Sentencia STP7966-2016/86202 de junio 14 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Nº 3

STP7966-2016

Rad.: 86202

Magistrada Ponente

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

Acta Nº 178

Bogotá, D. C., catorce de junio de dos mil dieciséis.

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Vistos

Se pronuncia la Sala sobre la demanda de tutela instaurada por A… V… B…, contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta y los juzgados primero y segundo de ejecución de penas y medidas de seguridad de la misma ciudad, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales. Al trámite fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso adelantado contra el accionante.

Antecedentes y fundamentos de la acción

En sustento de la solicitud de amparo, A... V... B... refirió que fue condenado por los Juzgados Tercero(1) y Quinto Penal del Circuito de Santa Marta(2), por el delito de actos sexuales con menor de catorce años.

Indicó que el 27 de noviembre de 2012, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Santa Marta le negó la acumulación jurídica de penas impuestas por los mencionados Juzgados, al considerar que aunque cumplía con los requisitos para ello, no era procedente acceder a lo solicitado por expresa prohibición del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006.

Afirmó que las diligencias fueron remitidas posteriormente al Juzgado Segundo (sic) de dicha categoría, autoridad que el 27 de enero de 2014, le negó la aludida acumulación al resolver una nueva solicitud presentada en tal sentido.

No obstante, reiteró la petición de acumulación y en decisión del 29 de septiembre siguiente, el aludido despacho judicial resolvió en forma negativa, al considerar que no tenía derecho al “beneficio” de la acumulación jurídica de penas, decisión confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta.

Advirtió que las autoridades demandadas realizaron una errónea interpretación del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, pues en dicha norma no se señala la prohibición de acumular penas, la cual es un derecho de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1086 de 2008 y no un beneficio.

Consideró vulnerados sus derechos al debido proceso e igualdad, por lo que solicita el amparo de los derechos invocados y que se ordene la “redosificación de la pena impuesta”.

Trámite y respuesta de las autoridades accionadas

1. El Secretario de la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta informó que en auto del 30 de septiembre de 2015, dicha Colegiatura confirmó la decisión del 29 de septiembre de 2014, mediante la cual el Juzgado de Ejecución de Penas de descongestión de dicha ciudad, se abstuvo de pronunciarse sobre una nueva petición de acumulación jurídica de penas, por cuanto en decisiones del 27 de marzo de 2012 y 27 de enero de 2014 se le había negado dicho “beneficio” por prohibición expresa contenida en la Ley 1098 de 2006.

Afirmó que no se ha vulnerado derecho alguno al actor y se acude a la acción de tutela como una instancia adicional, por lo que solicita negar el amparo invocado.

2. La Fiscal Segunda Seccional de Santa Marta indicó que los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás y el accionante es una persona proclive al delito(3).

3. La Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta señaló que el 27 de marzo de 2012, se negó al actor la acumulación jurídica de penas, de conformidad con el numeral 8º del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006(4).

Adujo que el 27 de enero de 2014, el Juzgado de Ejecución de Penas de descongestión de la misma ciudad, negó la aludida acumulación, por expresa prohibición legal, decisión respecto de la que V… B… interpuso recurso de apelación y la Sala Penal del Tribunal de Santa Marta se declaró inhibida para conocer del asunto.

Respecto a la pretensión del demandante afirmó que la acumulación de penas es un “beneficio” y prevalece el interés superior del menor.

De otro lado, refirió que el Juzgado de descongestión fue suprimido y los dos procesos seguidos contra el actor se encuentran a su cargo.

4. El Defensor de Familia de Santa Marta refiere que en virtud del principio pro infans, los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los de los demás, por lo que la decisión adoptada por el tribunal accionado debe ser confirmada(5).

5. La Juez Segunda de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta indicó que conoció del proceso XXX adelantado contra el accionante, el cual fue remitido al Juzgado Primero de dicha categoría para que se pronunciara sobre la acumulación jurídica de penas, de manera que no ha proferido decisión alguna que afecte los derechos fundamentales del actor(6).

Consideraciones de la Corte

De conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Decreto 1382 de 2000, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver la demanda de tutela instaurada por A… V… B...

En primer término, se recordarán los requisitos de procedibilidad del amparo cuando se instaura contra decisiones emitidas por jueces de la República, los que ya han sido expuestos in extenso por la jurisprudencia.

1. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

La acción de tutela es un mecanismo de protección excepcionalísimo cuando se dirige en contra de providencias judiciales y su prosperidad va ligada al cumplimiento de rigurosos requisitos de procedibilidad que esta corporación, en posición compartida por la Corte Constitucional en fallos C-590 de 2005 y T-332 de 2006, entre otros, ha venido acogiendo y que implican una carga para el actor, no sólo en su planteamiento, sino también en su demostración.

Según la doctrina constitucional, los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ameritan que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Adicionalmente, que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

Igualmente, exige la jurisprudencia que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; así mismo, cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

Además, “que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible”(7).

Y finalmente, que no se trate de sentencias de tutela.

Los anteriores requisitos no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido ratificados por la Corte Constitucional, primero en la Sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, ya citada y luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mentadas providencias, en el sentido que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas sólo pueden tener cabida “… si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto” (C-590 de 2005) –Negrillas fuera del original-.

De otra parte, los requisitos de carácter específico han sido reiterados en pacífica jurisprudencia a partir de esa decisión y pueden sintetizarse así:

Para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución.

Los eventos en los cuales procede la acción de tutela contra decisiones judiciales, involucran, de un lado, la superación del concepto de vía de hecho, y del otro, la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

Debe reiterar la Sala en esta oportunidad, que cuando la tutela pretende la protección de un derecho fundamental presuntamente vulnerado por una providencia judicial, su procedencia no es excepcional, sino excepcionalísima, pues corre el demandante con la carga de demostrar la presencia de una o varias de las causales de procedibilidad que esta corporación ha venido acogiendo, en posición compartida con la Corte Constitucional, que expresó en sentencia CC T-780/06 que:

La eventual procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales y otras providencias que pongan fin al proceso tiene connotación de excepcionalísima, lo cual significa que procede siempre y cuando se cumplan unos determinados requisitos muy estrictos que la jurisprudencia se ha encargado de especificar (negrillas fuera del original).

Finalmente, cabe destacar que a partir de la misma decisión CC C-590/05 arriba citada, la procedencia de la tutela contra una decisión emitida por un juez de la República se habilita, únicamente, cuando se presente al menos uno de los defectos generales y específicos sintetizados en precedencia.

2. Análisis del caso concreto.

Aclarado lo anterior, se tiene que en el presente caso, A... V... B... cuestiona por vía de tutela las decisiones proferidas por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de descongestión y la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta, en las que se le negó la acumulación jurídica de penas.

Sobre el particular, el accionante refirió que las autoridades en mención, afectaron sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, pues realizaron una interpretación errónea del numeral 8º del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, toda vez que la acumulación jurídica de penas no es un beneficio sino un derecho que tienen las personas condenadas.

Además, indicó que si bien acudió a los mecanismos ordinarios de defensa judicial, las instancias incurrieron en vías de hecho al negar dicho instituto, motivo por el que acudió a la acción de tutela.

En ese orden, considera la Sala que se cumplen en este caso los requisitos generales de procedencia del amparo contra providencias judiciales, toda vez que se trata de un asunto de relevancia constitucional, el actor no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, la demanda de tutela se presentó en un término razonable – la última decisión cuestionada se emitió el 30 de septiembre de 2015 y el actor considera que la vulneración persiste, pues tiene derecho a la acumulación de penas-, se indicaron los fundamentos del amparo y no se cuestiona un fallo de tutela.

Ahora, superados los requisitos de carácter general, corresponde a la Sala verificar si se configuran los defectos material o sustantivo y el desconocimiento del precedente que de acuerdo con los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, pueden configurarse en el presente evento.

Respecto del defecto material o sustantivo ha señalado la Corte Constitucional:

“Existe un defecto material o sustantivo en la decisión judicial cuando la actuación controvertida desconoce una ley adaptable al caso o se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable, ya sea porque (i) la norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley, (ii) es inconstitucional, (iii) o porque el contenido de la disposición no tiene conexidad material con los presupuestos del caso. También puede darse en circunstancias en las que a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, se produce (iv) un grave error en la interpretación de la norma, el cual puede darse por desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes o cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación contraria a la Constitución (Sentencia T-267 del 8 May. 2013).

Ahora, frente al desconocimiento del precedente se tiene que se configura cuando “el juez desconoce la ratio decidendi de un conjunto de sentencias previas al caso que ha de resolverse y que son pertinentes y aplicables al problema jurídico sometido a su conocimiento” (CSJ STP6488 - 2014).

Por lo tanto, no sobra anotarlo, el precedente no solo debe ser anterior a la decisión en la que se pretende emplear, sino que debe existir una semejanza en los problemas jurídicos, fácticos y normativos.

Pero debe señalar la Sala, que el precedente no es una condictio sine qua non para el funcionario judicial, pues también entran en juego los principios de autonomía e independencia de la administración de justicia constitucionalmente consagrados, por lo cual, es posible que el juez se aparte de la postura jurisprudencial vigente, siempre y cuando cumpla con dos condiciones a saber:

i) Que exponga de manera explícita y detallada las razones por las cuales decide apartarse del precedente; y ii) que demuestre de manera suficiente que la interpretación que hace, desarrolla de manera efectiva las garantías fundamentales consagradas en la Constitución. “Lo anterior se sustenta en que en el sistema jurídico colombiano el carácter vinculante del precedente está matizado, a diferencia de cómo se presenta en otros sistemas en donde el precedente es obligatorio con base en el stare decisis”. (En ese sentido, CC T-641/11 y CC T-1033/12).

Aclarado lo anterior y a efecto de establecer si se incurrió en la vía de hecho que indicó el accionante, se deben analizar las decisiones emitidas en relación con la acumulación jurídica de penas, para lo que se debe tener en consideración lo siguiente:

1. Mediante auto del 27 de marzo de 2012, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de descongestión de Santa Marta(8) negó al demandante la acumulación jurídica de las penas de nueve (9) años dos (2) meses(9) y diez (10) años(10), que le impusieron los juzgados tercero y quinto penales del circuito de la misma ciudad, respectivamente, por la comisión de la conducta punible de actos sexuales con menor de catorce años.

Como fundamentos de dicha determinación señaló el juzgador:

De manera que, de cara a las exigencias atrás mencionadas, claro se advierte para este Juzgado el cumplimiento de los requisitos sujetados a ejecutoria de las sentencias contentivas de las penas impuestas a A… V… (sic) B…, idéntica naturaleza de las penas privativas de la libertad, e incluso que ninguna de las penas impuestas al sentenciado en cita se encuentran mayormente ejecutadas, o por lo menos en ninguna de ellas ha sido objeto de liberación condicional.

Y por demás, la acumulación jurídica de penas (sic) sujeta a otros dos requisitos en relación a la temporalidad de ejecución de los delitos y el proferimiento de las sentencias, ellos: que los hechos por los cuales se dictó sentencia no hubieran sido cometidos con posterioridad al proferimiento de la sentencia y que las penas no hayan sido impuestas por delitos cometidos durante el tiempo que la persona estuviere privada de su libertad; pues bien de frente a esta exigencia cuya razón o fundamento es propiamente no favorecer con los efectos fusionantes de la acumulación, entre otros la unidad de ejecución de las penas para purgar dos o más delitos, a quienes desvían su conducta hallándose privados de la libertad por inicial delito, es situación que se encuentra ausente en la particular petición de la acumulación reclamada por el sentenciado A… V… (sic) B...

Por eso ser atentos a la fecha en que ocurrió uno y otro delito, pero más establecer con la objetividad propia con que dimanan las actas del proceso su situación jurídica al momento de cometer el segundo delito, es fácil colegir que se esta frente a situación favorable que persuade al despacho para la concesión de este beneficio que busca una redosificación punitiva menos gravosa con relación a A… V… (sic) B…, la acumulación jurídica de penas con relación a dos procesos penales fallados por el Juzgado Tercero y Quinto Penal del Circuito de Santa Marta – Magdalena, procede en razón del proferimiento de sentencias en diferentes procesos y porque no se dan las condiciones excluyentes señaladas en el inciso segundo del artículo 470 del C.P.P.

Sin embargo a pesar de cumplirse en el presente caso con las exigencias correspondientes derivadas de la sistemática interpretación de la normatividad establecida al respecto, NO es posible tramitar dicha solicitud teniendo en cuenta que lo establecido en el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia señala lo siguiente: (…)

Y concluyó,

Habiendo sido condenado el señor A... V… (sic) B…, por un delito sexual contra una persona menor de edad, en vigencia del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 y conforme a la Jurisprudencia Nacional -no indicó ninguna- se entiende que el beneficio de redención de pena no le es aplicable en cuanto a la reducción punitiva. (Negrilla incluido en el texto).

2. Ante una nueva solicitud de acumulación jurídica de penas presentada por el defensor de V… B…, el Juzgado en mención, en auto del 27 de enero de 2014 la negó nuevamente e indicó:

(…) La norma transcrita -artículo 199 de la Ley 1098 de 2006-en aplicación al presente caso, nos dice que cuando se trate de delitos de homicidio, lesiones personales bajo la modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, no se concederán los beneficios de libertad provisional garantizada por caución, extinción de la acción penal por pago integral de perjuicios, suspensión de la medida de aseguramiento por ser mayor de sesenta y cinco (65) años, rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión; no se concederán los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de pena y libertad condicional, ni tampoco procederá la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni ningún otro beneficio subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal siempre que esta sea efectiva.

Al momento de ocurrencia de las conductas punibles, es decir, 24 de agosto de 2008 y 21 de octubre de 2009, se encontraba vigente el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006.

El señor A... V... B..., fue condenado por un delito contra la libertad, integridad y formación sexuales, particularmente el delito de actos sexuales con menor de catorce (14) años.

Encuentra esta Agencia Judicial, que la petición del defensor del sentenciado A... V... B... no se ajusta a las exigencias legales y jurisprudenciales, para la concesión del beneficio, en razón a que si bien es cierto se produjeron dos sentencias en dos procesos diferentes, las sentencias se encuentran debidamente ejecutoriadas, las penas a imponer son de igual naturaleza.

De otro lado, es evidente que existe una prohibición legal referente a la concesión de beneficios, tal como lo es la acumulación jurídica de penas, ya que conforme a los antecedentes expuestos, se tiene que el señor A… V… B…, en vigencia del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, incurrió en infracción penal contra un menor de edad, motivo por el cual su petición no tendrá acogida. (Negrilla incluido en el texto)(11).

3. El 29 de septiembre de 2014, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de descongestión de Santa Marta se abstuvo de resolver una nueva solicitud de acumulación jurídica de penas, en razón a que en providencias del 27 de marzo de 2012 y 27 de enero de 2014 se había negado a V... B… tal instituto(12).

4. Inconforme con la anterior determinación, el defensor del hoy accionante instauró recurso de apelación al considerar que la acumulación jurídica de penas es un derecho y no un beneficio y en providencia del 30 de septiembre de 2015, la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta confirmó el auto recurrido con fundamento en lo siguiente:

De conformidad con la parte considerativa de este proveído está más que claro que por disposición expresa del legislador están excluidos de beneficios y mecanismos sustitutivos todos los sujetos activos de las conductas punibles “de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes”.

En punto de la naturaleza jurídica de la acumulación jurídica de penas ha esbozado la Corte Constitucional en Sentencia C-1086 de 2008 con ponencia del Doctor Jaime Córdoba Triviño (…)

En la citada jurisprudencia el máximo órgano de cierre en materia constitucional del país definió el instituto de acumulación jurídica de penas como un mecanismo de medición judicial que buscaba humanizar la fase ejecutiva de las penas, sin embargo, más adelante en el mismo proveído la Corte Constitucional arriba a la conclusión de que la acumulación jurídica de penas constituye en sí misma un verdadero beneficio como quiera que la intención del legislador es hacer más humanitaria la actuación punitiva y al mismo tiempo brindar una garantía al sentenciado que evitará la imposición de penas irremediables (…)

En consonancia con lo anterior se concluye que es absolutamente claro que la naturaleza y teleología de la acumulación jurídica de penas es que es un verdadero beneficio como se infiere de manera casi elemental de la lectura del pronunciamiento en cita (…)

Establecida la naturaleza del beneficio que ostenta el instituto de la acumulación jurídica de penas, está más que claro que no podría aplicarse en el presente asunto si se toma en cuenta que quienes aparecen como víctimas al interior de los procesos penales en donde resultara condenado el señor A… V… B… son menores de edad aunado al hecho de que ambos delitos fueron cometidos en vigencia de la Ley 1098 de 2006 (…)(13).

Denotado lo anterior, advierte la Sala que el extinto Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión(14) y la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta incurrieron en las siguientes vías de hecho:

1. Interpretaron de manera errónea el contenido del numeral 8º del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 que establece:

Beneficios y Mecanismos Sustitutivos. Cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo la modalidad dolosa, delios contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas:

1. Si hubiere mérito para proferir medida de aseguramiento en los casos del artículo 306 de la Ley 906 de 2004, esta consistirá siempre en detención en establecimiento de reclusión. No serán aplicables en estos delitos las medidas no privativas de la libertad previstas en los artículos 307, literal b), y 315 de la Ley 906 de 2004.

2. No se otorgará el beneficio de sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la de detención en el lugar de residencia, previsto en los numerales 1º y 2º del artículo 314 de la Ley 906 de 2004.

3. No procederá la extinción de la acción penal en aplicación del principio de oportunidad previsto en el artículo 324, numeral 8º, de la Ley 906 de 2004 para los casos de reparación integral de los perjuicios.

4. No procederá el subrogado penal de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, contemplado en el artículo 63 del Código Penal.

5. No procederá el subrogado penal de Libertad Condicional, previsto en el artículo 64 del Código Penal.

6. En ningún caso el juez de ejecución de penas concederá el beneficio de sustitución de la ejecución de la pena, previsto en el artículo 461 de la Ley 906 de 2004.

7. No procederán las rebajas de pena con base en los “preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado”, previstos en los artículos 348 a 351 de la Ley 906 de 2004.

8. Tampoco procederá ningún otro beneficio o subrogado judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea efectiva.

Lo anterior, por cuanto, analizada dicha norma se evidencia que la acumulación jurídica de penas no hace parte de los sustitutos o beneficios prohibidos para las personas condenadas, entre otros, por delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, toda vez que no se encuentra previsto como tal en dicho articulado ni hace parte de los beneficios señalados por la Ley 65 de 1993 a la que se debe acudir por remisión.

En efecto, el artículo 146 de la Ley 65 de 1993, señala como beneficios administrativos el permiso de hasta setenta y dos (72) horas, permiso de salida sin vigilancia durante quince (15) días, permiso de salida por los fines de semana y libertad preparatoria.

Lo anterior, acorde con lo señalado por esta corporación “desde la propia lectura del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, el Código de la Infancia y la Adolescencia no se ocupa de instituir los subrogados, mecanismos sustitutivos o beneficios judiciales o administrativos aplicables a los adultos responsables de delitos, ni sus requisitos. De esa materia se encargan el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Penitenciario y Carcelario. De ahí la constante remisión normativa que se observa en el precepto examinado, a la hora de disponer su exclusión. (CSJ STP8442 del 2. Jul. 2015. Rad. 80488).

En ese orden, se advierte que ni el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 ni la Ley 65 de 1993 establecen que la acumulación jurídica de penas es un “beneficio” y por ende, no podían las autoridades accionadas darle una interpretación diferente al numeral 8º del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, que contiene diversas prohibiciones de las que no hace parte el instituto de la acumulación jurídica de penas.

2. Adicionalmente, tanto el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de descongestión como la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta desconocieron los precedentes de esta corporación y de la Corte Constitucional, en los que se ha indicado claramente que la acumulación jurídica de penas es un derecho que tienen las personas condenadas.

Al respecto, se tiene que de antaño esta colegiatura se pronunció en los siguientes términos:

3.1. Si la acumulación de penas es un derecho del condenado, sobre lo cual la Sala no tiene ninguna duda en consideración a que su procedencia no está sujeta a la discrecionalidad del Juez de Penas, su aplicación también procede de oficio, simplemente porque la ley contiene un mandato para el funcionario judicial de acumular las penas acumulables, que no supedita a la mediación de petición de parte.

Si eso es así, entonces cuando una pena se ejecutaba y era viable acumularla a otra u otras, pero no se resolvió oportunamente así porque nadie lo solicitó o porque no se hizo uso del principio de oficiosidad judicial, son circunstancias que no pueden significar la pérdida del derecho y, por lo tanto, en dicha hipótesis es procedente la acumulación de la pena ejecutada. Y,

3.2. Como se colige del artículo 89 del Código de Procedimiento Penal, es derecho del procesado que las conductas punibles conexas se investiguen y juzguen conjuntamente, y consecuencialmente que se le dicte una sola sentencia y que se le dosifique pena de acuerdo con las reglas establecidas para el concurso de conductas punibles en el artículo 31 del Código Penal.

No obstante, es posible en determinados casos la no investigación y juzgamiento conjunto de los delitos conexos, pero persiste la prerrogativa a que las penas impuestas en fallos independientes se acumulen, como lo resalta la primera parte del transcrito artículo 470.

Y así, como también es perfectamente viable que se ejecute la pena impuesta respecto de un delito conexo sin haberse impuesto la del otro o sin haber adquirido firmeza la respectiva sentencia, lo cual sucede en la práctica por múltiples situaciones procesales incluida la tardanza judicial en la decisión, no se aviene con la intención legislativa negar la acumulación jurídica de penas aduciendo que una de ellas cumplió. El condenado por conductas conexas en varios procesos, entonces, tiene derecho en cualquier tiempo a que las penas impuestas por razón de las mismas le sean acumuladas. (CSJ SCP. 19 de Ab. 2002, Rad. 7026) (Negrilla fuera de texto).

Dicho criterio fue reiterado por esta corporación en los autos CSJ SCP. 28 de Jul. 2004, Rad. 18654 y AP2284 del 30 de Ab. 2014, Rad. 43474.

Adicionalmente, en reciente pronunciamiento la Sala de Decisión de Tutelas No. 2 de la Sala de Casación Penal de esta corporación(15) al examinar un caso en el que se negó la redención de pena a una persona condenada por delitos contra la libertad integridad y formación sexual de un menor de edad, en aplicación del numeral 8º del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, esta Colegiatura concluyó que dicha instituto es un derecho y señaló en lo que concierne al caso que hoy concita la atención de la Sala, lo siguiente:

Adicionalmente, como el artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia despoja a los responsables de ciertos delitos de la aplicación de institutos que los favorecen, su interpretación debe ser restrictiva, con un criterio (mutatis mutandis, es decir, cambiando lo que haya que cambiar) como el fijado por el artículo 295 de la Ley 906 de 2004: “Las disposiciones de este código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad del imputado tienen carácter excepcional; sólo podrán ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales”.

Y es que emplearse una interpretación extensiva podría llegarse al extremo de excluir también la aplicabilidad del instituto de la acumulación jurídica de penas, que ha sido definido por la jurisprudencia como un derecho que genera beneficio al condenado (CSJ. SCP. 19-04-2002, RAD. 7026 y 28-07-2004, Rad. 18654). (Negrilla fuera de texto).

Tal postura sobre la acumulación jurídica de penas fue avalada por la Corte Constitucional en la Sentencia CC C-1086 de 2008, en la que la alta corporación señaló, contrario a lo interpretado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta, que acogía la interpretación que sobre tal instituto había realizado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria penal, e indicó:

4.2.6. La anterior interpretación de la norma en que se inserta el precepto demandado coincide, en lo que concierne a la acumulación de condenas ya ejecutadas por delitos conexos, con la posición mayoritaria que ha asumido la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, como órgano a quien corresponde la interpretación autorizada del derecho penal legislado. La Corte tendrá en cuenta esta interpretación del órgano responsable de aplicar el precepto impugnado, con el propósito de fijar el ámbito a partir del cual ejercerá su competencia de control constitucional(16).

4.2.7. Al interpretar y aplicar la regla de exclusión de la acumulación jurídica en relación con “penas ya ejecutadas”, prevista en el inciso 2º del artículo 460, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, bajo la consideración de que el instituto de la acumulación jurídica de penas entraña un derecho para el sentenciado, estimó que tal regla debe ser interpretada con carácter restrictivo. Bajo esa óptica de garantía consideró que la regla de exclusión relativa a que alguna de las sentencias se encuentre ejecutada, no se extiende a los delitos conexos. (Negrilla fuera de texto).

En ese orden, se tiene que el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de descongestión y la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta que negaron la acumulación jurídica de penas a A... V... B... al considerar que dicho instituto constituía un “beneficio” prohibido por el numeral 8º del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, incurrieron en vía de hecho, pues la disposición en mención no lo cataloga expresamente como tal, a lo que se suma que tanto la jurisprudencia de esta corporación como de la Corte Constitucional, han indicado que la acumulación jurídica de penas es un derecho que tienen los condenados que cumplan los requisitos establecidos en la norma adjetiva, la cual procede de oficio o a petición de parte.

Así las cosas, razón le asistió al accionante al acudir a la acción de tutela, ante la reiterada negativa de las autoridades en mención de entender la acumulación jurídica de penas como un “beneficio” y no como un derecho.

En tales condiciones, la Sala concederá el amparo de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia, contemplados en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política y de los que es titular A… V… B...

En consecuencia, se dejará sin efecto las decisiones del 10 de julio de 2014 y 30 de septiembre de 2015 y atendiendo que actualmente los procesos adelantados contra el accionante son vigilados por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta se ordenará a dicha autoridad que en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación del presente fallo, se pronuncie sobre la solicitud de acumulación jurídica de penas presentada por el defensor de A... V... B..., teniendo en consideración lo indicado en este proveído.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal – en Sala de Decisión de Tutelas Nº 3, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de los que es titular A... V... B...

DEJAR SIN EFECTO las decisiones del 29 de septiembre de 2014 y 30 de septiembre de 2015, proferidas por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de descongestión y la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta, respectivamente.

ORDENAR al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta que en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación del presente fallo, se pronuncie sobre la solicitud de acumulación jurídica de penas presentada por el defensor de A... V... B..., teniendo en consideración lo indicado en este proveído.

ENVIAR copia de esta decisión a las autoridades accionadas para su conocimiento.

NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: José Francisco Acuña Vizcaya—Eugenio Fernández Carlier—Patricia Salazar Cuéllar.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

(1) En sentencia del 21 de octubre de 2009.

(2) En sentencia del 24 de agosto de 2011.

(3) Folio 44 ibídem.

(4) Folios 45-48 ib. Con la respuesta allegó copia de las decisiones cuestionadas por vía de tutela.

(5) Folio 105 de la actuación.

(6) Folios 106 -107 de la actuación.

(7) Ibídem.

(8) Suprimido el 31 de diciembre de 2015.

(9) En sentencia del 21 de octubre de 2009.

(10) En sentencia del 24 de agosto de 2011.

(11) Decisión obrante a folios 55-58 de la actuación y contrala que el defensor del accionante interpuso recurso de apelación y en decisión del 22 de mayo de 2014, la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta se inhibió de conocer de la impugnación por fatal de sustentación. Folios 64-71 ibídem.

(12) Folios 75-76 ib.

(13) Decisión obrante a folios 78-95 de la actuación.

(14) Suprimido el 31 de diciembre de 2015.

(15) CSJ STP8442 del 2 de Jul. 2015. Rad. 80488.

(16) Al referirse a la doctrina del derecho viviente ha señalado esta corporación que “[A]tender el derecho vivo es una garantía de que la norma sometida a su control realmente tiene el sentido, los alcances, los efectos o la función que el juez constitucional le atribuye”. // “El juicio de constitucionalidad no debe recaer sobre el sentido normativo de una disposición cuando éste es diferente al que realmente le confiere la jurisdicción responsable de aplicarla. El cumplimiento efectivo de la misión institucional que le ha sido confiada a la Corte Constitucional como guardián de la integridad y supremacía de la Constitución, requiere que ésta se pronuncie sobre el sentido real de las normas controladas, no sobre su significado hipotético” (Sentencia C-557 de 2001). En el presente evento se cumplen los presupuestos que conforme a la jurisprudencia de esta Corte permiten afirmar la existencia de una orientación jurisprudencial dominante bien establecida. En efecto, (i) la interpretación judicial que se destaca es consistente en la medida que incorpora un sentido normativo que ha logrado consolidarse; (ii) en este sentido cabe mencionarse las siguientes decisiones (providencia de abril 24 de 1997, M.P. Fernando Arboleda Ripoll; providencia de abril 19 de 2002, M.P. Yesid Ramírez Bastidas; providencia de noviembre 19 de 2002, M.P. Yesid Ramírez Bastidas; providencia de noviembre 22 de 2004, M.P Yesid Ramírez Bastidas; providencia (tutela) de julio 21 de 2004, M.P. Sigifredo Espinosa; providencia (tutela ) de enero 31 de 2008, Rad. 35012); (iii) la interpretación judicial contenida en las mencionadas decisiones es relevante para fijar el significado de la norma objeto de control, y en particular para fijar el alcance del segmento normativo demandado. (Cfr. C-557 de 2001).