Sentencia STP7429-2016 de junio 2 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Nº 1

STP7429-2016

Radicación: 85906

Magistrado Ponente:

Dr. Eyder Patiño Cabrera

(Aprobado acta 169)

Bogotá, D.C., dos de junio de dos mil dieciséis.

Asunto

Se resuelve la impugnación presentada por la Presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, frente a la decisión proferida el 27 de abril de 2016 por cuyo medio la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, concedió la tutela interpuesta por ÉDGAR ENRIQUE SANTIAGO PARDO por la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y al acceso a la carrera administrativa.

Al presente trámite fueron vinculados la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, los Juzgados 4º y 5º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías, la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico de la Rama Judicial y CRISTIAN ALEJANDRO CALDERÓN MOSQUERA, quien integra el puesto Nº 1 la lista de elegibles para proveer el cargo de Asistente Jurídico Grado 19 de los Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad.

Antecedentes

1. Fundamentos de la acción.

Fueron relatados por el a quo de la siguiente manera:

(…) Conforme a los hechos narrados en el escrito de tutela, se tiene que mediante Acuerdo CSJMA 13-139 de 2013 la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta convocó a concurso de méritos para proveer los cargos vacantes de empleados en este distrito judicial, dentro de los cuales se encontraba el de Asistente Jurídico grado 19 de los Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, mismo para el que se postuló el señor SANTIAGO PARDO, quien cumplió a cabalidad los requisitos exigidos y superó la prueba de conocimientos, obteniendo finalmente 659.95 puntos que lo ubicaron en el segundo lugar de la prueba de elegibles.

Así mismo. Indica que mediante Acuerdos PSAA15-10402 y PSAA15-10412 de 2015 fueron creados en el Distrito Judicial de Villavicencio los Juzgado Cuarto y Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías, cuya planta de personal contiene para cada uno de ellos un cargo de Asistente Jurídico grado 19, por lo que desde ese momento se determinó la existencia de tales vacantes a proveer, tal y como a la postre lo admitieron tanto la Unidad de Carrera Judicial como la Presidencia del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, al emitir los oficios CJOFI15-1003 de 2015 y CSJM-SA 16-56 de 2016, por medio de los cuales informó a los titulares de esos despachos sobre el concepto favorable de traslado de la señora Maritza Lasso Zúñiga, y al abstenerse de publicar dichas vacantes como opción de sede hasta tanto se decidiera el traslado de la prenombrada.

No obstante, manifiesta que a través de memorial de 09 de febrero de 2016 la señora Lasso Zúñiga remitió comunicación ante los referidos Juzgados informando su desistimiento respecto de la solitud de traslado, quedando libres desde esa calenda las vacantes en ambos despachos, por lo que debieron ser publicados como opción de sede; sin embargo, por razones que resultan extrañas a él, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta no realizó lo propio con los cargos de empleados del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Acacías, contrariando los preceptos establecidos en el Acuerdo CSJMA-13-139 de 2013, y obviando que el Consejo Superior de la Judicatura sí mantuvo en firme la publicación de opción de sede para el Juez de ese estrado judicial.

Por lo anterior, el accionante presentó petición ante la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta requiriendo que le informaran las razones por la cuales no se había realizado la publicación de la opción de sede para el cargo de Asistente Jurídico grado 19 del Juzgado Cuarto de la multicitada especialidad, recibiendo como respuesta el oficio CSJM-SA 16-477 en donde le indican que la existencia de un plan de reordenamiento judicial no permitió la publicidad de ese despacho en particular. Empero, al considerar que dicha contestación no satisfizo de fondo sus requerimientos, procedió a elevar un nuevo escrito petitorio que fue absuelto en oficio de 11 de marzo de 2016, donde la citada Corporación expresó como argumentos de su actuar omisivo: (i) que el cargo de juez del aludido juzgado cuarto se encontraba vacante por renuncia del titular, aunado a que por parte de los aspirantes no se presentó opción de sede o traslado, y (ii) que al encontrarse en trámite el plan de reordenamiento dispuesto por esa Sala, se debía dar aplicación al Acuerdo PSAA08-4536 de 2008, en el que en el inciso 5º del artículo 2º, mismo que ordena la publicación del cargo previo concepto de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, en que indique si la plaza vacante se encuentra o no en un programa de reordenamiento judicial.

