Sentencia STP-2719-2015 de marzo 25 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS NÚMERO 1

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

STP-2719-2015

Rad.: 78213

Aprobado Acta 111

Bogotá, D.C., veinticinco de marzo de dos mil quince.

Vistos

Decide la Sala la impugnación interpuesta por la accionante J.A.G.O., en relación con el fallo de tutela proferido el 27 de enero de 2015 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Manizales, mediante el cual negó la protección de sus derechos fundamentales a la intimidad e identidad, presuntamente vulnerados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Aclaración previa

En el presente caso la Sala ha decidido no mencionar en la sentencia ningún dato que conduzca a la identificación de la accionante y ordenar a los jueces de instancia y a la Secretaría de esta Corte que guarden estricta reserva respecto de su identidad, por estar involucrado un asunto que pertenece a la órbita personal protegida por el derecho fundamental al buen nombre de la demandante. En consecuencia, para efectos de identificar a la tutelante y para mejor comprensión de los hechos que dieron lugar a la acción de tutela de la referencia, la Sala ha preferido sólo hacer mención de las letras iniciales de sus nombres y apellidos.

Antecedentes

Los hechos que determinaron la acción constitucional impetrada, las pretensiones de la demandante y el informe rendido por la entidad accionada, fueron consignados por el a quo de la forma como sigue:

(…) II.1- Asevera la actora que su nombre actual es J.A.G.O., antes L.B.G.O siéndole asignado el sexo masculino dada sus condiciones físicas ambiguas, tal como aparecía en el Registro de Nacimiento, sin embargo, alude que “desde los primeros años de vida de joven presenté diferencias en mi desarrollo por lo que siempre me identifiqué con el género femenino”. Comenta que fue diagnosticada por el Médico General y la Psicóloga de Salud Total EPS, a la que se encuentra afiliada desde el año 2007, con “Trastorno de la identidad de género, no especificado – síndrome de Harry Benjamín”.

II.2. —A raíz de ese diagnóstico médico— científico, también conocido como “Disforia de Género”, durante los años 2012 y 2013 inició terapia de remplazo hormonal, siendo remitida a la ciudad de Bogotá para recibir la atención científica correspondiente. Asegura que esa situación médica la obligó a suspender sus estudios y a dejar de lado su única opción de ingresos para “asistir al proceso y no seguir interrumpiendo mis labores de manera tan seguida”.

II.3. Agrega que recibió todos los tratamientos médicos y los procedimientos quirúrgicos, volviendo a la ciudad de Manizales en marzo de 2014 para retomar sus labores, situación compleja, en la medida que debía actualizar todos sus documentos legales y continuar con su vida sin ningún inconveniente, por lo que inició proceso de jurisdicción voluntaria ante el Juzgado Séptimo de Familia de la ciudad para corregir y modificar su registro civil de nacimiento, generando con el fallo a su favor, la cancelación de la ficha de registro anterior y el otorgamiento de un cupo numérico diferente que creó la nueva identificación con la que cuenta en la actualidad, información que es coherente respecto al sexo y al número de identificación.

II.4- No obstante lo narrado, afirma que: “…durante las últimas dos semanas he estado recibiendo llamadas incomodas, las cuales han alterado mi estado mental y mi bienestar en su totalidad, en estas llamadas se me pregunta por mi proceso y en donde al preguntar por qué conocen de éste me indican que la información aparece en la página web de la Registraduría al solicitar información de mi documento y fecha de expedición del mismo, donde señor juez aparece que esa identificación fue cancelada por cambio de sexo, es decir informando de manera abierta mi condición sin respeto de ningún tipo”.

II.5. Estima que la Registraduría Nacional del Estado Civil le está vulnerando los derechos fundamentales a la intimidad e identidad, “publicando de manera abierta esta situación para conocimiento de quien así lo desee, sin el mínimo de reserva legal contando con los medios para hacerlo”, lo cual ha aumentado sus niveles de ansiedad, mismos que impiden un adecuado desarrollo social y mental.

II.6. Con fundamento en lo anterior, solicita que se amparen sus garantías fundamentales y en consecuencia, se le ordene a la parte accionada, que “retire”, “archive” o “se abstenga” de publicar información de identificación respecto de su proceso de reasignación de sexo, con base en la reserva legal existente. Asimismo deprecó que se conmine a la registraduría, a que “haga uso reservado del documento judicial anexado de acuerdo con la Ley de Habeas Data” y por último, pidió que en la sentencia no se mencionara ningún dato que conduzca a su identificación, disponiendo que en todo el trámite se guarde estricta reserva sobre su identificación.

