Sentencia STP8700-2018 de julio 3 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Nº 3

Magistrada Ponente:

Patricia Salazar Cuéllar

STP8700-2018

Rad.: 99273

Acta Nº 217

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil dieciocho (2018).

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

VISTOS

Se pronuncia la Sala sobre la demanda de tutela instaurada por el PRESIDENTE DE LA SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNDINAMARCA y coadyuvada por la presidente de dicha corporación en pleno, contra la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE TUNJA, por la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales. Al trámite fueron vinculados el JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE GUATEQUE (BOYACÁ), así como las demás partes e intervinientes del proceso de tutela identificado con radicación Nº 2018-0003.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

El magistrado y presidente de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca acude a la acción de tutela con el fin de que le sea amparado el derecho fundamental al debido proceso que, dice, le fue vulnerado en el marco del proceso constitucional Nº 2018-0003.

Para tal efecto, expone la siguiente situación fáctica:

1. G. Y. G. G. en calidad de Juez Civil del Circuito de Guateque (Boyacá) presentó demanda de tutela contra el Tribunal Superior de Cundinamarca, por considerar que esa corporación vulneró sus derechos fundamentales al expedir el Acuerdo 018 del 24 de octubre de 2017, mediante el cual le negó el traslado al Juzgado Civil del Circuito de Zipaquirá.

2. La actuación correspondió por reparto al Juzgado Penal del Circuito de Guateque, el cual, agotado el trámite de rigor emitió la sentencia del 10 de abril del año en curso, a través de la cual concedió el amparo del derecho fundamental al debido proceso del mencionado juez y, en consecuencia dispuso: «ordenar al Tribunal Superior de Cundinamarca que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de la presente decisión, se disponga lo pertinente a fin de dejar sin efecto el Acuerdo Nº 018 del 24 de octubre de 2017 mediante el cual se denegó el traslado al Dr. G. Y. G. G. para que, en su reemplazo, se reestudie la solicitud, enfatizando en su mérito profesional en los términos dispuestos por la Ley, la jurisprudencia y lo expuesto en la parte motiva de esta decisión».

3. Inconforme con el pronunciamiento anterior, el Presidente de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca lo impugnó.

4. Arribado el expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, mediante auto del 21 de mayo de 2018 la Magistrada Sustanciadora a quien le fue asignada la actuación resolvió: «INADMITIR el recurso de apelación interpuesto (...) por falta de legitimación para impugnar». Decisión que se mantuvo incólume mediante providencia del 19 de junio de siguiente que resolvió el recurso de súplica incoado.

5. La razón principal de esas decisiones, dice el actor, se fundamentó «en que si por disposición del Acuerdo PCSJA 17-10715 de 2017, la representación de las corporaciones está en su presidente, no podía eficazmente la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca impugnar la decisión que tuteló a la Sala Plena de la corporación, en la que no está la función de representar a la Colegiatura de la que hace parte».

En el marco fáctico hasta aquí reseñado, el accionante acusa a la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja de haber incurrido en «vía de hecho por defecto procedimental absoluto (...) al rehusarse a resolver la impugnación» instaurada contra el fallo de tutela del 10 de abril de 2018. Lo anterior porque, en su criterio, aunque el Acuerdo PCSJA 17-10715 establezca que es el presidente de las corporaciones judiciales el que lleva su representación, tal situación «no suprime o cercena la posibilidad de que sus miembros, y cumplidamente los que integran la Sala Plena, ejerzan el derecho de defensa (...) porque ejerciendo los instrumentos de defensa, el magistrado que lo impulsa no solamente defiende la Corporación, la Sala Plena de la corporación, sino sus propias actuaciones».

Así mismo, señaló, se trata de un trámite de protección de derechos fundamentales, preferente y sumario, que «repugna esos ásperos formalismos contra la Sala Especializada», esta última que es la principal interesada en las resultas del trámite constitucional incoado por G. Y. G. G.

En consecuencia, solicita el peticionario que se conceda el amparo del derecho fundamental al debido proceso y, en consecuencia, «se ordene a la Sala del Tribunal Superior de Tunja accionada, dejar sin efectos el auto del pasado 21 de mayo del corriente año, al igual que el proferido el 19 de junio siguiente, que confirmó en súplica la determinación anterior, y en su lugar, proceda a resolver la impugnación que formuló esta Sala Especializada contra el antedicho fallo de 10 de abril pasado dictado por el Juzgado Penal del Circuito de Guateque».

