Sentencia STP3870-2016/84759 de marzo 31 en 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS 2

Rad.: 84.759

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

Acta 95

Bogotá D.C., marzo treinta y uno de dos mil dieciséis.

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Corte

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 1º, numeral 2º del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta, en razón a que, en relación con la Sala Única de Decisión Penal del Tribunal Superior de Quibdó, esta es su superior funcional.

2. El artículo 86 de la Constitución Política consagró la acción de tutela como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protección de los derechos constitucionales fundamentales ante el menoscabo o la amenaza derivados de acción u omisión atribuible a las autoridades públicas o a los particulares en las situaciones específicamente precisadas en la ley.

3. El derecho a la seguridad social contemplado en el artículo 48 de la Constitución Política adquiere carácter de derecho fundamental cuando las circunstancias del caso conducen a que su desconocimiento ponga en peligro derechos y principios fundamentales, como el de la vida, la dignidad o la integridad del individuo (C.C. Sentencia T-829/2005), motivo por el cual todas las personas sin excepción pueden acudir a la acción de tutela para lograr la efectiva protección de su garantía fundamental a la salud.

4. Así mismo, el derecho a la salud protege a la vez, múltiples ámbitos de la vida humana, por lo que ha sido considerado un derecho de naturaleza compleja tanto por su concepción, como por la diversidad de obligaciones que de él se derivan y por la magnitud y variedad de acciones y omisiones que su cumplimiento demanda del Estado y de la sociedad en general, complejidad que implica a efectos de garantizar el goce efectivo del mismo que esté supeditado a los recursos materiales e institucionales disponibles.

5. Ahora bien, como derecho constitucional la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha tenido dos momentos. El primero, en el que consideró que mediante el ejercicio de la acción de tutela era posible garantizar el goce efectivo de los llamados derechos de libertad, aunque era viable proteger derechos de contenido prestacional como la salud siempre y cuando tuviera una relación íntima e inescindible con derechos como la vida, integridad personal o mínimo vital o se concretara en un derecho de naturaleza subjetiva cuando eran desconocidos servicios incluidos en los diferentes planes de atención en salud (C.C. Sentencia T053/2009).

En el segundo, estimó que la salud es un derecho fundamental autónomo cuando se concreta en una garantía subjetiva o individual derivada de la dignidad humana, entendida esta última como uno de los elementos que le da sentido al uso de la expresión “derechos fundamentales”, alcance efectuado adicionalmente en armonía con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que hacen parte del ordenamiento jurídico colombiano.

Esta interpretación efectuada por la corporación constitucional, permitió dejar de lado el criterio de la conexidad por considerarlo artificioso e innecesario para garantizar la efectividad de los derechos constitucionales, pues todos los derechos, unos más que otros, tienen innegablemente un contenido prestacional, por lo que “la jurisprudencia constitucional ha dejado de decir que tutela el derecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida y la integridad personal, para pasar a proteger el derecho fundamental autónomo a la salud” (C.C. Sentencia T-650/2009).

6. En el presente asunto la Sala revocará la sentencia impugnada, como quiera que se constata que, por un lado, la parte actora demostró la vulneración de su derecho fundamental a la salud, y de otra parte, contrario a lo expuesto por el juez de tutela de primera instancia, el mecanismo de defensa judicial alternativo con el que cuenta la demandante ante la jurisdicción contenciosa administrativa, en el caso concreto, resulta ineficaz para la protección efectiva de sus prerrogativas.

