Sentencia STP6815-2017/91607 de mayo 16 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

STP6815-2017

Rad.: 91607

Magistrada Ponente

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

Acta: 149

Vistos

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Bogotá, D. C., dieciséis de mayo de dos mil diecisiete.

Resuelve la Sala la impugnación instaurada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec contra el fallo proferido el 30 de marzo de 2017 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, mediante el cual concedió las pretensiones de la acción de tutela formulada por N. G. T. P. contra la mencionada entidad y la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, por la violación de sus derechos fundamentales a la seguridad e integridad personal. Al trámite fueron vinculados los juzgados 47, 73 y 34 penales municipales con función de control de garantías de Bogotá, 19 penal del circuito con función de conocimiento de la misma ciudad, y el centro de servicios de los juzgados penales de Paloquemao.

Antecedentes y fundamentos de la acción

Fueron resumidos por el a quo de la siguiente manera:

N. G. T. P. instauró acción de tutela para lograr la protección de sus derechos fundamentales. Expuso, como supuestos de hecho, los siguientes:

1.1. El 19 de noviembre de 2015, la Fiscalía General de la Nación autorizó la aplicación de un principio de oportunidad a N. G. T. P.; por ende, suspendió la acción penal en contra del actor por su colaboración en el caso conocido por los medios de comunicación (…), a pesar que él es coautor en el mismo proceso.

1.2. Además, el Juzgado 19 Penal del Circuito de Bogotá, en sentencia de preacuerdo de fecha 12 de enero de 2017, condenó a N. G. T. P. a la pena de 8 años de prisión por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y favorecimiento al homicidio. En la misma sentencia se concedió el beneficio de prisión domiciliaria al actor.

1.3. El Juzgado 47 Penal de Control de Garantías de Bogotá concedió las medidas de protección en favor del accionante y de su familia, pues, como testigo de la fiscalía en el referido proceso, ha sido víctima de amenazas.

En consecuencia, ese juzgado ordenó i) al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, que custodiara permanentemente el domicilio donde se encuentra recluido el actor y que le prestara acompañamiento en cada una de las diligencias a las que T. P. debiera asistir como testigo de la Fiscalía General de la Nación y (ii) a la Oficina de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación que incluyera inmediatamente a N. G. T. P. junto a su familia en ese programa, ante el inminente peligro en el que se encontraba su vida e integridad en su condición de testigo de la fiscalía.

Sin embargo, las citadas entidades no han dado cumplimiento a la orden de la juez de control de garantías.

1.4. El accionante consideró que se han vulnerado sus derechos fundamentales a la vida e integridad personal y los de su familia; en consecuencia, solicitó que se ordenara a las entidades accionadas dar inmediato cumplimiento a la orden proferida por el Juzgado 47 Penal de Control de Garantías de Bogotá(1).

El fallo impugnado

Tras analizar los elementos de convicción aportados al expediente, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá consideró que, tal y como fue denunciado por T. P., las autoridades accionadas a saber, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec y la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, han hecho caso omiso a la orden proferida por el Juzgado 47 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de esta ciudad; lo que sin duda pone en grave riesgo la vida, integridad personal y seguridad del accionante y su familia.

Por consiguiente, resolvió:

1. Tutelar el derecho fundamental a la seguridad de N. G. T. P., según se expuso en precedencia.

2. Ordenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec y a la Oficina del Programa de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación que en el término de tres (3) días contados a partir de la notificación de esta determinación, den cumplimiento a la orden que les impartió el Juzgado 47 Penal Municipal de Control de Garantías de esta ciudad, la cual les fue comunicada mediante los oficios 029 y 030 del 1 de febrero de 2017, respectivamente.

3. Negar la acción de tutela respecto de las demás entidades accionadas según se expuso en la parte motiva de esta decisión(2).

La impugnación

Inconforme con el pronunciamiento anterior, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec presentó recurso de apelación. Argumentó que dentro de sus posibilidades no está la de brindar seguridad permanente al señor T. P. dado que, como lo indica el artículo 314 de la Ley 906 de 2004, la vigilancia y control de las personas que se encuentran en prisión domiciliaria se realiza “sólo con visitas periódicas y aleatorias”.