TRÁMITE Y RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS

1. El titular del Juzgado Penal del Circuito de Guateque informó que, en efecto, mediante fallo de tutela del 10 de abril de 2018 se concedió el amparo del derecho fundamental al debido proceso reclamado por G. Y. G. G. No obstante, dijo, en desacuerdo con esa determinación, el Presidente de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca lo impugnó, motivo por el cual se concedió la alzada para ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja.

Frente a la concesión del recurso, explicó, se consideró que el magistrado estaba legitimado para impugnar el fallo, «por cuanto, como corporación autónoma, se constituye en autoridad contra quien produce efectos el fallo, habida cuenta que eventualmente se erige en superior funcional del juez accionante, sin que en nuestro criterio sea necesario que todo el cuerpo colegiado en pleno manifieste su disenso contra la sentencia».

Por consiguiente, precisó, de su proceder no se puede predicar vulneración de los derechos fundamentales del magistrado aquí accionante.

2. La directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura solicitó ser desvinculada de la presente acción constitucional, como quiera que «el asunto a resolver es un tema de acción de tutela contra providencia judicial por una presunta vía de hecho, en el que [esta corporación] no tiene injerencia alguna, ni está vulnerando los derechos reclamados por los accionantes».

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 2017, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver la demanda de tutela instaurada por el Magistrado y Presidente de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, coadyuvada por la presidente de dicha corporación en pleno.

2. La Constitución Política, en el artículo 86, estableció la tutela como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual que tiene por objeto la protección de manera efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, ante su vulneración o amenaza, proveniente de la acción u omisión atribuible a las autoridades públicas o de los particulares, en los casos que la ley regula, siempre que el interesado no cuente con otros medios de defensa judicial.

No obstante, en pacífica jurisprudencia, han decantado tanto esta corporación como la Corte Constitucional, que no puede utilizarse la tutela para atacar una decisión que se profirió en un proceso de esa misma naturaleza. Particularmente en la Sentencia CC SU-1219/01, la Corte Constitucional señaló las siguientes pautas:

Por excepción es viable interponer una acción de tutela cuando en el trámite o procedimiento de una anterior el funcionario judicial ha incurrido en vías de hecho. Por ejemplo, cuando actúa con absoluta falta de competencia o no integra adecuadamente el contradictorio.

Sin embargo, si el presunto defecto es de fondo y se materializa en el fallo de la acción de tutela, contra esa providencia no es procedente interponer posteriormente otra acción de tutela, toda vez que el mecanismo jurídico idóneo establecido para analizar la constitucionalidad de una sentencia de tutela es únicamente la revisión a cargo de la Corte Constitucional.

3. En el presente asunto, el magistrado y presidente de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca pretende que por la extraordinaria vía constitucional se deje sin efecto la providencia emitida el 21 de mayo de 2018 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante la cual inadmitió, por «falta de legitimación para impugnar», el recurso de apelación interpuesto y sustentado en debida forma, contra el fallo de tutela del 10 de abril del año en curso, dentro del proceso constitucional con radicado Nº 2018-0003. Lo anterior, por cuanto, en su criterio, esa determinación configura «vía de hecho por defecto procedimental absoluto».

Pues bien, frente a tal pretensión resultan pertinentes las siguientes precisiones:

3.1. Antecedentes procesales relevantes: 

a. G. Y. G. G. en calidad de Juez Civil del Circuito de Guateque (Boyacá) presentó demanda de tutela contra el Tribunal Superior de Cundinamarca, por considerar que esa Corporación vulneró sus derechos fundamentales al expedir el Acuerdo 018 del 24 de octubre de 2017, mediante el cual le negó el traslado al Juzgado Civil del Circuito de Zipaquirá. La actuación, radicada bajo el número 2018-0003 correspondió, por reparto, al Juzgado Penal del Circuito de Guateque.

b. Agotado el trámite de ley, mediante sentencia del 10 de abril del año en curso, el mencionado despacho judicial concedió el amparo del derecho fundamental al debido proceso reclamado por Gutiérrez Gómez. En consecuencia dispuso: «ordenar al Tribunal Superior de Cundinamarca que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de la presente decisión, se disponga lo pertinente a fin de dejar sin efecto el Acuerdo Nº 018 del 24 de octubre de 2017 mediante el cual se denegó el traslado al Dr. G. Y. G. G. para que, en su reemplazo, se reestudie la solicitud, enfatizando en su mérito profesional en los términos dispuestos por la ley, la jurisprudencia y lo expuesto en la parte motiva de esta decisión».

