Sentencia STP755-2016/83664 de enero 28 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Nº 1

Rad.: 83.664

Magistrado Ponente:

Dr. Eyder Patiño Cabrera

Aprobado acta 21

Bogotá, D.C., veintiocho de enero de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

1. Corresponde a la Sala determinar si la Fiscalía General de la Nación vulneró el derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas de los interesados.

2. La Constitución Política, en el artículo 86, estableció la tutela como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual que tiene por objeto la protección de manera efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, ante su vulneración o amenaza, proveniente de la acción u omisión atribuible a las autoridades públicas o de los particulares, en los casos que la ley regula, siempre que el interesado no cuente con otros medios de defensa judicial.

La Corte Constitucional, en múltiples oportunidades, ha señalado la importancia y necesidad de que a los trabajadores le brinden unas condiciones de trabajo aptas para el desempeño del trabajo. Al respecto, en sentencia, CC T-791/10, dijo:

(…) Ahora bien, el trabajo, no solo como derecho fundamental sino también como obligación social, goza de especial protección del Estado que supone, necesariamente, la garantía de su realización en condiciones dignas y justas (C.P. art. 25). Pero esta noción de dignidad y justicia no puede concebirse en forma abstracta y meramente axiológica, por cuanto el texto Constitucional la reviste, autónomamente, de eficacia jurídica. Con todo, dada la amplitud e indeterminación de esta cláusula, lo cierto es que sus elementos conceptuales los debe concretar y puntualizar el intérprete, siempre en busca de la defensa de un orden colectivo fundado en el respeto de la dignidad humana.

Esta corporación ha hecho énfasis en algunos de los aspectos que integran la noción de trabajo como derecho y obligación social en condiciones dignas y justas. La Sala destaca los siguientes: (i) proporcionalidad entre la remuneración y la cantidad y calidad de trabajo, (ii) pago completo y oportuno de salarios, (iii) libertad de escoger sistema prestacional, específicamente en cuanto al régimen de cesantías, (iv) asignación de funciones e implementos de trabajo, (v) no reducción del salario, (vi) aplicación del principio según el cual, a trabajo igual, salario igual, (vii) ausencia de persecución laboral y, (viii) ofrecimiento de un ambiente adecuado para el desempeño de las tareas (resaltado fuera de texto) (1).

En relación con el derecho del trabajador a disfrutar de un ambiente adecuado, propicio, libre de amenazas de orden físico y moral, y la obligación correlativa del Estado de garantizarlo, la Corte en la Sentencia T-584 de 1998(2)señaló lo siguiente:

El artículo 25 de la Constitución Política establece que el trabajo es un derecho y una obligación social, cuyo ejercicio goza de especial protección del Estado, en todas sus modalidades, lo cual significa que, dicha garantía constitucional, cubre todas las profesiones y oficios y a todos los empleados públicos y servidores privados en sus distintos niveles. La especial protección del derecho al trabajo comprende, a su vez, la garantía misma de realizarlo en condiciones dignas y justas, de manera que, permitan, a trabajadores y empleados, desempeñarse en un ambiente que refleje el debido respeto a su condición de ser humano, libre de amenazas de orden físico y moral, así como de circunstancias que perturben el normal desarrollo de las tareas asignadas; así las cosas, en forma correlativa y proporcional a ese derecho, aparece el deber de velar porque el trabajo en tales condiciones sea una realidad, de manera que se provean las instalaciones y espacios necesarios para cumplir con los cometidos asignados y el tratamiento respetuoso al empleado o trabajador en su condición humana. La efectividad de esas condiciones supone la posibilidad de conocimiento anticipado de las mismas al momento de su vinculación, al igual que de las funciones que deberán cumplirse, situación que en el ámbito de la función pública, por disposición constitucional, debe contar con una estipulación clara y previamente detallada en la Constitución, ley o reglamento, a fin de que exista una seguridad para la administración y la comunidad, además del mismo empleado, acerca del marco de realización de los deberes del cargo o empleo, para que el trabajo se ejecute dentro de los límites del orden jurídico vigente (Resaltado fuera de texto).

