, como requisito de procedibilidad, acreditar la presentación de la solicitud de rectificación prevista en el numeral 7º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991(5), toda vez que dicho requerimiento está encaminado a que el medio de comunicación se pronuncie sobre la información inexacta o equivocada difundida por alguno de sus periodistas.

Al respecto, la Corte Constitucional, en Sentencia CC T-110-2015, indicó:

El artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, en su numeral 7º, expresamente señala que la tutela procede contra acciones u omisiones de particulares “cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas”. Al respecto, la Corte ha circunscrito la exigencia consistente en elevar una previa solicitud de rectificación a los casos de informaciones difundidas por los medios masivos de comunicación social(6). De este modo, cuando la información que se estima inexacta o errónea no es difundida por los medios sino por otro particular, no cabe extender un requisito expresamente previsto en el artículo 20 superior y, por consiguiente, la previa solicitud de rectificación ante el particular responsable de la difusión no es exigida como presupuesto de procedencia de la acción de tutela. Sobre el particular en la Sentencia T-959 de 2006(7) se dijo: 

“El numeral 7º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, señala que la tutela procede contra acciones u omisiones de particulares ‘cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas’, pero el juzgado de instancia indicó que esta solicitud procede siempre y cuando la difusión de la información que se considera inexacta o errónea haya sido difundida por un medio de comunicación social, mas no en otros supuestos. La jurisprudencia de la Corte Constitucional, efectivamente, ha circunscrito la exigencia consistente en elevar una previa solicitud de rectificación a los casos de informaciones difundidas por los medios masivos de comunicación social. De este modo, cuando la información que se estima inexacta o errónea no es difundida por los medios, sino por otro particular, no cabe extender un requisito expresamente previsto en el artículo 20 superior para otra situación y, por consiguiente, la previa solicitud de rectificación ante el particular responsable de la difusión no es exigida como requisito de procedencia de la acción de tutela”. 

En este caso, el amparo no fue invocado en contra de un medio de comunicación. Se trata, de una acción tutela impetrada en contra de un particular por difundir un mensaje que la accionante considera lesivo, por lo que la solicitud de rectificación previa no es requisito de procedencia de la acción. [Negrilla fuera de texto].

En el asunto bajo estudio, aunque las manifestaciones se efectuaron a través de RCN Radio, lo cierto es que las mismas fueron realizadas por una persona que no pertenece a esa emisora, esto es, por la senadora C. N. L. H., razón para entender que la solicitud de rectificación no es requisito de procedencia de la acción de tutela.

2.2. Asimismo, la Corte considera que es procedente conocer de fondo el presente asunto, pues aunque en principio se podría pensar que existen otros mecanismos de defensa —acciones civil y/o penal—, lo cierto es que estos no son idóneos para hacer efectivo el derecho a la rectificación que reclama el representante legal del Partido Cambio Radical.

Al respecto, la Corte Constitucional, en Sentencia CC T-003-2011, señaló que

[...] desde sus inicios ha reconocido que las acciones civiles y penales derivadas de informaciones no veraces o parcializadas no atienden a los mismos fines que la solicitud de protección constitucional en casos como el presente. Mientras que aquellas buscan una reparación económica o la imposición de una sanción derivada del daño producido por una información atentatoria del bien jurídico que nuestro actual régimen penal denomina “integridad moral”, la solicitud de amparo procura que desde el mismo medio en que se originó la vulneración constitucional se rectifique la información perjudicial a los derechos fundamentales del interesado. Al respecto, ha dicho la Corte:

“Luego de analizar la efectividad de los instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico para perseguir la responsabilidad penal y civil del agresor a los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, esta corporación ha considerado procedente el amparo constitucional. Si bien los delitos penales de injuria y calumnia han sido tipificados precisamente para responder penalmente por la lesión a estos derechos, pudiendo la víctima constituirse en parte civil para obtener la reparación patrimonial por los perjuicios causados, puede suceder que la actuación lesione estos derechos sin que se presente el animus injuriandi requerido para que la conducta sea típica, o que en su actuación concurran causales que excluyan la responsabilidad penal, o sencillamente que el afectado no pretenda el castigo penal del agresor, pues únicamente desea que se rectifique la información a través del mismo medio en que las hizo públicas.  