III. Respuesta de la accionada

La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la jefe de la oficina jurídica, comunicó que la función de identificación reside en cabeza del delegado para el Registro Civil y la Identificación, por un lado y por el otro, en la Directora Nacional de Identificación, dependencias a las que se emitió la demanda tutelar para que procedieran de conformidad. Fue así, que la coordinadora del jurídico de la Dirección Nacional de Identificación, le solicitó a la Coordinación del Grupo de Protección de Datos, “informar acerca de la viabilidad de anonimizar los datos que reposen en la página web de la entidad respecto del cupo numérico 75.090. 275 expedido a nombre de L.B.G.O. Con base en lo expuesto y en atención al concepto emitido el 16 de enero de 2015 (…) y en aras de proteger el derecho a la intimidad de la accionante, solicitó a la Gerencia de Informática de la entidad, la anonimación de los datos que reposen frente al cupo numérico 75.09X.XXX, la cual se encuentra realizando las gestiones administrativas pertinentes para que los mismos no se vean reflejados al momento de consultarse información del cupo numérico referido”. Deprecó que se denegara el amparo puesto que dicha institución no ha incurrido en acciones u omisiones vulneratorias de los derechos de la actora.

La sentencia impugnada

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales denegó la protección de los derechos invocados, toda vez que la Registraduría Nacional del Estado Civil llevó a cabo las diligencias tendientes a anonimizar sus datos, tanto así, que al momento de la expedición del certificado virtual del estado de la cédula de ciudadanía Nº XXXXXXX se hace referencia exclusivamente a que fue cancelada, sin referirse al cambio de sexo. Adicionalmente, precisó que no es dable eliminar el historial sobre ese cupo numérico ante la ineludible circunstancia de albergar en las bases de datos de esa entidad un mínimo de información sobre la mutación que se dio en relación con el documento de identidad de la accionante.

La impugnación

La inconformidad planteada por la accionante en su escrito de impugnación la cimienta en la falta de congruencia entre los fundamentos motivo de amparo constitucional y la determinación de negar la protección deprecada, aserto a partir del cual estima que:

(i) Los derechos fundamentales objeto de la acción tutelar continúan siendo transgredidos, pues a pesar de que la Registraduría Nacional del Estado Civil procedió a retirar la razón por la cual se llegó a la cancelación de su anterior documento de identidad, los efectos del daño ocasionado los está viviendo en la actualidad, ya que al haberse señalado cuál fue la circunstancia determinante para la eliminación del cupo numérico de identificación, cambio de sexo, desde el mes de junio de 2014, “han generado comunicaciones abiertas que alteran mi estado de ánimo, es decir mi bienestar en general, generando perjuicios sociales y económicos dadas las connotaciones en implicaciones que este tema aun siendo médico y de salud mental, sigue siendo tabú..”..

(ii) La accionada desconoció la normatividad y la naturaleza de su función en relación con el cuidado y manejo de los datos personales, falencia que repercutió en la lesión de su derecho a la intimidad, al haber publicado sin reserva legal el motivo que condujo a la cancelación de su documento de identidad.

(iii) Lo anterior adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que al digitar el número de cédula cancelado en la página de la registraduría, se genera un certificado en el que siguen apareciendo los datos con el nombre anterior y los apellidos actuales, motivo por el cual solicita que se ordene a esa entidad se impida la visualización de esa información.

Adicionalmente, solicita se contemple la indemnización de perjuicios que pueda generarle la afectación dilucidada, así como la iniciación de las investigaciones que por el comportamiento irregular se puedan desencadenar.

Consideraciones

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 1º, numeral 2º, del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente esta colegiatura para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta, en tanto lo es en relación con la decisión adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, de la cual es su superior funcional.

2. La acción de tutela, como la define el artículo 86 de la Constitución Política, es un medio de defensa judicial instituido para proteger en forma inmediata los derechos fundamentales cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por los particulares en los casos expresamente señalados por la ley.

3. Para la Sala es claro que el derecho de toda persona al reconocimiento de su nombre se constituye en un atributo de la personalidad jurídica y del libre desarrollo de la misma de la manera en que lo consagra el artículo 14 de la Constitución Política.

