Sentencia STP3081-2016/84761 de marzo 10 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Nº 1

STP3081-2016

Radicado N° 84761

Magistrado Ponente

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

Aprobado acta Nº 74.

Bogotá, D. C., diez de marzo de dos mil dieciséis.

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Vistos

Decide la Sala, en primera instancia, la acción de tutela promovida por el señor D... E... U... C... en garantía de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué y el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esa misma ciudad, a cuyo trámite se dispuso la vinculación de los intervinientes en el proceso penal que, seguido en contra del actor, es de competencia de dichas autoridades judiciales.

Antecedentes y fundamentos de la acción

Dan cuenta las foliaturas que la Fiscalía Octava Seccional de Ibagué adelantó una investigación en contra del actor por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones en concurso heterogéneo con el punible de uso de documento falso.

Luego de evacuarse la formulación de imputación, e incluso, presentarse escrito de acusación por el mentado comportamiento delictivo, las partes suscribieron un preacuerdo, consistente en que a cambio de la aceptación de los cargos, el ente acusador degradaba el grado de participación de autor a cómplice, pactando como pena final 60 meses de prisión.

El preacuerdo fue puesto a consideración del Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa ciudad, quien improbó el mismo, toda vez que al mediar la imputación y escrito de acusación en donde se le atribuye al enjuiciado la responsabilidad de los hechos a título de autor, esa forma de participación no puede variar, además, teniendo en cuenta la captura se produjo en situación de flagrancia y conforme el artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, que modificó el 301 de la Ley 906 de 2004, la rebaja de la pena no puede exceder los límites indicados en esa norma, lo cual no ocurre en dicho preacuerdo.

La anterior decisión fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, a través de providencia adiada a 26 de enero de 2016, tras resolver el recurso de apelación presentado por la defensa.

Estima el accionante, básicamente, que con la determinación censurada se vulneran los derechos fundamentales invocados, pues es claro que al Juez le está vedado este tipo de disposiciones.

Pretensiones de la acción

Solicita el accionante que se tutelen los derechos conculcados y, en consecuencia, se ordene dejar sin efectos la negativa de aprobar el preacuerdo reseñado.

Informe de los funcionarios accionados y vinculados al trámite procesal

En el traslado dado se recibió informe del Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Ibagué, quien, a más de dar cuenta de la notificación realizada sobre este asunto a los intervinientes dentro del proceso penal confutado, indicó que la presente acción de tutela resulta improcedente, toda vez que busca controvertir una providencia judicial, con lo cual se reemplazarían las instancias ordinarias.

También la Fiscalía General de la Nación, a través de su Delegada Octava ante los Juzgados Penales del Circuito, adscrita a la Unidad de Delitos contra la Libertad Individual y Otras Garantías, luego de hacer recuento procesal, enfatizó que celebró preacuerdo con el imputado U… C…, el que, afirma, se encontraba “dentro de los parámetros que el Legislador y la Jurisprudencia hasta el momento de suscripción del mismo, habían establecido, sin que la negociación contemplara modificaciones de los hechos o sus consecuencias y con ello afectarse la tipicidad”, ya que lo único que se hizo fue «degradar la forma de participación del procesado, que conllevara a una rebaja de la pena», razón por la cual el ente investigador en ningún momento vulneró derecho fundamental, tanto así que coadyuvó los argumentos de la defensa en la apelación, no habiéndole quedado alternativa diferente que acoger lo dispuesto por el Tribunal Superior de Ibagué.

Es por lo anterior que se muestra de acuerdo con los planteamientos del actor, motivo por el cual solicita su prosperidad, “con el fin de que tanto la Fiscalía como éste puedan preacordar como lo hicieren en primer lugar”, máxime si en cuenta se tiene la decisión adoptada por la Sala de Casación Penal el 24 de febrero último (SP2168-2016).

Por su parte, el Magistrado de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, que fungió como ponente en la providencia objeto de ataque mediante el presente mecanismo constitucional, adujo que con tal determinación no se produjo conculcación de derecho fundamental alguno, ya que “se hizo un riguroso análisis jurisprudencial que conllevó a concluir que en materia de preacuerdos no puede dejarse de lado tanto la circunstancia de la captura en flagrancia del accionante, como las consecuencias punitivas previstas en el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1453 de 2011”, motivo por el que depreca de esta corporación denegación de la tutela.