Es así como, para la obtención de un restablecimiento inmediato de la afectación del buen nombre y de la honra, la acción de amparo constitucional constituye un medio de defensa eficaz e independiente de la eventual declaración de la configuración de una responsabilidad penal y civil. En efecto, la instauración de una acción de tutela para solicitar una protección inmediata de rango constitucional, no excluye la posibilidad que el afectado presente también una querella para que se declare la responsabilidad penal y civil del agresor, toda vez que estos dos mecanismos de defensa persiguen objetivos diversos, ofrecen reparaciones distintas y manejan diferentes supuestos de responsabilidad”.(8) [Negrillas fuera de texto].

De la revisión efectuada a la demanda de tutela y a la impugnación, se tiene que el amparo no fue promovido con el fin de conseguir del fallador una eventual sanción o reparación de índole económica, sino la rectificación de afirmaciones que a juicio de la parte accionante son lesivas de su honra y buen nombre. En esa medida, no existe un mecanismo judicial ordinario que pueda atender con el mismo nivel de eficacia ese tipo de pretensión.

Superado lo anterior, se verificará si la senadora C. N. L. H., vulneró los derechos fundamentales reclamados por el Partido Cambio Radical.

3. El derecho a la libertad de expresión.

3.1. La libertad de expresión fue plasmada en el artículo 20 de la Constitución Política, bajo el entendido de que a toda persona se le garantiza la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones.

Al respecto, la Corte Constitucional, en Sentencia CC C-452-2016, manifestó:

15. El artículo 20 Constitución Política establece dentro de las libertades fundamentales del orden constitucional la libertad de expresión, la cual comprende la garantía de toda persona de expresar y difundir libremente sus pensamientos y opiniones, así como informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. A esta previsión, la norma constitucional añade tres reglas particulares: (i) los medios de comunicación son libres y tienen responsabilidad social; (ii) se garantiza el derecho de rectificación en condiciones de equidad; y (ii) se prohíbe la censura. 

[...]

16. La importancia de la libertad de expresión es central para la democracia constitucional. Esto a partir de al menos dos tipos de razones: (i) el vínculo entre la eficacia de la libertad de expresión y el adecuado funcionamiento de una sociedad democrática; y (ii) la libertad de expresión como un ámbito propio de la dignidad humana que depende de la vigencia de la cláusula general de libertad. En primer término, la vigencia del modelo democrático pasa obligatoriamente por la garantía que las personas podrán expresar de la manera más amplia posible sus opiniones, contrastarlas con otras y debatir intensamente sobre la mismas, sin otro límite que los derechos fundamentales de los demás. Debe protegerse, utilizándose el concepto desarrollo por la jurisprudencia estadounidense, la vigencia de un libre mercado de las ideas, en el que cada cual pueda difundir su pensamiento y recibir información con el propósito de poder formarse su propia opinión, incluso cuando la misma pudiese a ser controversial o contestataria respecto a cánones sociales dados.(9) La idea central que guía este argumento es que en una sociedad democrática se requiere el contraste entre diferentes posturas que tengan las personas, lo que impone la necesidad de garantizar que cada cual pueda expresar libremente sus opiniones, así como pueda acceder, desde una perspectiva material, a los medios e instancias para recibir y transmitir dichas opiniones. En ese sentido, la libertad de expresión guarda un innegable vínculo tanto con la garantía de la libertad de conciencia, como con la libertad de información. [Negrillas fuera de texto]

3.2. La libertad de expresión, además de ser garantizada en el ordenamiento interno, es reconocida en el ámbito internacional. Así lo contempla el literal 1º del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos:

[...] toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

No obstante, dicha prerrogativa no es absoluta. En el literal 2º ejusdem previó limitaciones a su ejercicio, de la siguiente manera:

El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. [Negrillas fuera de texto original].

A su vez, la Corte Constitucional, en Sentencia CC T-110-2015, resaltó que la libertad de expresión no es absoluta, estableciendo como límite, entre otros, el respeto de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre de las personas [naturales o jurídicas] sobre las cuales se divulga la información. Al respecto indicó:

[l]a libertad de expresión y la libertad de información son derechos que gozan de una amplia protección por ser esenciales para el libre desarrollo de la personalidad, como para la consolidación de una sociedad democrática a través de la contingencia del debate.

