Sentencia STP6578-2016/85888 de mayo 19 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS

Rad.: 85888

Magistrado Ponente

Dr. José Luis Barceló Camacho

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros sean reemplazados por las iniciales de los nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

Aprobado acta Nº 157

Bogotá, D.C., diecinueve de mayo de dos mil dieciséis.

Vistos.

La Sala resuelve, en primera instancia, la acción de tutela instaurada por X. E. B. M. contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Penal, y el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de la ciudad, para la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

Antecedentes y fundamentos de la acción.

El 31 de enero de 2006, por hechos acaecidos entre diciembre de 1997 y mayo de 1998, el Juzgado Diecinueve Penal del Circuito de Bogotá condenó a X. E. B. M. como responsable de hurto agravado y le impuso la pena principal de 2 años de prisión. Además, la condenó a indemnizar los perjuicios ocasionados con la conducta punible, en cuantía equivalente a 38.54 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El 12 de abril de 2012, el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de Bogotá le concedió el mecanismo sustitutivo de la libertad condicional, por un período de prueba de 8 meses y 12 días, tiempo que le faltaba para el cumplimiento de la pena, supeditado al cumplimiento de las obligaciones fijadas por el artículo 65 del Código Penal.

Surtido el trámite previsto por el artículo 486 de la Ley 600 de 2000, el entonces Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de Bogotá, mediante el auto interlocutorio Nº2807 del 30 de abril de 2015, le revocó el subrogado, por el incumplimiento injustificado de la obligación prevista en el numeral 3º del artículo 65 del Código Penal, esto es, reparar los daños ocasionados con el delito.

La sentenciada interpuso los recursos ordinarios de reposición y apelación. El primero de ellos fue desatado por el despacho judicial mencionado, a través del auto interlocutorio Nº3771 del 11 de septiembre de 2015, en el sentido de no reponer su determinación.

La alzada fue conocida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Penal, corporación que, el 10 de febrero de 2016, confirmó lo resuelto por el a quo.

El 14 de marzo de 2016 fue expedida orden de captura contra X. E. B. M., quien acude a la acción de tutela por considerar que las decisiones judiciales mencionadas lesionan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, porque están afectadas por defecto fáctico, defecto sustantivo y desconocimiento del precedente.

Trámite de la acción.

Por auto del 12 de los corrientes se avocó el conocimiento, se admitió la solicitud y se ordenó su traslado al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Penal, y al Juzgado Veintidós de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad, despacho que actualmente conoce del proceso, ante la supresión del juzgado de descongestión.

En dicho proveído se ordenó notificar a las demás partes e intervinientes dentro del proceso penal y se negó la medida provisional solicitada por la accionante.

Para resolver se considera.

La competencia de la Sala está determinada por el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 —Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho— (antes artículo 1º del Decreto 1382 de 2000), toda vez que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es superior funcional del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Penal.

La Corte Constitucional, reiterando su jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la Sentencia SU-297/15, precisó:

(...) el funcionario judicial que conoce del amparo debe constatar que: (i) el asunto tenga relevancia constitucional; (ii) el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; (iii) la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión que resulta lesiva de los derechos fundamentales; (v) el accionante identifique, de forma razonable, los yerros de la autoridad judicial que generan la violación y que esta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible; (vi) el fallo impugnado no sea de tutela.

(...) si en un caso concreto se encuentran cumplidos los anteriores requisitos genéricos, será necesario entonces acreditar, además, que se ha configurado alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico, (ii) sustantivo, (iii) procedimental, (iv) fáctico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente constitucional y (viii) violación directa a la Constitución. (CC SU-297/15).

