Sentencia STP2028-2017 de febrero 16 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Nº 2

STP2028-2017

Radicación: 89990

Acta 046

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

Bogotá, D.C., febrero dieciséis de dos mil diecisiete.

Vistos

Decide la Sala la impugnación interpuesta por la doctora MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ RAMÍREZ, jefe de la división jurídica de la Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia, contra la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2016 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, a través de la cual amparó los derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social y fuero de maternidad, a favor de la señora CAROLINA SANTAMARÍA PÉREZ, presunta vulnerados por la entidad recurrente.

Antecedentes y fundamentos de la acción

1. La señora CAROLINA SANTAMARÍA PÉREZ, puso de presente que celebró un contrato de prestación de servicios con la dirección administrativa de la Cámara de Representantes - División de personal, entre el 5 de febrero al 31 de julio de 2016.

2. Agregó que, adicionalmente se prorrogó el mismo hasta el 26 de octubre de esa misma anualidad, y antes de su finalización informó a su empleador de su “estado de gravidez (embarazo)”.

3. Señaló que a pesar de lo anterior y de los requerimientos verbales efectuados, no se mantuvo el vínculo laboral, desconociendo su condición de trabajadora gestante.

4. Con base en lo expuesto acudió al juez de tutela en procura de amparo para los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, mínimo vital, salud y seguridad social, especialmente porque no le era dable a la dirección administrativa de la Cámara de Representantes terminar el contrato sin contar con la respectiva autorización expedida por el Ministerio de Trabajo, independientemente de la relación laboral existente.

Motivo por el cual solicitó se ordenara a la autoridad accionada la reintegrara al cargo que venía desempeñando antes de ser desvinculada, así como cancelar los salarios dejados de percibir.

Trámite de la acción

1. El Tribunal Superior competente admitió la demanda de tutela y ordenó comunicar lo pertinente a la entidad accionada para que si a bien lo tenía ejerciera el derecho de contradicción.

2. La doctora MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ RAMÍREZ, jefe de la división jurídica de la Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia, solicitó se declarara improcedente la acción de tutela, para lo cual indicó que si bien la accionante suscribió contrato bajo la modalidad de prestación de servicios para apoyar la comisión de cuentas legales, también lo era que perduró hasta el 26 de octubre de 2016.

Indicó que al tener conocimiento del escrito donde comunicó su estado de gravidez, el 18 de octubre de esa misma anualidad, la división de personal solicitó se allegara a esa dependencia los estudios previos y la necesidad debida de parte de la comisión legal de cuentas, para tramitar lo correspondiente, lo cierto era que esta última dependencia hasta el pasado 06 de diciembre “no ha contestado la solicitud lo que hace pensar que no persistió la necesidad”.

Señaló que la desvinculación de la accionante obedeció al vencimiento del plazo pactado, y en los términos establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia T-222 de 2012, en tales eventos se aplica la estabilidad reforzada a la mujer embarazada siempre que subsista la materia del trabajo y las causas que lo originaron.

Situación que no se había presentado en el caso de la accionante, porque la comisión legal de cuentas no manifestó a la división de personal de esa corporación la necesidad expuesta en la suscripción del contrato de servicios, a la terminación del mismo.

Sentencia de primera instancia

La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, apoyada en jurisprudencia de la Corte Constitucional que consideró aplicable al caso y acogiendo los planteamientos expuestos por la corporación demandada consideró que no era procedente ordenar el reintegro de la señora CAROLINA SANTAMARÍA PÉREZ.

No obstante, al advertir que fue desvinculada estando en gestación, alegando el vencimiento del contrato de prestación de servicios, consideró que lo procedente era proteger los derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social y fuero de maternidad de la señora CAROLINA SANTAMARÍA PÉREZ, para que como mínimo se le reconocieran las cotizaciones durante el periodo de gestación y el pago de la licencia de maternidad, toda vez que no se había demostrado que la laborar para la que fue contratada persistiera.

La impugnación

Inconforme con la sentencia del tribunal a quo, la doctora MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ RAMÍREZ, jefe de la división jurídica de la Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia, lo recurrió, señalando que si bien no atacaba el análisis realizado por la Sala, por cuanto el tema discutido estaba claramente debatido y decidido por parte de la Corte Constitucional, lo cierto es que no estaba de acuerdo con la orden impartida, en el sentido que debía asumir económicamente todos los aspectos inherentes a la salud de la accionante aun en gestación y durante toda la licencia de maternidad.

Lo anterior si se tenía que la Ley 100 de 1993, reúne de manera coordinada un conjunto de entidades, normas y procedimientos a los cuales podían tener acceso las personas y la comunidad con el fin principal de garantizar una calidad de vida que esté acorde con la dignidad humana, y tiene como objetivo regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso para toda la población residente del país, en todos los niveles de atención.

Por ende, las obligaciones impuestas debían ser acatadas no en forma directa y total, sino en armonía a lo dispuesto en la citada codificación.

Así pues, consideró que debía señalarse que sería su obligación remitir a la EPS a la cual se encuentra afiliada la señora CAROLINA SANTAMARÍA PÉREZ, la cotización mensual sobre el valor que percibía por concepto de honorarios profesionales al momento de acaecer el contrato suscrito entre las partes y a la EPS a la que se encuentra afiliada asumir el pago de la licencia de maternidad.