Sin embargo, como quiera que no revisten la calidad de derechos absolutos, se les exigen determinados límites. En el caso de la libertad de información, es necesario que la misma sea veraz e imparcial y que en su ejercicio no se abuse de dicho derecho irrespetando los derechos de los demás. En cuanto a las opiniones, se exige que las mismas se diferencien de los hechos y cuando quiera que se sustenten en supuestos fácticos falsos o equivocados, es factible la rectificación respecto de dichos supuestos, así como los límites en la antijuridicidad de apologías al racismo, al odio, a la guerra o la prohibición de la pornografía infantil. En atención al objeto de esta acción de tutela, se analizará en mayor medida la libertad de expresión. 

En concreto, en cuanto a los límites la libertad de expresión esta corporación ha reconocido que “la Carta contempla numerosas restricciones y limites que se derivan de la prevalencia del orden jurídico y del necesario respeto que merecen los derechos de los demás”(10). En consecuencia, no puede entenderse que quien hace uso de dicha libertad está autorizado para atropellar los derechos de los otros miembros de la comunidad, sacrificando principalmente, entre otros, los derechos al buen nombre y a la honra. En esa misma dirección no se pueden realizar insinuaciones sobre una persona ajenas a la realidad, con el único propósito de fomentar el escándalo público(11). 

Sin embargo, la anterior argumentación no puede terminar por hacer nugatoria la libre expresión de opiniones. Por tanto, el ejercicio de esta garantía fundamental en cuanto se relaciona con los hechos y no con las opiniones que de ellos se derivan, se rige de forma atenuada bajo los mismos principios que limitan el alcance del derecho a la información, los cuales son: libertad, finalidad, necesidad, veracidad e integridad, con el objetivo de proteger el contenido normativo de otros derechos como la honra, el buen nombre y la intimidad. La verificación de forma integral de los citados principios, permite garantizar el acceso legítimo a la información, así como la neutralidad en su divulgación y, por tanto, asegurar un debido proceso de comunicación. [Subrayas y negrillas fuera de texto].

De acuerdo con lo anterior, pese a que existe una protección preferente a la libertad de expresión, lo cierto es que tal garantía se puede limitar cuando las manifestaciones realizadas afecten los derechos de los demás, entre los que se encuentran, a la honra y el buen nombre.

3.3. Sobre los derechos al buen nombre y a la honra, la Corte Constitucional, en Sentencia CC C-452-2016, dijo lo siguiente:

El artículo 21 Constitución Política dispone la garantía del derecho a la honra y delega en la ley la forma en que el mismo sea protegido. Usualmente, este derecho tiene una conexión material, en razón de su interdependencia, con la garantía prevista en el inciso primero del artículo 15 Constitución Política, precepto que estipula el derecho de todas las personas a su intimidad personal y familiar, y a su buen nombre, imponiéndose al Estado el deber correlativo de respetar y hacer respetar estos derechos. 

[...]

el derecho a la honra está vinculado con la protección de la intimidad y la dignidad. Su contenido se define, entonces, en la protección de la imagen del individuo, la cual debe corresponder a la que se deriva de sus propios actos, así como de la salvaguarda de aquella información que, al pertenecer al fuero íntimo de las personas, no está llamada a ser comunicada a terceros, sin con ello inferir una grave e injustificada intervención en la autonomía y dignidad del sujeto concernido. 

Ahora, respecto del derecho al buen nombre de las personas jurídicas, la máxima guardiana de la Constitución, en Sentencia CC T-094-2000, refirió:

[...] las personas jurídicas son titulares de derechos como el derecho al buen nombre, entendido como el derecho a la reputación, o sea, el concepto que las demás personas tienen de uno. Este derecho, como lo señaló la corporación en la Sentencia T-412 de 1992, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero, “cobija tanto a las personas naturales como a las jurídicas”. El núcleo esencial de este derecho, consagrado en el artículo 15 de la Constitución, permite proteger a las personas jurídicas ante la difamación que le produzcan expresiones ofensivas o injuriosas. “Es la protección del denominado good will en el derecho anglosajón, que es el derecho al buen nombre de una persona jurídica y que puede ser estimado pecuniariamente”.

En la citada providencia se indicó que “el núcleo esencial del artículo 15 permite también proteger a las personas jurídicas, ante la difamación que le produzcan expresiones ofensivas e injuriosas. Es la protección del denominado good will en el derecho anglosajón, que es el derecho al buen nombre de una persona jurídica y que puede ser estimado pecuniariamente. Esta ha sido la interpretación que la doctrina constitucional contemporánea le ha dado al término “buen nombre” y que fue recogida por el Tribunal Constitucional Español en Sentencia 137 de 1.985, en el caso Derivados de Hojalata S.A.3 (...). La Constitución reconoce y garantiza la honra de “todas” las personas, sin excepción alguna. El artículo 13 de la Constitución consagra expresamente el derecho a la igualdad ante la ley, vedando cualquier discriminación. La dignidad de la persona es el soporte y fundamento de dicha igualdad” [subrayas fuera de texto].

