Sentencia STP8629-2016/86058 de junio 21 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Nº 3

STP8629-2016

Rad.: 86058

Acta Nº 188

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

Bogotá D.C., veintiuno de junio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

De conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Decreto 1382 de 2000, la Sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver la impugnación interpuesta contra el fallo proferido por la Sala penal del Tribunal Superior de Montería.

1. De la impugnación presentada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

En el presente caso, la apoderada del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio solicitó revocar el fallo emitido el 29 de abril de 2016, por la Sala penal del Tribunal Superior de Montería, mediante el cual ordenó a dicha entidad que prorrogara el subsidio de vivienda otorgado al hogar de María Dionicia Petro Bolaños en la Resolución 0950 del 22 de noviembre de 2011.

Lo anterior, por cuanto tal ministerio no tiene funciones de coordinación, asignación, prórrogas y o rechazo sobre postulaciones y adjudicaciones relacionadas con subsidios de vivienda de interés social.

Sobre el particular, se tiene que mediante Resolución 0950 del 22 de noviembre de 2011, el Fondo Nacional de Vivienda otorgó al hogar de María Dionicia Petro Bolaños, entre otros, el subsidio familiar de vivienda urbana para la adquisición de vivienda nueva, por un valor de once millones setecientos ochenta y tres mil doscientos pesos ($ 11.783.200), los cuales debía utilizar en el proyecto “Urbanización Villa Melisa”, ubicado en Montería(3).

Además, para hacer efectivo el desembolso del mencionado subsidio, el hogar debía, entre otros: i) realizar la apertura de cuenta en el Banco Agrario; ii) dirigirse al oferente del proyecto —Gobernación de Córdoba— para acordar la forma en que se realizaría el cobro del subsidio y el tiempo de construcción de la vivienda; iii) suscribir promesa de compraventa y iv) tener presente el valor del subsidio(4).

Así mismo, se tiene que la accionante abrió la cuenta en la aludida entidad financiera(5), realizó promesa de compraventa con la Unión Temporal Villa Melisa(6), al igual que solicitó el desembolso a Fonvivienda e indicó haber acudido a la Gobernación de Córdoba, a efecto de indagar sobre la construcción y entrega de su vivienda, pero dicha entidad le informó que en la base de datos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio registraba “apto con subsidio vencido”(7), pues la vigencia había expirado el 30 de junio de 2015.

Adicionalmente, el ministerio demandado en virtud del parágrafo 2º del artículo 2.1.1.1.1.4.2.5 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución 521 de 30 de junio de 2015 “por la cual se amplían unos subsidios familiares de vivienda de interés social para áreas urbanas”, acto administrativo en el cual no se incluyeron los subsidios familiares de vivienda correspondientes al proyecto denominado Urbanización Villa Melisa… La vigencia de éste subsidio no fue ampliada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en virtud de que la ejecución del proyecto Urbanización Villa Melisa, no presentó avances de obra que viabilizaran la movilización del SFV, es decir , en razón a que el proyecto presenta atrasos considerables, no fue posible por parte de la entidad materializar dicho subsidio”(8).

Ahora, a efecto de determinar a qué entidad corresponde prorrogar los subsidios de vivienda de interés social, como el otorgado a la accionante, debe traer a colación la Sala lo previsto en el Decreto 2190 de 2009, vigente para la época de asignación del subsidio, que señala:

“ART. 51.—Vigencia del subsidio. La vigencia de los subsidios de vivienda de interés social otorgados con cargo a los recursos del presupuesto nacional, será de seis (6) meses calendario contados desde el primer día del mes siguiente a la fecha de la publicación de su asignación.

En el caso de los subsidios de vivienda de interés social asignados por las cajas de compensación familiar, la vigencia será de doce (12) meses calendario, contados desde el primer día del mes siguiente a la fecha de la publicación de su asignación.

“PAR. 1º—Para los subsidios otorgados con cargo a los recursos del presupuesto nacional, cuyos beneficiarios a la fecha de su vencimiento hayan suscrito promesa de compraventa de una vivienda ya construida, en proceso de construcción, o un contrato de construcción de vivienda en los casos de construcción en sitio propio, la vigencia del mismo tendrá una prórroga automática de seis (6) meses adicionales, siempre y cuando el beneficiario del subsidio remita a la entidad otorgante, antes del vencimiento del mismo, la respectiva copia auténtica de la promesa de compraventa o del contrato de construcción.

La suscripción de promesas de compraventa o contratos de construcción de vivienda se deberán realizar únicamente en proyectos que cuenten con su respectiva elegibilidad o licencia de construcción vigente, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente sobre la materia.

“PAR. 2º—En todo caso, la vigencia de los subsidios familiares de vivienda otorgados con cargo a los recursos del presupuesto nacional podrá ser prorrogada mediante resolución expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (resalta la Corte).

Dicha norma fue subsumida en el artículo 2.1.1.1.1.4.2.5 del Decreto 1077 de 2015, vigente desde el 26 de mayo del mismo año.

