Sentencia STP75642 de septiembre 23 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS 3

Aprobado acta

STP Radicación 75642

Magistrado Ponente:

Dr. José Leonidas Bustos Martínez

Bogotá, D.C., veintitrés de septiembre de dos mil catorce.

Decide la Sala la impugnación interpuesta por Juan David Peña Uribe, representante legal de la sociedad Biomax Biocombustible S.A., a través de apoderado, contra el fallo proferido el 29 de julio de 2014 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante el cual negó el amparo del derecho fundamental al debido proceso supuestamente vulnerado por los juzgados Segundo Penal Municipal con Funciones de Garantías y Cuarto Penal del Circuito, ambos de Cartagena. Trámite al cual fueron vinculadas la Sociedad Recuperadora y Cobranzas S.A., la procuraduría delegada para el Ministerio Público en asuntos penales, la fiscalía seccional 30 de Cartagena, María Margarita Toro de Navarro y Jairo Navarro Clavijo.

Antecedentes y fundamentos de la acción

Así fueron sintetizados los fundamentos de la acción en el fallo constitucional de primera instancia:

Narra el apoderado del accionante, que el trámite penal en el cual se siguieron (sic) las actuaciones tildadas de ilegales, inició por una denuncia instaurada por la Sociedad Recaudadora y Cobranzas S.A., por la presunta comisión de los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal, correspondiendo el reparto a la fiscalía treinta (sic) de esta ciudad bajo el radicado 13001600111282012 01069, donde se indagan las presuntas irregularidades acaecidas en la compra y venta del inmueble distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria 60-108356, actualmente propiedad de Biomax.

Que como consecuencia de ello, una de las actuaciones atacadas como ilegal consiste en la anotación 13 del mencionado folio de matrícula inmobiliaria, la cual consiste en la anotación 4, constitutiva del registro de una medida cautelar de embargo con acción real. Esta última fue ordenada dentro del proceso ejecutivo instaurado por el Instituto de Fomento Industrial, IFI, en contra de Inversiones Navarro Toro & Cía. S. en C., cuyo trámite correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena quien expidió la cancelación del registro de la medida cautelar cuyo origen es la radicación de un oficio de desembargo, que se cuestiona de ser falso.

Señala, que a la fecha 14 de febrero de 2012, el Juzgado Doce Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, previa solicitud de la celebración de audiencia preliminar de restablecimiento del derecho por parte de la Sociedad Recuperador Cobranza S.A. negó la petición de restablecer el derecho, a través de auto, siendo el mismo objeto del recurso de apelación, y que en audiencia celebrada el 28 de marzo de esa misma anualidad se confirmó el fallo de primera instancia.

Advierte, que el día 24 de septiembre de 2012, se celebró nueva audiencia de solicitud de restablecimiento del derecho ante el Juzgado Décimo Penal Municipal de Cartagena, diligencia solicitada por la Sociedad Recaudador de Cobranzas S.A., dicha petición fue negada por el despacho, sin embargo, el apoderado judicial de esta sociedad y el procurador judicial interpusieron recurso de apelación contra ese auto.

Arguye, que el 27 de noviembre de 2012, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena resolvió confirmando la negativa a ordenar el restablecimiento del derecho, ante esta negativa la Recaudadora y Cobranza S.A., ruega la celebración de la audiencia preliminar, la cual se lleva a cabo el día 20 de marzo de 2014, ante el Juzgado Segundo de Control de Garantías de Cartagena, hoy accionado, quien decide restablecer el derecho de forma definitiva, procediendo a ordenarse la anulación de la anotación 15 en el cual aparece registrada la venta que hizo inversiones navarro toro (sic) en favor de Biomax Biocombustible S.A., e igualmente deja sin efecto la escritura pública 2315 de fecha 30 de diciembre de 2011 por medio de la cual se protocolizó la venta de la propiedad, del mismo modo, se ordenó la restauración y entrega del inmueble.

Señala que, contra la decisión anterior el representante de la Sociedad Biomax S.A., tercero con interés patrimonial, interpuso recurso de apelación, invocando ausencia absoluta de competencia del juez de control de garantías para ordenar la cancelación de títulos y registros adquiridos en debida forma, es decir, la escritura pública mentada y sus consiguientes registros, a la vez que cuestionó el desconocimiento de los lineamientos superiores de la Carta Política, el precedente judicial y la ley procesal.

