Sentencia STP8256-2017/91980 de junio 7 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrada Ponente

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

STP8256-2017

Rad.: 91980

Acta No. 184

Bogotá. D.C., siete de junio de dos mil diecisiete.

VISTOS

Se pronuncia la Sala sobre la impugnación presentada por la apoderada judicial de Héctor Jaime Beltrán, contra el fallo proferido el 19 de abril de 2017 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, mediante el cual negó el amparo constitucional invocado en la demanda de tutela formulada contra los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Salud y Protección Social, por la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales.

Antecedentes y Fundamentos de la acción

Héctor Jaime Beltrán interpone acción de tutela con el fin de que le sean amparados los derechos fundamentales a la vida, integridad personal, salud y reparación que, dice, le están siendo vulnerados por las citadas autoridades accionadas al no dar cumplimiento a la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el asunto “Caso Rodríguez Vera y otros (desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia”.

Para tal efecto, relata que a través del mencionado fallo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) se pronunció sobre los sucesos conocidos como “la toma y retoma del Palacio de Justicia”, ocurridos los días 6 y 7 de noviembre de 1985, en Bogotá, y consideró que:

[T]odos los indicios que han surgido desde la época de los hechos son consistentes y conducen a la única conclusión de que Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao fueron desaparecidos forzadamente. Concluir lo contrario implicaría permitir al Estado ampararse en la negligencia e inefectividad de la investigación penal para sustraerse de su responsabilidad internacional. (Destaca la Sala).

Además, tras hallar demostrada la responsabilidad del Estado Colombiano en esos hechos, resolvió decretar como medida de “rehabilitación” para las víctimas:

567. (…) la obligación a cargo del Estado de brindar gratuitamente, a través de instituciones de salud públicas especializadas o personal de salud especializado, y de forma inmediata, adecuada y efectiva, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico, a las víctimas que así lo soliciten, previo consentimiento informado, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requieran, tomando en consideración los padecimientos de cada una de ellas relacionados con los hechos del presente caso. En el caso particular de las víctimas de tortura y otras formas de trato cruel y degradante, el tratamiento psicológico o psiquiátrico debe ser brindado por personal e instituciones públicas especializadas en la atención de víctimas de hechos de violencia como los ocurridos en el presente caso. En el caso de que el Estado careciera de instituciones de salud especializadas deberá recurrir a instituciones privadas o de la sociedad civil especializadas.

568. Asimismo, los tratamientos respectivos deberán ser brindados por el tiempo que sea necesario. Al proveer el tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico se debe considerar, además, las circunstancias y necesidades particulares de cada víctima, de manera que se les brinden tratamientos colectivos, familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada una de ellas y después de una evaluación individual. Las víctimas que soliciten esta medida de reparación, o sus representantes legales, disponen de un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente Sentencia, para dar a conocer al Estado su intención de recibir atención médica, psicológica o psiquiátrica. La Corte destaca la necesidad de que el Estado y los representantes presten su máximo esfuerzo de colaboración y brinden a las víctimas toda la información que sea necesaria para recibir el tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico, con el fin de avanzar en la implementación de esta medida de manera consensuada. (Negrilla ajena al texto original).

Ahora bien, afirma el actor que dentro de dicha actuación, acreditó ser el padre de Héctor Jaime Beltrán Fuentes, razón por la cual fue reconocido como víctima. Sin embargo, pasados más de tres años desde la emisión ese fallo, y pese a que se han elevado múltiples requerimientos al respecto, el Estado Colombiano no ha cumplido a cabalidad con las órdenes proferidas por la Corte IDH, lo que ha generado que deba seguir asumiendo, “personalmente”, los gastos correspondientes a aportes y contribuciones al sistema de salud, copagos y cuotas moderadoras.

Por tanto, solicita que en amparo de los derechos fundamentales invocados, se ordene a las autoridades accionadas cumplir la sentencia de la Corte IDH y, garantizar la prestación del servicio de salud que requiere, de forma inmediata, efectiva y gratuita.

