Sentencia STP4883-2016/85126 de abril 20 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad 85126

Aprobado acta 130

Magistrado Ponente

Dr. José Luis Barceló Camacho

(Legis, considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de los nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

Bogotá, D. C., veinte de abril de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Es competente la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para resolver el presente caso, de conformidad con lo normado por el numeral quinto del Acuerdo 54 del 12 de octubre de 2006.

Igualmente, la Sala tiene competencia para decidir la impugnación, de acuerdo con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, por ser superior funcional del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, Sala Penal.

La procedencia del amparo contra providencias judiciales es excepcional y se encuentra sujeta al cumplimiento de exigentes condiciones de orden general y especial. En virtud de las primeras es necesario: (i) que la problemática tenga relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los recursos o medios ordinarios o extraordinarios de defensa; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez; (iv) que el actor identifique debidamente los hechos que generaron la violación y los derechos afectados; y, (v) que la providencia controvertida no sea una sentencia de tutela.

Aun superados los anteriores condicionamientos, la concesión del amparo se encuentra supeditada a que aparezca probada la ocurrencia de alguna de las causales específicas de procedibilidad, a saber: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente o violación directa de la constitución (CC C-590/05 y CC T-488/14, entre otras).

En el presente evento se cumplen las condiciones genéricas de procedibilidad porque: (i) se encuentran concernidos derechos fundamentales como son el debido proceso y la libertad; (ii) ya se agotaron las instancias al interior del proceso penal en relación con la decisión cuestionada e incluso se acudió al habeas corpus, mecanismo que fue declarado improcedente, lo que excluye la aplicación de la causal 2ª del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991; (iii) el lapso transcurrido entre el pronunciamiento de segunda instancia y la interposición del amparo es razonable; (iv) los hechos generadores de la conculcación alegada han sido debidamente identificados por el actor, así como los derechos fundamentales que considera vulnerados: el debido proceso, como principal, y la libertad, de manera consecuente; y, (v) las decisiones controvertidas no son fallos de tutela.

Especial atención merece en el presente caso la exigencia del agotamiento previo de los recursos ordinarios y extraordinario, pues la consideración final que sirvió de fundamento al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán para denegar la tutela revela un razonamiento inadmisible, cual es que si el interesado no ha utilizado los mecanismos ordinarios de defensa disponibles, el amparo se le niega por improcedente; y si ya los empleó, también se le niega, por la misma razón.

De aceptarse ese planteamiento ya no sería excepcional sino nula la posibilidad de acudir al mecanismo de amparo contra providencias judiciales, situación que no es de recibo a la luz del artículo 86 de la Constitución Política, pues el mismo prevé que toda persona tendrá acción de tutela contra “cualquier autoridad pública”; es decir, no excluye a los jueces. Tal tesis tampoco puede inferirse de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, encargada de la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución.

La razón de ser de exigir que se agoten previamente los recursos ordinarios y extraordinarios que brinda el ordenamiento jurídico estriba en que el juez de tutela no es el único llamado a proteger los derechos fundamentales de las personas, sino que esa es labor de todos los jueces de la República, como claramente lo expresa el artículo 1º de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia:

La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional.

En ese orden de ideas, lo que se busca es que se utilicen, ante el juez natural, los medios ordinarios de defensa previstos por la normatividad, dándole la oportunidad de corregir las falencias en que haya podido incurrir, precaviendo así la posibilidad de que se vacíe de contenido la jurisdicción ordinaria, mediante su sustitución por la constitucional.

Sin embargo, como no es imposible que el funcionario que tiene a su cargo el proceso pueda incurrir en lo que antes se denominaba una vía de hecho, es factible que el interesado pueda obtener el amparo de sus derechos fundamentales si demuestra que en su caso se ha configurado alguno de los defectos o yerros que conforman las denominadas circunstancias específicas de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales y que el mismo no pudo ser corregido mediante el uso de los mecanismos ordinarios de defensa judicial.