Frente a los referidos puntos, el actor manifiesta su inconformidad argumentando en primer lugar, que si bien no se presentó solicitud de opción de sede por parte de los aspirantes a dicho cargo, ello obedece a que la misma Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta es quien ha excluido esa posibilidad, y de otro lado, que dicha Corporación realizó una errónea interpretación extensiva del Acuerdo PSAA08-4636 de 2008, como quiera que el mismo hace referencia a la publicación de los cargos de los “funcionarios judiciales” más no a los “empleados de carrera”, conculcándose de esa manera los derechos fundamentales que le asisten al cohibírsele el acceso a las dos opciones de sede a que considera tiene derecho por haber superado las etapas del concurso de méritos.

Finalmente expone que para sustentar la vulneración de sus garantías constitucionales, mediante escrito del 11 de marzo de 2016 elevó derecho de petición ante la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico de la Rama Judicial a fin de que le fuese informado si a la fecha existía un concepto previo que indicara expresamente que los Juzgados Cuarto y Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías se encontraban en plan de reordenamiento judicial, recibiendo respuesta en oficio UDAOF16-734 del 04 de abril de 2016, en donde la Directora de la entidad le informó de manera categórica que se mantenía en estudio la propuesta, es decir, solo una mera expectativa, pues aún a la fecha de interposición de la presente acción constitucional, no se había emitido el aludido concepto previo, por lo que solicita se amparen sus derechos fundamentales y en consecuencia se ordene a la accionada publicar en la página de la Rama Judicial la opción de sede para el cargo de Asistente Jurídico grado 19 del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías.

2. Las respuestas.

2.1. Juzgado 5º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías.

La titular señaló que desconoce las circunstancias alegadas por el accionante, toda vez que lo relacionado con traslado de servidores judiciales, lista de elegibles y las opciones de sede con cargos vacantes compete exclusivamente al Consejo Seccional de la Judicatura.

2.2. Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

La Directora señaló que no es competente para emitir pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones del peticionario, ya que de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 251 de 1996, el manejo de los temas relacionados con la convocatoria de concursos y registros de elegibles corresponden a la Unidad de Administración de Carrera Judicial.

Resaltó que mediante oficio UDAEOF16-734 del 4 de abril de 2016 le informó al interesado que esa Unidad presentará ante la Sala Administrativa la propuesta de trasformación transitoria del Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías, como Juzgado Penal del Circuito de San José del Guaviare.

Agregó que no es posible suministrar el documento con el que se está estudiando el referido traslado, debido a que se trata de un «trabajo preliminar y no definitivo, que aún no es oficial, por lo tanto no puede considerarse como un documento público, según lo dispuesto en el literal K, del artículo 6º y el parágrafo único del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014».

2.3. Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías.

La Juez manifestó que la no publicación de la sede el cargo de Asistente Jurídico Grado 19 y los demás cargos que hacen parte de la plata de ese despacho, no son de su competencia, debido a que ello recae exclusivamente en el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, conforme con lo establecido en la Ley 270 de 1996.

2.4. Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta.

La Presidenta indicó que los procesos misionales de reordenamiento territorial judicial son de carácter general y no están sometidos a las reglas del debido proceso o del derecho de defensa, sino que se circunscriben a la cobertura del acceso y la eficiencia de la administración de justicia.

Adujo que el actor confunde la expectativa real de hacer parte del registro de elegibles y con ello el potencial acceso a un cargo de carrera y la protección de derechos de carrera judicial cuando se trasciende del registro de elegibles al registro de escalafón en el cual claramente no se encuentra, suponiendo en forma equivocada que por el hecho de estar en la lista de elegibles la administración está obligada a disponer su nombramiento, sin importar las necesidades del servicio.