El Fallo Impugnado

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá negó el amparo constitucional invocado, por las siguientes razones:

Argumentó que es cierto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 14 de noviembre de 2014 denominada “Caso Rodríguez Vera y otros (desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia”, ordenó al Estado Colombiano brindar de forma “gratuita” el servicio de salud a las víctimas de dicho suceso, entre ellos, al señor Héctor Jaime Beltrán, a quien le fue reconocida esa condición por virtud de la desaparición forzada de su hijo Héctor Jaime Beltrán Fuentes. Sin embargo, prosiguió, esa medida de reparación no implica que el Gobierno Nacional deba suministrar sin costo alguno la atención médica para tratar “cualquier tipo de enfermedad de cualquier origen que padezcan las víctimas del palacio, sino solamente aquellas que tengan relación con los hechos que fueron materia de juzgamiento por parte de la Corte CIDH”.

Por ende, a juicio de la primera instancia, como quiera que en este caso la específica patología que aqueja al actor (“enfermedad renal incurable y progresiva”) no guarda ningún nexo de causalidad con los hechos relacionados en la sentencia proferida por el organismo internacional, no es posible acceder a sus pretensiones y ordenar la prestación gratuita de los servicios médicos necesarios para su tratamiento. lo anterior, máxime si, de las pruebas aportadas al expediente se advierte que el demandante cuenta con afiliación activa a salud total eps, la cual le ha prestado de manera continua e ininterrumpida todos los servicios médicos que ha requerido.

La Impugnación

Inconforme con el pronunciamiento anterior, la apoderada del demandante interpuso recurso de apelación. Solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y en su lugar, se acceda a las pretensiones formuladas en el escrito inicial pues, lo que se persigue a través de la presente acción de amparo es que se garantice el cumplimiento efectivo de la sentencia del 14 de noviembre de 2014 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en consecuencia, el Gobierno Nacional materialice la orden de brindar de manera “gratuita” los servicios médicos para las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia, esto es, mediante la “exención de pago de aportes al Sistema General de Salud” y “exención de copagos y cuotas moderadoras”.

Ello, en atención a que su representado “es un adulto mayor de 84 años de edad, cuyo único ingreso mensual es una pensión y que ha sido incluso diagnosticado con una enfermedad renal incurable y progresiva, [y] continúa asumiendo personalmente los gastos por concepto de contribuciones al sistema, copagos y cuotas moderadoras, en total desconocimiento de la orden de gratuidad de toda clase de tratamientos médicos y medicamentos proferida por la Corte Interamericana (…)”.

Además, dijo, en múltiples oportunidades se ha solicitado a las entidades accionadas el acatamiento de ese mandato, empero, el Gobierno aún no desarrolla medidas concretas que garanticen el cumplimiento del fallo. Por ejemplo destacó, “el Ministerio de Salud había anunciado en 2012 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la expedición de una resolución sobre gratuidad que permitía la exención de copagos y cuotas moderadoras para víctimas reconocidas en la sentencia del Corte IDH. Cuatro años después del anuncio, la resolución no ha sido expedida”.

De otra parte, señaló que el argumento planteado por el Tribunal para negar la demanda constitucional es errado, toda vez que las órdenes de reparación y rehabilitación dispuestas por la CIDH no deben limitarse a los padecimientos relacionados directamente con los hechos victimizantes. Por el contrario, afirmó la libelista, se trata de medidas de “dignificación y de restablecimiento” orientadas a ayudar a la víctimas a superar todas las consecuencias adversas de los hechos violentos, traducidas en enfermedades generales, deterioro en sus condiciones de vida y situaciones de tensión y estrés.

Y precisó, frente al caso particular de Héctor Jaime Beltrán debe tenerse en cuenta que los hechos de que fue víctima como consecuencia de la desaparición forzada de su hijo durante la retoma del Palacio de Justicia por parte de agentes estatales, “no pueden separarse de manera directa y fehaciente de sus padecimientos físicos (…) en casos de graves violaciones a derechos humanos, sumadas a impactos emocionales propios de la desaparición forzada que se configuran en sí mismos como vulneraciones a los derechos reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los años de revictimización y amenazas de los que han sido víctimas familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia, acarrean padecimientos físicos”.

Consideraciones de la Sala

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver la impugnación interpuesta contra el fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

2. El cumplimiento de las sentencias judiciales.

El artículo 4º de la Constitución Política establece que en Colombia, los nacionales y extranjeros tienen el deber de “acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”.

De tal obligación se desprende la exigencia de que tanto la administración, como quienes se encuentran en el territorio colombiano, acaten los fallos que emiten las autoridades judiciales. La misma, es fiel reflejo del Estado social de derecho consagrado en el artículo 1º de la Carta.