Pues bien, de cara a las condiciones específicas de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, el análisis del caso que ocupa la atención de la Sala, dado que el mismo se concreta en el tema de la libertad del procesado por el vencimiento de los términos procesales, debe partir de lo estatuido en instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, que consagran el “derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad”, a saber:

a) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante PIDCP), aprobado mediante la Ley 74 de 1968. Artículo 9.3:

Todapersonadetenidaopresaacausadeunainfracciónpenal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendráderechoaser juzgadadentrodeunplazorazonableoaserpuestaenlibertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución de fallo. (Se subraya).

b) Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH), aprobada mediante la Ley 16 de 1972. Artículo 7.5:

Todapersonadetenidaoretenidadebe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendráderechoaserjuzgadadentrodeun plazorazonableoaserpuestaenlibertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. (Se subraya).

Las disposiciones transcritas integran el bloque de constitucionalidad, por remisión del inciso segundo del artículo 93 de la Constitución Política, según el cual los derechos y deberes consagrados en ella se han de interpretar de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, y también a través de lo dispuesto por el canon 94 ibídem, en el sentido de que la enunciación de derechos y garantías efectuada por la Carta y los convenios internacionales vigentes no comporta la negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.

Sobre el rango normativo del bloque de constitucionalidad la Corte Constitucional, en reciente pronunciamiento (CC C-458/15), precisó lo siguiente:

(…)la noción “bloque de constitucionalidad” busca transmitir la ideadequelaConstituciónnosolamentesecircunscribealoqueseencuentraescritodentrodeella,sinoqueexistenotras disposiciones,contenidasenotrosinstrumentosorecopilaciones, que tambiénsonnormas delamismajerarquía.

(…) la jurisprudencia ha señalado que es posible distinguir dos acepciones del concepto de bloque de constitucionalidad. El primero se refiere al stricto sensu, que es conformado por aquellos principios y normas que han sido integrados a la Constitución por diversas vías y por mandato expreso de la Carta, por lo que entonces gozan de rango constitucional.

El segundo de ellos, se refiere al lato sensu, que recoge las disposiciones que tienen un rango normativo superior a las leyes ordinarias, aunque a veces no tengan rango constitucional, como las leyes estatutarias y orgánicas, pero que sirven como referente necesario para la creación legal y para el control constitucional.

25. De acuerdo con esta teoría, las disposicionesque hacen parte delbloquedeconstitucionalidadostentanunajerarquía constitucionalporestarsituadasalaalturadelasnormasdel textodelaCarta,loquelasconvierteenverdaderasfuentesde derechoygeneraeldeberdelosjuecesdeacatarlasensus providencias. Igualmente, tales disposiciones reflejan los valores y principios que rigen y fundan el Estado y también regulan la producción de las demás normas del ordenamiento doméstico, de modo que el hecho de compartir la misma jerarquía de la Constitución, las convierte en un “eje y factor de unidad y cohesión de la sociedad”.

Debido a la jerarquía atribuida a las normas del bloque, todala legislacióninternadebeacomodarse asucontenido. (…)

26. De esta manera, se evidencia que la principal función que cumple el bloque de constitucionalidad en el ordenamiento jurídico interno es “controlar la exequibilidad de las leyes y de las normas de inferior jerarquía, por cuanto lapropiaConstituciónPolítica, mediantecláusulasderemisión,confierefuerzajurídicaespecial aesasreglas yprincipios (…). (Subrayas fuera de texto).

En resumen, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos que integran el bloque de constitucionalidad y, por lo mismo, tienen carácter superior o supralegal, reconocen, protegen y garantizan el derecho a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad.

Ese derecho tiene carácter universal, en cuanto son titulares del mismo todas las personas detenidas o presas a causa de un proceso penal, sin importar la naturaleza del delito que se le imputa o del cual es acusado.

Los preceptos examinados no contemplan excepciones. Por el contrario, por virtud del pacto y de la convención, los Estados partes se comprometen a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en dichos instrumentos, “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” (Art. 2.1 PIDP y Art. 1.1 CADH).