Consideraciones

De conformidad con lo establecido en el artículo 1º, numeral 2º, del Decreto 1382, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la presente demanda de tutela promovida por D... E... U... C..., en tanto ella está dirigida, entre otras autoridades, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, de la cual esta Corporación es superior funcional.

La Sala concederá la solicitud de amparo por las siguientes razones:

1. Postura dominante de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia frente al control judicial del allanamiento, el preacuerdo y la acusación.

Para dilucidar el tema propuesto en la solicitud de amparo, oportuno resulta traer a colación la línea jurisprudencial que ha marcado la tendencia de la Sala de Casación Penal frente al tema.

En sentencia CSJ del 6 de febrero de 2013, rad. 39892, se precisó:

1. La jurisprudencia ha trazado una línea de pensamiento, conforme con la cual la acusación (que incluye los allanamientos y preacuerdos que se asimilan a ella) estructura un acto de parte que compete, de manera exclusiva y excluyente, a la Fiscalía, desde donde deriva que la misma no puede ser objeto de cuestionamiento por el juez, las partes ni los intervinientes, con la salvedad de que los dos últimos pueden formular observaciones en los términos del artículo 339 procesal. (Se destaca).

Lo anterior, porque la sanción para una acusación mal planteada y sustentada, como sucede con cualquier acto de parte, está dada porque al finalizar el juicio la misma no habrá de prosperar.

En esas condiciones, la adecuación típica que la Fiscalía haga de los hechos investigados es de su fuero y, por regla general, no puede ser censurada ni por el juez ni por las partes. (Se destaca).

2. Lo anterior igual se aplica en temas como la admisión de cargos y los preacuerdos logrados entre la Fiscalía y el acusado, que, como lo ha dicho la jurisprudencia, son vinculantes para las partes y el juez, a quien se le impone la carga de proferir sentencia conforme lo acordado o admitido, siempre y cuando no surja manifiesta la lesión a garantías fundamentales (auto del 16 de mayo de 2007, radicado 27.218).

La Corte igual ha decantado que el nomen iuris de la imputación compete a la Fiscalía, respecto del cual no existe control alguno, salvo la posibilidad de formular las observaciones aludidas, de tal forma que de ninguna manera se puede discutir la validez o el alcance de la acusación en lo sustancial o sus aspectos de fondo. La tipificación de la conducta es una atribución de la Fiscalía que no tiene control judicial, ni oficioso ni rogado.

Por lo tanto, so pretexto de no compartir la adecuación de los hechos con el nomen iuris que provisionalmente presenta la Fiscalía en la acusación para efectos de definir competencia y marcar los derroteros procesales del juicio, no puede la defensa, ni nadie, discutir en la audiencia de formulación de acusación que esos hechos corresponden a otra adecuación típica, y anticipar de manera improcedente el debate en torno de la tipicidad, propio del juicio, a un momento en que no se cuenta con los elementos de convicción necesarios para decidir.

La acusación es un acto de parte, de la Fiscalía, y por tanto el escoger qué delito se ha configurado con los hechos jurídicamente relevantes consignados en el escrito de acusación supone precisar el escenario normativo en que habrá de desarrollarse el juicio, el cual se promueve por excitación exclusiva de la Fiscalía General de la Nación a través de la radicación del escrito de acusación (razón por la que el único autorizado para tipificar la conducta punible es la Fiscalía, de acuerdo con lo planteado por el artículo 443); acto que como se dijo no tiene control judicial, y en cambio sí sustenta todo el andamiaje de la dinámica y la lógica argumentativa y probatoria que se debatirá en el juicio.