Consideraciones de la Corte

1. De conformidad con la preceptiva del artículo 1º, numeral 2º del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta porque la decisión fue proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, de la cual es su superior funcional.

2. Entendido que la queja contra el fallo del tribunal a quo la dirige la doctora MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ RAMÍREZ, jefe de la división jurídica de la Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia, para que en sede de segunda instancia se redefina la orden impartida, clarificándose la obligación que debe cumplir, especialmente porque en lo relativo al pago de la licencia de maternidad, consideró que correspondía a la EPS a la cual está afiliada la señora CAROLINA SANTAMARÌA PÉREZ.

Precisión que adquiere relevancia si se tiene en cuenta que en el escrito de impugnación fue clara en señalar que no “atacaba análisis realizado por la Sala, por cuanto el tema que se discute está claramente debatido y decidido en las sentencias antes referenciadas” (SU-070/2013 y T-238/2015)”.

Efectuada la anterior aclaración, desde ya ha de señalarse que la decisión proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Armenia, será confirmada.

Lo anterior si se tiene en cuenta que el artículo 4º de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, hace referencia a la obligatoriedad de las cotizaciones, así:

“Durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen”.

Por su parte, el artículo 22 de la Ley 100 de 1993 señala que:

“El empleador será responsable del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado, y trasladará estas sumas a la entidad elegida por el trabajador, junto a las correspondientes a su aporte, dentro de los plazos que para el efecto determine el gobierno”.

3. Así pues, de la normatividad referenciada pronto se infiere que corresponde a la dirección administrativa de la Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia, cancelar los aportes en salud a la EPS a la cual se encuentra afiliada la señora CAROLINA SANTAMARÍA PÉREZ, con el fin de garantizarle la atención en salud durante el tiempo de la gestación de parto y posparto.

4. En lo que respecta al pago de la licencia de maternidad, el numeral 2º del artículo 3º del Decreto 47 de 19 de enero de 2000, establece que:

Para acceder a las prestaciones económicas derivadas de la licencia de maternidad la trabajadora deberá, en calidad de afiliada cotizante, haber cotizado ininterrumpidamente al sistema durante todo su período de gestación en curso, sin perjuicio de los demás requisitos previstos para el reconocimiento de prestaciones económicas, conforme las reglas de control a la evasión.

Lo previsto en este numeral se entiende sin perjuicio del deber del empleador de cancelar la correspondiente licencia cuando exista relación laboral y se cotice un período inferior al de la gestación en curso o no se cumplan con las condiciones previstas dentro del régimen de control a la evasión para el pago de las prestaciones económicas con cargo a los recursos del sistema general de seguridad social en salud”.

Disposición en la que se prevé que en caso de que el empleador no cotice o realice pagos extemporáneos durante todo el periodo de gestación, le corresponderá cancelar la licencia de maternidad, todo en aras a la adopción de medidas protectoras a favor de la mujer embarazada o lactante vinculada mediante cualquier relación laboral, máxime cuando en este caso, la señora CAROLINA SANTAMARÍA PÉREZ a pesar de haber puesto en conocimiento de la entidad demandada la anterior situación, no le mereció reparo alguno en procurar brindar protección oportuna, sino que la obligó a recurrir al presente trámite constitucional, con los resultados puestos de presente en el fallo que impugna.

5. Posición nada novedosa, si se tiene en cuenta que al respecto la jurisprudencia nacional (C.C. T-1223/2008), ha fijado subreglas para determinar la responsabilidad del empleador por el incumplimiento de los requisitos para acceder al pago de la maternidad y la definición del obligado a efectuar el mismo, así:

“Cuando el empleador realiza pagos extemporáneos de las cotizaciones pero la EPS los recibe, se allana a la mora y debe pagar la licencia de maternidad a la mujer cuando se causa el derecho. —Cuando el empleador realiza pagos extemporáneos que son rechazados por la EPS, deja de pagar las cotizaciones, o incumple cualquiera de los requisitos legales para que la mujer pueda acceder al pago de la licencia de maternidad, se hace responsable por el pago de la misma: Si el empleador se encuentra vinculado al proceso de tutela la orden debe ser proferida en contra de él. Si el empleador no se encuentra vinculado al proceso de tutela, la orden no puede ser proferida contra la EPS y el empleador en todo caso se encuentra obligado a pagar la licencia”.

6. De lo expuesto, este cuerpo decisorio advierte que las medidas referidas garantizan que los requisitos para acceder al pago de la licencia de maternidad se cumplan por parte del empleador sin contratiempos y permita solucionar, según el caso, los conflictos provenientes de la solicitud del pago de la misma, especialmente cuando se está frente a una mujer en estado de vulnerabilidad que amerita por parte del Estado su mayor atención, evitando que pase contratiempos innecesarios para el reconocimiento y pago de esa prestación económica.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Decisión Penal de Tutelas Nº 2, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2016 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia. Y,

2. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase:

Magistrados: Fernando Alberto Castro Caballero—José Luis Barceló Camacho—Luis Antonio Hernández Barbosa.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.