Sentencia STP7095-2015/79885 de junio 2 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Nº 3

Rad.:79.885

Acta Nº 194

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

Bogotá, D.C., dos de junio de dos mil quince.

Se pronuncia la Sala sobre la demanda de tutela instaurada por EDWAR DÍAZ CEBALLOS, contra la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, el JUZGADO VEINTICINCO PENAL DEL CIRCUITO y la FISCALÍA 29 SECCIONAL, ambos de esa ciudad, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.

Antecedentes y fundamentos

Por hechos ocurridos el 3 de marzo de 2014, fue capturado en flagrancia EDWAR DÍAZ CEBALLOS.

El día siguiente se adelantaron en su contra las audiencias concentradas de legalización de la captura,

formulación de imputación por los delitos de hurto calificado y agravado y porte de armas de fuego. Se le impuso además, medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

El 29 de abril de 2014, la Fiscalía radicó el escrito de acusación y la correspondiente audiencia se fijó para los días 11 de junio, 13 de julio, 1º, 13 y 23 de agosto del mismo año, sin que se llevara a cabo, en razón a que la defensa solicitó la suspensión de la misma con el fin de explorar la posibilidad de suscribir un preacuerdo con la Fiscalía.

Finalmente, el 19 de febrero de 2015 el procesado, su defensor y la Fiscalía presentaron ante el Juez Veinticinco Penal del Circuito de Medellín, preacuerdo, que consistió en que DÍAZ CEBALLOS admitía su responsabilidad por los hechos objeto de acusación y se excluiría de la misma la circunstancia agravante del delito de porte ilegal de armas. La víctima fue reparada integralmente.

Ese acto fue aprobado por el funcionario de conocimiento y en la misma data se procedió a emitir la decisión condenatoria, mediante la cual le impuso la pena de 116 meses de prisión.

La providencia del a quo fue apelada por el procesado y su defensor. El primero, fundó su reclamo en que no obtuvo la rebaja del 12,5% de la condena por el

allanamiento a cargos, por el monto reconocido por la reparación integral a la víctima y porque no le fue concedido el beneficio de la prisión domiciliaria; el segundo, criticó la dosificación punitiva contenida en la sentencia y la falta de reconocimiento de la marginalidad como diminuente punitiva.

No obstante, al conocer de la alzada, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, mediante auto del 7 de abril siguiente rechazó el recurso vertical «ante la evidente ausencia de interés para recurrir». Contra ese proveído no se formuló recurso alguno.

Acude ahora EDWAR DÍAZ CEBALLOS a la extraordinaria vía de tutela. Refiere que fueron vulnerados sus derechos fundamentales en el proceso penal que cursó contra él, particularmente porque durante el trámite se produjo «un vencimiento de términos».

Lo anterior, en razón a que transcurrieron 11 meses desde su captura, hasta el momento en que inició «la audiencia pública», lo que superó ampliamente el término contemplado en el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal.

Señala además de manera breve, que «no contó con una defenza (sic) técnica», pues su defensor no elevó escrito alguno encaminado a que se le concediera «la libertad o el sustituto de la prisión domiciliaria».

Censura también el no haber obtenido los beneficios contenidos en los artículos 350 y 351 ejusdem, aun cuando preacordó declararse responsable por los hechos que le endilgó la Fiscalía, lo que configura, en su criterio, la causal de nulidad contenida en el artículo 457 de la Ley 906 de 2004, por la vulneración de sus garantías.

Por tal razón, pide al juez de tutela el amparo de sus derechos fundamentales y de contera, que se ordene al Juzgado Veinticinco Penal del Circuito de Medellín, que anule lo actuado para corregir los yerros cometidos por las autoridades accionadas.