En el caso que se examina se cumplen los presupuestos generales aludidos en la transcripción que antecede, porque: (1) el asunto tiene relevancia constitucional, al involucrar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia; (2) la accionante agotó los recursos ordinarios contra la decisión de revocarle la libertad condicional; (3) se cumple el requisito de la inmediatez, puesto que la decisión de segunda instancia data del 10 de febrero del año en curso y el 14 de marzo se expidió orden de captura en su contra; (4) la actora identificó de manera razonable los derechos que estima afectados y los hechos que generan su vulneración, existiendo coherencia con lo alegado en la sustentación de los recursos ordinarios de reposición y apelación; y, (5) no ataca una sentencia de tutela.

Para verificar si en este evento se configuró alguno de los defectos constitutivos de condiciones específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, se procederá a reconstruir, en lo pertinente, el acaecer procesal y la fundamentación de las decisiones cuestionadas.

Previamente a la decisión de revocatoria se surtió el trámite ordenado por el artículo 486 de la Ley 600 de 2000 y en dicha oportunidad la defensa de la sentenciada alegó que ella es una persona “supremamente pobre”, que se encuentra inscrita en el Sisben, que actualmente labora como empleada del servicio doméstico, percibiendo como ingreso el equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, suma que “apenas le alcanza para cubrir su mínimo vital”, y carece de bienes de fortuna. Las anteriores manifestaciones se acompañaron de certificación expedida por la empleadora y declaración extra proceso rendida por la propia penada.

El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de la ciudad consideró dichas probanzas insuficientes “para demostrar la condición de insolvencia absoluta” de la sentenciada.

Estimó que la manifestación no tener propiedades a su nombre “lejos está de tener la contundencia y vocación demostrativa de tal condición, por cuanto es evidente que no es la prueba idónea para tal efecto, cuando existen variada clase de bienes, entre ellos los sujetos a registro (inmuebles, vehículos, establecimientos de comercio etc.), existen bienes mueble, entre ellos dinero e inversiones en las entidades financieras y bancarias”.

Por otra parte, arguyó que si bien entidades como “la Dian, Cámara de Comercio, Oficinas de Registro de Inmuebles, Mintransporte-Registro Único Automotor, Buró de Crédito Cifin, Asobancaria” podrían corroborar la situación económica de la penada, dichos “elementos de juicio (...) no se allegan”.

Además, adujo que aunque la señora B. M. percibe desde hace dos años un ingreso mensual equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, no ha “realizado abonos razonables a la obligación de pagar los perjuicios que se comprometió a cumplir”.

Por tanto, como la imposibilidad económica de reparar los daños provenientes de la conducta punible “no se ha demostrado por parte de la penada ni de su defensa”, resolvió revocarle el subrogado de libertad condicional.

En el proveído por medio del cual desató el recurso de reposición, en el sentido de mantener la determinación impugnada, replicó a la defensa que “si una persona tiene un trabajo medianamente estable, sin importar la condición (oficios domésticos), donde devenga un salario mínimo legal mensual, no está en ‘absoluta pobreza’ (...)”.

Así mismo, refiriéndose a la información que podían suministrar las entidades mencionadas en su anterior proveído, respondió que el Estado no es “el obligado a documentar el expediente con tales elementos probatorios”, porque “el sentenciado es quien tiene la carga probatoria en ese sentido, pues a él le corresponde, con pruebas, como dice la norma ‘demostrar que está en imposibilidad económica’ de resarcir los daños”.

En todo caso, consideró que “si es verdad que el obligado no tiene bienes con los cuales pueda cubrir el monto de los perjuicios, (…) esa no es la única fuente de ingresos y, tampoco resulta una prueba irrefutable de la posibilidad económica de las personas”.

Aclaró: “la ausencia de bienes muebles o inmuebles, eventualmente, acreditaría una insolvencia económica, más no una ‘imposibilidad’ económica (…). Insolvencia no es sinónimo de imposibilidad. Esta última radica en el impedimento de conseguir los recursos o dicho de otro modo, se traduce en la falta de capacidad que tiene una persona de proveer dinero”.