La sentencia impugnada

La Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio concedió el amparo tras advertir que la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta fundamentó la decisión de no ofertar el cargo de Asistente Jurídico Grado 19 al que aspira el accionante, conforme con lo previsto en el Acuerdo PSAA08-4536 de 2008(1), el cual es aplicable a los funcionarios judiciales, situación que no fue contemplada para los empleados de la Rama Judicial en el Acuerdo PSAA08-4856 de 2008.

Adujo que resulta un contrasentido el hecho que en la actualidad se esté ofertando el puesto del titular del Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías y a la vez deje de ofrecer los demás cargos de ese despacho, lo cual demuestra que el accionante está siendo discriminado por la autoridad administrativa accionada, al no otorgarle la posibilidad de acceder la carrera judicial como empleado de ese Juzgado.

Tuteló los derechos al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y al acceso a la carrera administrativa del actor. En consecuencia le ordenó:

(…) a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, publique en la página de la Rama Judicial, la opción de sede para el cargo de Asistente grado 19 del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías.

La impugnación

1. La Presidenta de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta reiteró los planteamientos expuestos al momento de ejercer su derecho de contradicción.

Adujo que no se publicó el cargo reclamado por el accionante debido a que se formuló un proyecto de reordenación judicial transitorio ante la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, consistente en la transformación temporal del Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías en Juzgado Penal del Circuito de San José del Guaviare, por necesidades del servicio y como consecuencia de la terminación de la medida de descongestión que existía allí y ante los múltiples impedimentos que se presentan con la Juez Promiscuo del Circuito de esa ciudad.

Resaltó que no es procedente publicar el puesto solicitado por el actor, al estar en trámite un proyecto de reordenamiento, conforme lo dispone el inciso 6º del artículo 2º del Acuerdo PSAA08-4536 del 8 de febrero de 2008, según el cual, la «publicación de sedes de Distrito Judicial se hará previo concepto de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, en el que se indique si la plaza vacante se encuentra o no en un programa de reordenamiento judicial».

Indicó que los procesos misionales de reorganización buscan garantizar la cobertura, el acceso y la eficiencia de una administración pronta y oportuna para los usuarios, como ocurre con las necesidades en materia penal en el Circuito de San José del Guaviare, donde se presenta una negación de justicia en esta materia, dado que solo existe un Juzgado Promiscuo del Circuito que no puede conocer de las segundas instancias que en sede de garantías se presentan, así como la función de conocimiento.

Refirió que el accionante conserva su derecho a permanecer en la expectativa que le garantiza el registro de elegibles en la ubicación y orden correspondiente a ingresar en propiedad de empleados de la Rama Judicial, para lo cual cuenta con una vigencia de 4 años según el artículo 165 de la Ley 270 de 1996, con la posibilidad real y concreta de ingresar a la carrera judicial.

Indicó que no se puede ocupar los cargos en propiedad de un despacho que está en proceso de transformación, ya que en el evento en que se llegue a dar dicha medida, tendría que modificarse la nominación de sus cargos, como el de Asistente Jurídico Grado 19, pues en los Juzgados Penales del Circuito no cuenta con el mismo.

Solicitó revocar el fallo de primera instancia y, en su lugar, negar el amparo por improcedente.

2. ÉDGAR ENRIQUE SANTIAGO PARDO presentó memorial con el que descorrió los argumentos de la apelación y reiteró los argumentos planteados en la demanda de tutela.

Consideraciones

1. Corresponde a la Sala determinar si las autoridades accionadas vulneraron los derechos al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y al acceso a la carrera administrativa del accionante, al negarse a publicar como opción de sede el cargo de Asistente Jurídico Grado 19 del Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías.

2. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de amparo tiene por objeto proteger de manera efectiva e inmediata los derechos fundamentales cuando resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de las autoridades y/o de los particulares, en los casos que la ley regula, siempre que el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial.

El canon 6º del Decreto 2591 de 1991 dispone que la tutela es improcedente “[C]uando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto”. Por lo tanto, la acción no procede para controvertir actos administrativos que reglamentan o ejecutan un proceso de concurso de méritos, toda vez que quien pretenda refutar su contenido, debe acudir a las acciones que para tal fin existen en la jurisdicción contenciosa administrativa.

