Sentencia STP8463-2016/86301 de junio 23 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS

Rad.: 86301

Magistrado Ponente

Dr. J. Luis Barceló Camacho

Aprobado acta 191

Bogotá, D.C., veintitrés de junio de dos mil dieciséis.

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

EXTRACTOS: «Para resolver se considera

A esta Sala compete decidir, de conformidad con los normado por los artículos 2.2.3.1.2.1 y 2.2.3.1.2.4 del Decreto 1069 de 2015 —Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho (antes artículos 1º y 4º del Decreto 1382 de 2000)— y el artículo 44 del reglamento de la corporación.

La Corte Constitucional, en la Sentencia C-590/05, que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional y tiene efectos erga omnes, definió que excepcionalmente la tutela puede ser procedente contra providencias judiciales, siempre y cuando se cumplan unos exigentes presupuestos:

“24. Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. (…).

b. Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. (…).

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (…).

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (…).

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. (…).

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…).

25. Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. (sic) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución” (CC C-590/05).

En el caso del señor J. H. L. A. se cumplen los presupuestos generales aludidos en la transcripción que antecede, porque: (1) el asunto tiene relevancia constitucional, en la medida que lo planteado es que con la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, se le vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al impedírsele el cobro forzado de una condena efectuada a su favor en materia pensional; (2) la providencia interlocutoria cuestionada mediante la tutela no admite la interposición de ningún recurso, pues se emitió en segunda instancia; (3) se cumple el requisito de la inmediatez, puesto que la decisión data del 9 de marzo de 2016 y la acción de tutela se instauró el 10 de mayo del año en curso; (4) el actor identificó de manera razonable los derechos que estima afectados y los hechos que generan su vulneración, sin que sea exigible que los hubiera alegado previamente, porque la decisión que estima desfavorable a sus pretensiones se produjo en segunda instancia; y, (5) no ataca una sentencia de tutela.

En materia de título ejecutivo el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, enseña:

“El título ejecutivo bien puede ser singular, esto es, estar contenido o constituido en un solo documento, como por ejemplo un título valor (v.gr. letra de cambio, cheque, pagaré, etc.); o bien puede ser complejo, cuando quiera que esté integrado por un conjunto de documentos, como por ejemplo —entre otros— por un contrato, más las constancias de cumplimiento o recibo de las obras, servicios o bienes contratados, el reconocimiento del co-contratante del precio pendiente de pago, el acta de liquidación, etc.

Los documentos allegados con la demanda deben valorarse en su conjunto, con miras a establecer si constituyen una prueba idónea de la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a favor del ejecutante, como lo establece el artículo 488 del C.P.C. (Radicación 44401-23-31-000-2007-0006701(34201)”. Providencia del 31 de enero de 2008. Consejera Ponente: Myriam Guerrero de Escobar).

También ha dicho el Consejo de Estado que el título ejecutivo judicial generalmente es complejo, “(…) pues estará conformado por la copia auténtica de la sentencia, con las respectivas constancias de notificación y, ejecutoria y, por el acto administrativo con el que la Administración pretende dar cumplimiento a lo ordenado en ésta”. (Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Providencia del 26 de febrero de 2014. Radicación: 25000-2327-000-2011-00178-01(19250). Consejera Ponente: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez).

En la providencia precitada el Consejo de Estado rememoró su jurisprudencia previa sobre el particular, que es como sigue:

“(…) con respecto a los procesos de ejecución en los cuales el título correspondiente se integra con la decisión o decisiones judiciales y con el acto administrativo de cumplimiento, se pueden presentar estas situaciones: primero, que el título de ejecución lo integren la sentencia y el acto de cumplimiento ceñido rigurosamente a la decisión judicial, en cuyo caso ninguna duda cabe sobre su mérito ejecutivo; segundo, que el título aducido se componga de la providencia judicial y del acto administrativo no satisfactorio de la decisión del juez, evento en el cual el título también presta mérito de ejecución; tercero, que el título lo integren la sentencia condenatoria y el acto de cumplimiento que se aparta parcialmente de la obligación allí contenida, en cuyo caso también presta mérito ejecutivo, y cuarto, bien podría suceder que el título lo integren la sentencia de condena y el acto de cumplimiento, pero que éste desborde o exceda la obligación señalada en el fallo, en cuyo caso el Juez tendría facultad para ordenar el mandamiento ejecutivo, solamente, desde luego, hasta el límite obligacional impuesto en la sentencia. (Auto del 27 de mayo de 1998. Sección Tercera del Consejo de Estado. Expediente 13864. M.P. Germán Rodríguez Villamizar. Citado en el Auto de 30 de mayo de 2013. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Expediente 18057. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas).