Los dos convenios internacionales mencionados expresan en su motivación la finalidad de reconocer los derechos esenciales del hombre, esto es, aquellos que se derivan de la dignidad inherente a la persona humana y que, por tanto, no dependen “del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana”.

Ello concuerda con lo expresado por la Constitución Política de Colombia en el sentido de que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación (artículo 13) y que el Estado reconoce, sin distinción alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona (artículo 5º).

Por tanto, esos derechos son anteriores al Estado y este no los concede sino que los reconoce y se encuentra limitado por ellos, pues el fundamento del aparato estatal reside en el respeto de la dignidad humana (artículo 1º) y su existencia se justifica sólo en cuanto sirve a la comunidad y propende por la efectividad de tales derechos (artículo 2º).

El concepto de “plazo razonable”, que también es esencial al debido proceso (en el artículo 29 de la Constitución Política se habla de un procedimiento adelantado “sin dilaciones injustificadas”), es indeterminado. Por tanto, el legislador puede, dentro de su libertad de configuración, establecer términos diferenciales, como acontece actualmente, para efectos de libertad, cuando el proceso sea conocido por la justicia penal especializada o sean tres o más los imputados o acusados o se juzguen actos de corrupción previstos en la Ley 1474 de 2011. Pero no puede crear excepciones al derecho a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad, pues no están contempladas en los instrumentos internacionales precitados. Vale decir, para ciertos casos el plazo razonable puede ser más amplio, por razón de su gravedad o complejidad, pero siempre que el mismo haya sido superado sin cumplir la meta estipulada la consecuencia deberá ser una sola: la libertad, sin salvedades.

El carácter universal de las garantías judiciales es corroborado por una única excepción, que confirma la regla. Se trata de la previsión contenida en el inciso final del artículo 93 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 1º del Acto Legislativo 2 de 2001, que reza:

La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendráefectosexclusivamente dentrodelámbitodelamateriareguladaenél. (Se subraya).

Adviértase que si la fuente del derecho que se viene estudiando es la dignidad inherente al ser humano, establecer excepciones al mismo es instituirlas también frente a dicha dignidad humana. Un ejercicio de poder en tal sentido sería por completo ilegítimo, pues, como se vio, la existencia de Colombia como Estado social de derecho se soporta, precisamente, en su respeto (artículo 1º de la Constitución Política).

Esa consideración es la que explica que aún frente a delitos tan execrables como la tortura la normatividad disponga: “Toda persona encausada en relación con cualquiera de los delitos mencionados en el artículo 4º recibirá garantías de un trato justo en todas las fases del procedimiento”. (Artículo 7-3 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984 y aprobada por Colombia mediante la Ley 70 de 1986).

Por consiguiente, mirado el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 desde la perspectiva de las normas que integran el bloque de constitucionalidad aquí examinadas, necesario es concluir que no puede atribuirse a ese precepto el poder de crear excepciones al derecho a ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en libertad, en los eventos en que se proceda por delitos de terrorismo, financiación del terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, por ser de rango inferior al de aquellas que lo reconocen.

El derecho fundamental que se viene examinando se advierte compuesto o complejo, en la medida que en él confluyen el debido proceso y la libertad.

Ahora bien, así el derecho a la libertad no sea de aquellos denominados intangibles, característica que sí tiene el debido proceso, lo dispuesto en los pactos internacionales no puede ser motivo de suspensión sino previa declaración de un estado de excepción, situación que no está de por medio en el presente caso. Mientras ello no ocurra, los Estados partes están obligados a reconocer y garantizar el derecho y a ajustar sus disposiciones internas a las de dichos convenios.

En todo caso, la ley estatutaria de estados de excepción establece que nunca podrá llegar a afectarse el núcleo esencial del derecho fundamental, porque el estado de excepción es un régimen de legalidad que no patrocina arbitrariedades (Art. 7º, Ley 137/94).

El artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 es del siguiente tenor:

Exclusión de beneficios y subrogados. Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz.