Razonar de otra manera sería permitir o autorizar la discusión propia del juicio, en momentos procesales inoportunos, supondría patrocinar la anticipación de la discusión de la tipicidad, lo cual nos colocaría en la senda de la disputa del ejercicio de la acción penal por parte del juez a la Fiscalía: como cuando la Fiscalía presenta acusación por peculado, que siendo de la competencia del juez penal del circuito, la defensa pudiera discutir en la audiencia de formulación de acusación que se trata en cambio de un abuso de confianza, propio del marco competencial del juez penal municipal, y por supuesto con unas exigencias normativas diferentes y una punibilidad también distinta; o unas lesiones personales en lugar de la tentativa de homicidio por la cual se ha acusado; todo lo cual será materia de análisis, discusión y prueba en la vista pública, y allí, con fundamento en la posición procesal exitosa, se producirá como consecuencia, la absolución o la condena.

Permitir que el juez intervenga en la definición del nomen iuris de la acusación, sería autorizar que el juez no solo interfiera en el ejercicio de la acción penal que como sujeto soberano ostenta la Fiscalía General de la Nación, lo cual desdibujaría en manera grave la imparcialidad del juez; sino que además equivaldría a señalar que el juez dirige la actividad de la Fiscalía porque le marca el derrotero que debe seguir en el juicio; lo cual daría al traste con la principal característica del principio acusatorio propio de la reforma que nuestro país ha querido implementar, como es la diferenciación de funciones entre la Fiscalía (función requirente), y el juez (función jurisdiccional), en el proceso penal.

Es así que cuando el Congreso en función constituyente analizando las características del sistema que era necesario diseñar para nuestro país, reflexionó en el siguiente sentido:

La forma acusatoria del procedimiento exige de la ley una división tajante de las tareas que al Estado le corresponden en el procedimiento judicial, por vía de la adopción de un sistema de persecución penal pública: Al Ministerio Público -Fiscalía- debe serle encomendada toda la tarea relativa a la persecución penal estatal (función requirente) y a los jueces les corresponde la decisión de los casos llevados ante ellos por el acusador (función jurisdiccional). La responsabilidad de ambos organismos también varía: el primero no responderá por el control de los jueces según el origen de su nacimiento, sino antes bien, por la eficiencia y efectividad de la aplicación de la ley penal (persecución penal); los jueces, en cambio, no serán responsables, como hasta ahora, como inquisidores, comprometidos a hallar la verdad para aplicar la ley, sino, tan solamente, por su función de custodiar el respecto debido a los derechos y garantías individuales y por la aplicación de la ley al caso sometido a su decisión. En esta diferenciación tajante entre acusador y juez, que provoca, en los delitos de persecución pública, una diferenciación formal, pero nítida entre las dos tareas que, en el procedimiento penal, le corresponden al Estado, requerir y decidir, confiándolas a órganos diferentes, consiste buena parte de aquello que se concibe como principio acusatorio en el derecho procesal penal y como imparcialidad de los jueces en el Derecho de la organización judicial” (auto del 15 de julio de 2008, radicado 29.994).

Es claro, entonces, que el juez no tiene competencia para cuestionar la imputación efectuada por el fiscal, como que ese acto es propio del titular de la acción penal. Por tanto, allegado el escrito de acusación o el acta de allanamiento que, aceptada, equivale al mismo, el juez de conocimiento tiene limitada su participación, como que, tratándose de un acto voluntario y libre de aceptación de la imputación, debe aceptarlo y convocar a la audiencia para individualizar la pena, según se lo impone el inciso final del artículo 293 procesal (auto del 6 de mayo de 2009, radicado 31.538) […]. (Se destaca).

[… ] Se impone precisar que la intervención de que trata el artículo 339 de la Ley 906 del 2004 para hacer observaciones a la acusación y pedir a la Fiscalía que aclare, corrija o adicione el escrito acusatorio, está dada para partes e intervinientes, no para el juez, pues en un sistema de contrarios, donde las partes pretenden que ese juzgador construya la verdad a partir de sus argumentos y pruebas, precisamente el funcionario debe estarse a esos planteamientos y desde ellos formar su juicio, luego no puede inmiscuirse en ese debate, según se dijo en sentencia del 18 de abril de 2012 (radicado 38.020).

Así, presentada la acusación, al juez de conocimiento solamente se le permite realizar sobre ella un examen formal, sin que le sea permitido verificar aspectos de fondo (auto del 27 de junio de 2012, radicado 39.296), que de necesidad incluyen el proceso de adecuación típica.