De igual modo, en reciente pronunciamiento, la renombrada corporación, en Sentencia CC SU-396-2017, refirió:

[...] a pesar de que existe una protección radical a la libertad de expresión, las amenazas ciertas y efectivas contra la honra, el buen nombre y otros derechos fundamentales, autorizan su sanción, pues ningún derecho constitucional es absoluto(12). No obstante, no toda expresión agraviante para el amor propio puede ser considerada como una imputación deshonrosa, ya que resultaría desproporcionado sancionar comportamientos que si bien afectan la vanidad, no tocan el núcleo esencial de los derechos a la honra y el buen nombre del sujeto al que se dirigen(13).

En efecto, para que una expresión pueda considerarse reprochable, la imputación que se haga debe ser suficiente para generar un daño en el patrimonio moral del sujeto y su gravedad no depende de la impresión personal que le pueda causar al ofendido, ni la interpretación que éste tenga de ella, sino del análisis objetivo de la lesión al derecho. Por esta razón, la labor del juez en cada caso concreto, consiste en analizar los elementos de juicio existentes, determinar si ocurrió la amenaza o vulneración del derecho en comento y si está presente la intención dañina, ante la cual, la protección preferente del ordenamiento a la libertad de expresión, cede para que se manifiesten en toda su dimensión los derechos al buen nombre y a la honra.(14)

[...]

En síntesis, la libertad de expresión no ampara frases ni alusiones injuriosas o que comporten descrédito, difamación, desprestigio, menosprecio o insulto. Esta libertad ampara la crítica, que puede tener un tono fuerte con el fin de alterar a la opinión pública, pero no protege el ataque a la honra de las personas, pues se estima que las afirmaciones vejatorias del honor ajeno no tienen justificación. [Negrillas fuera de texto].

Así pues, tras el análisis de los pronunciamientos atrás citados, se concluye que el derecho fundamental a la libertad de expresión tiene límites claros, siendo uno de ellos, la protección de la honra y el buen nombre de las personas respecto de las cuales se difunde la información.

Así mismo, el artículo 20 de la Constitución Política establece la facultad de las personas de exigir la rectificación de la información, herramienta de reparación de los derechos fundamentales, cuando han sido lesionados por la divulgación de una información inexacta o errónea respecto de una persona. De igual manera, hace énfasis en que debe garantizarse el derecho a la rectificación en condiciones de equidad.

4. El caso concreto.

4.1. En el presente asunto, el representante legal del Partido Cambio Radical acudió al presente trámite constitucional, al considerar que la senadora C. N. L. H. vulneró los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de dicha colectividad, en el contexto de la entrevista por ella rendida el 16 de agosto de 2017 en RCN Radio.

La accionada refiere que sus expresiones se encuentran amparadas por la inviolabilidad parlamentaria. Sobre tal prerrogativa, la Corte Constitucional, en Sentencia CC SU-047-1999, indicó:

El artículo 185 de la Carta establece que los congresistas son “inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo”. Esta disposición constitucional consagra entonces la inviolabilidad de los senadores y representantes, conocida en otros ordenamientos como la irresponsabilidad parlamentaria. Así la denomina por ejemplo el constitucionalismo francés, que ha reconocido esa garantía en todas sus constituciones republicanas(15). Igualmente, algunas de nuestras constituciones del siglo XIX, que previeron todas la figura, solían denominarla “irresponsabilidad” en vez de “inviolabilidad”(16). Sin embargo, el sentido de la institución en todos los casos es básicamente el mismo: un congresista no puede ser investigado, ni detenido, ni juzgado, ni condenado, por los votos u opiniones que haya formulado en el ejercicio de sus funciones.