Sin embargo, informó que con el fin de verificar la situación actual de nivel de riesgo del citado sentenciado, se solicitó al área de policía judicial del establecimiento penitenciario que le realizara una entrevista. En virtud de ésta, N. G. T. P. manifestó expresamente que desde hace 7 meses la Policía Nacional dispuso a su favor, un servicio de custodia fijo las 24 horas.

Por tanto, considera la entidad recurrente que los derechos fundamentales a la vida, integridad y seguridad del accionante se encuentran garantizados a través de la vigilancia permanente que le ofrece la Unidad Nacional de Protección(3).

Consideraciones de la Corte

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Decreto 1382 de 2000, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver la impugnación interpuesta por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec, contra el fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

2. En este asunto, N. G. T. P. acudió a la vía constitucional para solicitar la protección de sus derechos fundamentales a la vida, integridad personal y seguridad, dado que las autoridades accionadas, a saber, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec y la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, no han dado cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado 47 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, en punto del otorgamiento de medidas de protección, dada su calidad de testigo de cargo de la Fiscalía General de la Nación.

3. Sobre el particular, debe reseñarse que, en reiterados pronunciamientos, la Corte Constitucional, amparada en los artículos 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 229 y 29 de la Constitución Política, ha reconocido el deber de las autoridades públicas y particulares de acatar los fallos judiciales con el fin de garantizar la efectiva materialización de los derechos fundamentales y el goce pleno de los mismos.

Así, en la Sentencia T-553 de 1995 dijo:

La observancia de las providencias ejecutoriadas, además de ser uno de los soportes del Estado social de derecho, hace parte del derecho de acceder a la administración de justicia –artículo 229 superior–. Este se concreta no sólo en la posibilidad de acudir al juez para que decida la situación jurídica planteada, sino en la emisión de una orden y su efectivo cumplimiento; valga decir, en la aplicación de la normatividad al caso concreto.

En tal virtud, cuando la autoridad demandada se rehúsa a ejecutar lo dispuesto en la providencia judicial que le fue adversa, no sólo vulnera los derechos que a través de esta última se han reconocido a quien invocó protección, sino que desacata una decisión que hizo tránsito a cosa juzgada. Si tales derechos son fundamentales, el desconocimiento de la sentencia que los ampara viola el Ordenamiento Superior, también por esa razón. (Destaca la Sala).

Además, particularmente, con relación a la procedencia de la tutela para el cumplimiento de providencias judiciales, en Sentencia T-131 de 2005, la Corte precisó:

(…) no obstante su carácter residual y subsidiario, la acción de tutela es procedente para hacer cumplir un fallo judicial cuando la inobservancia del mismo ha conllevado a la clara afectación de derechos fundamentales y los mecanismos judiciales alternativos no son lo suficientemente eficaces, de acuerdo con las circunstancias de cada caso. Ello implica que el juez de tutela está en la obligación de determinar si en el asunto que se somete a su consideración se hace necesario la protección por esta vía”. (Negrilla ajena al texto original).

En este orden de ideas, se concluye que el incumplimiento de una sentencia por parte de la autoridad encargada de ejecutar la orden, constituye una violación directa al derecho fundamental a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, además del derecho fundamental que el mismo fallo reconoce y no ha logrado ejercerse. (Cfr. Sentencia T-440/10).

4. Para el caso bajo examen, de la información suministrada por el demandante y las pruebas que obran en el expediente, encuentra la Sala:

4.1. En audiencia preliminar (…), el Juzgado 47 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá ordenó(4):

a. Oficiar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec con el fin de que disponga las medidas necesarias para: (i) custodiar permanentemente el lugar de residencia de N. G. T. P., y (ii) brindar acompañamiento a todas y cada una de las diligencias a las que éste deba asistir, en su calidad de testigo de la Fiscalía General de la Nación.

Y b. Oficiar a la Oficina de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación para que «en el menor término posible” se incluya a N. G. T. P. y a su grupo familiar en uno de esos programas, “que de ser necesario, lo deberán ubicar en domicilio diverso al cual se encuentra en la actualidad”, dado el inminente peligro y riesgo que le representa su condición de testigo de la fiscalía.