7. En efecto, en lo que respecta al primer aspecto, con base en la información que reposa en la presente actuación, acreditado está i) que G.Y.C.M., labora en la oficina de disciplina del departamento de policía Chocó como sustanciadora de procesos disciplinarios y penales desde más de 9 años(1); ii) que la prenombrada padece “glaucoma primario”(2), así como “miopía y pterigio nasal”(3), patologías para cuyo tratamiento debe aplicarse de manera constante “dipirona + isometepteno (clorhidrato) + cafeína anhidra (300+50+30) MG/ML soluc oral”; iii) que la terapeuta ocupacional de la dirección de sanidad del departamento de policía Chocó, tras realizar un análisis del puesto de trabajo de la patrullera C.M., conceptuó que esta “es productiva para la institución, sin embargo no es funcional para el cargo que desempeña teniendo en cuenta que las demandas físicas y psicosociales son un riesgo que exacerban su patología”, razón por la cual recomendó la reubicación laboral de la uniformada a una dependencia en la que “no realice actividades de digitación ni escritura por tiempos prolongados y/o disminuir la carga física y psicosocial de la uniformada reduciendo tareas como la digitación y lectura”(4).

De igual manera la accionante demostró iv) que en junta médico laboral realizada el 12 de agosto de 2015(5) se concluyó la existencia de las patologías previamente citadas, así como que de acuerdo al artículo 52 literal c) del Decreto 94 de 1989, actualmente “no es apta” para desempeñar el servicio que viene prestando, razón por la cual se sugirió su reubicación laboral en actividades de tipo administrativo; finalmente, v) demostró que fue convocada a tribunal médico laboral de revisión militar y de policía, desde el 23 de noviembre de 2015(6), sin que hasta la fecha de presentación de la demanda de tutela, ni en el decurso del trámite de la misma, se haya emitido, por parte de dicho organismo, una resolución de fondo y definitiva de su situación laboral.

8. En ese contexto probatorio, advierte la Sala que la petición elevada por la actora G.Y.C.M., relativa a que le sea concedida “una licencia no remunerada por noventa (90) días”, como medio preventivo para salvaguardar su integridad física y garantizar que su estado de salud visual no empeore, hasta que el tribunal médico laboral de revisión militar y de policía resuelva en segunda instancia y de manera definitiva sobre su reubicación laboral, contrario a lo resuelto por las autoridades de policía, sí constituye una justa causa para acceder al mencionado beneficio.

Al respecto, conviene destacar que en relación con la licencia no remunerada o sin derecho a sueldo, de los miembros de la fuerza pública, el artículo 45 del Decreto 1791 de 2000 “Por el cual se modifican las normas de carrera del personal de oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales y agentes de la Policía Nacional”, establece:

“ART. 45.—Licencia sin derecho a sueldo. El Ministro de Defensa Nacional o el Director General de la Policía Nacional cuando en él se delegue, podrá conceder licencias, con justa causa y sin derecho a sueldo, hasta por noventa (90) días en el año, al personal que así lo solicite.

Esta licencia podrá prorrogarse hasta por treinta (30) días más y en este caso, el tiempo de la prórroga no se computará para efectos de la actividad policial ni para el reconocimiento de prestaciones sociales”.

Ahora, al presente trámite, se trajo copia del Oficio S-2015-362930/JEFAT-APROP-59.1 del 13 de diciembre de 2015, suscrito por el jefe del área de procedimientos de personal de la dirección de talento humano de la Policía Nacional(7) en el que citando el contenido de la norma acabada de transcribir, concluyó que la situación expuesta por la aquí demandante para acceder a la citada licencia no constituye una justa causa; sin embargo, en el mencionado documento, no se consignó motivación alguna que lograra desvirtuar el material probatorio al que se hizo alusión en precedencia, y que indica de manera diáfana que en el presente asunto, la condición actual de salud de G.Y.C.M., obliga a que se aparte de sus funciones cotidianas, mientras se resuelve su situación administrativa de reubicación laboral, y el mecanismo adecuado para ello, lo constituye la concesión de la licencia, máxime cuando para ello, de acuerdo a las pruebas allegadas al expediente, cuenta con el visto bueno de su superior inmediato, esto es, del jefe de la oficina de control disciplinario interno, así como la aprobación del comandante del departamento de policía del Chocó(8).

