Sentencia STP2229-2017/90048 de febrero 16 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS 1

STP2229-2017

Rad.: 90048

Acta 38

Magistrado ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Bogotá, D.C., dieciséis de febrero de dos mil diecisiete.

Asunto

Resolver la impugnación interpuesta por Wilmer Fernando López Galeano, respecto del fallo emitido el 16 de diciembre del año pasado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto, mediante el cual declaró improcedente la acción de tutela invocada contra el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, trámite que se hizo extensivo al Departamento de Policía de Nariño y al Subintendente Wilson Elayner García Mayorga, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo e igualdad.

1. La demanda

Los hechos que sustentan la petición de amparo los resumió el Tribunal en los siguientes términos:

“Informa el actor que es miembro activo de la Policía Nacional desde hace cuatro años y diez meses; que actualmente ostenta el grado de patrullero y que durante toda su experiencia en la vida policial ha trabajado en el departamento de Nariño, encontrándose desde el mes de febrero del año en curso prestando servicio en la estación de policía de Samaniego (N), como integrante de la patrulla de vigilancia.

Esboza que en dicha estación funge como comandante el Subintendente Wilson Elayner García Mayorga, al cual le informó del tratamiento psicológico al que se encuentra sometido.

Manifiesta que desde marzo de 2016, se ha presentado una situación de acoso laboral por parte del Subintendente, quien a través de anotaciones al formulario de seguimiento de la hoja de vida, le ha venido afectando con registros negativos.

Expresa que la situación de acoso laboral se agravó en el mes de octubre, puesto que empezó a afectar su salud mental al punto de ser hospitalizado el día 19 de octubre de 2016, en el Hospital Mental Hermanas Hospitalarias Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de la ciudad de Pasto, lo cual consta en la respectiva epicrisis.

Considera que conforme a lo anterior posee trastornos psiquiátricos originados por un acoso laboral del que esta (sic) siendo víctima.

Agrega que si el oficial consideraba que se estaba incurriendo en conductas que pueden representar una falta disciplinaria, su deber era requerir a la autoridad competente con el fin de que se investigue la conducta respetando el debido proceso y no realizar anotaciones seguidas en su hoja de vida con el fin de presionarlo, más aún cuando eran arbitrarias.

Señala que, al salir del hospital el 24 de octubre del año en curso, la psiquiatra le otorgó incapacidad para porte de armamento, trasnochar y para que la Institución tome medidas de reubicarlo en un puesto de trabajo donde no tenga que portar armamento y realizar otro tipo de labores.

Finalmente explica que el 15 de noviembre del año en curso, se presentó en el Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de la ciudad de Pasto para consulta de control y seguimiento, donde le prescribieron que debe continuar con el tratamiento farmacológico, se hace necesaria la renovación de la incapacidad médica parcial de no realización de turnos nocturnos, no porte de armas de fuego desde el 24 de noviembre hasta el 23 de diciembre de 2016.

(…).

Como consecuencia del amparo a las garantías invocadas, solicita textualmente “(…)1. Se ordene retirar los llamados de atención por parte del señor Subintendente Wilson García, consignados en mi formulario de seguimiento de hoja de vida; 2. Tutelar su derecho a la igualdad, debido a que necesito un trato preferencial por mi condición mental, ya que por entes Estatales se debe brindar especial protección para aquellas personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. 3. Se ordene al señor Subintendente Wilson García Mayorga, el cumplimiento de sus deberes consagrados en las leyes y la Constitución, en donde se garantiza mi trabajo como miembro activo de la Policía Nacional, señalada en el artículo 34, numeral 1 de la ley 734 de 2002; 4. Se ordene la reubicación de mi persona en un lugar de trabajo en donde se garanticen mis derechos, sin ánimo de acoso laboral y en el cual, no deba portar armamento para así continuar con su tratamiento psiquiátrico hasta restablecimiento de mi condición y salud””.