Ese deber, íntimamente ligado al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, hace referencia a la garantía real y efectiva que el Estado les ofrece a sus asociados para acudir ante las autoridades judiciales a través de mecanismos que les permitan ejercer la defensa de sus derechos, mediante una decisión judicial que pueda hacerse efectiva.

Dijo la Corte Constitucional en sentencia T-103/07 que “los servidores públicos no pueden tener la potestad de resolver si se cumplen o no los mandatos del juez, independientemente de las razones que puedan esgrimir en contra, pues el camino para hacerlas valer es el ejercicio de los recursos que el sistema jurídico consagra pero no la renuencia a ejecutar lo ordenado”.

Adujo además, en providencia T-262/97 que el Estado social de derecho no puede operar “si las providencias judiciales no son acatadas por sus destinatarios, o si son dejadas al arbitrio de la mera voluntad de los funcionarios públicos encargados de hacerlas cumplir”.

Entonces, el cumplimiento de las sentencias judiciales es uno de los pilares que cimentan el Estado social de derecho, pues es a través de las decisiones que emiten los jueces de la República que se materializa la protección a un derecho vulnerado o se previene una afectación de las garantías de los asociados.

2. Las obligaciones de Colombia frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El artículo 26 de la Convención de Viena de 1969(1) (2), consagra que todo tratado internacional obliga a quienes lo suscriben y además, debe ser cumplido de buena fe. Por su parte, el apartado 27 de esa Convención establece que “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.

De otro lado, mediante Ley 16 de 1972, Colombia aprobó e integró al ordenamiento interno la Convención Americana de Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica”.

Al suscribir ese instrumento internacional, se obligó a respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención y a garantizar el libre y pleno ejercicio de tales garantías a todas las personas sujetas a su jurisdicción (art. 1º del Pacto).

Reconoció además la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención” (art. 62 ídem) en aras de que ese Tribunal se pronuncie, en virtud de tal función jurisdiccional(3), sobre los casos en que “hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención” (art. 63 ibíd).

Ahora, en caso de que mediante sentencia se declare vulnerado un derecho de los contenidos en el Pacto de San José, la Corte IDH tiene la potestad de disponer “si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada” (ídem).

Con todo, al adherirse al aludido Convenio interamericano, Colombia, como Estado parte se obligó a “cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes” (art. 68 ídem).

3. Procedencia de la acción de tutela para el cumplimiento de las sentencias judiciales. En especial, las decisiones emitidas por la Corte IDH.

La acción de tutela es un mecanismo de carácter subsidiario y residual. Su procedencia se habilita, únicamente, ante la inexistencia de medios de defensa ordinarios, o cuando los existentes no resulten eficaces para la protección de un derecho vulnerado, caso en el cual además, resulta procedente la tutela solo de manera transitoria y en aras de evitar la materialización de un perjuicio irremediable.

Cuando el amparo se activa por la acción u omisión de una autoridad pública también procede la tutela bajo las pautas anteriores. No obstante, la situación varía cuando lo que se discute es una omisión del Estado en su conjunto, emanada de los casos en los que la nación resulta condenada por un tribunal internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, autoridad que, como se expuso en el capítulo anterior, puede declarar la violación de un derecho humano en el ordenamiento interno.

Bajo tales circunstancias el principio de subsidiariedad de la tutela debe observarse bajo otra óptica, como lo expuso la Corte Constitucional en CC T-653/12, en el siguiente entendido:

...cuando la acción de tutela se presenta con el objeto de superar la violación declarada y probada por la Corte Interamericana y en relación con la continuidad de la misma, derivada de la falta de una o varias medidas de reparación, el principio de subsidiariedad arriba referido debe ser estudiado a la luz de otros que estructuran el proceso de amparo, tales como la celeridad y el carácter sumario, preferente e informal. Es en las citadas características de este mecanismo, dada la urgencia que reclama el restablecimiento del goce de los derechos cuya fractura ha reconocido previamente la Corte Interamericana, que la acción de tutela resulta procedente, pudiendo descartar la idoneidad y eficacia de otros medios, lo que por supuesto debe ser evaluado en cada caso, de acuerdo con la eventual existencia de otros medios que aseguren una pronta y efectiva protección o reparación.