8. La totalidad de los ordenamientos de las democracias constitucionales prevén, con un alcance similar, esta figura(17). Y es razonable que sea así, ya que la inviolabilidad de los parlamentarios y de los congresistas juega un papel esencial en la dinámica de los Estados democráticos de derecho. En efecto, el fin de la irresponsabilidad de los congresistas es que los representantes del pueblo puedan emitir de la manera más libre sus votos y opiniones, sin temor a que éstos puedan ocasionar persecuciones judiciales o de otra índole, con lo cual se garantiza una plena libertad e independencia en la formación de la voluntad colectiva del parlamento o congreso. Así, sólo por medio de la figura de la inviolabilidad, es posible que se cumpla el mandato constitucional según el cual los senadores y representantes deben actuar “consultando la justicia y el bien común” (C.P., art. 133), y no movidos por el temor a eventuales represalias jurídicas.

[...]

Así, la inviolabilidad es específica por cuanto la Constitución actual, como la anterior, precisan que esta garantía institucional cubre exclusivamente los votos y opiniones emitidos en ejercicio del cargo, por lo cual, como bien lo señala José María Samper al comentar los alcances de esta figura en la Constitución de 1886, cuyo sentido es idéntico al actual, “lo que sale de la esfera de la opinión y del voto, y lo que no se hace en ejercicio del cargo, no asegura ni debe asegurar la inviolabilidad porque no está fundado en razones de necesidad y justicia(18).

Esto significa que una actuación de un senador o representante se encuentra cubierta por la inviolabilidad sólo si cumple con las siguientes dos condiciones: de un lado, que se trate de una opinión o de un voto, por lo cual no quedan amparadas las otras actuaciones de los senadores y representantes, incluso si las desarrollan dentro del propio recinto parlamentario. De otro lado, la opinión debe ser emitida en el ejercicio de sus funciones como congresista, por lo cual no son inviolables aquellas opiniones que un senador o representante formule por fuera de los debates parlamentarios, cuando actúe como un simple ciudadano. [Negrillas fuera de texto original].

Conforme con lo establecido en dicho precedente, la Corte considera que las expresiones realizadas por la demandada contra el Partido Cambio Radical no se encuentran amparadas por la inviolabilidad parlamentaria, toda vez que las mismas no fueron efectuadas en un debate legislativo o en ejercicio de sus funciones como senadora de la República, sino en una entrevista que rindió en RCN Radio como «precandidata presidencial», cuyo objeto era que la ciudadanía conociera sus propuestas e ideas en su condición de aspirante al ejecutivo.

En un caso similar al que es objeto de estudio, donde la mencionada Parlamentaria ostentó la calidad de accionada(19), la Sala de Casación Laboral de esta corporación, en sentencia STL13238-2017, 23 ago. 2017, rad. 74611, indicó:

En cuanto al argumento de que las expresiones realizadas por la accionada estaban cobijadas por la inviolabilidad parlamentaria, es pertinente destacar que la Constitución y la misma jurisprudencia constitucional son enfáticas en señalar que solamente puede implicar una exclusión de responsabilidad en materia civil y penal, más no en asuntos de integridad moral, así lo expresó la Sentencia T-322 de 1996, al indicar que: «finalmente, la Corte precisa que la inviolabilidad protege al congresista, en el sentido de que no pueden exigírseles responsabilidades jurídicas por sus votos y opiniones, pero esto no significa que la Carta someta a los ciudadanos a una total desprotección frente a las actuaciones abusivas del parlamento [...], los congresistas son servidores públicos por lo cual sus actos, si amenazan o violan derechos fundamentales son en general tutelables, [...]». 

De otra parte, las afirmaciones hechas por la senadora C. L. H., tampoco se ajustan a los requisitos destacados por la Corte Constitucional para ser amparadas por la inviolabilidad parlamentaria, dado que no se hicieron en un debate parlamentario y además se efectuaron un mes antes del debate de control político que se hizo en el Congreso de la República con ocasión del escándalo de Odebrecht; asimismo, dichas apreciaciones emitidas por la senadora resultan carentes de sustento y transgreden el principio de la presunción de inocencia y buena fe de los que goza todo habitante del territorio nacional, pues en el oficio de retractación aportado a folio 153 por la impugnante, reconoció que «ninguna de las afirmaciones realizadas por mí en ese debate son una sindicación a la persona de [...], sobre quien no tengo ninguna prueba de que haya cometido directa y personalmente ningún acto de corrupción». [Subrayas y negrillas fuera de texto].

Así pues, como las manifestaciones de la demandada no están protegidas por la inviolabilidad parlamentaria, la Sala procederá a verificar si con ellas vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante.