2. El fallo impugnado

La Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto negó la solicitud de amparo por las siguientes razones:

1. Frente a la pretensión dirigida al retiro de los llamados de atención que fueron consignados en la hoja de vida, precisó que ello debió tramitarse en su momento ante el evaluador y de acuerdo con lo establecido en la Resolución 02037 de 2011 y el Decreto 1800 de 2000, de manera que al contar con los mecanismos propios al interior de la Institución la pretensión no estaba llamada prosperar.

2. Frente al acoso laboral que se demanda acotó que la Policía Nacional ha establecido parámetros para atender las quejas y reclamos de esa naturaleza, para lo cual debía estarse a lo dispuesto en la Ley 1010 de 2006 y la Resolución 04927 del 12 de diciembre de 2013 que creó el Comité de Convivencia Laboral dentro de la Entidad, donde debe atenderse el caso, lo cual impedía que por esta vía se emitiera pronunciamiento de asuntos propios de otra autoridad.

3. Finalmente, sobre la reubicación laboral, puntualizó que acorde con la información allegada por la demandada se tuvo conocimiento que López Galeano fue trasladado al cargo de operador de despacho de la Estación de Policía de Samaniego, donde cumple funciones administrativas conforme las recomendaciones del médico tratante.

4. Concluyó que no resultaba procedente que el juez de tutela invadiera competencias para atender asuntos por fuera de la órbita de los derechos fundamentales, pues de las pruebas aportadas no se acreditó la concurrencia de circunstancias que hicieran procedente al amparo.

3. La impugnación

El demandante impugnó el fallo y en sustento de su inconformidad señaló:

1. Su pedimento se dirigió a que se eliminaran los llamados de atención consignados en su hoja de vida atinentes con la falta de aseo a las instalaciones del comando, pues de conformidad con el régimen disciplinario de la Policía estaban prohibidos, cuando además eran anotaciones que podrían repercutir en su ascenso de grado.

2. Adujo que agotó un procedimiento interno y a pesar de haber presentado los recursos, aspecto no tenido en cuenta por el a quo, las anotaciones quedaron en firme, trámite que en su sentir comprometió el debido proceso ante la prohibición legal de efectuar llamados de atención por escrito.

4. Consideraciones

1. De conformidad con lo establecido por los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación presentada contra el fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto.

2. Según lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona tiene la facultad para promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial.

3. En el caso bajo estudio, acorde con lo términos de la impugnación, corresponde a la Sala establecer si la anotación efectuada por el Comandante de Policía de Samaniego en el formulario II de seguimiento correspondiente al accionante Wilmer Fernando López Galeano constituye violación del derecho fundamental al debido proceso.

Confrontados los hechos expuestos en la demanda de tutela con las pruebas que se allegaron al expediente, puede sostenerse que dicha garantía efectivamente fue socavada por dicha autoridad policial y por lo tanto surge necesaria la intervención del juez de tutela para su restablecimiento. Estas las razones:

3.1. De acuerdo con la información que arroja el expediente se tiene que el 11 de octubre de 2010 se registró por parte del Comandante de la Estación de Policía la anotación atinente con el comportamiento de personal(1), en los siguientes términos:

“A la hora y fecha indicada se le hace saber al señor patrullero, Wilmer Fernando López Galeano, del presente registro negativo con afectación demeritoria en el formulario de seguimiento, por falta de compromiso y incumpliendo (sic) a sus funciones como jefe de información tercer turno, ya que al momento de pasar revista el señor comandante de estación a la seguridad de instalaciones policiales, encontró (sic) que no había seguridad en la garita llamada betta 2, por el motivo del que el señor patrullero había autorizado al auxiliar de policía a consumir los alimentos y no se encontraba ningún policía reemplazandolo (sic) como es la orden del suscrito, por el contrario observe (sic) al señor patrullero Lopez (sic) Galeano dentro del restaurante hablando con la administradora del mismo, y al ser entrevistado del porque (sic) descuidada la seguridad respondio que eso aca (sic) no pasaba nada, por lo anterior se le hace el presente registro en virtud de que con su actuar puso en riesgo la seguridad, vida e integridad de los policiales que conformamos la estación de policía de Samaniego, por otro lado en reiteradas ocasiones se le ha realizado el llamado de atención por el mal aseo y presentación de las instalaciones policiales”.