6.3. En tal sentido, precisa la Sala que no todas las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos podrán ser hechas exigibles por esta vía. La legislación nacional ha previsto otros mecanismos judiciales para obtener el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana en lo que refiere a estas.

En referencia a este aspecto debe señalarse que el sistema normativo contempla, entre otras, las actuaciones para la ejecución de providencias judiciales en el artículo 334 del Código de Procedimiento Civil. Igualmente relevantes resultan las disposiciones de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), referentes al cumplimiento de las sentencias por las entidades públicas. A este respecto observa la Corte que sería relativamente sencillo obtener, por este medio, el cumplimiento de las obligaciones de dar, es decir, el pago de las indemnizaciones pecuniarias a cargo del Estado decretadas por la Corte Interamericana, por lo que la acción de tutela, en principio, no sería procedente en este ámbito.

Igual ocurre con otras medidas de reparación, consistentes en obligaciones de hacer, que por su complejidad requieren de la concatenación de una serie de actos o la intervención de autoridades judiciales especializadas. Estas, si bien son exigibles, no pueden ser ejecutadas de inmediato, como las de investigar, juzgar y sancionar, o la de identificar a otras presuntas víctimas o familiares de víctimas. De la misma manera debe procederse con aquellas que, por la forma como son impartidas, no permiten certeza sobre el momento a partir del cual son demandables y, por ende, resulta posible iniciar el proceso ejecutivo, como aquellas que dan “un plazo razonable”. En el mismo tenor se encuentran las que dejan un margen de interpretación y concertación del Estado con los representantes de las víctimas y que por tanto no pueden ser ordenadas con absoluta precisión. En torno a este universo de posibilidades, la acción de tutela resulta improcedente en principio, salvo que las circunstancias del caso demuestren que no hay idoneidad en los medios ordinarios.

6.4. Sin embargo, la tutela resulta procedente —resta eficacia e idoneidad a otros mecanismos del ordenamiento— en aquellas obligaciones de hacer que, por su naturaleza son de ejecución simple, que han superado “un plazo razonable” para su implementación o cuya etapa de concertación entre el Estado y los representantes de las víctimas ya se ha superado y, aún así, no se han satisfecho. En aquellos eventos el juez de tutela encuentra justificada su intervención inmediata y podrá hacerlo de manera directa.

Como la tutela no demanda formalidades o ritualidades, hasta tal punto que su reglamentación permite el restablecimiento inmediato del derecho “prescindiendo de cualquier consideración formal y sin ninguna averiguación previa, siempre y cuando el fallo se funde en un medio de prueba del cual se pueda deducir una grave e inminente violación o amenaza del derecho” para que un juez de amparo constitucional esté en la posibilidad de hacer exigible y conminar a las autoridades públicas a cumplir las medidas de reparación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, basta con la simple constatación que haga de las órdenes impartidas en el fallo internacional y que tenga prueba de que estas no se han satisfecho en los términos previstos en dicha sentencia. (Negrillas de la Sala).

Entonces, solo es posible acudir a la acción de tutela para exigir el cumplimiento de una orden contenida en una sentencia proferida por la Corte IDH, cuando la obligación allí contenida sea de hacer, y además, siempre y cuando ésta:

i. Por su naturaleza, sea de ejecución simple; y

ii. haya superado un plazo razonable para su cumplimiento o implementación; y

iii. cuya etapa de concertación entre el Estado y los representantes de las víctimas ya se haya superado y aun así no se ha satisfecho la obligación.

En tales casos, el juez de amparo debe partir de la premisa que un derecho humano que la Corte IDH declaró violado lo está hasta que se surta en su totalidad la reparación ordenada. Pero además, en torno a una situación continuada de vulneración de tales garantías, se encuentra eximido de probar la existencia o no de una lesión ius fundamental. Su labor se centrará, exclusivamente, en constatar el cumplimiento o no de la obligación de hacer por parte del Estado. (En ese sentido, CC T-653/12).

4. El caso concreto.

4.1 Según los hechos del caso, Héctor Jaime Beltrán interpuso acción de tutela contra los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Salud y Protección Social, por considerar vulnerado su derecho a la reparación, pues el Estado colombiano no ha acatado la orden emitida por la Corte IDH, según la cual, el Estado debe “brindar gratuitamente, a través de instituciones de salud públicas especializadas o personal de salud especializado, y de forma inmediata, adecuada y efectiva, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico, a las víctimas que así lo soliciten, previo consentimiento informado, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requieran”, de conformidad con lo establecido en los párrafos 567 y 568 de la sentencia del 14 de noviembre de 2014 proferida dentro del caso “Caso Rodríguez Vera y otros (desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia”.