Sin embargo, esa misma corporación judicial también ha aclarado que en tratándose del cobro de lo dispuesto en sentencias judiciales: “(…) Por excepción, el título ejecutivo essimple y se integra únicamente por la sentencia, cuando, porejemplo, la administración no ha proferido el acto para acatarla decisión del juez. En el último caso, la acción ejecutiva se promueve porque la sentencia del juez no fue cumplida”. (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Providencia del 2 de abril de 2014. Radicación 11001-03-25-000-2014-0031200(0946-14). Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Se subraya).

Esa es, precisamente, la situación que se advierte en el presente evento, la cual se encuentra nítidamente consignada en la primera pretensión de la demanda ejecutiva:

Librar orden de pago en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones ‘Colpensiones’, para que dentro del término de cinco (5) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, expida el correspondiente actoadministrativo dando cumplimiento a la sentencia proferida por el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., de fecha 31 de julio de 2009 a través de la cual condenó al Instituto de Seguros Sociales a (…)” (Fol. 20, cuaderno solicitud de tutela. Se subraya).

De manera congruente, en los hechos de la demanda se planteó:

“(…) 4. El Demandante Médico J. H. L. A., el día 8 de marzo de 2012, radicó derecho de petición al Instituto de Seguros Sociales, para que se le incluyera en nómina con el valor real de la mesada pensional, según la cuantía ordenada por el despacho a su digno cargo, en sentencia de fecha 31 de agosto de 2009, sin tener respuesta alguna frente a esta petición.

5. El Gobierno nacional, a través del Decreto 2013 de 2012, suprimió el Instituto de Seguros Sociales ISS, se ordenó su liquidación, y en virtud del artículo 155 de la Ley 1151 de 2007, creó la empresa ‘Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones’, quien sustituyó en los derechos y obligaciones al Instituto de Seguros Sociales.

Mi mandante le solicitó a ‘Colpensiones’, mediante derecho de petición de fecha 22 de mayo de 2013, el cumplimiento de la sentencia, sin que a la fecha se hayan pronunciado, y a la fecha se le sigue cancelando la mesada sin el reajuste ordenado. (…)”.

(Se subraya).

Los apartes que se han subrayado en la transcripción que antecede corresponden a afirmaciones indefinidas que se encuentran exentas de prueba conforme al inciso segundo del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y al inciso final del artículo 167 del Código General del Proceso. Estos estatutos, aplicables por principio de integración, en virtud de lo preceptuado por el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, disponen, con igual redacción: “Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.

En tal sentido: “(…) La Corte Constitucional ha precisado en concordancia que si una de las partes exhibe una negación indefinida, no le corresponde verificar la ocurrencia de lo que, precisamente, no es un hecho, sino la negación de un hecho. En tal virtud, la carga de la prueba se invierte, correspondiéndole a la contraparte aportar la evidencia de que el hecho que la otra niega, en realidad ocurrió”. (CC T680/07).

Trasladada esa consideración al asunto que concita la atención de la Sala, sería desproporcionado exigirle al señor J. H. L. A. que probara que Colpensiones no ha emitido un acto administrativo de cumplimiento de la sentencia del Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá, pues ello implicaría, ni más ni menos, que aportara todas las actuaciones de ese tipo producidas desde el proferimiento del fallo, o su notificación, para que se verificara que entre ellas no se encuentra la que disponga el acatamiento de la sentencia en cuestión. Indiscutiblemente quien está en mejores condiciones de probar, la afirmación contraria, es la parte demandada. Por eso, el artículo 167 del Código General del Proceso, si bien dispone que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, a continuación, aclara:

“No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parqueque se encuentre en una situación más favorable para aportarlas evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentra la contraparte, entre otras circunstancias similares (se subraya).

Por otra parte, como bien lo destacó el apoderado del demandante en la sustentación del recurso que generó el pronunciamiento del tribunal, la condena versa sobre una obligación de tracto sucesivo, que es vitalicia, pues se trata de una pensión de vejez. Por tanto, su cumplimiento no necesariamente se agota mediante un único acto y en el proceso existían constancias sobre lo que ya había sido objeto de ejecución y pago. Así, en la decisión del tribunal se anotó:

“A folios 173 a 175, la parte actora solicitó se librara mandamiento de pago dada la sentencia proferida, por lo que el 26 de enero de 2010 (fls 179/180) se accedió al mismo y en proveído del 11 de octubre de esa anualidad (fls 194/197) se ordenó seguir adelante con la ejecución, posteriormente, en auto del 5 de agosto de 23011 (fl 213) se ordenó la entrega del depósito judicial a la apoderada de la parte actora (fls 235/236), (…)”.