No obstante, la Corte Constitucional en Sentencia T-045 de 2011 ha dicho que existen dos excepciones a esa regla, así: “(i) cuando la persona afectada no tiene un mecanismo distinto y eficaz a la acción de tutela para defender sus derechos porque no está legitimada para impugnar los actos administrativos que los vulneran(2) o porque la cuestión debatida es eminentemente constitucional(3) y (ii) cuando se trata de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable(4)”.

En el presente asunto, la Sala considera que el amparo es procedente para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, toda vez que al interior del concurso de méritos para ocupar el cargo de Asistente Jurídico Grado 19 de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Meta se conformó la lista de elegibles en la que el accionante ocupa el puesto Nº 2.

Sobre ese aspecto la Corte Constitucional en Sentencia CC T-1110 de 2003 dijo:

(…) la jurisprudencia constitucional ha explicado que el amparo por vía de tutela en esta materia no es absoluto sino que está restringido a aquellos eventos relacionados con el rechazo del mérito como criterio relevante para acceder a los cargos, en detrimento de principios de objetividad y buen servicio que en muchas ocasiones se refleja con el desconocimiento de la lista de elegibles para proveer vacantes en la administración pública. Ante la arbitrariedad la tutela se constituye como el único medio idóneo para garantizar la protección de los derechos de quien ha resultado lesionado con una conducta de tal entidad.

(…).

Por el contrario, el cuestionamiento sobre la conformación de la lista de elegibles, el desarrollo de una determinada prueba o su elaboración, o el posible primer puesto que puede llegar a tener un aspirante dentro del registro, son problemas en principio ajenos al ámbito constitucional y deben ventilarse ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, escenario idóneo para debatir asuntos de esta naturaleza, así como cualquier otro que surja en el trámite y desarrollo del proceso de selección, clasificación o integración de la lista de elegibles” (resaltado fuera de texto).

Así las cosas, la Sala abordará de fondo el tema propuesto por el accionante, advirtiendo que en ningún momento se está pretendiendo desconocer los precedentes emitidos por esta Sala (CSJ STP, mayo 9/2013, rad. 66637; CSJ STP, nov. 6/2014, rad. 76637 y CSJ STP, feb. 5/2015, rad. 77776, entre otros), toda vez que se trata de etapas del concurso diferentes, pues en esta ocasión el actor está alegando la posible vulneración de sus garantías fundamentales, ante la negativa de los accionados de publicar como opción de sede el cargo de Asistente Jurídico Grado 19 del Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías.

3. En el presente asunto, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, mediante Acuerdo CSJMA13-139 del 28 de noviembre de 2013(5), ordenó iniciar concurso abierto de méritos, con el objeto de proveer entre otros, los empleos de carrera de Asistente Jurídico Grado 19 de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medias de Seguridad de ese Departamento.

Al interior de dicha Convocatoria se precisó:

(…) 8. OPCIÓN DE SEDES.

Esta se realizará de conformidad con el parágrafo del artículo 162 y 165 de la Ley 270 de 1996 y el reglamento vigente, a efectos de obtener posesión por el correspondiente nominador.

9. LISTAS DE ELEGIBLES.

La conformación de listas de elegibles se realizará conforme al reglamento vigente.

10. NOMBRAMIENTO.

Una vez conformada la lista de elegibles, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta remitirá a la autoridad nominadora las respectivas listas para que éstas procedan a realizar el nombramiento en la forma y términos señalados en los artículos 133 y 167 de la Ley 270 de 1996.

En el evento que el respectivo nominador tenga conocimiento que alguno de los integrantes de la lista de elegibles conformada para la provisión de un cargo, ya fue posesionado en otro cargo de igual denominación y categoría, deberá abstenerse de considerar su nombre para la provisión de aquel.

Mediante Resolución CSJMR16-8 del 15 de enero de 2016(6), la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta conformó la lista de elegibles para proveer, entre otros, el cargo de Asistente Jurídico Grado 19 de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, al interior de la cual ÉDGAR ENRIQUE SANTIAGO PARDO quedó en el puesto Nº 2. El integrante que quedó en dicha lista de Nº 1 fue posesionado en el Juzgado 5º de esa Especialidad con sede en Acacías.