4.2. Se recuerda entonces que, en la entrevista rendida el 16 de agosto de 2017 en RCN Radio, la periodista Y. R. a modo de preámbulo indicó:

Protagonista, la senadora C. L. precandidata presidencial o candidata, ya le vamos a precisar. Esa es siempre la pregunta que estamos haciendo a todos los que vienen a esta cabina en condición de aspirantes a la Presidencia. Hemos empezado esta serie desde ya hace un par de meses. ¿Cuál es la idea?, es que ustedes los conozcan en esta primera etapa, escuchen sus propuestas, sus ideas, en el momento de depositar un voto hay que hacerlo a conciencia, conociendo qué busca o propone el candidato. En ese ejercicio, creemos que los medios de comunicación contribuimos y permitimos que ustedes se enteren de esas propuestas de los candidatos y precandidatos [...](20).

En desarrollo del programa, la congresista L. H. señalo:

[...] al señor L. F. H., que es el gran vocero de Cambio Radical y G. V., le parece que la corrupción no es un problema; y que nos roben cincuenta millones, cincuenta billones, BI, seis reformas tributarias, siete puntos del PIB al año, que esa no es una prioridad. Yo creo que sí es una prioridad, pero en eso consiste la política. Él hace política con G. V. y Cambio Radical que, en mi opinión, pues es un concierto para delinquir con personería jurídica, que tiene el mayor número de parapolíticos condenados, que tiene al señor K. G. avalado, que no solamente era corrupto, sino un asesino; eso es Cambio Radical, y a ese partido y a su vocero, como el señor L. F. H., les parece que no se necesita hacer una batalla contra la corrupción [...](21). [Énfasis de la Corte].

En seguida, la periodista preguntó a la accionada: «¿Usted cree que Cambio Radical es un concierto para delinquir con personería jurídica o se le chispoteó?»(22), ante lo cual respondió:

Yo creo eso, yo creo eso. Pero además no lo creo porque se me ocurrió ni porque me caen gordos, ni... no; es porque ese es el partido que tiene el mayor número de parapolíticos, es decir, de políticos que se aliaron con paramilitares que asesinaban colombianos para tomarse el poder, por favor, eso es un concierto para delinquir. Es que esos señores están juzgados es por concierto para delinquir(23). [Énfasis agregado por la Sala].

4.3. El artículo 340 del Código Penal define el tipo penal de concierto para delinquir de la siguiente manera:

Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses. 

Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2700) hasta treinta mil (30000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir. 

Cuando se tratare de concierto para la comisión de delitos de contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero, favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, la pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de dos mil (2.000) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

La Sala de Casación Penal de esta corporación, en Sentencia SP 2634-2015, 11 mar. 2015, rad. 41443, señaló como elementos de dicha conducta punible, los siguientes:

[...] el delito de concierto para delinquir requiere, como lo tiene decantado la Sala, de (i) un acuerdo de voluntades entre varias personas; (ii) una organización que tenga como propósito la comisión de delitos indeterminados, aunque pueden ser determinables en su especie; (iii) la vocación de permanencia y durabilidad de la empresa acordada; y (iv) que la expectativa de realización de las actividades propuestas permita suponer fundadamente que se pone en peligro la seguridad pública (Cfr. CSJ, AP, jun. 25 2002, rad. 17089; SP, sep. 23 2003, rad. 19712; CE, jun. 22 2005, rad. 22626 y SP. jul. 15 2008, rad. 28362, entre otras. Sentencia C-241 del 20 de mayo de 1997).

4.4. Confrontando la entrevista rendida por la accionada con el tipo penal descrito, para la Sala resulta evidente que cuando la congresista C. N. L. H. señaló que el Partido Cambio Radical es un «concierto para delinquir con personería jurídica», claramente dijo que se trata de una agrupación de personas reunida con el principal propósito de cometer delitos.

Para justificar tales expresiones, la demandada señaló que varios de sus miembros están siendo investigados y otros ya fueron condenados por la comisión de esa conducta punible, sin embargo, la Corte considera que son equivocadas las manifestaciones que hizo la accionada por el medio radial, pues si bien es cierto que existen procesos penales en contra de algunos de los militantes de esa colectividad, también lo es que la responsabilidad penal es de carácter individual y las consecuencias que generan sus actos no se pueden extender, al menos en el ámbito penal, al grupo político al que pertenecen.

Además, aunque en el ejercicio del derecho a la libre expresión, la accionada, puede criticar la forma en que el Partido Cambio Radical ha venido otorgando los avales a sus integrantes, tal circunstancia, de ninguna manera la faculta para decir que se trata de una agrupación establecida con el fin de cometer delitos, máxime si se observa que se trata de una persona jurídica legalmente constituida y respecto de la cual no existe prueba alguna que la vincule al desarrollo de actividades ilícitas.