Lo cierto —reafirmó— es que “no está acreditado que la sentenciada X. E. B. M. se encuentre en alguna de esas eventualidades que hagan imposible la consecución del valor liquidado como obligación por su conducta punible”. Por el contrario, “el despacho tiene conocimiento que la sentenciada mantiene un trabajo por el que devenga un salario, circunstancia que la aleja de ser una persona que está en absoluta pobreza”.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Penal, al desatar la alzada, trayendo a cita el artículo 65-3 del Código Penal, ratificó que: “El texto de la norma es claro en señalar que la carga probatoria para demostrar la carencia de recursos está en cabeza del condenado y su defensa, puesto que, por regla general, en todo evento donde se presente un perjuicio causado por la comisión de un delito, este deberá ser reparado por el penalmente responsable”.

Descendiendo al caso concreto, argumentó que:

(...) si bien, es probable que la sentenciada no cuente con bienes muebles o inmuebles de valor, lo cierto es que se ha desempeñado en distintas labores domésticas por varios años, de modo que no es cierta la afirmación de pobreza absoluta con que se sustenta el escrito de apelación; y si a bien lo tenía, de querer resarcir algo del daño irrogado con su actuar delincuencial, podía haber hecho alguna clase de ofrecimiento, así fuera mínimo.

(...) si bien, la sentenciada puede no ser una persona adinerada o con grandes ingresos económicos, tampoco se encuentra en un estado de extrema pobreza a quien le sea absolutamente imposible pagar o por lo menos abonar a la reparación económica a la que fue condenada.

(...) Todo lo anterior permite concluir que X. E. B. M., ha contado con la capacidad económica para, por lo menos, realizar abonos y acuerdos de pago con los cuales cumpla su obligación resarcitoria, más aun si se tiene en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde que se impuso la condena, así como el monto fijado para la reparación, motivo suficiente para confirmar la decisión de primera instancia en este punto.

Frente a lo reseñado en precedencia la Sala encuentra que las motivaciones de las decisiones cuestionadas develan la existencia de defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto y defecto sustantivo por interpretación errónea, vicios que han sido caracterizados por la jurisprudencia constitucional, así:

“[...] una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y finalmente (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva. (CC T-462/03).

En efecto, se está frente al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando la autoridad judicial, por una inclinación extrema y aplicación mecánica de las normas adjetivas, renuncia de forma consciente a la verdad jurídica objetiva que muestran los hechos, lo que trae como consecuencia el sacrificio de la justicia material, de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas (art. 228 C.P.), cuando estas, tan solo son un instrumento o medio para la realización de aquel y no fines en sí mismas y del acceso efectivo a la administración de justicia (art. 229 ibídem).

Esta corporación ha insistido en que precisamente la dignidad humana y la garantía efectiva de los derechos de las personas le dan un contenido material y no simplemente formal al Estado de Derecho, el cual no puede concebirse exclusivamente bajo la óptica de la proclamación formal de los derechos, sino que se configura a partir de su efectiva realización (arts 1º, 2º y 228 C.P.).

De tal manera que en el análisis de cualquier actuación jurisdiccional, no debe desconocerse que la prevalencia del derecho sustancial es la principal finalidad de la administración de justicia. De allí que la validez de una decisión judicial de carácter procesal, implica necesariamente el juzgamiento a partir del problema de fondo de derecho sustantivo a cuya resolución ella se enderece. Además, el responsable de adelantar el proceso, debe buscar la realización del orden justo, a partir de criterios de proporcionalidad y razonabilidad en relación con los hechos y circunstancias que le sirven de causa. (CC T-950/11).

Es cierto que, por decisión del legislador, el mantenimiento de los mecanismos sustitutivos de la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad y de la libertad condicional queda supeditado a la observancia del compromiso de resarcir los perjuicios ocasionados con la conducta punible.

Pero también lo es que la ley permite que, en caso de imposibilidad económica para su cumplimiento, dicha prestación no sea exigible para el goce de dichos subrogados, lo cual de ninguna manera implica exoneración de la obligación civil, cuya solución puede ser obtenida coactivamente, puesto que consta en decisión judicial que presta mérito ejecutivo.