Frente a dicha anotación, el actor presentó la correspondiente reclamación, manteniéndose la misma bajo el argumento de haberse descuidado la seguridad de las instalaciones ya que era de su conocimiento la intención de los grupos al margen de la ley de atentar contra las unidades policiales de ese municipio. Igualmente hizo énfasis en los llamados de atención que se habían efectuado “por no controlar el aseo de instalaciones y permitir que no encuentren en buena presentación para todas las personas que se acerquen a solicitar cualquier requerimiento de nosotros como institución, lo anterior usted ben sabe que son dos de sus funciones como jefe de información; lo invito a que reflexione su actuar policial y que este llamado de atención le ayude a mejorar su servicio como miembro activo de la Policía Nacional”.

Surtido el trámite respectivo, se obtuvo respuesta por parte del revisor, quien mantuvo la anotación al estimar que era notoria “su ineficacia profesional y falta de compromiso para con la institución, ante los actos indiscutibles de responsabilidad al dejar sin seguridad de la garita Beta dos, a lo cual a la fecha se poseen innumerables alertas de inteligencia que usted tiene conocimiento y advierten la intención de grupos al margen de la ley en atentar contra unidades de Policía, dentro de la cuales se encuentra esta estación de Policía Samaniego, dichas acciones se están convirtiéndose (sic) en un obstáculo para la buena disciplina policial pues con sus acciones está dando mal ejemplo a sus subalternos; en consecuencia, este comando invita al citado funcionario a que defina su compromiso en la dinámica institucional, por cuanto con lo demostrado hasta ahora, solo refleja indiferencia, apatía y sin lugar a dudas aflorando comportamiento negativos, que desde ya, se le invita a erradicar”.

3.2. Se advierte de lo anterior que contrario a lo aducido por el a quo, el accionante hizo uso de los mecanismos previstos que el ordenamiento le ofrecía para oponerse a la mentada anotación, pues presentó la respectiva reclamación con lo cual se habilitó la reconsideración por parte de su superior inmediato y de la revisión del Comandante del Distrito de Policía, pero con resultados adversos a sus intereses, circunstancia que desvanece el argumento para denegar la petición de amparo.

3.3. Ahora, de los términos del citado registro debe destacarse que aunado al descuido de dejar sin seguridad la garita Beta 2 con el que se sustentó el mismo, se puso de relieve los llamados de atención que en otrora se habían efectuado por la falta de aseo a las instalaciones del comando, aspecto este reiterado en la respuesta a la reclamación presentada por el policial, argumento que para la Sala sin duda alguna compromete el debido proceso.

En efecto, revisado el prontuario de anotaciones efectuadas en el formulario II de seguimiento a López Galeano, se tiene que efectivamente el 2 de marzo de 2016(2) se hizo notar que el patrullero había incumplido sus funciones que como jefe de información le compelían al no velar por el aseo de la instalación policial, frente a la cual también se realizó el correspondiente reclamo y se emitió la respectiva respuesta sin modificación alguna, pero al no haberse tramitado dentro del término legal el recurso de reclamación propuesto en su momento, se determinó no tener en cuenta para su seguimiento dicho registro.

Lo señalado significa que al haberse dejado sin efecto tal anotación, no podía el Comandante de la Estación de Policía tenerla como argumento adicional para sustentar el acto de descuido en la vigilancia que le correspondía, cuando además se trataba de situaciones totalmente disímiles pues nada tenía que ver el comportamiento que le compelía con la guardia y el aseo de las instalaciones.

Pero es más, en el mentado registro se hizo alusión a “llamados de atención” anteriores que tienen que ver sobre mantenimiento del Comando, los cuales, teniendo esa connotación, al tenor del artículo 27 de la Ley 1015 de 2006(3), deben hacerse en forma verbal y no escrita, como se observa acaeció en este evento, circunstancia que sin duda trasgredió la norma que regula el tema.