Es de resaltar que C. N. L. H., ostenta la calidad de senadora de la República, dignidad que, de conformidad con lo previsto en el inciso 2º de la Constitución Política(24), le exige el respeto de los derechos fundamentales —entre los que se encuentran la honra y el buen nombre— de la ciudadanía en general, incluidas desde luego, las personas jurídicas.

Nótese que el cargo que ostenta y las calidades académicas que posee la doctora L. H.(25), la ubican en una posición en la que la sociedad le reclama con vehemencia que sus actuaciones estén siempre enmarcadas por el acatamiento de la Constitución Política, el bloque de constitucionalidad y la legislación colombiana, pues se trata de una personalidad pública cuyas expresiones hacen eco en toda la comunidad y cualquier comentario puede, como en este caso, afectar la honra y el buen nombre de las personas a las que se refiere.

Así las cosas, la Sala procederá a revocar el fallo de primera instancia y, en su lugar, se ampararán los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del Partido Cambio Radical. En consecuencia, se ordenará a la senadora C. N. L. H. que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, de manera explícita y pública, a través de un medio radial de amplia circulación nacional, se retracte de las afirmaciones realizadas el 16 agosto de 2017, donde indicó que el Partido Cambio Radical es «un concierto para delinquir con personería jurídica», expresando que las mismas no tienen fundamento alguno y que, por esa razón, no es cierto lo manifestado por ella respecto de esa colectividad.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas Nº 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. Revocar el fallo impugnado y, en su lugar, amparar los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del Partido Cambio Radical.

2. Ordenar a la senadora C. N. L. H. que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, de manera explícita y pública, a través de un medio radial de amplia circulación nacional, se retracte de las afirmaciones realizadas el 16 agosto de 2017, donde indicó que el Partido Cambio Radical es «un concierto para delinquir con personería jurídica», expresando que las mismas no tienen fundamento alguno y que, por esa razón, no es cierto lo manifestado por ella respecto de esa colectividad.

3. Disponer el envío de las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisión de los fallos proferidos.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Eyder Patiño Cabrera—Fernando León Bolaños Palacios—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 Archivo digital aportado por la parte accionante. Record 00:28 a 01:03.

2 Record: 06:59 a 07:38.

3 Record: 11:34 a 11:39.

4 Record: 11:40 a 12:00.

5 Procedencia. La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos:

[...]  

7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma. 

6 La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desarrollado el contenido y alcance del derecho a la rectificación en variados casos de acciones de tutela contra medios de comunicación, en las que se presentan tensiones entre la libertad de información y prensa y los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la intimidad. En la Sentencia T-512 de 1992, en uno de sus principales pronunciamientos sobre el tema, la Corte estableció las premisas, que posteriormente serían reglas constantes de su jurisprudencia sobre el derecho de rectificación, dentro de las cuales se destaca la solicitud previa de rectificación como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra el medio de comunicación. De esa forma, en el evento en que se haya afectado el derecho al buen nombre o a la honra, el interesado deberá, para acudir a la acción de tutela, previamente solicitar al medio responsable rectificar la información errónea, falsa o inexacta. Esta posición fue reiterada en las Sentencia T-369 de 1993, T-787 de 2004, T-040 de 2013, T-256 de 2013, T-904 de 2013, entre otras.

7 En esta oportunidad la Corte Constitucional estudió la acción de tutela presentada por el señor Iván Cepeda Castro en contra del señor Fabio Echeverri Correa que, en su calidad de gerente de la campaña “Adelante Presidente”, en la cual se promovió la reelección del Expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, se crearon una serie de mensajes que se difundieron ampliamente a través de los medios masivos de comunicación, dentro de los cuales se destacaba un mensaje, en el que supuestamente un exmilitante del grupo político Unión Patriótica (UP), dice: “Señor Presidente yo pertenecía a la UP, me parecía un buen movimiento, pero nos fuimos torciendo, matar por matar, hacer daño a los demás, matar civiles, eso está mal hecho. Está bien que usted los esté combatiendo, por eso hoy día lo apoyamos a usted con toda la que tenemos ¡Adelante Presidente!” La parte demandada argumentó que no cabía la rectificación debido a que no era su autora ni su fuente y, en tales condiciones, la rectificación solamente podía ser pedida al autor del mensaje. En concreto, la Corte protegió los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra del actor y ordenó al señor Echeverri Correa que, “en su calidad de gerente de la campaña ‘Adelante Presidente’, de manera explícita y pública exprese que esta campaña incurrió en error al difundir, como parte de su estrategia publicitaria, un mensaje cuyo contenido no fue comprobado, no obstante que incluía afirmaciones lesivas del buen nombre y de la honra del señor Iván Cepeda Castro y de sus familiares”.