Examinado el texto del precepto se observa que en su primera parte contiene referencias a institutos concretos y perfectamente identificados, cuya aplicación es excluida, a saber:

a) Rebajas de pena: por sentencia anticipada y por confesión. Y,

b) Subrogados o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad: condena de ejecución condicional, suspensión condicional de ejecución de la pena, libertad condicional, prisión domiciliaria.

Aunque en su parte final hace extensiva la exclusión a cualquier “otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo”, esa cláusula no puede tener una amplitud tal que elimine la posibilidad de aplicar cualquier instituto que pueda favorecer al procesado, como ya quedó demostrado con la rebaja de pena por reparación (Art. 269 del CP) con los siguientes pronunciamientos de la Sala de Casación Penal de esta Corte: CSJ, SP, 6 de jun. 2012, rad. 35767; CSJ, SP, 14 de nov. 2012, rad. 35987; CSJ, SP, 19 de jul. 2013, rad. 39719; CSJ, SP, 29 de jul. 2013, rad. 39201.

Y, ciertamente, no puede comprender la exclusión del derecho a ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en libertad, por las razones que ya se expresaron y porque este es un derecho y no un beneficio, discusión que de ninguna manera es “bizantina” y que, en relación con otra temática, fue abordada por esta Sala en pretérita ocasión: CSJ, STP8442-2015, 2 de jul. 2015, rad. 80488.

Además, no debe olvidarse que en tratándose de libertad la interpretación de las disposiciones legales debe ser restrictiva y su aplicación necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales (artículo 295 de la Ley 906/04).

Admitir que respecto de los delitos de terrorismo, financiación del terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos no es procedente la libertad por vencimiento de términos equivale a sostener que la persona procesada puede estar en detención o prisión provisional durante todo el tiempo que dure el proceso, que puede ser equivalente al plazo de prescripción de la acción penal, lo cual se traduce en una anticipación de pena y en el quebranto del derecho fundamental a la presunción de inocencia, el cual no admite excepciones e implica diferencia de trato entre procesados y condenados. La persona imputada o acusada no solo debe ser considerada inocente hasta que se pruebe lo contrario, sino que debe ser tratada como tal. Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que:

“La detención previa al juicio, cuando se prolonga durante un término no razonable, genera el riesgo de invertir el sentido de la presunción de inocencia, la que se torna cada vez más vacía y termina siendo una burla”. (Informe Nº 12/96. Caso 11.245. Jorge A. Giménez v. Argentina. Párrafo 80).

“La más elemental de todas las garantías judiciales es la presunción de inocencia, reconocida por instrumentos internacionales de manera expresa, sin salvedad ni excepción alguna; es, precisamente esa garantía la que ha llevado al derecho penal moderno a imponer como regla general que la persona sometida a proceso penal debe ser juzgada en libertad y que ese derecho sólo por excepción se le puede restringir”. (Informe 50/00. Caso 11.298, Reinaldo Figueredo Planchart v. Venezuela. Párrafos 118 y 119).

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puntualizó:

“En el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales. Con él se afirma la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. El Estado tiene la obligación de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios. En caso contrario, se está cometiendo una injusticia, pues ello es tanto como anticipar la pena a la sentencia, lo que es contrario a principios del derecho universalmente reconocidos”. (Caso Suárez Rosero v. Ecuador. Sentencia del 12 de noviembre de 1997 – fondo. Párrafo 77).

Consideraciones de este tipo fueron las que inspiraron la reforma a las medidas de aseguramiento privativas de la libertad introducidas con la Ley 1760 de 2015, preexistente a los hechos por los que se acusa a JLCB, pues mientras estos acaecieron el 5 de agosto de 2015 la normatividad en cita comenzó a regir, salvo su artículo 1º y el numeral 6º de su artículo 4º, el 6 de julio de 2015, con su promulgación en el Diario Oficial 49.565. Al respecto, en el informe de ponencia para primer debate en el Senado de la República se trae como justificación del proyecto la siguiente:

1. Si bien es cierto que el Estado es el titular de la función punitiva, también lo es que el ejercicio de la misma tiene sus límites tanto materiales como formales. Entre los límites materiales están los de la dignidad humana y la libertad del individuo, y entre los formales se encuentra el del debido proceso. Por tal razón, para evitar intromisiones innecesarias y exageradas en el ámbito de la libertad de los individuos, se señalan desde el Bloque de Constitucionalidad algunas exigencias supraconstitucionales, constitucionales y legales, que son verdaderos derechos fundamentales del imputado o acusado.