Ahora bien, al momento de juzgar esa imposibilidad económica de reparar se debe proceder con criterio ecuánime, ponderado y razonable, sin exceso de rigorismos, pues, además de lo acabado de anotar, no debe perderse de vista que no se debe sacrificar la libertad de la persona condenada en aras de obtener el pago de la suma fijada como indemnización, máxime cuando en la providencia que concedió el sustituto necesariamente se debió reconocer —por ser uno de sus presupuestos— que no existía necesidad de ejecutar la pena. Allí debe imperar la norma rectora contenida en el artículo 3º de la Ley 600 de 2000, que dispone: “Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad”.

En este orden de ideas, por vía de ejemplo, son criterios a tener en cuenta los ingresos y egresos de la persona sentenciada, la tenencia o no de bienes que pueda enajenar para cumplir la obligación, el monto de esta, el plazo para cubrirla, el tiempo que ha estado privada de la libertad, etc. Esto, porque, como lo ha dicho la Corte Constitucional, lo que se busca es que:

(...) la determinación del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad se funde en un parámetro serio y racional y no en su simple arbitrio o discrecionalidad.

(...) No sobra insistir, entonces, en que la facultad que se otorga al juez en la disposición parcialmente acusada, para revocar o negar el subrogado penal, solo puede ejercerse cuando el juez, después de un análisis serio sobre el material probatorio, concluye que los requisitos para acceder al subrogado no se han verificado o que se han incumplido, sin justa causa, las obligaciones impuestas. (CC C-679/98).

Por eso, también ha indicado esa corporación que:

(...) la condición de la reparación de daños no obliga a lo imposible al condenado, pues precisamente tiene en cuenta su capacidad económica para determinar si está en imposibilidad de cumplir, y acepta que existan causas que justifiquen no pagar la indemnización de perjuicios para acceder y gozar del beneficio.

(...) el incumplimiento de la obligación que condiciona la suspensión de la sanción penal no genera necesariamente la revocatoria de la medida, pues el legislador previó que cuando el condenado está en imposibilidad de reparar el daño, tal incumplimiento está justificado y, por lo tanto, no tiene como consecuencia larevocatoria del beneficio (CC C-006/03).

Entonces, no tienen que verificarse situaciones extremas como las que indiscriminadamente fueron mencionadas por los juzgadores en el caso de la señora B. M., que no han sido previstas por la ley, tales como la incapacidad de proveer dinero”, la “insolvencia absoluta”, la “absoluta pobreza” o el “impedimento de conseguir recursos”.

Por otra parte, no es cierto que la ley haya establecido únicamente en cabeza de la persona condenada la carga de la prueba de la imposibilidad económica de reparar.

El artículo 65-3 del Código Penal dispone que el reconocimiento de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y de la libertad condicional comporta, entre otras, la obligación de reparar los daños ocasionados con el delito, “(...) a menos que se demuestre que está en imposibilidad económica de hacerlo” (subrayas y negrilla fuera de texto).

Como se aprecia, la ley exige que se demuestre la imposibilidad económica de reparar, pero no atribuye esa carga en forma exclusiva a algún sujeto procesal en particular, es decir, no establece a quien le corresponde esa comprobación. Igual conclusión emerge de la lectura del artículo 489 de la Ley 600 de 2000.

Lógicamente, lo normal es que la iniciativa parta de la persona condenada, es decir, que sea ella o su defensa quien alegue la imposibilidad económica de reparar y aporte pruebas para respaldar su afirmación.

Pero ello no significa que el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad quede relevado de corroborar esa situación o de hacer las constataciones que estime necesarias, si le parece que la información aportada no es certera o suficiente. Si esto es así, debe hacer uso de las facultades que tiene para decretar pruebas de oficio, en lugar de proceder de manera automática a revocar el subrogado porque el beneficiario del mismo no supo acreditar su imposibilidad económica para indemnizar.

