Sentencia STP20482-2017/95347 de diciembre 5 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALDA DE DECISIÓN DE TUTELAS 3

Rad.: 95347

Magistrada Ponente

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

Acta 422

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

Bogotá D. C., cinco de diciembre de dos mil diecisiete.

Vistos

Se pronuncia la Sala sobre la impugnación instaurada por el apoderado judicial de M. M. C. M., contra el fallo proferido el 23 de octubre del presente año, por la Sala Penal Del Tribunal Superior de Bogotá, mediante el cual negó las pretensiones de la demanda de tutela formulada contra la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tumaco, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.

Antecedentes y fundamentos

Así los expuso el tribunal a quo:

“2.1. Adujo el apoderado del accionante que el señor C. M. fue citado a juicio por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tumaco, en virtud de las acusaciones formuladas por la Fiscalía 4ª Especializada de la misma ciudad por la comisión de varios delitos, entre ellos rebelión, bajo los radicados 5283560000201600016 y 5283560005382201280168 en las que fue señalado de cometer las conductas punibles como integrante del grupo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —FARC-EP—.

2.2. Indicó que el 27 de febrero de 2017, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República expidió la Resolución 1 de 27 de febrero de 2017, mediante la cual aceptó el nombre del demandante como miembro del citado grupo armado y en tal virtud, el juzgado accionado, a través de providencias de 8 de mayo y 23 de junio de 2017, aplicó la figura de amnistía de iure por los punibles de rebelión y otros y declaró la preclusión en su favor por los mismos, además de ordenar el traslado del señor C. M. a la zona veredal transitoria de normalización de Buenavista, en el municipio de Mesetas (Meta), para continuar detenido por otros delitos no susceptibles de amnistía.

2.3. Aseguró que el 8 de septiembre del año en curso, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz emitió la Resolución 26, a fin de excluir al accionante del listado de integrantes del grupo revolucionario, conforme a comunicación suscrita por un representante del mismo, quien informó de la supresión de los nombres de varias personas de la lista inicial que habían remitido los negociadores de las FARC-EP a la mencionada oficina.

2.4. Afirmó que el 16 de septiembre del año en curso solicitó en favor de su prohijado la libertad condicionada, por haber cumplido la condición de existencia en la zona veredal antes mencionada y la suscripción del acta de compromiso respectiva, ante la Secretaría Ejecutiva Transitoria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Arguyó que pese a ello, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tumaco no ha emitido pronunciamiento alguno frente a dicha solicitud, a la espera de la verificación de la nueva situación del señor C. M., es decir, su exclusión de la lista de miembros del grupo guerrillero.

2.5. Resaltó que la inclusión en la lista inicial de integrantes de las FARC-EP le otorgó al accionante el derecho a ser beneficiario de las condiciones de la justicia especial para la paz y por tanto, en su criterio, tal derecho no podía serle retirado a menos que se contara con su “opinión” o consentimiento al respecto. Señaló que la conformación del listado obedeció a principios de buena fe y confianza legítima, por lo cual la exclusión del mismo debería ser producto de un proceso de verificación donde el interesado tuviera la posibilidad de defenderse y no de manifestaciones unilaterales y arbitrarias.

2.6. Añadió que la imputación fáctica presentada por el ente acusador en los procesos penales antes mencionados, demuestra que la investigación en contra del señor C. M. se produjo como militante del grupo guerrillero, circunstancia a la que no se refirieron las FARC-EP ni la Oficina del Alto Comisionado para la Paz al excluirlo del listado, de lo que debe concluirse que tal exclusión fue ilegal y sin soporte probatorio.

2.7. Afirmó que ‘las FARC ya es un partido o movimiento político y no hay registro hasta la presente de la exclusión de un militante de los partidos políticos tradicionales sin conferirle el derecho de defensa’.