Por su parte el artículo 1º del Decreto 1260 de 1970 “el estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y en la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible, imprescriptible y su asignación corresponde a la ley”.

De conformidad con la definición legal, el estado civil está integrado por diversos componentes o elementos, y deriva de hechos, actos y providencias. Dentro de los primeros y que generan mayor relevancia se encuentran la filiación, el sexo y la edad, los cuales, al lado del nombre, permiten delinear la identidad o individualidad de un ser humano. Tales características, se ha sostenido tradicionalmente, son de naturaleza objetiva en cuanto que ellas no dependen de la percepción particular del sujeto que las detenta, sino que derivan de hechos, por lo general verificables de manera concreta o física.

En virtud del reconocimiento que el Estado hace del libre desarrollo de la personalidad como “la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, ni controles injustificados o impedimentos por parte de los demás”(1), con las limitaciones que exijan el orden público y los derechos de los conciudadanos, además de las que la naturaleza de las cosas impongan, es claro que las personas tienen el derecho de determinar, con las restricciones reseñadas, las características de que fijen su individualidad.

De manera amplia se ha mencionado que Colombia es un Estado social de derecho fundamentado, primordialmente, por el respeto de la dignidad humana, reconociéndose así, sin discriminación alguna, las garantías inalienables del individuo y que, de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección... y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de raza, sexo, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.

Así las cosas, se ha considerado que la determinación que adopta una persona de alterar o cambiar su sexo, hace parte del libre desarrollo de su personalidad y, particularmente, del reconocimiento a la autonomía que tienen los individuos de fijar su identidad sexual.

Igualmente, se ha indicado que el fenómeno de la transexualidad hace referencia a aquella situación en la que los componentes cromosómicos o sicológicos que determinan la sexualidad de un ser humano no están en consonancia con las manifestaciones físicas de su sexo, con base en lo cual él, luego de la realización de diversos tratamientos se somete a las intervenciones quirúrgicas necesarias para modificar el componente anatómico o morfológico de su sexualidad.

Obviamente, si se desea que dicha determinación tenga efectos jurídicos y, particularmente, que se produzca la correspondiente alteración en el estado civil, es necesario realizar las modificaciones que resulten pertinentes en las respectivas partidas o folios, para lo cual es indispensable analizar la competencia de los diferentes órganos del Estado para adoptar las determinaciones a que hubiera lugar.

4. Descendiendo al asunto que ocupa la atención de Sala, se tiene que la manifestación de impugnación esbozada por la accionante J.A.G.O., conduce inicialmente a recordar que en virtud del fallo emitido por el Juzgado Séptimo de Familia de Manizales (Caldas), adiado 30 de marzo de 2014, entre otras consideraciones, en relación con la accionante, dispuso “ORDENAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil, proceder a asignar un nuevo número de identificación de acuerdo con el cupo numérico asignado…”, ello en virtud a la cirugía de cambio de genero a la que fue sometida.

Pero, pese a que la mencionada entidad procedió a la cancelación del anterior cupo numérico que identificaba a la accionante y le asignó otro con base en las nuevas circunstancias, ya en relación con la información que se condensa en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil para obtener el “Certificado de Estado de Cédula de Ciudadanía” al digitalizar el anterior número que identificaba a G.O., no solo era visible el nombre inicialmente registrado, sino que además, en el ítem de estado, aparecía la leyenda “Cancelada por reasignación o cambio de sexo”.

Por considerar lesionada su garantía a la intimidad, al hacerse evidente cuál fue el motivo por el que se dispuso la cancelación de su anterior número de identidad, la accionante activó el presente mecanismo de amparo constitucional, solo que en el trámite de la primera instancia, la Registraduría Nacional del Estado Civil, procedió a remediar la mentada inconformidad, es decir, eliminó del registro la razón por la cual se procedió a la supresión del inicial cupo numérico, pero siguió consignándose los nombres que otrora la identificaban, dato que, ahora en la impugnación del fallo que negó el amparo deprecado, estimula el disentimiento de la demandante, en cuanto ello aún permitiría que se conociera el procedimiento que mutó su identidad, al paso que mientras estuvo a la vista la leyenda referida al cambio de sexo le fueron ocasionados perjuicios.