Al respecto véase cómo el Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 600 de 2000 consagra como principio rector para todo el proceso el de investigación integral (art. 20). Así mismo, prevé que toda providencia debe fundarse en pruebas, que el funcionario judicial debe buscar la determinación de la verdad real y para el efecto puede decretar pruebas de oficio (arts. 232 y 234).

Un desarrollo significativo de esos postulados, ubicado, precisamente, en el libro IV, que trata de la ejecución de sentencias, título I, sobre ejecución de penas y medidas de seguridad, es el relativo a rehabilitación. Aquí sí se le impone al condenado la carga de presentar ciertos anexos a su solicitud de rehabilitación (arts. 490 y 491). Sin embargo, ello no es óbice para que el artículo 494 disponga:

El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad que deba resolver la solicitud de rehabilitación puede pedir ampliación o ratificación de las pruebas acompañadas al memorial respectivo y practicar de oficio las pruebas que estime pertinentes, dentro de un plazo no mayor de diez (10) días (se subraya).

Adicionalmente, el artículo 473 de la Ley 600/00 preceptúa que los aspectos relacionados con la ejecución de la pena que no se encuentren regulados en ese código se regirán por lo dispuesto en el Código Penal y en el Código Penitenciario y Carcelario.

El último de los mencionados, por adición de la Ley 1709/14, tiene ahora un artículo 7 A, cuyos incisos segundo tercero son muestra del deber que le asiste al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de emplear sus facultades oficiosas, pues son del siguiente tenor:

Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, de oficio o a petición de la persona privativa de la libertad o su apoderado, de la defensoría pública o de la Procuraduría General de la Nación, deberán reconocer los mecanismos alternativos o sustitutivos de la pena de prisión que resulten procedentes cuando verifiquen el cumplimiento de los respectivos requisitos. La inobservancia de los deberes contenidos en este artículo será considerada como falta gravísima, sin perjuicio de las acciones penales a las que haya lugar. (Se subraya).

En resumen, en los proveídos cuestionados por el accionante se incurrió en los defectos mencionados en precedencia, porque el juez ejecutor, pese a afirmar la insuficiencia probatoria, decidió revocar la libertad condicional sin ahondar en la situación mediante el decreto de pruebas de oficio y acudiendo a una interpretación de la ley que resulta contraria al fin de la norma y perjudicial para el derecho a la libertad, determinación que fue confirmada por su superior funcional.

Por consiguiente, se concederá la tutela al derecho fundamental al debido proceso y para su protección se dejarán sin valor y efecto los interlocutorios proferidos el 30 de abril y el 11 de septiembre de 2015 por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de Bogotá y el 10 de febrero de 2016 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Penal, y se ordenará al Juzgado Veintidós de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, despacho que actualmente conoce del proceso que: (a) en forma inmediata, una vez le sea notificado este fallo, expida oficio cancelando la orden de captura expedida contra la señora X. E. B. M.; y (b) dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a dicha notificación, expida providencia (interlocutoria o de sustanciación, según corresponda) pronunciándose sobre la libertad condicional concedida a la sentenciada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema De Justicia, Sala De Casación Penal, Sala Segunda de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONCEDER la tutela solicitada por la señora X. E. B. M. y, en consecuencia, proteger su derecho fundamental al debido proceso.

2. Declarar sin valor y efecto los autos interlocutorios proferidos el 30 de abril y el 11 de septiembre de 2015 por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de Bogotá y el 10 de febrero de 2016 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Penal.

3. Ordenar al Juzgado Veintidós de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, despacho que actualmente conoce del proceso, que: (a) en forma inmediata, una vez le sea notificado este fallo, expida oficio cancelando la orden de captura emitida contra la señora X. E. B. M.; y, (b) dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a dicha notificación, dicte providencia (interlocutoria o de sustanciación, según corresponda) pronunciándose sobre la libertad condicional concedida a la sentenciada.

4. Notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

5. Remítase el proceso a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: José Luis Barceló CamachoFernando Alberto Castro CaballeroLuis Antonio Hernández Barbosa.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.