2.8. Por lo anterior, consideró que el juzgado demandado debería continuar con el trámite usual de los procesos en los que concedió amnistía de iure y resolver favorablemente la solicitud de libertad condicionada, sin tener en cuenta la Resolución 26 de 8 de septiembre de 2017, expedida por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

2.9. Estimó vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y libertad y solicitó como medida provisional y decisión de fondo la suspensión del oficio emitido por el partido político o movimiento de las FARC-EP mediante el cual informó sobre la exclusión, así como de la citada resolución de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

También demandó ordenar al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tumaco continuar con el trámite y resolver la solicitud de libertad condicionada”.

El fallo impugnado

De forma preliminar, explicó el a quo que aun cuando el accionante dirigió la demanda de tutela, además de los demandados, contra las FARC, esa organización no estaba legitimada para ser sujeto pasivo de la acción constitucional porque, al momento de formular la demanda, el referido grupo aún no había sido reconocido, jurídicamente, como un partido político.

Expuso luego, que es voluntad unilateral de las FARC incluir o excluir a personas de los listados en los que se informen los nombres de quienes hicieron parte de esa organización y por ende, ninguna vulneración de los derechos del demandante podría predicarse frente al actuar de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, pues la emisión de la resolución mediante la cual se le excluyó de las prerrogativas pactadas en el Acuerdo Final, fue la consecuencia jurídica de la información que el aludido grupo reportó.

Tampoco advirtió que el proceder del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tumaco lesionara sus garantías, porque al ser excluido de los listados de integrantes de la organización que suscribió el Acuerdo Final, no podía ser acreedor a los beneficios allí pactados (amnistía y libertad condicionada) que pretendía obtener.

Además, no era posible que los accionados desconocieran la Resolución 26 del 8 de septiembre de 2017 en la que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz dispuso la exclusión de su nombre en los listados que entregaron las FARC, “pues ello implicaría que el juzgado demandado desconociera la ley que definió los requisitos indispensables para otorgar tanto la libertad condicionada como la amnistía de iure”, por lo que, reiteró, la única opción del despacho era revocar los autos en los que concedió tales prerrogativas.

Por esas razones, negó el amparo constitucional invocado.

La impugnación

Fue propuesta por el apoderado de M. M. C. M.

Su disenso se centra en que el tribunal a quo ha debido considerar las previsiones legislativas de la justicia transicional y no las de la ordinaria para resolver el asunto sometido a su conocimiento.

Además, considera que la inclusión o exclusión de los listados elaborados por las FARC debe ser llevada a cabo de forma “excepcional y justificada”, como fue consignado en el punto 3.2.2.4 del Acuerdo de Paz y que el a quo valoró de forma descontextualizada.

Añade, que si las FARC se sometieron a la legalidad, adquirieron obligaciones que no pueden desconocer. Estima, que no ser miembro de ese grupo “también es impedimento para tener derechos fundamentales” y agrega, que aun cuando las decisiones de revocatoria de la libertad condicionada fueron dictadas con anterioridad a la tutela, las desconocía y además, a pesar de decidir aspectos sustanciales, “no conceden recursos”.

También expone que la aplicación de la amnistía es prevalente sobre las actuaciones penales y por ende, que C. M. haya sido excluido de los listados de integrantes de las FARC no podía afectar la aplicación en su favor de la referida figura, además que resulta ser una interpretación desfavorable porque ya se le había concedido ese mecanismo y la decisión había hecho tránsito a cosa juzgada material.

El proceder de las FARC, en punto de su exclusión de los listados, vulnera los principios de buena fe y confianza legítima, más aun cuando ese actuar “exige justificaciones producto de un proceso de verificación donde el afectado pueda tener derecho a defenderse”, lo que resulta altamente lesivo de derechos fundamentales, además que, si fue excluido, solo la Jurisdicción Especial de Paz podía definir los efectos de tal acto y no el Juzgado Penal del Circuito de Tumaco, que procedió a ello.