Conforme con lo previsto en las reglas del concurso SANTIAGO PARDO le solicitó a la accionada, publicar como opción de sede la vacante que en la actualidad se encuentra disponible en el despacho 5º de la misma especialidad y ciudad.

Mediante oficio CSJM-SA16-529 del 11 de marzo de 2016(7), la Presidenta de esa Corporación le informó que:

(…) En cumplimiento de la atribución contenida en el artículo 63 de la Ley 270 de 1996, la Sala Administrativa se ha ocupado de implementar programas de descongestión de las Altas Corporaciones, los Tribunales y Juzgados de todas las jurisdicciones, en aquellos despachos que según los estudios y análisis estadísticos concretos, se hace necesaria la utilización del mecanismo para agilizar la administración de justicia.

Teniendo todas directrices, esta Sala Administrativa como medida de descongestión, presentó proyecto de reordenamiento en el cual se propone el traslado del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías y transformarlo en Juzgado Penal del Circuito de San José del Guaviare, atendiendo que allí solo existe un Juzgado Promiscuo del Circuito y por ser el único Juzgado Promiscuo del Circuito le corresponde conocer de todos los asuntos de carácter penal, entre otros, lo que ha conllevando (sic) a que la Jueza titular de ese despacho no pueda ejercer el control de garantías en segunda instancia en su sede, con lo cual se encuentra avocada a declararse impedida en aquellos procesos de competencia de su conocimiento, debido a la situación sobreviniente con ocasión a la terminación del Juzgado Penal del Circuito de descongestión que venía funcionando en esa sede territorial.

Como única alternativa posible para sortear el estado de cosas que se presenta en esa circunscripción de San José del Guaviare, resulta viable el traslado transitorio del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías, dentro de los cinco (5) despachos de esa categoría y especialidad existentes, y a su vez transformarlo en Juzgado Penal del Circuito de San José del Guaviare, mientras se toma la decisión de fondo al respecto, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias específicas: Que a la fecha se encuentra vacante el cargo de Juez Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías por renuncia del titular quien ocupaba el cargo en provisionalidad y dentro del concurso 3 de empleados que actualmente adelanta esta seccional, no se presentó opción de sede de empleados por parte de los aspirantes, ni traslado alguno, situación que allana a cualquier dificultad en materia de carrera.

Es lógico que ante la posibilidad de trasladar el Juzgado a San José del Guaviare, no se puede publicar las vacantes para [n]o perjudicar a las personas que optaren por el mismo; es de aclarar que por error se publicó la vacante del Juez por parte de Bogotá, son embargo el mismo no fue optado lo que permite continuar sin inconveniente alguno.

Teniendo presente que está en trámite el Plan de Reordenamiento de esta Sala, se debe dar aplicabilidad al Acuerdo PSAA08-4636 de febrero 8 de 2008 “Por medo del cual se reglamenta el parágrafo del artículo 165 de la Ley 270 de 1996 y se dictan otras disposiciones relacionadas con la actualización de los registros de elegibles y las listas de candidatos para los cargos de carrera de funcionarios judiciales en su artículo segundo inciso 5º que a la letra reza:

“…ART. SEGUNDO.—DETERMINACIÓN Y PUBLICACIÓN DE SEDES

… (…) …

La publicación de sedes de Distrito Judicial se hará previo concepto de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, en el que se indique si la plaza vacante se encuentra o no en un programa de reordenamiento judicial…”.

En conclusión, como pueden observar son absueltas todas y cada una de sus peticiones en relación con sus inconformidades ante la publicación de opciones de sede, respuestas dadas en los términos que establecen las normas que rigen la materia, razón por la cual esta Sala da por concluida las actuaciones relacionados con el asunto que nos ocupa (subrayas y resaltado fuera de texto).

Conforme con lo anterior, la Corte considera que razón le asistió al A quo cuando señaló que la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, se niega a publicar como opción de sede el cargo de Asistente Jurídico Grado 19 del Juzgado 4º de Ejecución de Penas de Acacías, con fundamento en un Acuerdo (PSAA08-4536/2008) que solo es aplicable a los funcionarios judiciales y no para ese tipo de cargo que tiene categoría de empleado de la Rama Judicial.

