Sentencia STP648-2016/83833 de enero 28 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Nº 1

STP648-2016

Rad.: 83833

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

Aprobado acta Nº 21.

Vistos

Bogotá, D. C., veintiocho de enero de dos mil dieciséis.

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

EXTRACTOS: «Consideraciones

De conformidad con lo establecido en el artículo 1º, numeral 2º del Decreto 1382 de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la presente demanda de tutela, en tanto ella involucra directamente a una Sala de Decisión de un Tribunal Superior de Distrito Judicial cuyo superior funcional lo es esta corporación.

Bien es sabido que la acción de tutela es un mecanismo excepcional, subsidiario, preferente, sumario y establecido constitucionalmente, por medio del cual se le ha confiado a los jueces de la República la protección de forma inmediata de los derechos fundamentales de las personas, cuando por la actuación u omisión de cualquier autoridad pública o de particulares, en los eventos establecidos en la ley, se genere una amenaza o vulneración a los mismos.

Además, su ejercicio excepcional, frente a providencias judiciales, supedita su prosperidad al cumplimiento de “ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad”(1) que implican una carga para el actor, no sólo en su planteamiento, sino también en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional(2). Tales presupuestos son:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.(3) f. Que no se trate de sentencias de tutela.

Los anteriores requisitos, se insiste, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido ratificados por la Corte Constitucional, en la Sentencia C-590 de 2005 y reforzado, entre otras, en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, afirmando que cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas sólo pueden tener cabida «… si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto»(4) (Subrayas fuera del original).

Para la Sala no está por demás indicar que cuando el aludido mecanismo constitucional se dirige contra providencias judiciales, su procedencia no es excepcional, sino excepcionalísima, pues corre el demandante con la carga de demostrar la presencia de una o varias de las causales específicas de procedibilidad que esta corporación ha venido acogiendo, en posición compartida con la Corte Constitucional de la siguiente manera:

La eventual procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales y otras providencias que pongan fin al proceso tiene connotación de excepcionalísima, lo cual significa que procede siempreycuandosecumplanunosdeterminadosrequisitosmuyestrictosquelajurisprudenciasehaencargadodeespecificar.(5) (Negrillas y subrayas fuera del original)

En el presente asunto, se encuentran cumplidos los requisitos genéricos de procedibilidad, conforme los siguientes criterios:

a) El asunto debatido envuelve una importancia constitucional porque está en discusión los derechos fundamentales al mínimo vital, salud y vida digna del accionante, en cuanto ostenta la pérdida de su capacidad laboral en 24,47%, incapacidad permanente parcial sin reubicación y está pendiente el reconocimiento pensional;

b) Contra la determinación de no conceder la impugnación de aquella acción de tutela no procede recurso alguno, máxime que cuando el accionante se enteró de esa decisión (15 de diciembre de 2015, al instante en que fue a preguntar al Tribunal accionado por la suerte de ese asunto, pues nunca le llegó comunicación mediante la cual le enteraban de esa situación debido a que la providencia fue de “Cúmplase”), había fenecido la oportunidad para interponer, por intermedio del Defensor del Pueblo, recurso de insistencia ante la Corte Constitucional para que procediera a su revisión(6);

c) Entre la fecha de conocimiento del auto en comento y la interposición de este amparo constitucional (18 de enero de 2016), ha transcurrido un término razonable, en consideración de la vacancia judicial, pues no supera el mes dicho intervalo de tiempo;

d) La Colegiatura accionada jamás enteró o comunicó al accionante sobre lo resuelto a su escrito de impugnación (aún sin firma), lo cual le impidió recurrir a tiempo – vía insistencia - ante la encargada de la guarda y supremacía de la Constitución en aras de lograr que ésta estudiara su caso;

e) Está plenamente identificada la entidad que presuntamente generó la lesión de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del accionante, así como debidamente expresadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la misma.

f) Por otra parte, el precedente judicial ampliamente sostenidos por esta corporación(7) y la Corte Constitucional(8), consistente en que la acción de tutela dirigida contra otro amparo constitucional, en tratándose de cualquier providencia proferida al interior de ésta, no es procedente porque de lo contrario (i) implicaría instituir un recurso adicional para insistir en la revisión de tutelas que con anterioridad no fueron seleccionadas, (ii) supondría crear una cadena interminable de demandas, con lo cual resultaría afectado el principio de seguridad jurídica, (iii) se afectaría el mecanismo de cierre hermenéutico de la Constitución, confiado a la Corte Constitucional, y (iv) la tutela perdería su efectividad, pues quedaría indefinidamente postergada hasta que el vencido en un proceso de tutela decidiera no insistir en presentar otra tutela contra el fallo que le fue adverso para buscar que su posición coincida con la opinión de algún juez. En este evento, seguramente el anteriormente triunfador iniciará la misma cadena de intentos hasta volver a vencer.

Sin embargo, advierte la Sala que en este caso concreto y particular no resulta predicable la tesis de “la prohibición de tutela contra tutela” porque al accionante le cercenaron la posibilidad de conocer el proveído adiado 3 de julio de 2015, a través del cual no le fue concedida la impugnación presentada contra el fallo de primer grado aludido, para que de esa manera, se itera, buscara los medios de proteger sus intereses planteados en aquella demanda constitucional, aún por el recurso de la insistencia, máxime cuando la misma fue devuelta al ente judicial de origen el 21 de enero de 2016(9) por la Corte Constitucional, debido a que no fue seleccionada para revisión.