4.2. Frente a esa situación, al momento de descorrer el traslado de la demanda constitucional, el Ministerio de Salud y Protección Social informó:

Resulta pertinente contextualizar al Juez Constitucional que, en cumplimiento al mandato de reparación fijado por la Corte Interamericana en el numeral 22 de la parte resolutiva, el Ministerio de Salud y Protección Social [En adelante MSPS o el "Ministerio”] ha venido participando activamente en los escenarios que se han dispuesto desde mayo del 2015 para la concertación entre el Estado y los representantes de las victimas frente a la medida de rehabilitación en salud.

Bajo esta lógica, el 9 de junio de 2016 se realizó un espacio de diálogo con los representantes de las víctimas y el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde el MSPS, presentó de forma detallada el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas -PAPSIVI-, y cómo es que a través de esta iniciativa gubernamental, se responde a lo ordenado en la sentencia para la reparación a las víctimas reconocidas en ella. En dicho escenario se han logrado progresos en asuntos no complejos, tales como la ejecución de los pagos por concepto de gasto por tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico, así como por medicamentos y otros gastos conexos, para las víctimas residentes en el exterior; sin embargo, existen otros temas, como el denominado criterio de gratuidad, donde el Estado Colombiano y los representantes de las víctimas, aún no han sentado acuerdos definitivos.

A diferencia de lo que puede sugerir la accionante en su escrito, el establecer cómo y de qué manera es que la gratuidad exigida por la Corte IOH debe ser impulsada en el ordenamiento jurídico interno, resulta ser un tema ampliamente complejo. El Estado Colombiano y, en particular este Ministerio busca alternativas responsables, planificadas, constitucionalmente viables y presupuestalmente sostenibles, dadas las implicaciones en torno a que:

i. La exoneración de algunas contribuciones parafiscales afecte o ponga en riesgo el Principio Constitucional de Solidaridad, el cual es un deber en cabeza del Estado y de todos los ciudadanos en el país.

ii. El referido criterio implica abordar temas que tienen reserva legal de acuerdo a lo previsto en el artículo 150 de la Constitución Nacional. y

iii. El manejo responsable que el Estado Colombiano tiene que asumir tras el evidente impacto presupuestal que puede suscitarse tras un antecedente normativo y otros de situaciones jurídicas simétricas.

En vista que el criterio de gratuidad es un asunto complejo y que, además, aún está siendo objeto de concertación entre el Estado y los representantes de las víctimas, la acción de amparo constitucional es, de acuerdo a la Corte Constitucional, improcedente. (Destaca la Sala).

4.3 Ahora bien, valga anotar, la Corte Constitucional reciente Sentencia T-564 de 2016 se pronunció sobre un caso de similares características al aquí estudiado.

En esa oportunidad se trató de una acción de tutela dirigida contra la Presidencia de la República porque el Estado colombiano no había dado cumplimiento a una orden dictada por la Corte IDH, en sentencia el 30 de noviembre de 2012, consistente en realizar un acto público de responsabilidad internacional por los hechos denominados “Masacre de Santo Domingo”.

Sobre el particular, consideró:

(…) el Estado debe realizar un acto público en el que reconozca su responsabilidad por los hechos ocurridos en la denominada “Masacre de Santo Domingo”, conforme los lineamientos de la sentencia de la Corte Interamericana. Es decir, reconocer que, según ese Tribunal, lo que causó la muerte de los pobladores de esa vereda fue el dispositivo cluster expulsado por una bomba de la Fuerza Aérea Colombiana.

6.5. Ahora bien, las entidades demandadas argumentan que si bien es claro que se debe realizar un acto público, ello no debe ser una imposición de las víctimas, pues de lo que se trata es de buscar un acuerdo con las víctimas y el Estado para tal fin. No obstante, ese argumento no puede ser aceptado por esta Sala, pues si bien es cierto que las víctimas de los hechos tienen el derecho de participar activamente en la manera como se va a desarrollar ese acto, eso no significa que los hechos por los cuales el Estado colombiano fue condenado en instancias internacionales se puedan modificar. Es decir, no se trata de buscar consensos sobre qué es lo que se va a reconocer, pues la Corte Interamericana ya fijó esos parámetros. De lo que se trata es de lograr acuerdos en relación con la forma en que se va a realizar dicho acto que, entre otras cosas, también fue definido por la misma instancia internacional.