Es de advertir que el artículo 125 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, establece la diferencia entre uno y otro puesto así:

ART. 125.—DE LOS SERVIDORES DE LA RAMA JUDICIAL SEGÚN LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES. Tienen la calidad de funcionarios los Magistrados de las Corporaciones Judiciales, los Jueces de la República y los Fiscales. Son empleados las demás personas que ocupen cargos en las Corporaciones y Despachos Judiciales y en los órganos y entidades administrativas de la Rama Judicial.

De acuerdo con dicha diferenciación, es evidente que la autoridad administrativa accionada, aplicó un Acuerdo (propio de los funcionarios judiciales) que no podía hacerse extensivo a los empleados de la Rama Judicial, quienes tienen su propia normatividad administrativa, esto es, el Acuerdo PSAA08-4856 del 10 de junio de 2008(8), por medio del cual se “dictan otras disposiciones relacionadas con la actualización de los registros de elegibles y listas de elegibles para los cargos de carrera de empleados de la Rama Judicial”, al interior del cual no se estableció la necesidad de un concepto previo de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, en el que se indique si la plaza vacante se encuentra o no en un programa de reorganización judicial, para publicar el cargo que se encuentre vacante.

Así las cosas, es claro que al concursante ÉDGAR ENRIQUE SANTIAGO PARDO le están coartando la posibilidad de acceder al cargo que concursó, con fundamento en una normatividad administrativa que no es aplicable para los empleados de la Rama Judicial, lo cual se traduce en un cambio de las reglas de la renombrada convocatoria y como consecuencia de ello, la trasgresión del derecho que le asiste de acceder a la carrera administrativa.

Es de advertir que no se pretende desconocer las facultades legales y constitucionales que posee la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, en especial, la de reordenar el Distrito Judicial de su jurisdicción, sin embargo, la misma no pueden desconocer los derechos que le asisten a SANTIAGO PARDO, quien ha cumplido en legal forma los requisitos y etapas exigidos para acceder al cargo de Asistente Jurídico Grado 19.

Por las anteriores consideraciones, el fallo será confirmado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Decisión Penal de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. Confirmar la sentencia impugnada.

2. Disponer el envío de las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisión de los fallos proferidos.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Eyder Patiño Cabrera—Gustavo Enrique Malo Fernández—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 Por medio del cual se reglamenta el artículo 165 de la Ley 270 de 1996 y se dictan otras disposiciones relacionadas con la actualización de los registros de elegibles y lista de candidatos para los cargos de carrera de los funcionarios judiciales.

2 Ver, por ejemplo, la Sentencia T-046 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo). La Corte analizó en esta decisión el caso de una empresa industrial y comercial del Estado, cuyos empleados son trabajadores oficiales, y a pesar de no estar obligada a hacerlo, realiza un concurso de méritos para proveer un cargo. El actor obtiene el primer lugar entre los participantes y es nombrado provisionalmente en el cargo, mediante contratos temporales. Posteriormente, se le informó que no había partida presupuestal para su nombramiento y, finalmente, en su lugar se nombró a otra persona que no había participado en el concurso. La Sala encontró que las acciones contencioso administrativas no eran idóneas para proteger los derechos del actor y procedió a tutelar sus derechos por considerar que la administración había desconocido el principio de buena fe, al iniciar un procedimiento de concurso y posteriormente, no haber proveído el cargo de conformidad con sus resultados.

3 Ver por ejemplo las sentencias T-100 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-256 de 1995 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), T-325 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-455 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-459 de 1996 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), T-083 de 1997 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y SU-133 de 1998 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

4 Sentencia: T-225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa): según esta sentencia el perjuicio irremediable se caracteriza i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.

5 Cfr. Folios 14 a 22 - cuaderno 1.

6 Cfr. Folios 23 a 30 - ibídem.

7 Cfr. Folios 94 y 95 - ibídem.

8 Cfr. Folios 157 y 158 - ibídem.