Pide, por tales razones, la revocatoria de la decisión impugnada y en consecuencia, que se ordene a las FARC revocar el oficio de exclusión en lo atinente a la incorporación de su nombre en ese documento. Además, que se requiera al Alto Comisionado para la Paz con el fin de que modifique la Resolución 26 del 8 de septiembre de 2017 para suprimir de allí su nombre y, finalmente, que el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tumaco deje sin efectos la decisión en la que le revocó los beneficios previstos en la Ley 1820 de 2016, con miras a que se materialice la libertad condicionada que ya le había sido otorgada.

Consideraciones de la Corte

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente para resolver la impugnación instaurada por el accionante contra el fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

2. De acuerdo con el artículo 32 inciso 2º del Decreto 2591 de 1991, el juez que conozca de la impugnación estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. Si encuentra éste ajustado a derecho, prosigue la norma, lo confirmará.

Como faceta del derecho de contradicción, impugnar significa refutar; es decir, desarrollar una contra argumentación frente a la providencia cuestionada, exponiendo las razones o motivos concretos que se aducen para lograr su revocatoria o modificación.

3. De entrada indica la Sala que la decisión de primer grado se encuentra ajustada a derecho. Además, ninguna afectación de los derechos fundamentales de M. M. C. M. se avizora en punto del reclamo por el cual acudió a la vía de tutela.

Ello, con fundamento en las siguientes razones:

3.1. El artículo 5º transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017 estableció, entre otros aspectos, que el componente de justicia del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (SIVJRNR) se aplicará, entre otros, a los combatientes de los grupos armados al margen de la ley que hayan suscrito un acuerdo de paz con el Gobierno nacional.

Se dispuso en el referido canon, que la pertenencia al grupo rebelde se determinaría por vía de la entrega de listados, a través de un delegado expresamente designado por las FARC y además, que el Gobierno nacional recibiría esas listas de buena fe y atendiendo al principio de confianza legítima, pero sin perjuicio de las correspondientes verificaciones.

Ahora, el artículo 26 de la Ley 1820 de 2016 dispuso, en punto de la presentación de los listados de integrantes del grupo rebelde que suscribió el Acuerdo Final para la terminación del conflicto, lo siguiente:

“ART. 26.—Presentación de listados. Serán representantes legitimados para presentar ante las autoridades, incluidas las judiciales, o ante la Jurisdicción Especial de Paz, los listados de personas integrantes de la organización rebelde que haya suscrito el Acuerdo Final de Paz, los representantes designados por las FARC-EP expresamente para ese fin, listados que serán verificados conforme a lo establecido en el Acuerdo Final de Paz. Tales listados podrán presentarse hasta que se haya terminado de examinar por la Sala de Amnistía e Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz la situación legal de todos los integrantes de las FARC-EP”.

Por su parte, el artículo 6-2 del Decreto 277 de 2017(1) dispone que la amnistía de iure a la que se refiere la Ley 1820 de 2016 es aplicable a las personas que, entre otros requisitos, “se encuentren en los listados entregados por representantes designados por dicha organización expresamente para ese fin, listados que serán verificados conforme a lo establecido en el Acuerdo Final de Paz”.

Igual condición contempla el inciso 1º del artículo 11 del Decreto 277 citado en cuanto a la concesión de la libertad condicionada, que resulta aplicable, “a todos los miembros de las Farc-EP que estén en los listados entregados y verificados por el Gobierno nacional según el procedimiento acordado en el punto 3.2.2.4 del Acuerdo Final”.

Entonces, los integrantes de las FARC pueden hacerse acreedores a la amnistía de iure o a la libertad condicional, si, entre otras condiciones, se encuentran en los listados que ese grupo entregó al Gobierno nacional.

En la actualidad, los referidos listados están en proceso de depuración. Es posible que ese grupo los modifique “hasta que se haya terminado de examinar por la Sala de Amnistía e Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz la situación legal de todos los integrantes de las FARC-EP” (L. 1820, art. 26).