Trámite y respuesta de las autoridades accionadas

1. La Fiscalía 29 Seccional de Medellín hizo un recuento de la actuación procesal, para luego referir que a pesar de la diligencia con que se adelantó el trámite, las dilaciones del proceso tuvieron lugar por cuenta de concretar aspectos que favorecían la estrategia de la defensa, particularmente la posibilidad de reparar integralmente a la víctima para viabilizar el preacuerdo y además, «el beneficio por reparación».

Señaló que sus actuaciones se ajustaron al ordenamiento legal, por lo que pidió que se despache desfavorablemente la demanda.

2. Por su parte, el Tribunal Superior de Medellín aportó copia de la providencia que dictó el 7 de abril del presente año, mediante la cual rechazó el recurso de apelación formulado por el defensor del accionante, por falta de interés para recurrir.

3. El Juzgado Veinticinco Penal del Circuito de Medellín no se pronunció dentro del término de traslado correspondiente.

Consideraciones de la Corte

De conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Decreto 1382 de 2000, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver la demanda de tutela instaurada por Edwar Díaz Ceballos.

En primer término, recordará la Sala los requisitos de procedibilidad del amparo cuando se instaura contra decisiones emitidas por jueces de la República, los que ya han sido expuestos in extenso por la jurisprudencia constitucional.

1. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

La acción de tutela es un mecanismo de protección excepcionalísimo cuando se dirige en contra de providencias judiciales y su prosperidad va ligada al cumplimiento de rigurosos requisitos de procedibilidad que esta corporación, en posición compartida por la Corte Constitucional en fallos C-590 de 2005 y T-332 de 2006, entre otros, ha venido acogiendo y que implican una carga para el actor, no solo en su planteamiento, sino también en su demostración.

Según la doctrina constitucional, los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ameritan que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Además, que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

Igualmente, exige la jurisprudencia que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; así mismo, cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

Además, “que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible”.(1)

Y finalmente, que no se trate de sentencias de tutela.

Los anteriores requisitos no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido ratificados por la Corte Constitucional, primero en la Sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, ya citada y luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mentadas providencias, en el sentido que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida “(…) si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto” (C-590 de 2005) —Negrillas fuera del original—.

De otra parte, los requisitos de carácter específico han sido reiterados en pacífica jurisprudencia a partir de esa decisión y pueden sintetizarse así:

“Para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución”.

Los eventos en los cuales procede la acción de tutela contra decisiones judiciales, involucran, de un lado, la superación del concepto de vía de hecho, y del otro, la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

Debe reiterar la Sala en esta oportunidad, que cuando la tutela pretende la protección de un derecho fundamental presuntamente vulnerado por una providencia judicial, su procedencia no es excepcional, sino excepcionalísima, pues corre el demandante con la carga de demostrar la presencia de una o varias de las causales de procedibilidad que esta corporación ha venido acogiendo, en posición compartida con la Corte Constitucional, que expresó en Sentencia CC T-780/06 que:

“La eventual procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales y otras providencias que pongan fin al proceso tiene connotación de excepcionalísima, lo cual significa que procede siempre y cuando se cumplan unos determinados requisitos muy estrictos que la jurisprudencia se ha encargado de especificar (Negrillas fuera del original)”.

Finalmente, cabe destacar que a partir de la misma decisión CC C-590/05 arriba citada, la procedencia de la tutela contra una decisión emitida por un juez de la República se habilita, únicamente, cuando se presente al menos uno de los defectos generales y específicos sintetizados en precedencia.

2. Sobre el cumplimiento de las causales genéricas de procedibilidad.

Si bien se ha dicho que el agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios —apelación o casación—, constituye condición de procedibilidad para acudir ante el juez de amparo, también ha expuesto la Sala que, cuando se constata un vicio de tal contundencia y con la capacidad de prolongar sus efectos en el tiempo, entonces el amparo sí procede, no obstante el incumplimiento de la citada causal. En ese sentido, de manera reciente, en providencias CSJ STP7459 del 10 de junio de 2014 y CSJ STP, 1º de abril de 2014, Rad. 72.514, se indicó:

“3. De otra parte, es del caso aclarar que si bien el libelista no promovió el recurso de impugnación ni de casación y la sentencia de segunda instancia data del 2012, esta Sala ha sido del criterio que frente a la existencia de un error legal o constitucional objetivo, como el señalado en este caso, tiene cabida el amparo, claro está, sin que ello implique remover la ejecutoria de la providencia. Esto último, en tanto que:

(…) la morigerada flexibilización de la cosa juzgada en el Estado constitucional que dio cabida a la acción de tutela contra providencias judiciales, es precisamente para privilegiar ponderadamente la realización del derecho sustancial con un mínimo de justicia material, sobre las rígidas formas que eventualmente podrían esconder decisiones judiciales inaceptables desde una perspectiva realista y humanizada del ordenamiento jurídico, enfoque del que no puede ser ajeno el operador —judicial— como juez constitucional —de tutela— ni como fallador ordinario, pero de ninguna manera, so pretexto de defender los derechos fundamentales, la acción constitucional puede servir de instrumento para generar impunidad, propiciar la prescripción de la acción penal, promover la incuria o negligencia de las personas frente a los procesos ordinarios, o habilitar los recursos no ejercidos en tiempo.

Posición que tiene respaldo en las sentencias de tutela proferidas por esta Sala el 9 de marzo de 2010, Rad. 46583; 18 de mayo de 2010, Rad. 48065; 9 de octubre de 2013, Rad. 69613 y 21 de enero de 2014, Rad. 71200, mediante las cuales fueron amparados los derechos fundamentales de los entonces accionantes, no obstante que éstos no ejercieron la totalidad de los recursos, por observarse en todos esos casos defectos objetivos de carácter puramente jurídico con efecto en el quantum de la pena —como en este asunto—, sin remover la ejecutoria de las sentencias”.

Entonces, la existencia de un defecto objetivo de carácter jurídico, que implique la afectación real y actual de los derechos fundamentales del accionante, permite establecer una regla excepcionalísima que justifica la intervención del juez de tutela, a pesar del desconocimiento del principio de subsidiariedad de la acción de tutela.

3. Análisis del caso concreto.

3.1. Para el caso, Edwar Díaz Ceballos fue condenado el 19 de febrero de 2015 por el Juzgado Veinticinco Penal del Circuito de Medellín, a la pena de 116 meses de prisión, en virtud de un preacuerdo que suscribió con la Fiscalía.

Es de recordar, que él y su defensor apelaron la sentencia dictada por el a quo. Los aspectos objeto de alzada fueron sintetizados así por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín:

“1. El defensor presentó escrito en el que invocó el arrepentimiento de su defendido, su calidad de buen padre de familia y buen vecino, su buen comportamiento en el penal y su condición “humana precaria” y la necesidad de reconocerle circunstancias de menor punibilidad que solo identificó por su numeración dentro del listado del artículo 55 del C.P. y el reconocimiento de la marginalidad como diminuente de punibilidad sin explicación alguna de su pretensión.

2. El sentenciado dijo que debió rebajársele las tres cuartas partes de la pena por cuenta de la reparación de los prejuicios (sic) y el 12.5% de la misma por cuenta de la aceptación de cargos, así como la prisión domiciliaria porque eso fue lo acordado con la Fiscalía”.(2)

La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín determinó, mediante auto del 7 de abril de 2015, rechazar el recurso de apelación “ante la evidente ausencia de interés para recurrir” y por razón de que el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía, el procesado y su defensor, se limitó a la exclusión de la agravante del delito de porte de armas, sin incluir en ese acto los aspectos objeto del recurso vertical; “y el imputado renunció a discutir cualquier aspecto relacionado con la atenuación de responsabilidad, que modifique los extremos punitivos del tipo”(3).

Tanto Díaz Ceballos como su defensor asistieron a la audiencia en la cual se dio lectura al referido auto(4), pero no formularon contra esa providencia el “recurso de reposición”, único que habilitó el tribunal para recurrir la decisión de rechazo de la alzada.