Con tal panorama, concluye la Sala que razón le asistió al Tribunal de Montería al conceder el amparo invocado por María Dionicia Petro Bolaños, pues la no utilización del subsidio de vivienda familiar otorgado se debió al atraso en la ejecución del proyecto de vivienda y no a circunstancias atribuibles a la demandante, quien cumplió con las obligaciones que le correspondían para hacer efectivo el desembolso.

Adicionalmente, la norma antes transcrita es clara en señalar que corresponde al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante resolución, prorrogar los subsidios familiares de vivienda otorgados. Ese criterio además, ha sido en tutelas CSJ STL275 del 20. Ene. 2016. Rad. 63785, STL2050 del 17. Feb. 2016. Rad. 64641 y STP7389 del 01. Jun. 2016. Rad. 85780 de esta corporación.

De manera que, la decisión de primera instancia se encuentra ajustada a derecho y en consecuencia, por este aspecto es procedente confirmar el fallo impugnado.

2. De la impugnación presentada por el Fondo Nacional de Vivienda.

Corresponde a la Sala determinar si la recurrente se encuentra legitimada para impugnar el fallo de tutela emanado de la Sala penal del Tribunal Superior de Montería, que amparó el derecho a la vivienda digna de María Dionicia Petro Bolaños.

Al tenor de lo normado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el inciso 2º del 350 del Código de Procedimiento Civil(9) y el inciso 2º del artículo 320 del Código General del Proceso —Ley 1564/2012—, es claro que para impugnar un fallo, quien así procede, debe tener un interés que lo legitime en tal sentido.

Dicha condición se echa de menos respecto de la apoderada del Fondo Nacional de Vivienda —Fonvivienda— que aquí apela la sentencia de tutela, pues la determinación adoptada no le irroga perjuicio alguno a esa entidad, por haber sido concedido el pretendido amparo contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, siendo dependencias completamente diferentes, tal y como lo hace saber el apoderado de esa cartera ministerial cuando en su respuesta a esta acción constitucional enfatizó “…no represento al Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), que es una entidad diferente, con personería jurídica propia, patrimonio propio, total autonomía presupuestal y financiera”(10).

Algo más, nótese que en el escrito de impugnación la misma apoderada especial del Fondo Nacional de Vivienda —Fonvivienda— aceptó su falta de competencia para recurrir en alzada la decisión, al punto que informó “…aunque el fallo de primera instancia en su parte resolutiva absuelvea Fonvivienda, encontramos que las órdenes impartidas al Ministerio no pueden ser cumplidas por dicha entidad…” (subrayado de la Sala).

Entonces, siendo que la orden tutelar recae en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, es aquel el que en principio, estaría llamado a recurrirla, como en efecto lo hizo, y no el Fondo Nacional de Vivienda.

En consecuencia, ante la ausencia de una obligación o carga para la institución que representa la apoderada del Fondo Nacional de Vivienda —Fonvivienda— parte que hoy impugna, (entendido como tal, el perjuicio o gravamen, material o moral, de la decisión judicial recurrida), resulta jurídicamente improcedente la impugnación interpuesta(11), por carencia de interés para controvertirla, pues lo allí decidido no le irroga afectación alguna.

Sobre el particular, la Corte Constitucional —C.C. T-293/94 y T-043/96— ha precisado de vieja data, lo siguiente:

El derecho que tienen los particulares de impugnar los fallos de tutela que les son adversos debe ser ejercido dentro de las reglas dispuestas por la normatividad legal relativos a la legitimación en causa. Quien puede atacar el fallo no es cualquier particular sino específicamente aquel contra quien se profirió el fallo. No está contemplada la impugnación oficiosa del fallo por la parte pasiva es decir, nadie que carezca de legitimación puede asumir la representación de la autoridad pública o del particular contra quien se haya interpuesto la tutela, de tal modo que el juez llamado a actuar en segunda instancia no puede entrar a resolver si la sentencia no ha sido impugnada por quien tiene el derecho de hacerlo en los indicados términos o por quien ejerza como su apoderado o representante legal.

Con tal panorama, lo correcto es abstenerse de conocer de la impugnación presentada por la apoderada del Fondo Nacional de Vivienda —Fonvivienda—.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal - Sala de decisión de acciones de tutela Nº 3,

RESUELVE:

CONFIRMAR el fallo impugnado.

ABSTENERSE de resolver la impugnación formulada por la apoderada del Fondo Nacional de Vivienda —Fonvivienda—.

NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

REMITIR las diligencias a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo de primera instancia.

Notifíquese y cúmplase».

(3) Folio 7 del cuaderno de primera instancia.

(4) Folio 7 reverso ibídem.

(5) Folio 8 ib.

(6) Folios 10-11 ib.

(7) Folios 1 y 12 ib.

(8) Folios 50-51 del cuaderno de primera instancia.

(9) Podrá interponer el recurso la parte al quien le haya sido desfavorable la providencia; (…).

(10) Folio 55 del cuaderno de primera instancia.

(11) Así actuó esta Sala de decisión en providencia ATP 7037-2014.