Además, la depuración de las listas busca que se tengan claramente identificados a los integrantes que serán reconocidos como miembros de las FARC y por ende, acreedores al tratamiento judicial diferenciado previsto en el Acuerdo Final. Es factible que en ese proceso de depuración existan controversias, por cuenta de personas que las partes consideren que deben ser incluidas en las listas u otras, que deban ser retiradas.

Sin embargo, como mecanismo para la resolución de tales controversias, el Gobierno nacional y las FARC pactaron la conformación de una Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final —CSIVI—(2), espacio idóneo para discutir los casos que puedan presentar alguna observación en punto de la exclusión de personas de las listas de integrantes de la organización(3). Además, se cuenta con un Comité Técnico encargado de “analizar cualquier duda que surgiera antes de la inclusión definitiva de cualquier persona en el listado”(4).

Así pues, los listados inicialmente entregados por las FARC, además de estar sujetos a comprobación por parte del Gobierno nacional, no fueron definitivos. Quiere ello decir que se encuentran en proceso de modificación, siendo posible variar su contenido, se reitera, “hasta que se haya terminado de examinar por la Sala de Amnistía e Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz la situación legal de todos los integrantes de las FARC-EP”.

Entonces, ninguna irregularidad existe en torno a la exclusión de M. M. C. M. de los listados suministrados por las FARC, que, como se expuso en precedencia, han sido objeto de ardua revisión, tanto por ese grupo, como por el Gobierno nacional.

Y si el demandante se muestra inconforme con la determinación de esa organización, debe acudir a los cauces correspondientes, a través del CSIVI, para que allí se estudie la razonabilidad o no de su exclusión de los listados suministrados por las FARC al Gobierno nacional.

3.2. Ahora bien, la consecuencia jurídica de la exclusión del accionante de los listados de las FARC, es su retiro de las resoluciones de aceptación en las que había sido incluido por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y por ende, resulta imposible que acceda, por esa vía, al tratamiento jurídico diferenciado contenido en el Acuerdo Final y las disposiciones de carácter constitucional y legislativo que lo complementan.

Entonces, ninguna irregularidad se advierte en la Resolución 26 del 8 de septiembre de 2017, por medio de la cual fue excluido su nombre de los listados entregados por las FARC y además, ante esa situación, era imperioso que el Juzgado accionado dejara sin efectos las decisiones en las que se le otorgaron la amnistía de iure y la libertad condicionada, pues quedaron sin sustento al no cumplir con uno de los requisitos previstos en los artículos 6º y 11 del Decreto 277 de 2017.

En esas condiciones, ninguna irregularidad se avizora en la providencia del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tumaco, pues resultaba imposible otorgarle al demandante las prerrogativas que ahora reclama, cuando por razón de su novedosa condición no cumple los supuestos necesarios para obtenerla. Además, el artículo 35 de la Ley 1820 de 2016 faculta a esa autoridad para disponer la revocatoria de la libertad condicionada que, contrario a lo expuesto por el impugnante, no transita a cosa juzgada y está limitada al cumplimiento de las condiciones contenidas en la Ley en cita para su otorgamiento(5).

Por ende, no se advierte, frente a los temas analizados en precedencia, una vulneración de las garantías del demandante que habilite la intervención del juez de amparo.

3.3. De otra parte, el accionante incumplió la condición de subsidiariedad en el ejercicio de la tutela, porque contra el auto del 28 de septiembre de 2017 en el que el Juzgado accionado dejó sin efectos las decisiones en las que le había otorgado la amnistía de iure y la libertad condicionada, podía interponer los recursos de reposición y apelación.

Es cierto que en aquella decisión el juez demandado no consignó de manera expresa que procedían los aludidos medios de impugnación. No obstante, el apoderado del accionante, en su condición de abogado, bien sabía que era plenamente aplicable al caso lo previsto en el artículo 176(6) de la Ley 906 de 2004, pero omitió activar aquellos medios de defensa, aptos para debatir los temas que ahora trae a la vía de tutela.