Así pues, esta Corporación no puede abrir la puerta para que en casos posteriores y apoyados en la idea del consenso, se desconozca o se reduzca la responsabilidad del Estado en violaciones a Derechos Humanos, que han sido declaradas por tribunales internacionales. Como se señaló en la parte motiva de esta decisión, el derecho a la reparación incluye medidas de satisfacción que pretenden redignificar a la víctima. Una de ellas es el perdón público y reconocimiento de responsabilidad. Por ello, la concertación de estas medidas no puede convertirse en otro trámite judicial para ver garantizados su derecho a la reparación.

4.4. Derrotero que resulta aplicable al presente asunto pues, de los elementos de convicción aportados al expediente, se aprecia con claridad que el Gobierno Nacional, en cabeza de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Salud y Protección Social, aún no ha materializado la orden proferida por la Corte IDH. Lo anterior, bajo el pretexto de que, por tratarse de un “asunto complejo”, aún se están adelantando escenarios de “concertación”, en particular, para determinar la manera cómo se van a desarrollar y efectuar las medidas de atención gratuita en salud para los afectados del holocausto del Palacio de Justicia.

Así, la anterior justificación no es de recibo para esta Colegiatura pues, además de que han transcurrido casi tres años desde la emisión de la sentencia de la Corte IDH, con lo cual se entiende superado el “plazo razonable para su cumplimiento”, a la fecha no se cuenta, ni siquiera, con el diseño de un proyecto gubernamental que permita la implementación en el ordenamiento jurídico interno, del criterio de gratuidad para el acceso al servicio de salud por parte de las mencionadas víctimas.

De igual forma, como se anotó en precedencia, el trámite de concertación entre el Estado y los representantes de las víctimas no puede ser óbice para postergar indefinidamente la garantía del derecho a la reparación, máxime si, como ocurre en este caso, el esfuerzo del Gobierno se ha quedado en esa simple actuación, sin que se pueda apreciar un verdadero compromiso encaminado a materializar la medida de rehabilitación de las víctimas dictada por la Corte IDH.

Por ende, la Sala revocará el fallo impugnado para en su lugar, conceder el amparo de del derecho fundamental a la reparación de Héctor Jaime Beltrán. En consecuencia, ordenará al Gobierno Nacional, en cabeza los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Salud y Protección Social, que en el término de seis (6) meses improrrogables, contados a partir de la notificación de la presente providencia, proceda a dar estricto cumplimiento a lo establecido en los párrafos 567 y 568 de la sentencia del 14 de noviembre de 2014 proferida por la Corte IDH, en lo que atañe al nombrado accionante.

4.5. Sin perjuicio de lo anterior, debe la Sala precisar que, en todo caso, el derecho a la salud de Héctor Jaime Beltrán no se encuentra vulnerado o amenazado pues, como lo indicaron su propia apoderada y el Gerente de Salud Total S.A, el mencionado actor cuenta con afiliación activa a dicha EPS, la cual además le viene prestando manera continua y sin obstáculo alguno, el servicio de salud requerido.

En mérito de lo expuesto, La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal – Sala de Decisión de Acciones de Tutela No. 3, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

Resuelve

Revocar el fallo impugnado, para en su lugar, conceder el amparo de del derecho fundamental a la reparación de Héctor Jaime Beltrán.

Ordenar al Gobierno Nacional, en cabeza los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Salud y Protección Social, que en el término de seis (6) meses improrrogables, contados a partir de la notificación de la presente providencia, proceda a dar estricto cumplimiento a lo establecido en los párrafos 567 y 568 de la sentencia del 14 de noviembre de 2014 proferida por la Corte IDH, en lo que atañe al nombrado accionante.

Notificar esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.

Notifíquese y cúmplase

Magistrados: José Francisco Acuña Vizcaya_Eugenio Fernández Carlier_Patricia Salazar Cuéllar

Nubia Yolanda nova García_Secretaria

1. Sobre el derecho de los tratados.

2. Aprobada en Colombia a través de la Ley 32 de 1985.

3. Consagrada en el artículo 2.1. del Estatuto de la Corte IDH.