Luego, en decisión CSJ del 19 de junio de 2013, rad 37951, esta misma judicatura señaló:

De suerte que, una vez definida la formulación de los hechos jurídicamente relevantes por parte de la Fiscalía y particularmente cuando han sido aceptados por el imputado, no tiene cabida en el modelo acusatorio que el juez se ocupe de aquello que no le compete. Por tanto, cuando invalida la imputación para que en su lugar sea complementada como en su opinión corresponde, está, nada menos, que controlando materialmente la acusación.

Posteriormente, en pronunciamiento CSJ del 14 de agosto de 2013, rad. 41375, esta corporación se refirió al papel que debe cumplir el juez frente a la acusación presentada por el fiscal del caso:

A los jueces de conocimiento, tender por el ejercicio imparcial de su función, abstenerse de complementar la labor de las partes y fijar las consecuencias sustanciales respectivas solo en el momento de adoptar la decisión que ponga fin a la actuación, ya que este es el momento procesal, -no antes- en el que ha de estar sometida a control la acusación de la Fiscalía, ya sea acogiéndola, desechándola o, según lo ha precisado la jurisprudencia, morigerándola sin desbordar el marco fáctico de los hechos investigados.

La anterior reseña jurisprudencial fue ratificada en sede de tutela en los fallos 69478 del 24 de septiembre y 70392 del 13 de noviembre, ambos del 2013, concediendo la protección del derecho fundamental al debido proceso, al constatarse la injerencia indebida del juez en las funciones propias del fiscal.

2. El caso en concreto.

La Fiscalía Octava Seccional de Ibagué decidió en virtud del preacuerdo celebrado con la defensa y como única rebaja compensatoria, degradar el grado de participación de autor a cómplice del comportamiento delictivo enrostrado, pactando como pena final 60 meses de prisión.

No obstante, para el Juez de primera instancia y el colegiado no resulta ajustado al principio de legalidad que en ese acuerdo se haya contemplado a favor del procesado dicha degradación, pues, a su juicio, el hecho de haber imputado y presentado escrito de acusación a título de autor, sumado a la situación de flagrancia en que se produjo la captura, no podía reconocerse una pena final que desconociera el artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, que modificó el 301 de la Ley 906 de 2004.

Así las cosas, y con fundamento en la jurisprudencia expuesta en el primer acápite, la Sala considera que frente al primer argumento, esto es, que por mediar una imputación y un escrito de acusación con una acusación a título de autor no era dable esa degradación del grado de participación, tal postura representa una ostensible vía de hecho en la actuación, afectante de la garantía fundamental del debido proceso, por desconocimiento de los límites de competencia que le correspondía respetar al Juzgado de conocimiento y al Tribunal Superior de Ibagué frente a la acusación.

Por tanto, resulta desatinado que se infiera que el sustento fáctico se desconoció por la degradación del grado de participación de autor a cómplice, e imponga conclusiones que el ente acusador, dueño de la investigación, no acepta; al mismo tiempo, incurre en el error de desconocer que la realidad de los hechos y de las proposiciones probatorias que de éstos emergen pueden variar, y es la Fiscalía la que determina su verdadero alcance, a partir del programa metodológico de investigación aplicado.

Ahora bien, esta corporación ha precisado que lo anterior no significa que el juez sea un “convidado de piedra” cuando se evidencie que la acusación no cumple con los presupuestos mínimos de entendimiento, pues ante tal situación podrá solicitar su aclaración, pero nunca interferir en la calificación jurídica que del acontecer fáctico haga la Fiscalía:

Si en el proceso de formación del conocimiento, fácticamente deviene en un despropósito por confusa, contradictoria, manifiestamente improcedente, que implique en la práctica, en términos de racionalidad y razonabilidad, que no existe, es decir, que enerva cualquier probabilidad de agotar un juicio por tratarse de un absurdo, en eventos enmarcados en lo insólito e inaudito, puede excepcionalmente el juez requerir su aclaración formal a unos lineamientos que habiliten su comprensión. Pero esto, se resalta, solo ante un escenario que conjure la finalidad del juicio por la presencia de aspectos objetivos que conlleven a que sea inútil su realización. En otras palabras, si es diáfano que la acusación es su punto de partida, demarcando el ámbito en el que se ha de desarrollar, de ser esta ininteligible e improcedente, ningún sentido tendría debatir circunstancias que no cuentan con la capacidad de ser asimiladas por los convocados a su discusión(1). También la dinámica del sistema colapsaría, si se somete la administración de justicia a un desgaste por controversias inanes debido a su ostensible inviabilidad.