4. Las razones expuestas en precedencia, imponen confirmar integralmente la decisión objeto del recurso de impugnación.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Acciones de Tutela 3, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

CONFIRMAR el fallo impugnado.

NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.

Notifíquese y Cúmplase.

Magistrados: José Francisco Acuña Vizcaya—Eugenio Fernández Carlier—Patricia Salazar Cuéllar

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 Por el cual se establece el procedimiento para la efectiva implementación de la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016 “por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones.

2 Creada mediante Decreto 1995 de 2016.

3 Dentro de las funciones de la Comisión, se encuentran las de “resolver cualquier diferencia de interpretación o cualquier situación imprevista que surja entre las partes firmantes respecto del Acuerdo Final, que no puedan ser resueltas por los mecanismos acordados en el punto correspondiente, cuando existan” y “servir de espacio para el manejo de cualquier situación o diferencia entre las partes que puedan presentarse tras la firma del Acuerdo Final, que no sean de competencia del Mecanismo de Monitoreo y Verificación de Naciones Unidas” (D. 1995/2016, art. 3º, nums. 1º y 2º).

4 Comunicado de prensa de la CSIVI, componente FARC, del 29 de septiembre de 2017, ver en: http://www.arcoiris.com.co/wp-content/uploads/2017/09/comunicado-csivi-29-sep.pdf

5 “ART. 35.—Libertad condicionada. A la entrada en vigor de esta ley, las personas a las que se refieren los artículos 15, 16, 17, 22 y 29 de esta ley que se encuentren privadas de la libertad, incluidos los que hubieren sido procesados o condenados por los delitos contemplados en los artículos 23 y 24, quedarán en libertad condicionada siempre que hayan suscrito el acta de compromiso de que trata el artículo siguiente.
“PAR.—Este beneficio no se aplicará a las personas privadas de la libertad por condenas o procesos por delitos que en el momento de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, no les permita la aplicación de amnistía de iure, salvo que acrediten que han permanecido cuando menos 5 años privados de la libertad por esos hechos y se adelante el trámite del acta previsto en el siguiente artículo.
En caso de que la privación de la libertad sea menor a 5 años, las personas serán trasladadas a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), una vez que los miembros de las FARC-EP en proceso de dejación de armas se hayan concentrado en ellas, donde permanecerán privadas de la libertad en las condiciones establecidas en el numeral 7º del artículo 2º del Decreto 4151 de 2011.
Las personas trasladadas permanecerán en dichas ZVTN en situación de privación de la libertad hasta la entrada en funcionamiento de la JEP, momento en el cual quedarán en libertad condicional a disposición de esta jurisdicción, siempre y cuando hayan suscrito el acta de compromiso de que trata el artículo siguiente.
La autoridad judicial que esté conociendo el proceso penal aplicará lo previsto en cuanto a la libertad.
La Jurisdicción Especial para la Paz podrá revocar la libertad de quienes incumplan alguna de las obligaciones fijadas en el acta formal de compromiso.
Si durante la vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, los beneficiarios de mecanismos de tratamiento penal especial de la presente ley, se rehusaran a cumplir los requerimientos del Tribunal para la Paz para participar en los programas de contribución a la reparación de las víctimas, o a acudir ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de la Convivencia y No Repetición, o ante la Unidad de Búsqueda de las Personas dadas por desaparecidas, se les revocará el derecho a que se les apliquen los beneficios de la libertad condicional o las sanciones establecidas en la JEP.

6 “ART. 176.—Recursos ordinarios. Son recursos ordinarios la reposición y la apelación.
Salvo la sentencia la reposición procede para todas las decisiones y se sustenta y resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia.
La apelación procede, salvo los casos previstos en este código, contra los autos adoptados durante el desarrollo de las audiencias, y contra la sentencia condenatoria o absolutoria.