2. Esto significa que el Estado no está autorizado para actuar de manera absoluta e ilimitada en la afectación de valores superiores como el de la libertad, porque solo debe y puede restringirla en los casos expresamente señalados por la ley, mediante el agotamiento de las exigencias procesales legales y durante los plazos que deben ser de conocimiento del destinatario de la acción penal.

No es suficiente que se fijen requisitos para la privación de la libertad y que, una vez dados, el Estado a través de sus operadores judiciales disponga la misma, pues, adesdel señalamiento delímitesfácticosyjurídicosparasuafectación,se debenfijarlostérminosdeduracióndelamisma. Esto, porque si legalmente se estipulan los marcos de duración de las penas aplicables a quienes son declarados responsables, con mayor razón sedebenfijarlostérminosximosdelasmedidasdeaseguramientoprivativasdela libertad,quesonsolopreventivas anteuneventualfallocondenatorio,impuestasaquiensu inocenciasepresume,laquesolosedesvirtúamedianteunfallo condenatorioejecutoriadoproferidoporeljuezcompetente.

Debe tenerse muy presente que en esta materia el principio que ha de regular al Derecho Penal en un Estado Social y Democrático de Derecho es el de que la detención preventiva ha de darse de manera excepcional, cuando luego de analizarse las demás medidas de aseguramiento de la comparecencia del imputado al juicio, que es la primordial razón de las mismas, solo resta la de enviar a un establecimiento carcelario a quien su inocencia se presume.

Si la detención preventiva opera respecto de personas de quienes aún no se ha demostrado su responsabilidad y se presume su inocencia, es apenas lógico que deba señalarse de manera precisa las circunstancias que permitan la privación de la libertad, que en últimasseconvierteenelanticipodepurgadeunapenaqueaún nosesabesiseimpondráono. Pero no basta señalar causales para la privación de la libertad, sino que, además, deben fijarse medidas alternativas, a las cuales hay que acudir, prima facie, para dejar como última opción la máxima restricción legal de la libertad de quien ha de ser tenido como inocente, y señalarse el término máximo de duración de la detención precautelar, que se inicia cuando el imputado o acusado es capturado y termina cuando quede ejecutoriado el fallo condenatorio.

Si bien es cierto que el Estado tiene el derecho y el deber de privar de la libertad a una persona que ha realizado una conducta que acarrea como consecuencia una pena restrictiva de dicho valor superior, también lo es que su ejercicio tiene límites desde el punto de vista del principio de legalidad, en cuanto que dicha privación solo puede darse respecto de supuestos previamente determinados, el que en nuestro sistema penal se caracteriza porque ha de estipularse normativamente: i) la conducta punible y su respectiva pena; ii) el juez natural facultado para adelantar el proceso, adoptar medidas de restricción de derechos fundamentales y proferir la correspondiente decisión que ponga fin a la actuación procesal; ii) los fundamentos probatorios que permitan afectar la libertad; iv) las medidas alternativas que faciliten asegurar la comparecencia del imputado al juicio, en caso de que se llegare a esta etapa procesal; y v) la imposición de la detención preventiva como ultima ratio, cuya necesidad ha de demostrarse ineludiblemente para acudir a tan drástica medida.

Con todo, estas talanqueras no son suficientes, porque también han de señalarse límites temporales, dado que elprivadodela libertadnopuedepermanecerdemaneraindefinidarecluidoenun establecimientocarcelarioenesperadequesedesvirtúesu presunciónde inocenciayse impongalarespectivaconsecuencia.