Esta perspectiva, desde luego, no aplica para inmiscuirse en la calificación jurídica de los hechos efectuada por la Fiscalía, titular de la acción penal, pues, ya se anotó, el modelo procesal adoptado por la Ley 906 de 2004, no prevé control judicial a la acusación y la lógica del sistema funciona en el antagonismo ante un tercero imparcial.(2)

Adicionalmente, confrontando la postura de la Sala de Casación Penal de esta Corporación con los argumentos que tuvo la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué para confirmar la anulación del preacuerdo, no cabe duda que la Fiscalía fue despojada de sus funciones, al indicársele cómo debía realizar la imputación.

Bajo este panorama, fácilmente se concluye que el Tribunal incurrió en un defecto procedimental que se erige en una violación al debido proceso, por dar un cauce que no corresponde al asunto sometido a su competencia(3).

Ahora bien, frente al segundo argumento para nulitar el preacuerdo reseñado, esto es que, por haberse producido la captura del procesado en situación de flagrancia, no podía reconocerse una pena final que desconociera el artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, que modificó el 301 de la Ley 906 de 2004, esta Sala debe manifestar lo siguiente:

Si bien esta corporación, en eventos similares(4) a este último aspecto que se revisa, ha considerado que en casos de restricción de la libertad por flagrancia, la pena no puede ser superior a la contemplada en la norma antes indicada y, por lo tanto, resultan razonables las determinaciones que contienen una negativa de aprobar preacuerdos por no advertir esa circunstancia, lo cierto es que esa postura ha sido modificada y la ha precisado en sede de casación, en los siguientes términos:

Dentro de las modalidades de preacuerdo, contempladas en el Libro III, Título II, Capítulo Único del Código de Procedimiento Penal de 2004, una es la que modula el delito imputado o por el cual se acusa, y otra la que ofrece al incriminado una rebaja de pena por aceptación de responsabilidad en la conducta endilgada. Por consiguiente, si el pacto se hace sobre la base de la aceptación de los cargos formulados en la imputación y la negociación se concreta en la cantidad de pena a imponer, habrá de examinarse el momento en el que ese convenio tuvo lugar para efectos de hacer la rebaja de pena, ya sea conforme a los parámetros del primer inciso del artículo 351 o del 352 ibídem. En estos eventos, si la captura fue en flagrancia, es claro que la rebaja deberá observar los límites allí previstos, de cara a lo demarcado en el parágrafo del precepto 301 de la Ley 906 de 2004, con la modificación del 57 de la Ley 1453 de 2011.

Así se desprende con nitidez de la sentencia adoptada en sede de control abstracto por la Corte Constitucional CC C-645/12, en la que se declaró exequible el parágrafo del artículo 57 de la Ley indicada «en el entendido de que la disminución en una cuarta parte del beneficio punitivo allí consagrado, debe extenderse a todas las oportunidades procesales en las que es posible al sorprendido en flagrancia allanarse a cargos y suscribir acuerdos con la Fiscalía General de la Nación, respetando los parámetros inicialmente establecidos por el legislador en cada uno de esos eventos.

En las conclusiones de esa decisión, se consignó:

La Corte Constitucional entonces declarará exequible el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, mediante el cual fue modificado el artículo 301 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que la disminución del beneficio punitivo en una cuarta (1/4) parte allí consagrado, debe extenderse a todas las oportunidades procesales en las que es posible allanarse a cargos y suscribir acuerdos con la Fiscalía General de la Nación, respetando los parámetros inicialmente establecidos por el legislador en cada uno de esos eventos donde se permite la discrecionalidad por parte de los operadores judiciales.