3.2. Ahora bien, ha dicho la Sala de manera pacífica, que en los casos en que el procesado celebre preacuerdos o admita su responsabilidad por los hechos materia de juzgamiento, es posible censurar la correspondiente sentencia, cuando se advierta:

“(…) alguna causa que produzca la afectación sustancial del debido proceso o la vulneración de las garantías fundamentales; problemática que, por lo general, es enmendable por vía de nulidad; y también es válida la impugnación por motivos diferentes, pero en todo caso ajenos al contenido de la conducta y la culpabilidad aceptadas, tales como el monto de la pena y las condiciones en que ha de cumplirse la misma (En ese sentido, CSJ AP, 7 dic. 2011, Rad. 36.505, énfasis agregado)”.

Y además, en sentencia CSJ SP, 8 de julio de 2009, Rad. 31.531, dijo que:

“Bien puede afirmarse que el predicado del artículo 293 inciso 2º del C. de P.P., referido a la imposibilidad de retractación por parte de los intervinientes una vez se hubiese dado el examen de juridicidad del acuerdo y la aceptación del mismo por parte del juez de conocimiento, contrae una limitante para impugnar los aspectos sustanciales que hubiesen sido objeto del consenso(5), traduciéndose conforme al criterio de “interés para recurrir” que en principio los intervinientes en el acuerdo aprobado, carecen de legitimidad para desarrollar censuras en la pretensión de lograr la revocatoria o modificación de aspectos de atribución típica, grados de participación, circunstancias modales, adecuación antijurídica, expresiones de culpabilidad, agravantes genéricas o específicas, etc., que hubiesen sido objeto de aceptación, preacuerdo o negociación.

Las anteriores limitaciones tienen su fundamento en el hecho que la segunda instancia como la sede extraordinaria de la casación penal en lo que corresponde a la impugnación de sentencias proferidas en vía de terminación anticipada del proceso, no pueden constituirse en espacios de retractación de lo aceptado, motivo por el cual se restringe para aquellos la discusión probatoria, retractación o negación de los cargos que de manera libre y espontánea hubiesen aceptado.

Lo anterior no excluye que se puedan desplegar censuras sobre aspectos relacionados con la dosificación de la pena en cuanto a sus límites de legalidad, mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, efectos de incongruencia entre los contenidos de lo consensuado y las conductas derivadas, y desde luego, respecto de la transgresión de garantías fundamentales.

De las restricciones derivadas de la irretractabilidad de los aspectos sustanciales que hubieran sido objeto del consenso aprobado, es de donde se deriva que las limitaciones para recurrir sentencias por vía de terminación anticipada del proceso se hagan extensivas a la sede extraordinaria de la casación penal.

Debe precisarse y reiterarse que dentro de los mencionados límites, no se implica lo relacionado con la efectividad del derecho material en orden a la realidad del principio de prevalencia del derecho sustancial, lo relativo al propósito de unificación de la jurisprudencia y lo que dice relación con el menoscabo de garantías fundamentales, de suerte que al sindicado y su defensor les asiste “interés para recurrir” con toda legitimidad en sede de casación penal aspectos relacionados con violación del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de garantías (art. 457) o por violación de garantías de incidencias sustantivas, conforme al artículo 228 constitucional (Todos los resaltados fuera de texto)”.

Entonces, en tratándose de preacuerdos y aceptación de responsabilidad, los únicos aspectos susceptibles de ser objeto de los recursos ordinarios y extraordinarios, son los relativos a la vulneración de garantías fundamentales, el monto de la pena, el reconocimiento de subrogados penales y todos los que sean ajenos a la declaración de responsabilidad penal.

3.3. La Corte Constitucional ha avalado la posibilidad de que, a pesar de que la demanda de tutela cuente con una errada fundamentación, es posible, dentro del marco de las facultades oficiosas con las que cuenta el juez de amparo, resarcir eventuales afectaciones de los derechos fundamentales del accionante.