Paralelamente al derecho que tiene el Estado de restringir la libertad cuando se cumplan requisitos formales y materiales, y se descarte la viabilidad de la imposición de medidas de aseguramientos diferentes a la de tal restricción, concurren deberes, como los de asegurar el respeto de la dignidad humana durante el tiempo de privación de la libertad de quien no ha sido condenado y de fijarle un límite temporal para que la persona permanezca en tal situación preventiva; de modo que el privado de la libertad sepa que la restricción se prolongará hasta cuando se profiera sentencia absolutoria o condenatoria, la que ha de dictarse durante un lapso establecido por la ley; yquesivencido esetérminonosehadictadofallo,cualquieraqueseaelestadodel proceso,tendráderechoalalibertad, sin perjuicio de que el proceso continúe y que se le impongan otras medidas de aseguramiento no privativas de la libertad. Esto contribuye a rescatar el derecho fundamental de la seguridad jurídica.

3. Lanodeterminacióndeladuracióndeladetenciónpreventiva tambiénafectaelderechofundamentalal debidoproceso, porque, como antes se dijo, el mismo ha de ser tanto formal como material. No solo ha de entenderse el mismo como una sumatoria de actos procesales preclusivos y coordinados, cumplidos por el funcionario competente en la oportunidad debida, que es un concepto formal, sino también como el adelantamiento de tales etapas y el cumplimiento de las distintas actuaciones judiciales con sujeción a las garantías constitucionales y legales, como límite a la función punitiva del Estado.

Entre las garantías constitucionales y legales del debido proceso se encuentran las de celeridad y defensa. Esto, porque el proceso debe ser rápido y sin dilaciones injustificadas, lo que le impone al funcionario judicial el compromiso de imprimirle celeridad a las actuaciones, dado que la prolongación injustificada puede atentar contra la dignidad humana del imputado o acusado, quien tendrá gran angustia durante todo el desarrollo del proceso, derivada de la incertidumbre de si será o no condenado; además de que tal dilación retarda la concreción de los derechos de la víctima, quien, se sabe, ha de tener acceso a una pronta verdad, justicia y reparación.

Asimismo, se afecta el derecho de defensa, porque si el Estado no agota las etapas procesales en los plazos señalados por la ley, se debe a que no tiene los medios probatorios que le permitan avanzar a etapas subsiguientes, es decir, porque no ha logrado la que, en su sentir, es la verdad procesal, razón por la cual debe reconocérsele al imputado o acusado, como titular de la defensa material, el derecho de ayudar a la recopilación de la prueba que le permita sacar avante su teoría del caso y, de esta manera, contribuir a una pronta y cumplida justicia, con independencia de las resultas de dicho proceso; sinqueseaválidoafirmarquela libertaddelpresuntamenteinocenteledalaoportunidadde obstruirlajusticia,porquehapermanecidoprivadodelalibertad durantelargolapso,duranteelcualelEstado tuvolaoportunidad ylasherramientaspararecolectarlasevidenciasylosmedios probatoriossinlaposibilidaddeobstrucciónporpartedela personaprivadadelalibertad.

4. Si no se señala término de privación de la libertad del imputado o acusado durante la tramitación de la actuación procesal y el pronunciamiento del fallo respectivo, las consecuencias no solo se dan en el campo de la violación del valor superior de la libertad, sino también en el de las finanzas del Estado, pues en la actualidad se adelantan 18.797 procesos administrativos en su contra, cuyas pretensiones económicas superan los 23 billones de pesos. Esto, porque no todos los acusados, privados o no de la libertad, son condenados. (Gaceta del Congreso 710 del 13 de noviembre de 2014. Subrayas fuera de texto).

Precisamente, la Ley 1760 de 2015 introdujo innovaciones al artículo 317 del Código de Procedimiento Penal de 2004, que contiene las causales de libertad, sin contemplar ninguna excepción a su aplicación, como resulta obvio del análisis que antecede.