Al respecto, es imperativo resaltar que la aplicación en sentido amplio de la norma demandada, respete los parámetros originalmente establecidos en la Ley 906 de 2004, cuando la terminación anticipada del proceso ocurra en una etapa distinta a la formulación de la imputación, y reconozca el margen que le es propio tanto a la Fiscalía para poder negociar, como al juez para fijar discrecional pero razonadamente la pena acorde con la efectividad que para la investigación y la economía procesal brinde el imputado o acusado.

Cosa distinta ocurre si se hace una negociación sobre los hechos o sus consecuencias, de modo que haya una degradación en la tipicidad, como sería, por ejemplo, eliminar alguna causal de agravación, incluir un dispositivo amplificador o degradar su forma de participación, toda vez que la consecuencia es imponer la pena que corresponda y tenerla como soporte para estudiar los subrogados y sustitutos. Ninguna remisión ha de hacerse a los montos de que hablan los cánones 351 y 352 del estatuto procesal de 2004.

Entonces, hay que tener en cuenta que todo dependerá de lo que las partes acuerden, pues –se insiste- una cosa es que convengan disminución en la cantidad de pena imponible, caso en el cual queda indemne el grado de participación imputado y no se podrá pactar una disminución distinta a la del parágrafo del artículo 301, en concordancia con los preceptos 351 y 352 del Código de Procedimiento Penal. Y, otra desemejante es si, como acaeció en esta oportunidad, se hizo un negocio en punto de la tipicidad, degradando el título de la participación, en cuanto la pena será la prevista para el cómplice, con todas sus consecuencias, y ninguna injerencia tiene el límite de rebaja por razón de la captura en flagrancia. (CSJ SP2168-2016, 24 feb.2016, rad 45736.)

Así las cosas, es evidente cómo esta corporación ha precisado este aspecto y, en tal virtud, concluido que si la negociación de un preacuerdo gravita sobre la degradación de la forma de participación y, con ello, la obtención de una pena más favorable, esta última deberá corresponder a aquella dispuesta para ese específico grado de participación convenido, sin remisión alguna al tipo de captura y, en especial, a la limitante del artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, que modificó el 301 de la Ley 906 de 2004, la cual sólo se atenderá cuando el acuerdo sea sobre la cantidad de la pena.

De modo que, a fin de mantener una misma línea de pensamiento en todas las decisiones de esta Sala, tanto en materia de tutela como en asuntos relacionados con el recurso extraordinario de casación, queda claro que es esta la nueva postura de la corporación frente a este aspecto.

Corolario de lo antedicho, son estas las razones por las cuales la Sala amparará el derecho fundamental al debido proceso en cabeza del accionante y, en consecuencia, dejará sin efectos el auto del 17 de septiembre de 2015, proferido por el Juzgado 4º Penal del Circuito de Ibagué con Funciones de Conocimiento, que fue confirmado por la Sala Penal del Tribunal Superior de esa misma ciudad.

Bajo este entendido, se ordenará al Juzgado accionado que, en el término de 15 días hábiles siguientes a la notificación de la presente decisión, profiera una nueva determinación sobre la aprobación del preacuerdo reseñado, atendiendo los parámetros aquí establecidos.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Decisión de Tutelas N° 1, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso invocado por el accionante.

2. DEJAR sin efectos el auto del 17 de septiembre de 2015, proferido por el Juzgado 4º Penal del Circuito de Ibagué con Funciones de Conocimiento, que fue confirmado por la Sala Penal del Tribunal Superior de esa misma ciudad, mediante el cual improbó el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía Octava Seccional de esa urbe y D… E… U… C...

3. ORDENAR que, en el término de 15 días hábiles siguientes a la notificación de la presente decisión, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Ibagué profiera una nueva determinación sobre la aprobación del preacuerdo reseñado, atendiendo los parámetros establecidos en esta providencia.

4. Notificar esta decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

5. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Gustavo Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 En ese sentido puede confrontarse en lo pertinente, Rad. 34022, sentencia de 8 de junio de 2011, Rad. 40739, auto de 6 de marzo de 2013.

2 Radicado 41375 del 14 de agosto de 2013.

3 T-996 de 2003 y T-579 de 2006.

4 STP17226-2014, STP3646-2015 STP10043-2015, radicados 76549,78742 y 80476.