Con base en lo manifestado, le es permitido a esta Sala sostener que están cumplidos los presupuestos de las causales genéricas de procedibilidad contra la providencia judicial atacada, lo cual habilita a esta Sala para estudiar uno o más aspectos en específico para determinar la prosperidad de este amparo constitucional: defectos sustantivo, fáctico, orgánico, procedimental, por error inducido, por desconocimiento del precedente, por falta de motivación o por violación directa de la Constitución(10).

En lo concerniente con la esencia y espíritu de este amparo constitucional (escrito de impugnación sin rúbrica, seguido de la negativa a conceder ese recurso por la presunta ignorancia del juez acerca de quién es su autor), la jurisprudencia de esta corporación(11) y la Corte Constitucional(12) ha denominado a esa circunstancia como “exceso ritual manifiesto”.

Siguiendo ese hilo conductor, en un caso con idénticas situaciones fácticas a este, el Tribunal guardián de la Constitución manifestó que se incurre en esa imprecisión «cuando una autoridad judicial, renunciando conscientemente a la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, decide que un memorial no es auténtico porque carece de firma, sin tener en cuenta los demás elementos que permiten identificar a la persona que lo elaboró»(13), y, además, por ese mismo vicio comete «un defecto sustantivo por darle al artículo 252 del Código de Procedimiento Civil una lectura y un alcance que no tiene»(14), pues, a juicio de esa Colegiatura:

Aun cuando la firma es uno de los medios o formas que conducen al reconocimiento de la certeza sobre la autoría de un documento e incluso a la presunción de su autenticidad, no es el único, pues existen otros que también dan lugar a la certeza de su autenticidad cuando se trata de documentos elaborados o manuscritos, como las marcas, las improntas, o cualquier señal física y/o electrónica.(15) (Énfasis fuera de texto).

Descendiendo a la realidad procesal, observa la Sala que el motivo aducido por la entidad accionada para arribar a la conclusión mencionada, fue el siguiente:

Transcurrido el termino establecido para impugnar el fallo proferido el 29 de mayo de 2015 y teniendo en cuenta que el escrito con el que ello se pretende carece de firma, de conformidad con el previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 y encontrándose aquél ejecutoriado, se remitirá la actuación a la honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. (Énfasis fuera de texto).

Es decir, la agencia judicial demandada consideró que al no poseer el memorial de objeción la rúbrica del interesado, ello significó que jamás hubo oposición contra el fallo emitido en ese trámite constitucional porque el documento no era auténtico y, por ende, el mismo estaba ejecutoriado, pues transcurrió el término otorgado para ese fin, sin pugna alguna.

Así las cosas, sostiene la Sala que el cuerpo colegiado accionado, en relación con la cuestionada determinación, incurrió en defecto procedimental -por exceso ritual manifiesto- debido a que no valoró los demás elementos que tenía a su alcance (V. gr.: demanda de tutela, junto con sus anexos y demás foliatura de ese amparo), para verificar si la persona que elaboró aquel texto coincidía con el accionante, pues renunció de forma consciente a comprobar la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las disposiciones jurídicas procesales, convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia material, aunado a que tampoco demostró los elementos determinantes de su actividad desplegada para llegar a esa conclusión y no a otra (falta de motivación)(16).

Los precedentes razonamientos constituyen fundamento suficiente para (i) conceder el amparo constitucional deprecado, (ii) dejar sin efectos el auto acusado, así como lo que de él se deriva, y (iii) ordenarle a la Colegiatura demandada que emita un nuevo pronunciamiento –debidamente motivado- sobre la impugnación presentada por el accionante, teniendo en cuenta los lineamientos trazados en esta providencia y, en todo caso, comunicando al interesado esa decisión, por cuanto las imprecisiones cometidas por el ente accionado vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del actor.

No obstante, se la advierte al demandante que, en el eventual caso, de mantenerse el Tribunal demandado en su posición, bien puede acudir al recurso de insistencia ante la Corte Constitucional, en aras de lograr la revisión de su caso.

En mérito de lo expuesto, la SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, invocados por el accionante, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

2. DEJAR SIN EFECTOS el proveído adiado 3 de julio de 2015, así como lo que de él se deriva, proferido por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá – Sala Penal, al interior de la acción de tutela citada en la parte motiva de esta decisión.

3. ORDENAR al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá – Sala Penal, dictar un nuevo pronunciamiento –debidamente motivado- que resuelva la procedencia de la impugnación presentada por el demandante dentro del citado accionamiento, conforme los lineamientos trazados en esta determinación. Se concede el término perentorio de 48 horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia.

4. NOTIFICAR esta decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

5. REMITIR el expediente, en el evento que no sea impugnada la presente decisión, a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase».

1 Sentencias C-590 de 2005 y T-332 de 2006.

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 C-590 de 2005.

5 CC ST780-2006.

6 Luego de consultado Sistema Justicia XXI, observa la Sala que dicho expediente ha sido devuelto al Tribunal de origen, por cuanto la Corte Constitucional no lo seleccionó para revisión.

7 CSJ STP12303-2015, CSJ STP4764-2015 y CSJ STP015-2015.

8 SU-1219 de 2001.

9 Actuación registrada en el Sistema Justicia XXI.

10 CC ST-231-1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) y CC SC-590-2005 (MP Jaime Córdoba Triviño. Unánime).

11 CSJ ATP, 28 oct. 2013, rad. 70226 y CSJ ATP, 29 ene. 2014, rad. 71241.

12 CC ST-1306-2001.

13 CC ST-972-2010.

14 ibídem.

15 ibídem.

16 CC ST-688-2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).