Sobre este punto, la Corte Constitucional al realizar el control de constitucionalidad respecto de algunas normas de la Ley 734 de 2002, especialmente el artículo 51 que tiene que ver con los llamados de atención, en sentencia 1076 de ese mismo año, señaló:

En ese marco si se trata de una actuación sin formalismos procesales, no se advierte motivos para que el llamado de atención si se rodee de los mismos, al consignarse por escrito pues tal decisión debe obedecer a la misma lógica de la actuación que le precedió. No puede discutirse que un llamado de atención afecte la hoja de vida del servidor y por ello se opone a la finalidad de la norma y a su cumplimiento mediante actuaciones desprovistas de solemnidad alguna. Por este motivo, se declarará la inexequibilidad de la expresión “por escrito” que hace parte del inciso primero del artículo 51.

De otro lado, la Corte advierte que la alteración del orden interno que conduce a un llamado de atención, en las condiciones que se han indicado, se caracteriza por no afectar los deberes funcionales del servidor público, circunstancia que habilita que se prescinda de formalismos procesales. No obstante, lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 51, en el sentido de que el llamado de atención se anotará en la hoja de vida, pierde de vista la ausencia de ilicitud sustancial de la conducta que condujo al llamado de atención pues no puede desconocerse que esa anotación le imprime a aquél un carácter sancionatorio. Ello es así al punto que cualquier persona que tenga acceso a la hoja de vida del servidor, no valorará ese llamado de atención como un mérito sino como un reproche que se le hizo al funcionario y es claro que esto influirá en el futuro de aquél. Esta consecuencia es irrazonable si se parte de considerar que el presupuesto que condiciona el llamado de atención y no la promoción de una actuación disciplinaria es la ausencia de ilicitud sustancial en el comportamiento. Por tal motivo, la Corte declarará inexequible la expresión “se anotará en la hoja de vida” que hace parte del inciso segundo del artículo 51.

3.4. Se concluye de lo dicho que los llamados de atención que se efectúan y se consignan por escrito comprometen el ordenamiento jurídico y de paso el debido proceso, pues es claro que pueden repercutir en la hoja de vida del funcionario al ostentar un carácter sancionatorio, toda vez que se trata de actuaciones sin formalismo alguno y que a pesar de su reiteración no tienen la entidad suficiente para promover una investigación disciplinaria.

4. En consonancia con lo expuesto, se revocará el fallo impugnado y en su lugar se amparará el derecho al debido proceso de Wilmer Fernando López Galeano.

Consecuencia de lo anterior, se ordenará al Comandante de la Estación de Policía de Samaniego Wilson Elayner García Mayorga o quien haga sus veces, que, en el término de 24 horas siguientes a la notificación de la presente decisión, proceda a retirar del formulario II de seguimiento que se lleva al citado López Galeano, la anotación consignada el 11 de octubre de 2016 atinente con el descuido en el aseo de las instalaciones del Comando de Policía, la cual fue reiterada en la respuesta a la reclamación de fecha 14 del mismo mes y año y que por lo tanto debe también suprimirse.

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión de tutelas 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR el fallo objeto de impugnación y en su lugar AMPARAR el derecho al debido proceso de Wilmer Fernando López Galeano.

Corolario de lo anterior, ordenar al Comandante de la Estación de Policía de Samaniego Wilson Elayner García Mayorga o quien haga sus veces, que, en el término de 24 horas siguientes a la notificación de la presente decisión, proceda a retirar del formulario II de seguimiento que se lleva a Wilmer Fernando López Galeano, la anotación consignada el 11 de octubre de 2016 atinente con el descuido en el aseo de las instalaciones del Comando de Policía, la cual fue reiterada en la respuesta a la reclamación de fecha 14 del mismo mes y año y que por lo tanto debe también suprimirse.

2. NOTIFICAR esta decisión en la forma prevista por el Decreto 2591 de 1991.

3. REMITIR el diligenciamiento a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Luis Guillermo Salazar OteroGustavo Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera.

Nubia Yolanda Nova García, secretaria.

1 Folio 44 cuaderno del tribunal.

2 Folio 17 cuaderno del tribunal.

3 Mediante la cual se dictó el Régimen Disciplinario Único de la Policía Nacional.