8 Ver la Sentencia T-1198/04. En el mismo sentido, T-611/92

9 En el voto concurrente del magistrado Louis Brandeis a la decisión Whitney v. California se planteó, en buena medida a partir de la adopción de las tesis de John Stuart Mill, que la libertad de expresión involucra “la libertad de pensar cómo se quiera y de hablar como se piensa, en tanto medios indispensables para el descubrimiento y divulgación de las verdades políticas.” 274 U.S. 357, 47 S.Ct. 641, 71 L.Ed. 1095 (1927). Traducción libre de la Corte. Sobre una introducción a la materia en la jurisprudencia de los Estados Unidos, Vid. Sullivan & Gunter. (2004) Constitutional Law. Foundation Press, págs. 984-996.

10 Sentencia T-293 de 1994.

11 Ibídem.

3 (...) LÓPEZ GUERRA, Luis. ESPIN, Eduardo. GARCÍA MORILLO, Joaquín. PÉREZ TREMPS, Pablo. SATUSTREGUI, Miguel. Derecho Constitucional. Volumen I. El ordenamiento constitucional. Derechos y deberes de los ciudadanos. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia. 1.991, pág. 182. 

12 Sentencia T-1319 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

13 Sentencia T-028 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

14 Sentencias T-028 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) y C-442 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).

15 El artículo 26 de la actual Constitución de la V República Francesa la prevé expresamente. Ver al respecto, entre muchos otros, André Hauriou. Droit Constitucionnel et institutions politiques. Paris: Montchrestien, 1968, pág. 779.

16 Por ejemplo, el artículo 18 de la Constitución de 1853 establecía que “los miembros del Congreso son absolutamente irresponsables por las opiniones y votos que emitan en él”. El texto es prácticamente idéntico en las constituciones de 1858, artículo 26, y de 1863, artículo 45.

17 En nuestro país, como dice José María Samper, al comentar el artículo 106 originario de la Carta de 1886, que preveía la inviolabilidad de los senadores y representantes, “todas las constituciones que la república se ha dado, así en las dos épocas de gobierno federal (1811 a 1815, y 1858 a 1885), como en la de organización unitaria (1821 a 1858), han reconocido como principio fundamental la inviolabilidad e irresponsabilidad de los legisladores” (Ver José María Samper. Derecho público interno de Colombia. Bogotá: Biblioteca popular de cultura colombiana, 1951, tomo II, pág. 247). En derecho comparado, y sólo para citar algunos ejemplos, ver en Europa, el artículo 26 de la Constitución de Francia de 1958, el artículo 71 de la Constitución actual de España, el artículo 46 de la Ley Fundamental de Bonn en Alemania, el artículo 157 de la Constitución de Portugal y el artículo 68 la Constitución de Italia. En América, ver el artículo 1º, sección 6 de la Constitución de Estados Unidos, el artículo 60 de la Constitución de Argentina de 1853, el artículo 48 de la Constitución de Chile de 1980, el artículo 142 de la Constitución de Venezuela, el artículo 110 de la Constitución de Costa Rica, el artículo 61 de la Constitución de México y el artículo 53 de la Constitución del Brasil.

18 José María Samper. Op. cit., pág. 249.

19 Se trata de la acción de tutela presentada por un miembro del Partido Cambio Radical, al considerar que la demandada vulneró sus derechos al buen nombre y a la honra, en virtud de la declaración rendida por aquélla en una cadena radial.

20 Archivo digital aportado por la parte accionante. Record 00:28 a 01:03.

21 Record: 06:59 a 07:38.

22 Record: 11:34 a 11:39.

23 Record: 11:40 a 12:00.

24 Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. [Subrayas fuera de texto original].

25 La doctora C. Y. L. H. tiene estudios de pregrado en finanzas y relaciones internacionales; master en administración pública, concentración en política urbana y actualmente se encuentra realizando estudios de doctorado en Ciencia Política...