Concedido el recurso de apelación, el conocimiento del mismo fue asignado al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena, quien a través de providencia judicial adiada 27 de junio de 2014, confirmó el auto recurrido en su integridad(1).

El fallo impugnado

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena negó el amparo invocado porque:

... la cancelación de registros fraudulentos obtenidos, que adoptaron los juzgados accionados se encuentra dentro de ese margen de razonabilidad de la respuesta judicial, pues como se sostuvo en los proveídos respectivos, bien puede darse primacía a la expresión literal de la Corte (hace alusión a la Sent. C-060/2008) cuando dice en su parte resolutiva “en el entendido de que la cancelación de los títulos y registros respectivos también se hará en cualquier otra providencia que ponga fin al proceso penal”; o bien puede acogerse una postura fundada en el desarrollo histórico de la figura, a la vez que en la maximización de los derechos de las víctimas(2).

En criterio de esa autoridad, no existe el defecto orgánico alegado por el accionante porque “la interpretación que los jueces demandados adoptaron es aceptable y responde a principios como la protección del derecho a las víctimas, y el desarrollo histórico de la figura —como ya se dijo—, los cuales, junto con la autonomía judicial revisten de impenetrable dichas decisiones en su contenido sustancial”(3).

La impugnación

El apoderado judicial de la accionante impugnó la anterior decisión argumentando que:

i) (...) se ha desconocido flagrantemente que son las mismas normas constitucionales y legales las que han endilgado a los jueces de conocimiento, la competencia para declarar la cancelación de los títulos y registros obtenidos presuntamente...(4).

(Cita el num. 6º del art. 250 de la C.N., el num. 12 del art. 114 de la L. 906/2004 y el art. 101 de esa misma codificación).

ii) (...) insistimos en señalar que este artículo (se refiere al 101 de la L. 906) desarrolla claramente dos hipótesis de restablecimiento del derecho. La primera, plasmada en el inciso inicial consistente en la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro, cuya competencia corresponde a los juzgados de control de garantías. La segunda posibilidad desarrolla la cancelación definitiva de los títulos y registros, siendo en ese caso la oportunidad para obrar de tal forma, la sentencia o de providencia (sic) que ponga fin al proceso(5).

iii) Se ha interpretado inadecuadamente el tenor de la Sentencia C-060 de 2008, por cuanto se ha dado a entrever que en el cuerpo de la misma, la Corte Constitucional habilitó la posibilidad de cancelación de títulos y registros judiciales tanto por parte de los jueces de conocimiento y de control de garantías(6).

Consideraciones de la Sala

De conformidad con la preceptiva del artículo 1º del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta contra la decisión proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.

Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela

La tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para el actor, tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional(7).

La acción de tutela contra providencias judiciales, exige:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.

b. Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que atañe a los derechos fundamentales del accionante.

e. “Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible”(8).

f. Que no se trate de sentencias de tutela.

Los anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la Sentencia C-590 de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido de que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida “... si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta”. —C-590/2005—.

Análisis del caso concreto

1. En el presente caso se constatan claramente los requisitos de procedibilidad a los cuales hace referencia la jurisprudencia sobre la materia: i) se han agotado todos los medios ordinarios de defensa judicial al alcance de la accionante; ii) la acción constitucional se interpuso en un término razonable y proporcionado, cumpliéndose el requisito de la inmediatez; iii) el afectado identificó de manera razonable los hechos y derechos relacionados con la presunta vulneración de derechos fundamentales; iv) ninguna de las providencias atacadas es una sentencia de tutela; v) y, por último, vi) el asunto podría tener relevancia constitucional.

2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena sustentó la negativa del amparo en la siguiente motivación:

... de entrada advierte la Sala que varias han sido las interpretaciones que se han desprendido del ramo común, la Sentencia C-060 de 2008, y que oscilan principalmente entre aquella que considera que la subregla constitucional que allí se plasmó consistía en que la declaratoria de inexequibilidad de la expresión condenatoria contenida en el inciso 2º del artículo 101 de la Ley 906 de 2004, significaba que la cancelación de los títulos y registros respectivos no solo tiene cabida en una sentencia sino también en cualquier otra providencia, pero de aquellas que pongan fin al proceso penal. Por otra parte, la tesis que se opone, consiste en que el único condicionamiento para el restablecimiento de derecho definitivo es la acreditación más allá de toda duda razonable, de la comisión de un delito, evento en el cual un juez de control de garantía que halle dicha demostración debe proceder a la cancelación de títulos y registros respectivos, siempre que se garantice el derecho de defensa y contradicción de las partes.

La Sala no comparte ese razonamiento debido a que respecto de reglas de procedimiento y asuntos de competencia, como es el caso de la facultad judicial para el restablecimiento definitivo del derecho, no pueden existir dos reglas opuestas, ambas “razonables” y válidas, pues los ciudadanos quedan expuestos a la incertidumbre, o el azar, que resulta de dos tipos de actitudes por parte de los funcionarios judiciales: una permisiva, proveniente de quienes defienden la competencia de los jueces de control de garantías para adoptar esa determinación y otra restrictiva, adoptada por aquellos que sostienen que esa decisión corresponde al juez de conocimiento, mediante providencia que ponga fin al proceso.

Esa situación entraña una clara vulneración del principio de igualdad que afecta sensiblemente los derechos fundamentales de los usuarios de la administración de justicia.

3. El accionante, en su calidad de tercero de buena fe directamente perjudicado, censura la determinación adoptada por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Cartagena con Funciones de Control de Garantías, en audiencia de 20 de marzo de 2014 (Rad. 2012-01069), en la cual se ordenó el restablecimiento definitivo de los derechos invocados por la supuesta víctima de los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal, decisión que se tradujo en la anulación de la anotación donde se registra la venta del inmueble con FMI 60 108326 que hizo la Sociedad Inversiones Navarro & Cía. S. en C. a la accionante, de la escritura pública 2315 del 30 de diciembre de 2011, suscrita en la Notaría Cuarta del Circuito de Cartagena y la comisión al Inspector de Policía de la Comuna 11 del barrio 20 de julio de Cartagena, para que entregue el inmueble al secuestre designado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena.

Esa decisión se fundamentó en las siguientes razones:

Obsérvese como esta figura del restablecimiento del derecho no es nueva es allí como el Decreto 2700 del 91 antiguo Código de Procedimiento Penal antes de la Ley 600 consagraba en el artículo 61 que en cualquier momento del procedimiento penal en que aparezca demostrada la tipicidad del derecho (sic) que dio lugar a la obtención de títulos de propiedad sobre bienes sujeto a registro el funcionario que este (sic) conociendo el asunto ordenara (sic) la cancelación de los títulos y registros respectivos el artículo 66 de la Ley 600 del 2000 consagro (sic) que en cualquier momento de la actuación cuando aparezcan demostradas (sic) los elementos objetivos del tipo penal que dio lugar a la obtención de títulos de propiedad o grávame(sic) sobre bienes sujetos a registro el funcionario que este (sic) conociendo el asunto ordenara (sic) la cancelación de los títulos y registros respectivos por ello que el artículo 21 de este sistema penal acusatorio no puede ser de menor avance porque está inspirado en nuestro Estado social democrático de derecho, artículo 22 se corrige y en la que se establece que cuando procede la Fiscalía General de la Nación, jueces adoptarán las medidas necesarias para cesar los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior si ello fuere posible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados independientemente de la responsabilidad penal ¿será que esta norma podría ir en retroceso de las dos normas señaladas anteriormente cuando se refiere a que en el (sic) cualquier momento del proceso el artículo 61 y el 66 de la Ley 600 de 2000 cuando consagra que en cualquier momento de la actuación, cuando aparezca demostrado los elementos objetivos del tipo penal?, (35:21 2º audio)(9) —Resalta la Sala—.

El accionante también se queja de la providencia que desató el recurso de apelación, auto de 27 de junio de 2014, dictado por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena, mediante la cual fue confirmada integralmente la anterior decisión. Se destacan de esa determinación las siguientes motivaciones:

(...) atendiendo a los lineamientos de la Sentencia C-060 de 2008, no es razonable exigir a la parte demandante que sacrifique el goce de sus derechos hasta tanto no se individualicen los autores del ilícito y se decida su sanción.

Se deduce entonces que para poder proceder a la cancelación de títulos falsos y su registro no es necesario contar con una sentencia que ponga fin al proceso, sino que también se puede ordenar con otro tipo de decisión, siempre y cuando este (sic) clara la titularidad y se respeten los derechos de contradicción y defensa de terceros interesados (CSJ, Sala Penal, abr. 26/2012, Rad. 59556)(10).

(...).

(...) una decisión en un contexto diferente a la sentencia de fondo, no es otra cosa que un auto interlocutorio, el cual puede ser proferido por un juez de control de garantías en una audiencia preliminar máxime si lo que debe resolver o decidir es la petición de medidas cautelares reales como el tema que nos ocupa, así no se haya logrado la identificación, vinculación y condena de las personas penalmente responsables pero se tenga el convencimiento más allá de toda duda razonable sobre el carácter fraudulento de dichos títulos.

Pero para ello debe cumplirse con la subregla establecida por la C-060 de 2008, esto es, deberá permitirse el pleno ejercicio del derecho a la defensa y contradicción de quienes resultaren afectados por la cancelación y esto solo se logra en una audiencia de restablecimiento de derecho, ante un juez de control de garantías, reitero, cuando se haya permitido la participación (sic) el pleno ejercicio del derecho a la defensa y contradicción de quienes resultaren afectados por la cancelación como en este caso, cumpliendo cabalmente lo señalado en el artículo 22 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con el artículo 101 ibídem y al precepto constitucional del artículo 250 de la Constitución Política(11). —Resalta la Sala—.

Expone el tribunal que esas decisiones están sustentadas en una “hermenéutica” razonable, debido a que concuerdan con la protección del derecho a las víctimas, el desarrollo histórico de la figura del restablecimiento del derecho y la autonomía judicial de las autoridades accionadas.

La Sala tampoco está de acuerdo con esa conclusión porque, como se expondrá a continuación, el restablecimiento definitivo del derecho, ordenado por los funcionarios accionados, contraviene las normas del Código de Procedimiento Penal que regulan la materia, se fundamenta en una errada lectura de la Sentencia C-060 de 2008 y desconoce la jurisprudencia de esta corporación.

4. En lo que concierne a la “suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente” el primer inciso del artículo 101 de la Ley 906 de 2004, dispone:

En cualquier momento y antes de presentarse la acusación, a petición de la fiscalía, el juez de control de garantías dispondrá la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente.

Bajo ese entendimiento, al juez de control de garantías le corresponde en “cualquier momento y antes de presentarse la acusación”, ordenar “la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente”.

El legislador, en el inciso segundo de ese mismo artículo dispuso que:

En la sentencia condenatoria se ordenará la cancelación de los títulos y registros respectivos cuando exista convencimiento más allá de toda duda razonable sobre las circunstancias que originaron la anterior medida.

Nótese que, con toda claridad, se asignó al juez de conocimiento, a través de sentencia, la competencia para tomar una decisión definitiva, es decir, de cancelar “los títulos y registros respectivos cuando exista convencimiento más allá de toda duda razonable sobre las circunstancias que originaron la anterior medida”.

No obstante, la Corte Constitucional, en Sentencia C-060 de 2008, declaró la constitucionalidad parcial de esa última disposición, condicionando su interpretación “... en el entendido de que la cancelación de los títulos y registros respectivos también se hará en cualquier otra providencia que ponga fin al proceso penal”. Adicionalmente, precisó:

(...) la Corte Constitucional advierte que en cualquier evento en que, de acuerdo con lo expuesto, la cancelación de los títulos apócrifos deba ordenarse en un contexto diferente al de la sentencia de fondo, dicha decisión solo podrá tomarse en la medida en que, habiéndose permitido el pleno ejercicio del derecho de defensa y contradicción de quienes resultaren afectados por la cancelación, su derecho haya sido legalmente desvirtuado, lo que ocurre precisamente al alcanzarse el “convencimiento más allá de toda duda razonable” sobre el carácter fraudulento de dichos títulos, requisito cuyo rigor obviamente se mantiene, así no se logre la identificación, vinculación y condena de la o las personas penalmente responsables. —Resalta la Sala—.

La expresión “cualquier otra providencia que ponga fin al proceso penal”, sucedáneo del término “sentencia” en el texto del inciso segundo del artículo 101 de la Ley 906 de 2004, no abarca, explícita o tácitamente, las determinaciones adoptadas por los jueces de control de garantías.

Esa interpretación es concordante, como atinadamente lo expone el apoderado judicial de la sociedad recurrente, con el numeral 12 del artículo 114 de esa misma codificación, en donde se señalan, entre otras atribuciones de la Fiscalía General de la Nación, para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, la de “solicitar ante el juez del conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia de las víctimas, el restablecimiento del derecho y la reparación integral de los efectos del injusto”.

Contrario a lo expuesto por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena, no basta con que el restablecimiento definitivo se decida por auto interlocutorio, con la participación de todos los involucrados y constatada la “certeza más allá de toda duda” de la ocurrencia del injusto penal, se requiere para la validez de la providencia, y ello es conditio sine qua non, que esa decisión ponga fin al proceso penal.

En un despropósito similar incurrió el Juzgado Segundo Penal Municipal de Cartagena con Funciones de Control de Garantías, al sustentar la medida definitiva en una supuesta “evolución jurídica”, donde el “sistema penal acusatorio no puede ser de menor avance” que las normas que regulaban la materia en el Decreto 2700 de 1991 y la Ley 600 de 2000.

Acláresele a esa autoridad judicial que lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 906 de 2004, en forma alguna, implica el desconocimiento de los derechos de las víctimas o una negación del artículo 22 de esa misma codificación. Resáltese que “la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro” busca, justamente, inhibir el comercio jurídico del bien objeto de debate, con miras a la eficacia del restablecimiento de derecho que eventualmente puede darse en cualquier etapa del proceso o con la sentencia.

Asignar esa competencia al juez de control de garantías, contrario a lo dispuesto por el legislador, puede dar lugar a decisiones prematuras en las cuales se corre el riesgo de victimizar a los terceros o incluso perjudicar al imputado, pues se da por descontado el fracaso de sus alegatos de defensa.

Lo acertado y coherente con nuestro actual sistema de enjuiciamiento penal es que sea un juez de conocimiento, con plena garantía de los derechos de contradicción y defensa de todos los eventualmente afectados con la medida, el que evalúe los elementos probatorios que conducen a la “certeza más allá de toda duda”, a fin de adoptar una determinación definitiva.

5. Las autoridades judiciales no solo desconocieron el tenor de las normas legales y la fuerza vinculante de la Sentencia C-060 de 2008 de la Corte Constitucional, también ignoraron la jurisprudencia de esta corporación sobre la materia.

Respecto del tema objeto de análisis, la Sala de Casación Penal, —CSJ SP, 28 nov. 2012, Rad. 40246— ha aclarado que:

Desde tal perspectiva ha de inferirse que las medidas de restablecimiento del derecho pueden ser de naturaleza personal, si recaen sobre las personas, o real, en caso de hacerse efectivas respecto de los bienes afectados con la conducta punible, pero, a su vez, pueden ser provisionales o definitivas dependiendo de su contenido, es decir, si tienen por objeto irradiar un manto de protección frente a un posible daño derivado de la comisión de una conducta punible, cuya índole es cautelar o meramente preventivo, o si apuntan a adoptar medidas definitivas tendientes a retornar las cosas a su estado original o predelictual, evento en el cual se exige un convencimiento más allá de toda duda razonable acerca de la materialidad de la infracción o del tipo objetivo.

Los dos tipos de medidas son necesarias para materializar cabalmente los derechos de las víctimas, no solo reconocidos en el ámbito constitucional y legal interno, al paso que han sido desarrollados ampliamente por la jurisprudencia en las dos materias, sino, además, por múltiples instrumentos internacionales ratificados por el Estado que propenden por la vigencia de los principios de verdad, justicia y reparación a su favor, consagrados entre otras disposiciones en los artículos 9.5 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, 10 de la Convención americana sobre derechos humanos, 14 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 4 de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, 19 de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, 49 a 52 del Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña (Convenio I), 10 y 11 del Protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), 50 a 53 del Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar (Convenio II), 129 y 130 del Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (Convenio III), título III, sección I y artículos 45, 46, 146, 147 del Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (Convenio IV) y 63 de la Convención americana sobre derechos humanos.

Ahora bien, cuando tales medidas son de carácter provisional, independientemente de si son personales o reales, v. gr. imposición de medida de aseguramiento sobre las personas; suspensión del poder dispositivo sobre bienes (CPP, arts. 83 y 85); suspensión de personerías jurídicas o cierres temporales de locales o establecimientos abiertos al público (art. 91 ib.); medidas cautelares sobre bienes (arts. 92 a 101 del ejusdem) y suspensión de registros obtenidos fraudulentamente (art. 101 ib.), la competencia es del juez de control de garantías; empero, si lo que se pretende es el restablecimiento pleno del derecho, conforme lo establece la Sentencia C-060 de 2008, ya no con carácter provisional o transitorio, análisis que comporta juicios concretos y valorativos en punto de la materialidad de la conducta punible o del denominado tipo objetivo, lo cual puede ocurrir en la sentencia o en una decisión que ponga fin al proceso, la competencia será del juez de conocimiento.