De esta manera, la Sala encuentra que tanto el Juzgado Primero Penal Municipal como el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Santander de Quilichao, al admitir la estructuración del supuesto de hecho del artículo 317-5 de la Ley 906/04, modificado por el artículo 4º de la Ley 1760/15 y, pese a ello, no aplicar la consecuencia jurídica correspondiente, negando la libertad solicitada, incurrieron en situaciones que configuran causales específicas de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, como son: violación directa de preceptos de rango superior (Art. 9.3 PIDCP y Art. 7.5 CADH) y en defecto material o sustantivo, que se presenta:

(…) cuando la providencia judicial incurre en un yerro trascendente, cuyo origen se encuentra en el proceso de interpretación y de aplicación de las normas jurídicas. No se trata, pues, de un yerro cualquiera, sino que es menester que sea detal entidadquepuedaobstaculizarolesionarlaefectividaddelos derechosfundamentales.

En la práctica judicial, este tribunal ha encontrado cuatro hipótesis en las cuales se configura el defecto sustantivo, a saber: (i) cuando la norma aplicable es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el juez; (ii) cuando la decisión se apoya en una norma claramente inaplicable, sea por haber sido derogada, sea por haber sido declarada inexequible, sea porque resulta claramente inconstitucional y el juez no dejo de aplicarla en ejercicio del control de constitucionalidad difuso, por medio de la excepción de inconstitucionalidad, o sea por no adecuarse a los supuestos de hecho del caso; (iii) cuando la providencia judicial desconoce sentencias con efecto erga omnes; y (iv) cuandolaaplicacióndela normajurídica,derivadainterpretativamentedeunadisposición normativa,esinaceptableporserproductodeunahermenéutica abiertamenteerróneaoirrazonable. (CC. SU-770/14. Se subraya).

En efecto, los juzgadores centraron su atención en el artículo 4º de la Ley 1760 de 2015 y en el 26 de la Ley 1121 de 2006 pero omitieron consultar las disposiciones que integran el bloque de constitucionalidad. Por otra parte, dieron a tales preceptos legales una interpretación que no es admisible, como ya quedó evidenciado.

Preceptos de orden interno, como el artículo 29 de la Constitución Política, el 8-k) y el 295 de la Ley 906 de 2004, debieron ser considerados para orientar la decisión. Igualmente, la reciente entrada en vigencia de la Ley 1760 de 2015, que fue desechada con el argumento de que no podía derogar normas de carácter especial, sin tener en cuenta que ese criterio se aplica cuando las disposiciones en conflicto se encuentran contenidas en un mismo código o cuerpo normativo (artículo 5º de la Ley 57 de 1887).

Aunque los jueces accionados citaron en apoyo de sus decisiones pronunciamientos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia producidos en la resolución de acciones habeas corpus, los mismos se relacionan con una disposición que no tiene relación con el presente caso, como es el artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia y que dadas las particularidades que presenta amerita tratamiento independiente. Por ello, la Sala no hará referencia alguna a ellos.

Las consideraciones que anteceden conducen a que el fallo impugnado sea revocado y, en su lugar, se conceda la tutela a los derechos fundamentales al debido proceso y a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad, se dejen sin efecto las decisiones cuestionadas y se disponga que dentro del término de tres (3) días el Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías de Santander de Quilichao convoque y celebre una nueva audiencia preliminar en la que resuelva, en los términos indicados en esta providencia, la solicitud de libertad elevada por JLCB.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala Segunda de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

REVOCAR el fallo impugnado, dictado el 8 de marzo del año en curso por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, para en su lugar CONCEDER la tutela a los derechos fundamentales al debido proceso y a ser juzgado en una plazo razonable o a ser puesto en libertad del señor JLCB.

DEJAR SIN EFECTO las providencias judiciales demandadas y ORDENAR al Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías de Santander de Quilichao que dentro del término de tres (3) días, siguientes a aquél en que se le notifique la presente sentencia, convoque y celebre nueva audiencia preliminar en la que resuelva, en los términos indicados en esta providencia, la solicitud de libertad elevada por JLCB.

Notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Remítase el proceso a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase».