Sentencia STP8041-2016/86249 de junio 16 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS

STP8041-2016

Rad.: 86249

Magistrado Ponente

Dr. José Luis Barceló Camacho

Aprobado acta Nº 180

Bogotá, D. C., dieciséis de junio de dos mil dieciséis.

Vistos

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por el apoderado de E... E... O... M..., accionante, contra el fallo dictado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 20 de abril de 2016, por medio del cual negó el amparo a los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, contradicción y acceso a la administración de justicia, solicitado frente a decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral.

Antecedentes y fundamentos de la acción

El señor E... E... O... M... entabló demanda ordinaria laboral contra XXX LTDA. para el reconocimiento de la existencia de contrato de trabajo, con las consecuentes condenas al pago de salarios, aportes a seguridad social, prestaciones sociales e indemnización por falta de pago, no pago de intereses a las cesantías y despido sin justa causa.

Comoquiera que el señor O… M… habría laborado para la ejecución de la interventoría de la obra “paseo urbano carrera 29” que fue materia de convenio interadministrativo entre el municipio de Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), también los demandó, por considerar que debían responder solidariamente con el contratista independiente (XXX LTDA.). La compañía Seguros del Estado S.A. fue llamada en garantía por la EDU.

El 25 de febrero de 2015, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín dictó sentencia en la que resolvió: 1) declarar la existencia de contrato de trabajo que vinculó a E... E... O... M... y XXX LTDA. entre el 1º de septiembre y el 31 de diciembre de 2011; 2) declarar que el municipio de Medellín y la EDU son solidariamente responsables del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones; 3) emitir condenas solidarias contra los demandados por el pago de salarios, prestaciones y la indemnización establecida por el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo; 4) ordenar que se efectúe el pago de los aportes para pensión, según cálculo actuarial a realizarse; 5) condenar a Seguros del Estado S.A., como llamado en garantía; 6) absolver a XXX LTDA. de las pretensiones formuladas al amparo del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo y 99 de la Ley 50 de 1990; 7) negar la indexación solicitada; 8) condenar en costas y agencias en derechos a los vencidos.

Interpuesto el recurso de apelación por lo codemandados, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, mediante fallo del 28 de enero de 2016, resolvió revocar parcialmente la sentencia impugnada, así: a) los numerales segundo y cuatro de la parte resolutiva, “(…) en cuanto declararon y condenaron a responsabilidad solidaria al municipio de Medellín y a la Empresa de Desarrollo Urbano EDU sobre la indemnización moratoria, para en su lugar absolver a estas entidades de dicha indemnización”; y, b) el numeral tercero, “(…) solamente en cuanto impuso al municipio de Medellín y a la Empresa de Desarrollo Urbano EDU el pago de los intereses doblados a las cesantías, CONFIRMANDO el numeral en todo lo demás”.

El tribunal expuso que no existía razón jurídica para hacer extensivas al municipio de Medellín y a la EDU las indemnizaciones o sanciones precitadas, pues éstas se encuentran a cargo exclusivo del empleador y por eso fue que la juez a quo únicamente analizó la buena o mala fe de éste, apreciándose, además, que la EDU obró de manera diligente.

Contra esa determinación del tribunal el señor E... E... O... M... instauró la acción de tutela, por considerar que es constitutiva de defecto sustantivo, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, acotando que la cuantía de las pretensiones no le permitía acceder al recurso extraordinario de casación.

Planteó el accionante que el tribunal incurrió en interpretación contraevidente (contra legem) de los artículos 34 del Código Sustantivo del Trabajo y 6º del Decreto 2127 de 1945 (que presentan identidad en su contenido) y que se apartó del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, del 6 de mayo de 2005, radicado 22905, sin siquiera mencionarlo y sin cumplir los requisitos que para el efecto han sido fijados por la jurisprudencia constitucional.

Trámite de la acción

La demanda fue admitida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, el 11 de abril de 2016, mediante proveído en el que además de disponer su traslado a la autoridad accionada, ordenó la vinculación del Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín y la notificación de las partes e intervinientes dentro del proceso laboral. También reconoció personería al apoderado del actor.

La parte demandada y quienes podían intervenir como terceros guardaron silencio.

El fallo impugnado

El planteamiento central que sustenta la decisión consiste en que “(…) la tutela contra sentencias judiciales no puede ser medio ni pretexto para abolir la independencia del Juez, consagrada en el artículo 228 de la Carta Política, sustituyendo al juez natural”.

En consecuencia, como la Sala de Casación Laboral no encontró “(…) que la corporación judicial puesta en entredicho haya actuado de manera negligente, ni que en su decisión haya olvidado cumplir con el deber de análisis de las realidades fácticas y jurídicas sometidas a su criterio, (…)”, o que hubiera ejecutado una “actuación subjetiva y arbitraria”, pues, por el contrario, la decisión se muestra “(…) arraigada en argumentos que consultaron reglas mínimas de razonabilidad jurídica y que, sin lugar a dudas, obedecieron a la labor hermenéutica propia del juez (…)”, decidió negar la tutela deprecada.

Dicha Sala acotó que la determinación del tribunal obedeció “(…) a que encontró acreditada por parte de dichas demandadas solidarias, la buena fe eximente de tales condenas (…)” y que “(…) los jueces cuentan con potestad legal para apreciar libremente las pruebas que se alleguen a los procesos, con el fin de formar su convencimiento acerca de los hechos controvertidos (…)”. Por tanto, “(…) mientras las inferencias a las que arribe el fallador sean lógicamente aceptables, las mismas quedan cobijadas con la presunción de legalidad (…)”.

La impugnación

El apoderado del accionante replica que la tutela no se instauró para afectar la autonomía judicial, sino para hacer efectivo el derecho a recibir un trato igualitario.

Acota que la autonomía judicial no es absoluta, pues como lo puso de presente la Corte Constitucional en la Sentencia T-446/13, tiene límites en cuanto a la interpretación y aplicación de la ley.

Lo anterior, por cuanto frente a casos semejantes debe resolver según el precedente vertical y si bien puede apartarse del mismo, ello le exige el cumplimiento de una carga argumentativa que en este caso no agotó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.

Considera que el precedente mencionado en la demanda debía ser conocido por el tribunal, ya que data del año 2005 y la juzgadora de primera instancia decidió conforme a él.

Reprocha el fallo por no haber estudiado las cuatro (4) causales específicas de procedibilidad propuestas en el libelo ni haber verificado la separación del precedente aludido.

Para resolver se considera

A esta Sala compete decidir, de conformidad con lo normado por los artículos 2.2.3.1.2.1 y 2.2.3.1.2.4 del Decreto 1069 de 2015 - Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho (antes artículos 1º y 4º del Decreto 1382 de 2000) – y el artículo 44 del Reglamento de la corporación.

La Corte Constitucional, en la Sentencia C-590/05, que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional y tiene efectos erga omnes, definió que excepcionalmente la tutela puede ser procedente contra providencias judiciales, siempre y cuando se cumplan unos exigentes presupuestos:

24. Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. (…).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. (…).

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (…).

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (…).

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. (…).

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…).

25. Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

(Sic) f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. (CC C-590/05).

En el caso del señor E... E... O... M... se cumplen los presupuestos generales aludidos en la transcripción que antecede, porque: (1) el asunto tiene relevancia constitucional, en la medida que lo planteado es que con la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de contradicción y de acceso a la administración de justicia; (2) la sentencia cuestionada mediante la tutela no admite la interposición del recurso extraordinario de casación, por razón de la cuantía; (3) se cumple el requisito de la inmediatez, puesto que el fallo data del 28 de enero del año en curso y la acción de tutela se instauró el 6 de abril; (4) el actor identificó de manera razonable los derechos que estima afectados y los hechos que generan su vulneración, sin que sea exigible que los hubiera alegado previamente, porque la decisión desfavorable a sus pretensiones se produjo en segunda instancia y, como se vio, la casación no procede; y, (5) no ataca una sentencia de tutela.

Entre los requisitos específicos de procedibilidad desarrollados por la Corte Constitucional en la sentencia que se viene citando se encuentra el defecto sustantivo, que puede estructurarse a partir de cualquiera de las siguientes vías:

5.1. En diferentes pronunciamientos, la Corte ha ido precisando el ámbito de lo que ha denominado defecto sustantivo como una condición de procedibilidad de la tutela contra las providencias judiciales. Al respecto ha señalado que se presenta, entre otras razones: (i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente, b) ha perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es inexistente d) ha sido declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, “no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador”; (ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable o “la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes” o cuando en una decisión judicial “se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial”; (iii) cuando no toma en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga omnes, (iv) la disposición aplicada se muestra, injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución; (v) cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento se utiliza “para un fin no previsto en la disposición”; (vi) cuando la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso; (vii) cuando se desconoce la norma del ordenamiento jurídico constitucional o infraconstitucional aplicable al caso concreto.

5.2. Se considera también que existe un defecto sustantivo en providencias judiciales: (vii) cuando la actuación no está justificada en forma suficiente de manera que se vulneran derechos fundamentales; (viii) cuando sin un mínimo de argumentación se desconoce el precedente judicial o, (ix) “cuando el juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una violación manifiesta de la Constitución”. (CC SU448/11. Se subraya).

El inciso primero del artículo 230 de la Constitución Política establece: “Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley”. La interpretación adecuada de ese precepto ha sido fijada por la Corte Constitucional, así:

5.2.2 Una interpretación adecuada del imperio de la ley a que se refiere el artículo 230 constitucional, significa para la jurisprudencia constitucional que la sujeción de la actividad judicial al imperio de la ley, no puede entenderse en términos reducidos como referida a la aplicación de la legislación en sentido formal, sino que debe entenderse referida a la aplicación del conjunto de normas constitucionales y legales, valores y objetivos, incluida la interpretación jurisprudencial de los máximos órganos judiciales, la cual informa la totalidad del ordenamiento jurídico.

Sobre este tema, ha resaltado la Corte que (i) la intención del constituyente ha sido darle clara y expresa prevalencia a las normas constitucionales –art. 4º Superior- y con ella a la aplicación judicial directa de sus contenidos; (ii) que esto debe encontrarse en armonía con la aplicación de la ley misma en sentido formal, es decir dictada por el legislador, la cual debe ser interpretada a partir de los valores, principios, objetivos y derechos consagrados en la Constitución; (iii) que por tanto es la Carta Política la que cumple por excelencia la función integradora del ordenamiento; (iv) que esta responsabilidad recae en todos las autoridades públicas, especialmente en los jueces de la república, y de manera especial en los más altos tribunales; (v) que son por tanto la Constitución y la ley los puntos de partida de la interpretación judicial; (vi) que precisamente por esta sujeción que las autoridades públicas administrativas y judiciales deben respetar el precedente judicial o los fundamentos jurídicos mediante los cuales se han resuelto situaciones análogas anteriores; (vii) que esta sujeción impone la obligación de respetar el principio y derecho de igualdad tratando igual los casos iguales; (viii) que mientras no exista un cambio de legislación, persiste la obligación de las autoridades públicas de respetar el precedente judicial de los máximos tribunales, en todos los casos en que siga teniendo aplicación el principio o regla jurisprudencial; (ix) que no puede existir un cambio de jurisprudencia arbitrario, y que el cambio de jurisprudencia debe tener como fundamento un cambio verdaderamente relevante de los presupuestos jurídicos, sociales existentes y debe estar suficientemente argumentado a partir de razonamientos que ponderen los bienes jurídicos protegidos en cada caso; (x) que en caso de falta de precisión o de contradicción del precedente judicial aplicable, corresponde en primer lugar al alto tribunal precisar, aclarar y unificar coherentemente su propia jurisprudencia; y (xi) que en estos casos corresponde igualmente a las autoridades públicas administrativas y a los jueces, evidenciar los diferentes criterios jurisprudenciales existentes para fundamentar la mejor aplicación de los mismos, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico en su totalidad, “y optar por las decisiones que interpreten de mejor manera el imperio de la ley” para el caso en concreto. (CC C-539/11).

Para que una sentencia sea precedente y su desconocimiento constituya causal de procedencia de la acción de tutela se requiere:

(…) i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente. (CC T-292/06 y SU053/15).

Pues bien, conocidos ya los hechos del presente caso, es necesario cotejarlos con los que motivaron el pronunciamiento de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 6 de mayo de 2005 dentro del radicado Nº 22905, para evidenciar su semejanza. Para el efecto, basta con remitirse al acápite de antecedentes de la providencia mencionada, en el cual se hizo la siguiente síntesis:

L... E... S... D... demandó al señor C... A... M... R... y al Instituto Nacional de Adecuación de Tierras - INAT, con el fin de que, previa declaración de la existencia de un contrato de trabajo con el primero de los mencionados, sean condenados ambos demandados a pagarle solidariamente las sumas correspondientes a salarios, auxilio de cesantía, intereses a la cesantía, prima de servicios, vacaciones compensadas; la indemnización por mora en el pago de salarios y prestaciones a la terminación del contrato de trabajo; la indexación de lo reclamado; lo que resulte probado ultra y extra petita; las costas del proceso.

Fundamentó sus peticiones, esencialmente, en que celebró contrato de trabajo verbal y a término indefinido con el señor C... A... M... R... el 2 de marzo de 1998, con el objeto de dirigir el contrato de consultoría para los estudios y diseños del proyecto de irrigación de los Llanos de Manchabajoy, municipio de Tambo, Nariño, celebrado entre su empleador y el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras – INAT; que dicho contrato se terminó el día 7 de septiembre de 1998, por cumplimiento total del proyecto; que su último salario fue de $1.400.000.00 mensuales; que durante el tiempo que duró el contrato, no le fueron pagados los salarios, prima de servicios, vacaciones e intereses a la cesantía; que a la terminación del contrato, el empleador se abstuvo de cancelarle lo correspondiente a salarios, vacaciones, prima de servicios, auxilio de cesantía, intereses a la cesantía, dominicales, festivos y la indemnización por despido injusto; que, en vista a que a la fecha de presentación de la demanda, no se le han pagado los salarios y prestaciones sociales, la demandada está obligada a pagarle la indemnización por mora del artículo 65 del C. S. del T.; que el INAT, en los términos previstos en el numeral 19 del artículo 25, en concordancia con los artículos 16 y 17, del Decreto 679 de 1994, exigió al contratista garantía única de cumplimiento de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, que fue constituida mediante póliza Nº 97225314 de Seguros el Estado S. A.; que el INAT, no obstante de estar enterado del incumplimiento del contratista respecto a sus obligaciones laborales, no tomó ninguna medida al respecto; que el INAT es obligado solidario de sus créditos laborales; que agotó la vía gubernativa. (Se subraya).

Dada la indudable similitud de los casos, debió emplearse la misma regla para su resolución, la cual fue establecida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el fallo referido, así:

Si bien es cierto que en fallo del 22 de abril de 2004 (Rad. 21074), ratificado posteriormente en la decisión del 24 de febrero de 2005 (Rad. 23233), sostuvo esta corporación que el deudor solidario del contratista (artículo 34 del C.S.T.), o sea, el dueño de la obra o beneficiario del trabajo, termina equiparándose al empleador para efectos de la sanción del artículo 65 del C.S.T., por lo que era atendible su buena fe para verse exonerado de la obligación de indemnizar, reexaminando el tema por la mayoría de la Sala, es del caso ahora recoger la anterior jurisprudencia, por las razones que seguidamente se exponen.

El artículo 34 del C. S. del T. no hace otra cosa que hacer extensivas las obligaciones prestacionales o indemnizatorias del contratista, al dueño de la obra conexa con su actividad principal, sin que pueda confundirse tal figura jurídica con la vinculación laboral, como lo ha sostenido esta Sala en otras ocasiones. La relación laboral es única y exclusivamente con el contratista independiente, mientras que la relación con el obligado solidario, apenas lo convierte en garante de las deudas de aquél. Así lo ha sostenido la Corte, entre otras, en las sentencias del 26 de septiembre de 2000 (Rad. 14038) y del 19 de junio de 2002 (Rad. 17432).

Es claro, entonces, que la culpa que genera la obligación de indemnizar es exclusiva del empleador, lo que ocurre es que, por virtud de la ley, el dueño de la obra se convierte en garante del pago de la indemnización correspondiente, no porque se le haga extensiva la culpa, sino por el fenómeno de la solidaridad, que, a su vez, le permite a éste una vez cancele la obligación, subrogarse en la acreencia contra el contratista, en los términos del artículo 1579 del Código Civil, lo que, se ha dicho, reafirma aún más su simple condición de garante.

En estas condiciones, es la buena o mala fe del empleador, o sea del contratista, la que debe analizarse para efectos de imponer la sanción moratoria y no la de su obligado solidario. (Subrayas fuera de texto).

No empece lo expuesto por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de casación que parcialmente se ha transcrito en precedencia y que tiene como finalidad unificar la jurisprudencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, adujo que no existía razón jurídica para hacer extensivas las indemnizaciones a los codemandados, municipio de Medellín y Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), máxime cuando ésta había obrado diligentemente, sin ofrecer razones para tales asertos y contrariando el precedente, según el cual la responsabilidad del dueño de la obra tiene como fuente la solidaridad establecida por la ley y no su culpa o mala fe, fenómeno que únicamente debe ser examinado respecto del contratista independiente que tiene la calidad de empleador.

También se apartó el tribunal de otro fallo de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que, en caso de similares características, puntualizó:

La responsabilidad solidaria que el artículo 34 impone al beneficiario del trabajo o al dueño de la obra, no excluye la indemnización moratoria que regula el artículo 65 del C. S. del T. Literalmente el precepto en mención consagra la solidaridad “por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores”, y como, generalmente, dentro de un contrato de trabajo surgen a cargo del empleador los conceptos anotados, la indemnización moratoria no puede considerarse ajena o por fuera de ellos, pues es un derecho que surge y tiene su causa en el contrato de trabajo y, precisamente, la solidaridad legal que se impone como una medida de protección para los asalariados, busca en últimas amparar los derechos derivados de ese contrato y evitar así que, a través de figuras jurídicas, tales derechos sean menoscabados o desconocidos.

De otro lado, igualmente el propio contenido del artículo 65 del Estatuto Sustantivo Laboral le asigna el carácter de indemnización a la obligación que tiene a su cargo el empleador renuente en el pago de los salarios y prestaciones debidos a la terminación del contrato del trabajo, de manera que en este sentido tampoco es posible apartarse de la literalidad del precepto para llegar a la tesis equivocada que plantea la censura, según la cual la indemnización moratoria tiene el carácter de sanción como castigo únicamente para el empleador de mala fe que no paga los derechos laborales causados a la terminación del contrato de trabajo y que, precisamente, su naturaleza sancionatoria impide totalmente su transmisión al beneficiario del trabajo o dueño de la obra. Cualquiera que sea la denominación que se le dé, sanción o indemnización, es en realidad una reparación legal impuesta al empleador que, con su conducta omisiva y de mala fe, causa un daño a su ex-servidor al no satisfacerle, dentro de la oportunidad prevista, los salarios y prestaciones que le adeuda a la finalización del vínculo laboral. (CSJ, SL 21 feb. 2006, rad. Nº 24495. Se subraya).

El tribunal se apartó de esas reglas sin cumplir los deberes que ello supone:

(…) el juez (singular o colegiado) sólo puede apartarse de la regla de decisión contenida en un caso anterior cuando demuestre y cumpla los siguientes requisitos:

(i) Debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido (principio de transparencia). (ii) En segundo lugar, debe ofrecer una carga argumentativa seria, mediante la cual explique de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente)”. (T-794/11, T-082/11).

Por consiguiente, ante la indudable afectación de los derechos fundamentales invocados, ya que la separación injustificada del precedente condujo a decisión desfavorable para los intereses del aquí accionante a quien, por tanto, se le dio un trato distinto al que recibieron los trabajadores en las dos casaciones mencionadas, pese a la semejanza de sus situaciones, deberá revocarse el fallo impugnado, para en su lugar conceder la protección reclamada.

Para el efecto, se declarará sin valor y efecto el fallo dictado el 26 de enero de 2016 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, dentro del radicado Nº 050013105007201300841 y se ordenará a dicha sala y corporación que dentro del término de quince (15) días, siguientes a la fecha en que le sea notificada esta providencia, celebre audiencia en la que profiera una nueva sentencia, siguiendo los precedentes mencionados en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala Segunda de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR el fallo impugnado y, en su lugar, CONCEDER la tutela solicitada por el señor E... E... O... M... para sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. DECLARAR sin valor y efecto el fallo dictado el 26 de enero de 2016 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, dentro del radicado Nº 050013105007201300841 y ORDENAR a dicha sala y corporación que dentro del término de quince (15) días, siguientes a la fecha en que le sea notificada esta providencia, celebre audiencia en la que profiera una nueva sentencia, siguiendo los precedentes mencionados en esta providencia.

3. Notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

4. Remítase el proceso a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Luis Antonio Hernández Barbosa.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.