Entonces, la queja de J.A.G.O. repercute, de manera primordial, en determinar si en el cumplimiento de la orden dada por la autoridad judicial a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a esta última le asistía la obligación de reservar, por completo, la información atinente a los datos de identificación que, con anterioridad a la disposición de la judicatura, particularizaban a la aquí accionante, en concreto, si en la digitación del anterior documento de identificación de la actora, para la obtención del certificado de Estado de cédula de ciudadanía, se lesionan los derechos de la señora G.O. ante la aparición de los nombres que llevaba previo al cambio de género.

El marco normativo que contribuiría a la consolidación de la reserva legal de datos sensibles, definidos estos como “aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos”(2), conforme fue ilustrado por la accionada, parte del reconocimiento hecho por la propia Constitución Política en el artículo 15, inciso 1º y 2º, según el cual:

Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetaran la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.

Por su parte, el artículo 213 del Código Electoral, enseña que:

Toda persona tiene derecho a que la registraduría le informe sobre el número, lugar y fecha de expedición de documentos de identidad pertenecientes a terceros.

Tienen carácter reservado las informaciones que reposen en los archivos de la registraduría referentes a la identidad de las personas, como son sus datos biográficos, su filiación y fórmula dactiloscópica.

De la información reservada solo podrá hacerse uso por orden de autoridad competente.

Con fines investigativos, los jueces y los funcionarios de policía y de seguridad tendrán acceso a los archivos de la registraduría.

Cualquier persona podrá inspeccionar en todo tiempo los censos electorales, pero en ningún caso se podrá expedir copia de los mismos.

A su turno, el artículo 115 del Estatuto de Registro del Estado Civil —Ley 1260 de 1970—, precisa que:

Las copias y los certificados de las actas, partidas y folios del registro de nacimiento se reducirán a la expresión del nombre, el sexo y el lugar y la fecha del nacimiento.

Las copias y certificados que consignen el nombre de los progenitores y la calidad de la filiación, solamente podrán expedirse en los casos en que sea necesario demostrar el parentesco y con esa sola finalidad, previa indicación del propósito y bajo recibo, con identificación del interesado.

La expedición y la detentación injustificada de copias o certificados de folios de registro de nacimiento con expresión de los datos específicos mencionados en el artículo 52, y la divulgación de su contenido sin motivo legítimo, se considerarán atentados contra el derecho a la intimidad y serán sancionados como contravenciones en los términos de los artículos 53 a 56 del Decreto-Ley 1118 de 1970.

No obstante, la contemplación que la demandada hizo de los anteriores referentes legales y del reconocimiento de que la información dilucidada, respecto al cambio de datos biográficos de la accionante, ostentan la connotación de reservados, para la Sala sí deviene en un imperativo que responde con mayor amplitud a la garantía consagrada en el artículo 15 Superior que la Registraduría Nacional del Estado Civil, al momento de dar a conocer la información relacionada —salvo las excepciones legales— con el cupo numérico que inicialmente fuera asignado a la señora G.O., previo a la decisión judicial emitida por el Juez de Familia, omita suministrar el nombre masculino que la identificada, pues, en situaciones como la presente, conforme lo ha reconocido la Corte Constitucional, es menester no escatimar en la adopción de decisiones que efectivicen en mayor escala el ejercicio de las prerrogativas fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana, dadas las vicisitudes que su nova condición debe afrontar como persona integrante del tejido social. Así lo condensó la aludida corporación en una decisión de similar connotación fáctica y jurídica al presente:

Lo anterior tiene como fundamento el hecho de que el simple cambio de los documentos de identidad y la adecuación del nombre no permiten vivir a las personas trans de acuerdo con la identidad que les es propia, en tanto sufren continuas humillaciones en el trato que reciben como consecuencia de haberse sometido a una intervención de reasignación de sexo, sin poder obtener todos los derechos del género adoptado.

De este modo, se encuentra que no es suficiente para garantizar un estado de bienestar general que la adecuación de sexo se limite a la anotación marginal en el registro civil, puesto que Loreta, en algunas actividades, se verá obligada a mostrar un documento que contiene sus datos anteriores, revelando su condición de persona trans. Como consecuencia de ello, persistirían circunstancias tortuosas en su diario vivir, que terminarían por afectar su estado emocional o mental y que implicarían una indebida injerencia en su intimidad y vida privada, que, a su vez, propiciaría eventuales actos discriminatorios en aspectos laborales o sociales.