Por ende, cuando el tribunal argumentó que “(…) resulta necesario establecer cuáles han sido los valores cancelados (…)” y reprochó a la parte demandante por no haber aportado pruebas al respecto, terminó decidiendo sin consultar lo que le acreditaba el expediente.

De ahí que se configuró un defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto, pues se terminó sacrificando la prevalencia del derecho sustancial por las formalidades precitadas. Sobre ese particular la Corte Constitucional ha ilustrado que:

“La formulación del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto contra providencias judiciales surgió con la finalidad de resolver la aparente tensión entre dos principios constitucionales fundamentales, el derecho al debido proceso y la prevalencia del derecho sustancial. En principio estos dos mandatos se complementan y funcionan como garantías que están estrechamente relacionadas, sin embargo, existen eventos en los cuales podría entenderse la existencia de una subordinación de la justicia material respecto del cumplimiento de ciertos procedimientos. Frente a esta aparente tensión, la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que la solución radica en el entendimiento de las formalidades procedimentales como un medio para la realización de los derechos sustantivos y no así como fines en sí mismos.

4.1 En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha venido decantando la caracterización del defecto procedimental para señalar que este se configura en aquellas situaciones en las que el juzgador incurre en desconocimiento de derechos fundamentales al negar el derecho sustancial, bien sea por no aplicar la norma procesal que rige el procedimiento pertinente, o cuando excede la aplicación de formalidades procesales que hacen imposible la realización material de un derecho.

En primer lugar, la doctrina constitucional ha señalado que se produce un defecto procedimental de carácter absoluto “cuando el funcionario judicial se aparta del proceso legalmente establecido, bien sea porque sigue un proceso ajeno al autorizado o porque omite una etapa sustancial a éste”. La segunda forma de estructuración de dicho defecto, corresponde a los eventos en los cuales el juzgador utiliza o eleva el procedimiento en forma tal que “constituye un obstáculo para la realización de un derecho sustancial”, con lo cual su actuación deviene en una denegación de la justicia y del derecho al acceso a la administración de la misma.

4.2 Ahora bien, profundizando específicamente respecto a la fórmula del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, este implica la afectación de los derechos al acceso a la administración de justicia (artículo 229 constitucional) y a la primacía del derecho sustancial (artículo 228 superior), en los eventos en los que los funcionarios judiciales, bajo el pretexto del apego a las normas procedimentales, incumplen con las obligaciones de impartir justicia, buscar que las sentencias se fundamenten en una verdad judicial, garantizar la efectividad de los derechos constitucionales y evitar pronunciamientos inhibitorios que obstaculicen la administración de justicia y la efectividad de los derechos sustantivos” (CC T-363/13).

Por las consideraciones que anteceden, se revocará el fallo materia de impugnación, para en su lugar amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor J. H. L. A., para lo cual se dejará sin valor y efecto la providencia del 9 de marzo de 2016, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, dentro del proceso ejecutivo identificado con el Nº20-200900881-01, de J. H. L. A. contra Colpensiones, y se ordenará a dicha corporación y sala que dentro del término de quince (15) días hábiles, siguientes a aquél en que se le notifique esta sentencia celebre nueva audiencia en la que resuelva la impugnación interpuesta contra el auto por medio del cual el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá se abstuvo de librar mandamiento de pago.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala Segunda de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. REVOCAR, por las razones consignadas, el fallo materia de impugnación, para en su lugar CONCEDER la tutela a los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor J. H. L. A..

2. En consecuencia, DEJAR SIN VALOR Y EFECTO la providencia del 9 de marzo de 2016, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, dentro del proceso ejecutivo identificado con el 20-200900881-01, de J. H. L. A. contra Colpensiones, y ORDENAR a dicha corporación y sala que dentro del término de quince (15) días hábiles, siguientes a aquél en que se le notifique esta sentencia celebre nueva audiencia en la que resuelva la impugnación interpuesta contra el auto por medio del cual el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá se abstuvo de librar mandamiento de pago.

Notificar la presente decisión, conforme lo dispone el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991.

Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para la eventual revisión de lo decidido.

Notifíquese y cúmplase».