3.2. Sin embargo, esas órdenes no fueron atendidas por las autoridades accionadas.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec afirmó que dentro de sus competencias no está la de brindar custodia permanente a los condenados que se encuentran en prisión domiciliaria, toda vez que la vigilancia y control de estas personas sólo se realiza mediante “visitas periódicas y aleatorias”. Además, dijo, este tipo de amparo está a cargo de la Unidad Nacional de Protección, entidad que, en efecto, desde hace 7 meses viene proporcionándole a T. P. un servicio fijo de custodia las 24 horas del día.

Ahora, frente a la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad del mencionado durante su traslado a las diferentes diligencias que tenga que rendir con ocasión de su calidad de testigo de la fiscalía, no emitió ningún pronunciamiento.

De otra parte, en lo que respecta a la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, fue con ocasión del mandato impuesto en el fallo de tutela de primera instancia que la entidad procedió a materializar la orden dictada por el Juzgado 47 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.

Así, el Director Nacional de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación remitió memorial de fecha 7 de abril de 2017 a través del cual informó que por conducto de la Unidad de Reubicaciones se dispuso de manera inmediata el diseño y estudio socio-económico de la medida de protección denominada “cambio de domicilio” a favor de N. G. T. P. y su grupo familiar. Sin embargo, dado que el mencionado ostenta la calidad de condenado privado de la libertad en su domicilio, aclaró que la entidad se encuentra adelantando las gestiones necesarias para materializar dicha medida de seguridad y que las autoridades judiciales y penitenciarias “tengan pleno conocimiento del lugar de domicilio en el cual se cumplirá la condena impuesta al aquí accionante”(5).

5. En ese contexto, no hay duda de que el tribunal a quo hizo bien al conceder el amparo constitucional pretendido pues, las autoridades accionadas no acreditaron el cumplimiento de la orden impartida por el Juzgado 47 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, y en este caso, el acatamiento de dicho fallo surge imperioso, dados los antecedentes de amenaza contra la vida e integridad del accionante, los cuales repercuten hacia su familia y obligan a que, por razones de cautela, esta Sala encuentre acreditado que están en una grave situación de seguridad que impone al Estado adoptar a su favor medidas especiales y efectivas de protección.

Además, el asunto que concita la atención del juez constitucional no consiste en cuestionar la medida decretada por el juez ordinario, sino garantizar que la misma se materialice dadas las condiciones especiales en que se encuentra el demandante.

En particular, debe decirse que aunque excede las competencias del Inpec brindar protección permanentemente al lugar de residencia de N. G. T. P. (lo cual en todo caso no representa vulneración de los derechos del accionante pues está siendo garantizado por la Unidad Nacional de Protección), sí le corresponde disponer las medidas necesarias para garantizar la seguridad del mencionado durante sus traslados a la diferentes diligencias que tenga que rendir con ocasión de su calidad de testigo de la fiscalía pues, cuando una persona está sometida a detención o prisión domiciliaria, son los funcionarios del Inpec los encargados del control de la misma.

En consecuencia, la Sala confirmará en su integridad el fallo impugnado.

6. Por último, debe considerarse que al haberse tratado el asunto de la garantía de los derechos a la vida y a la seguridad personal del accionante y de su núcleo familiar, la Sala dispone, como consecuencia lógica de la decisión adoptada en el fallo de tutela, que por conducto de la Relatoría, se habilite la reserva de los datos que posibiliten la individualización y/o identificación del actor.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal - en Sala de Decisión de Acciones de Tutela Nº 3, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR el fallo impugnado.

ORDENAR que por conducto de la Relatoría se habilite la reserva de los datos que posibiliten la individualización y/o identificación del actor.

NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: José Francisco Acuña Vizcaya—Eugenio Fernández Carlier—Patricia Salazar Cuéllar.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 Cuaderno primera instancia. Folios 104 - 105.

2 Ibíd. Folios 112 - 113.

3 Ibíd. Folios 153 - 163.

4 CD. Audiencia Preliminar. 1º de febrero de 2017. Juzgado 47 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.

5 Ibíd. Folios 126 - 127.