En ese sentido, en sentencias T-464 de 2012, T-886 de 2000 y T-425 de 2012, se dijo:

“(…) en materia de tutela no solo resulta procedente sino que en algunas ocasiones se torna indispensable que los fallos sean extra o ultra petita. Argumentar lo contrario significaría que si, por ejemplo, el juez advierte una evidente violación, o amenaza de violación de un derecho fundamental como el derecho a la vida, no podría ordenar su protección, toda vez que el peticionario no lo adujo expresamente en la debida oportunidad procesal. Ello equivaldría a que la administración de justicia tendría que desconocer el mandato contenido en el artículo 2º superior y el espíritu mismo de la Constitución Política, pues —se reitera— la vigencia de los derechos constitucionales fundamentales es el cimiento mismo del Estado social de derecho”.

Tesis que refrendó esta Sala de Tutelas en la ya citada decisión CSJ STP7459 – 2014.

Bajo este contexto, debe la Corte atender, de manera oficiosa, la vulneración de los derechos fundamentales de Edwar Díaz Ceballos por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, pues el proveído que emitió esa corporación, no fue censurado por el actor en la vía tutelar.

En ese sentido, observa la Corte que, contrario a lo afirmado por esa corporación en el auto dictado el 7 de abril de 2015, tanto a él como a su defensor, les asistía interés para recurrir por vía del recurso de apelación, la sentencia de primer nivel.

En efecto, en nada se cuestionó en el escrito de alzada la responsabilidad que admitió el ahora accionante, memorial que giró en torno al reconocimiento de la prisión domiciliaria; a la concesión de una mayor rebaja por reparación que la conferida por el a quo; a la redención de la pena en el monto del 12,5% por la aceptación de cargos y al reconocimiento de la condición de marginalidad como diminuente de la condena.

Y si bien el tribunal, en la parte motiva del auto en comento explicó por qué tales solicitudes de los apelantes no tenían vocación de prosperidad, de manera por demás extraña resolvió rechazar el recurso vertical y no, emitir la sentencia correspondiente, que habría sido lo propio, dado el carácter de los temas que se llevaron a la segunda instancia.

Con ese proceder, incurrió el ad quem en una vía de hecho, pues cercenó el derecho a la doble instancia que le asiste al actor, como reflejo de la garantía constitucional del debido proceso y además, imposibilitó que este acudiera al recurso extraordinario de casación, en caso de que la sentencia de segundo nivel le fuera desfavorable.

Y es que si bien, ni el actor, ni su defensor en el proceso penal, formularon el recurso de “reposición” contra el referido auto a pesar de asistir a la diligencia de lectura de la providencia, este es uno de aquellos casos en los cuales, debe la Sala aplicar la excepcionalísima regla justificante de la intervención del juez de tutela, a pesar del desconocimiento del principio de subsidiariedad de la tutela.

Lo anterior, pues el actuar del Tribunal Superior de Medellín, configura un defecto objetivo de carácter jurídico, que implica la afectación real y actual de los derechos fundamentales del accionante, quien a la postre vio coartada la garantía constitucional de la doble instancia, que activó al sentirse desfavorecido con la decisión de primer nivel, en aspectos que sí eran susceptibles de ser controvertidos por vía del recurso de apelación.

Por tal razón, de manera oficiosa, concederá la Sala el amparo constitucional a los derechos fundamentales de Edwar Díaz Ceballos y en ese entendido, dejará sin efectos la providencia dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín el 7 de abril de 2015, mediante la cual rechazó por “ausencia de interés para recurrir”, los recursos de apelación formulados por el accionante y su defensor.

En ese sentido, ordenará a esa corporación, que en un término no superior de treinta (30) días contados a partir de la notificación del presente fallo, dicte la decisión que en derecho corresponda, de conformidad con las pautas expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2.4. Alega el actor en el libelo tutelar, que transcurrieron 11 meses desde su captura, hasta el momento en que inició “la audiencia pública”, lo que superó ampliamente el término contemplado en el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal.