Ese mismo criterio fue reiterado por esta corporación en reciente sentencia de tutela, CSJ STP, 17 de jun. 2014, rad. 71664, en la cual, a propósito de la aplicación del artículo 66 de la Ley 600 de 2000, se advirtió que pese a que la cancelación de los títulos podrá ordenarse en cualquier tiempo, la jurisprudencia ha decantado que la misma será definitiva cuando así se determine en la providencia o sentencia que ponga fin al proceso. En ese caso, la actuación culminó con declaratoria de preclusión de la investigación por prescripción de la acción penal.

6. De lo dicho anteriormente, es forzoso concluir que las decisiones objeto de censura carecen de fundamentos legales y jurisprudenciales razonables.

El desconocimiento de lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 101 y el numeral 12 del artículo 114 de la Ley 906 de 2004, devino en un defecto orgánico que a la luz de la Sentencia T-957/2010 “tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de competencia para ello”, por cuanto los jueces de control de garantías no están facultados para ordenar “la cancelación de los títulos y registros respectivos”, pues por ley solo pueden dictar medidas transitorias, tales como “la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro”.

Súmase a lo anterior, que esas autoridades también desconocieron el precedente judicial —Sent. C-060/2008— y la jurisprudencia de esta corporación sobre la materia, la cual expresa, con toda claridad, que la protección definitiva debe ser decretada por el juez de conocimiento.

Esas dos situaciones configuran, de forma independiente, sendas causales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, que sumadas a las genéricas inicialmente constatadas, habilitan la intervención del juez constitucional con el fin de amparar el derecho al debido proceso de la sociedad accionante.

En consecuencia, la Sala dejará sin efecto los autos de 20 de marzo de 2014, proferido por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Cartagena con Funciones de Control de Garantías, y 27 de junio de 2014, dictado por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena, mediante los cuales se ordenó el restablecimiento definitivo del derecho, en el marco del procedimiento Rad. 1300-1600-1128-2012-01069, Nº interno 8.751.

Adicionalmente, con el objetivo de dar una respuesta de fondo a la solicitud de protección realizada por el representante de la víctima, en la actuación anteriormente señalada, se ordenará al Juzgado Segundo Penal Municipal de Cartagena con Funciones de Control de Garantías que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, convoque a una nueva audiencia, con la participación de todos los involucrados, para que resuelva la procedencia de la suspensión del poder dispositivo del bien inmueble objeto de debate.

Dado que respecto de reglas de procedimiento y asuntos de competencia, como se dijo en un inicio, no pueden existir dos reglas opuestas, ambas “razonables” y válidas, se prevendrá a los juzgados Segundo Penal Municipal con Funciones de Garantías y Cuarto Penal del Circuito, ambos de Cartagena, para que, en lo sucesivo, se abstengan de incurrir en la vía de hecho que dio lugar al presente amparo constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal - en Sala de Decisión de Acciones de Tutela, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR el fallo impugnado.

CONCEDER el amparo del derecho fundamental al debido proceso deprecado por Juan David Peña Uribe, representante legal de la Sociedad Biomax Biocombustible S.A.

DEJAR SIN EFECTO los autos de 20 de marzo de 2014, proferido por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Cartagena con Funciones de Control de Garantías, y 27 de junio de 2014, dictado por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena, mediante los cuales se ordenó el restablecimiento definitivo del derecho, en el marco del procedimiento Rad. 1300-1600-1128-2012-01069, Nº interno 8.751.

ORDENAR al juzgado Segundo Penal Municipal de Cartagena con Funciones de Control de Garantías que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, convoque a una nueva audiencia, con la participación de todos los involucrados, para que resuelva la procedencia de la suspensión del poder dispositivo del bien inmueble objeto de debate.

PREVENIR a los juzgados Segundo Penal Municipal con Funciones de Garantías y Cuarto Penal del Circuito, ambos de Cartagena, para que, en lo sucesivo, se abstengan de incurrir en la vía de hecho que dio lugar al presente amparo constitucional.

NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: José Leonidas Bustos Martínez—Eugenio Fernández Carlier—Patricia Salazar Cuéllar.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

(1) Fls. 196-199.

(2) Fl. 223.

(3) Ibídem.

(4) Fl. 280.

(5) Fl. 282.

(6) Ibídem.

(7) Sentencias C-590 de 8 de junio de 2005 y T-332 de 2006.

(8) Ibídem.

(9) Fl. 59.

(10) Fl. 85.

(11) Fl. 86.