2.2. En el presente asunto, se tiene que los actores acudieron al presente trámite constitucional debido a que en instalaciones donde laboran, esto es, en la calle 66 # 4-86 de Cartagena, los equipos de aire acondicionado no funcionan, teniendo que soportar temperaturas que pueden llegar a los 40 grados centígrados, lo cual atenta contra su salud.

Revisados los documentos aportados al diligenciamiento y la inspección judicial realizada el 2 de octubre de 2015(3), se tiene que pese a la urgencia que reviste el restablecimiento del aire acondicionado en los sitios de trabajo de los peticionarios, la Fiscalía General de la Nación no ha realizado las gestiones suficientes y necesarias para ello.

Nótese que el problema se presentó en virtud de un daño en el aparato central de refrigeración, el cual según recomendación del fabricante(4), debe ser removido por uno nuevo (por presentarse corrosión en el mismo). Ello evidencia que trataba de una circunstancia previsible que debió ser afrontada por los accionados sin esperar la suspensión del servicio para iniciar los trámites administrativos de rigor.

Y, aunque los accionados están desarrollando las labores administrativas necesarias para reestablecer en forma temporal y permanente el aire acondicionado del sector del edificio que se encuentra afectado, lo cierto es que, se insiste, dichas medidas debieron efectuarse con anterioridad para evitar traumatismos en el desempeño de las funciones y en el bienestar en general de todos sus trabajadores.

Además, contrario a lo señalado por la directora de apoyo a la gestión de la Fiscalía General de la Nación, la falta del aparato de refrigeración está afectado la salud de varios de los empleados que desempeñan sus labores en el edificio ubicado en la calle 66 # 4-86 de Cartagena, entre ellos, Arturo de Jesús Rodríguez Pedraza (cuadro gripal con bronquitis aguda y ahogo), Rolando Alfonso Millan Eljach (angina de pecho), Dairo José Torres H. (neuralgia tensional), Laureano José Gómez G. (dermatitis, hipertensión arterial y bradicardia sinusual), Liliana M. Ríos (bronconeumonía) y Yesid Reinaldo Muñoz Males (tumoraciones dolorosas bipalbetrales)(5), lo cual demuestra que se requiere de manera urgente la rehabilitación del aire acondicionado, el que no puede ser considerado como un producto de mero confort.

Es de advertir que, la Corte no pretende desconocer que los accionados están en la obligación de cumplir una serie de etapas contractuales previstas en el ordenamiento jurídico, sin embargo, ello no puede convertirse en una excusa para que no se efectúen de manera diligente las gestiones pertinentes y necesarias con el fin de solucionar de manera definitiva la ausencia del aire acondicionado que presenta la mitad del renombrado inmueble.

Aunado a lo anterior, a pesar de que los apelantes señalaron que el juez constitucional no está facultado para intervenir y determinar el tiempo en que se debe efectuar los procesos contractuales, lo cierto es que ninguno de ellos se esmeró por demostrar la necesidad de un lapso superior para cumplir la orden emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena.

Por las consideraciones expuestas, la decisión que se impone es la confirmación del fallo de primer grado, toda vez que lo manifestado por los impugnantes no sirve de excusa para omitir la responsabilidad que les asiste de brindarle a los accionantes unas condiciones de trabajo justas y dignas, las cuales se verán reflejadas en el desempeño de sus funciones.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas Nº 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. Confirmar la sentencia impugnada.

2. Disponer el envío de las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisión de los fallos proferidos.

Notifíquese y cúmplase».

1 Corte Constitucional, sentencias T-234 de 1997, T-170 de 1998, T-651 de 1998, T-45 de 1999, T-929 de 1999, T-261 de 2000, T-744 de 2000, T-64 de 2001, T-191 de 2001, T-375 de 2001 y T-750 de 2001, entre muchas otras.

2 MP. Hernando H. Vergara. En el mismo sentido ver la Sentencia T-96 de 1998 MP. Carlos Gaviria Díaz.

3 Cfr. Folios 42 a 46 – cuaderno Nº 1.

4 Así lo afirmó la Directora Nacional de Apoyo a la Gestión de la Fiscalía General de la Nación. Cfr. Folios 494 a 509 – cuaderno Nº 2.

5 Cfr. Historias médicas. Folios 145 a 182 – cuaderno Nº 1.