9. De otra parte, en lo que respecta a la posibilidad de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa para discutir la legalidad de las actuaciones de la administración por medio de las cuales se negó la concesión de la licencia no remunerada y del retiro del servicio de la actora, ha de precisar la Sala que, contrario a lo expuesto por el tribunal a quo, tal mecanismo judicial alternativo no resulta idóneo y eficaz para proteger las prerrogativas invocadas por la señora G.Y., por cuanto, dada la urgencia manifiesta de la prenombrada de suspender sus actividades laborales cotidianas para salvaguardar su salud visual, someterla al inicio de un juicio por la vía contenciosa resulta inoperante.

10. Conviene destacar sobre el particular que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, “en aquellos casos en que se constata la existencia de otro medio de defensa judicial, establecer la idoneidad del mecanismo de protección alternativo supone que, el otro medio de defensa judicial debe ser evaluado en concreto, es decir, teniendo en cuenta su eficacia en las circunstancias específicas que se invoquen en la demanda de tutela” por esa razón, también ha dicho la Corte “el juez de la causa, debe establecer si ese mecanismo permite brindar una solución “clara, definitiva y precisa” a los acontecimientos que se ponen en consideración en el debate constitucional y su aptitud para proteger los derechos invocados” (C.C. S.T-764/2008).

Bajo tal premisa entonces, “el otro medio de defensa judicial existente, debe, en términos cualitativos, ofrecer la misma protección que el juez constitucional podría otorgar a través del mecanismo excepcional de la tutela” (C.C. Sentencia T-384/1998, citada en S.T-206/2004).

11. En ese contexto, como previamente se anunció, el medio de defensa alternativo, al que hizo alusión el tribunal a quo, tomando en consideración las circunstancias concretas del caso, así como los medios de prueba allegados, permiten comprobar que la posibilidad de acudir a la vía contenciosa no es conducente para la defensa de los derechos que se alegan lesionados.

12. En este orden de ideas, resulta procedente la protección, a través de la acción de tutela, de los derechos invocados por la parte actora, y en consecuencia se ordenará al director de la Policía Nacional de Colombia, o al funcionario que haga sus veces que, en el término improrrogable de cinco (5) días contados a partir de la notificación del presente fallo, conceda la licencia sin derecho a sueldo hasta por noventa (90) días, de que trata el artículo 45 del Decreto 1791 de 2000, a la patrullera G.Y.C.M.

Asimismo, en aras de garantizar las prerrogativas al debido proceso y al trabajo en condiciones dignas y justas, esta Sala exhortará al Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, para que imprima celeridad a la revisión de lo decidido por la Junta Médico Laboral practicada a la patrullera de la Policía Nacional G.Y.C.M., el 12 de agosto de 2015, y resuelva de fondo y de manera definitiva lo relacionado con la reubicación laboral de la prenombrada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Decisión Penal de Tutelas 2, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida el 3 de febrero de 2016, por la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó. En su lugar, CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales invocados por la ciudadana G.Y.C.M., vulnerados por la Policía Nacional de Colombia.

2. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al director de la Policía Nacional de Colombia, o al funcionario que haga sus veces que, en el término improrrogable de cinco (5) días contados a partir de la notificación del presente fallo, conceda la licencia sin derecho a sueldo hasta por noventa (90) días, de que trata el artículo 45 del Decreto 1791 de 2000, a la Patrullera G.Y.C.M., de conformidad con lo señalado en la parte motiva.

3. EXHORTAR al Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, para que imprima celeridad a la revisión de lo decidido por la Junta Médico Laboral practicada a la patrullera de la Policía Nacional G.Y.C.M., el 12 de agosto de 2015.

4. REMITIR las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase».

1 Ver folio 33 del cuaderno original de tutela.

2 Ver folios 9 a 11. Ibídem.

3 Ver folios 18 a 19. Ibídem.

4 Ver folios 12 a 17. Ibídem.

5 Ver folios 20 a 21. Ibídem.

6 Ver folio 22. Ibídem.

7 Ver folio 27. Ibídem.

8 Ver folios 24 a 25. Ibídem.