Ahora bien, es cierto que la reasignación sexual genera diversos efectos en el ámbito de la persona como ser social y en sus relaciones con los demás. De esta forma, es lógico que se presenten consecuencias frente a terceros y respecto del orden público. Sin embargo, la protección de estos no puede implicar el sacrificio o el riesgo de lesión de los derechos fundamentales de la actora que después de someterse a la intervención de reasignación, tendrá que vivir con la zozobra de que su sexo inicial sea descubierto.

La Sala advierte que solo existirá plena correspondencia entre su documentación y su aspecto si se ordena la expedición de un nuevo registro, así como con la protección de esa información respecto de terceros, quedando reservada la información anterior que constará en anotación en el acta original. Se aclara que lo anterior no conlleva que su historia pasada se borre o desaparezca, por lo que todos aquellos actos que ella realizó con su identidad anterior, seguirán produciendo efectos jurídicos(3) (subrayado fuera de texto).

Por ende, atendiendo la protección extrema de la información que consolida la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, respecto al trámite surtido para asignar un nuevo cupo numérico a la actora, conforme al reconocimiento hecho por la Corte Constitucional en el caso que viene de reseñarse, conlleva a darle la razón a la aquí demandante, pues al visualizarse su anterior nombre, relacionado con el aquel registro cancelado, permitiera que terceros con acceso a esa información potencialmente establecieran inferencias respecto de su pasada condición y el motivo que condujo a eliminar el número de cédula que le fuera asignado en aquel momento de su vida, lo cual, se reitera, ante eventuales actos de discriminación y de degradación, se desconocería la salvaguarda que amerita su actual condición sexual.

Así las cosas, la Sala revocará el fallo dictado por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, que negó el amparo constitucional, para, en su lugar, tutelar el derecho fundamental de intimidad a la ciudadana J.A.G.O. En consecuencia, se ordenará a la Registraduría Nacional del Estado Civil que deberá adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la reserva del cambió del cupo numérico efectuado a la actora, específicamente, impidiendo que al momento de generar el “certificado de Estado de cédula de ciudadanía”, se consigne el nombre masculino, o cualquier otro, correspondiente a la cancelada cédula de ciudadanía XXXXXXX, precisando que esa información solo podrá ser consultada por la actora, por orden judicial que disponga su publicidad en un caso concreto, o por parte de las autoridades públicas que lo requieran para el ejercicio de sus funciones.

5. Para finalizar, en relación con la súbita pretensión de la accionante, manifestada en la impugnación, referida a la indemnización que debería percibir por la información que se publicó en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, relativa al cambio de sexo al que fue sometida, resulta acertado precisarle a la actora que, en consonancia con la férrea postura desplegada por esta Sala de Decisión de Tutelas, los hechos novedosos introducidos en este trámite, a través del recurso vertical, no están llamados a ser contemplados por el juez de segundo grado, ello por la potísima razón de que se lesionaría el derecho de contradicción que le asiste a la demandada al no haber tenido la oportunidad de hacer replica frente a los mismos, siendo, por ende, contrario a los postulados que enmarcan el plexo de garantías inmersas en el artículo 29 Superior.

En todo caso, nada obsta para indicarle a la demandante que tiene a su alcance las acciones previstas en la jurisdicción ordinaria para hacer valer el derecho indemnizatorio que cree asistirle.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR el fallo dictado por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales dictado el 27 de enero de 2015, atendiendo las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

2. TUTELAR el derecho fundamental de intimidad a la ciudadana J.A.G.O. En consecuencia, se ordenará a la Registraduría Nacional del Estado Civil que deberá adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la reserva del cambió del cupo numérico efectuado a la actora, específicamente, impidiendo que al momento de generar el “certificado de Estado de cédula de ciudadanía”, se consigne el nombre masculino, o cualquier otro, correspondiente a la cancelada cédula de ciudadanía XXXXXX. Se precisa que esa información solo podrá ser consultada por la actora, por orden judicial que disponga su publicidad en un caso concreto, o por parte de las autoridades públicas que lo requieran para el ejercicio de sus funciones.

3. ORDENAR a la Secretaría de esta corporación, así como al juez de instancia que conoció del proceso, para que tomen las medidas adecuadas con el fin de que guarden estricta reserva y confidencialidad en relación con el mismo, y en especial, respecto a la identidad de la accionante.

4. Ejecutoriada esta decisión, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

5. Notifíquese de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Gustavo Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, secretaria.

(1) Corte Constitucional. Sentencia T-594 de 1993.

(2) Artículo 5º de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”.

(3) T-918 de 2012.