Ese aspecto no fue controvertido ni por él, ni por su defensor en los escritos mediante los cuales sustentaron el recurso de apelación, por lo que no podría ser conocido por el tribunal al desatar la alzada conforme con la orden constitucional atrás impartida, en virtud del principio de limitación que le es inherente a la segunda instancia, razón por la cual, debe la Sala pronunciarse frente a esa censura.

No obstante, dicho reclamo no tiene vocación de prosperidad, pues el efecto práctico del vencimiento de términos en el proceso penal, es la libertad del imputado o acusado, como así lo enseña el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal.

Además, ese reproche debía formularlo dentro del trámite que cursó en su contra, acudiendo ante el juez de control de garantías para deprecar su libertad, o a través de la acción constitucional de hábeas corpus, pues, se insiste, el vencimiento de términos tiene efectos es sobre la medida de aseguramiento, no sobre el proceso penal o la declaración de responsabilidad que le asiste al acusado.

También es de reseñar, que el 29 de abril de 2014, la Fiscalía radicó el escrito de acusación y la correspondiente audiencia se fijó para los días 11 de junio, 13 de julio, 1º, 13 y 23 de agosto del mismo año de ese año, pero esta no se llevó a cabo en ninguna de tales fechas, por solicitud de la defensa, quien pretendía explorar la posibilidad de suscribir un preacuerdo con el ente acusador, luego de que Díaz Ceballos reparara integralmente a la víctima para así poder suscribir el referido convenio. El preacuerdo se presentó ante el funcionario de conocimiento, finalmente, el 19 de febrero de 2015.

Si bien no se llevó a cabo la formulación de acusación, por causa exclusiva del procesado y su defensor, debe advertir la Sala que el juez de conocimiento debía proceder a adelantar la diligencia de acusación de manera oportuna y no, avalar las reiteradas suspensiones de la audiencia, elevadas por el representante judicial de Díaz Ceballos, pues las negociaciones entre fiscalía y procesado no pueden dilatar el trámite penal.

No obstante, descarta la Sala el alegado fenecimiento del término, pues las dilaciones fueron ocasionadas por la defensa, como se expuso en precedencia, razón por la cual, se negará el amparo invocado en lo que a este tópico respecta.

2.5. Por lo demás, deberán negarse las restantes pretensiones de la demanda de tutela invocada por Díaz Ceballos, pues al habilitar la Sala nuevamente la posibilidad de que el actor cuestione, a través de los mecanismos ordinarios de defensa, los aspectos que trae a la vía tutelar inherentes al recurso de apelación formulado contra la sentencia condenatoria, es por ese cauce que deben ser desatados los reclamos sobre una presunta afectación de la garantía de defensa y rebajas punitivas no reconocidas, aspectos también objetados en esta sede.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal – en Sala de Decisión de Acciones de Tutela Nº 3, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

CONCEDER amparo a los derechos fundamentales de Edwar Díaz Ceballos.

DEJAR SIN EFECTOS la providencia dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín el 7 de abril de 2015, mediante la cual rechazó por “ausencia de interés para recurrir”, los recursos de apelación formulados por el accionante y su defensor.

ORDENAR a esa corporación, que en un término no superior de treinta (30) días contados a partir de la notificación del presente fallo, dicte la decisión que en derecho corresponda, de conformidad con las pautas expuestas en la parte motiva de esta providencia.

NEGAR las pretensiones de la demanda de tutela.

NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.

Notifíquese y cúmplase».

1 Ibídem.

2 Folios 51 y 52 del cuaderno de la Corte.

3 Folio 57 ídem.

4 Como se advierte del acta de lectura de la decisión, obrante a folio 77 del cuaderno de la Corte.

5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de mayo 10 de 2006, Rad. 25248.