c. En desacuerdo con el pronunciamiento anterior, el presidente de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca lo impugnó y la alzada fue concedida mediante auto del 26 de abril siguiente.

d. Arribado el expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, la actuación fue asignada por reparto al despacho de la Magistrada Cándida Rosa Araque de Navas quien, en auto del 21 de mayo de 2018 resolvió: «1. DEJAR SIN EFECTO el auto de sustanciación signado 26 de abril del año en curso. Y 2. INADMITIR el recurso de apelación interpuesto (...) por falta de legitimación para impugnar».

e. Acto seguido, el 22 de mayo siguiente fueron radicados dos memoriales. Uno, signado por el Presidente de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca a través del cual interpuso recurso de súplica contra la determinación anterior, y otro, suscrito por el Presidente de la mencionada Corporación en pleno, por medio del cual manifestó su interés de «coadyuvar tanto el escrito de impugnación y el de súplica presentados por dicho Magistrado, con el fin de que se revoque el auto de fecha 21 de mayo de la presente anualidad proferido por su despacho, [y] se tramite la impugnación interpuesta, misma que igualmente la Sala Plena acordó se radicara con los argumentos allí plasmados en su oportunidad».

f. El 31 de mayo de 2018 los magistrados integrantes de la respectiva Sala de Decisión manifestaron impedimento para resolver el recurso de súplica, argumentando que participaron «en Sala de discusión del proyecto en el que se desataba la impugnación, siendo ellos quienes advirtieron la falta de legitimidad del impugnante».

g. Aceptado el impedimento mencionado por parte de la sala de conjueces convocada, esta última mediante proveído del 19 de junio de 2018 denegó el recurso de súplica. Las razones fueron las siguientes:

Está claro que la acción de tutela se dirigió contra la Sala Plena del Tribunal Superior de Cundinamarca en razón a que el accionante consideró que la negativa a su traslado al cargo de Juez Civil del Circuito de Zipaquirá, adoptada por esa Corporación, le vulneraba algunos de sus derechos constitucionales fundamentales y por esa razón la dirigió contra la corporación como tal, representada por la señora Presidenta del Tribunal. Por esa razón, la legitimación por pasiva solo la ostenta el Presidente y ningún otro Magistrado puede ejercer dicha representación porque la función no le ha sido expresamente asignada, no obstante los argumentos en contrario que se han propuesto para señalar que la Sala Civil-Familia y su presidente, son los más interesados en el debate constitucional propuesto en la acción de tutela, porque el traslado se solicitó a un juzgado de dicha especialidad. 

En ese sentido debe deslindarse que el interés para recurrir del tribunal en un asunto netamente institucional por ser función asignada a su Sala Plena, lo agencia y representa su Presidente, sin que, cualquier otro magistrado, por el hecho de integrar la colegiatura, este habilitado para asumir esa función representativa o incluso eventualmente disputársela. Diferente sería que la decisión impugnada afecte derechos individuales, particulares y concretos de un magistrado integrante del Tribunal, porque, sin duda, esa circunstancia le daría a este interés para recurrir el acto cuestionado, pero, también sin hesitación esa no es la situación que se examina, porque, el acto administrativo que el tutelante hizo objeto de su acción y con respecto al cual se produjo la sentencia de tutela, es la manifestación de una voluntad colectiva que representa el Presidente de la Corporación, como paladinamente enuncia el artículo 21 del Acuerdo PCSJA 17-10715 del 25 de julio de 2017. 

3.2. Pues bien, a juicio de la Corte, la postura asumida por el tribunal demandado se opone al principio de informalidad que gobierna la acción de tutela, así como al mandato constitucional de prevalencia del derecho sustancial (art. 228 C.P.), pues impone un requisito para la formulación de la impugnación contra un fallo de tutela, que en manera alguna se desprende del trámite contemplado en los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991. Veamos:

3.2.1. En relación con las exigencias legales para la impugnación en materia de tutela, la Corte Constitucional desde antaño ha establecido que los únicos requisitos de índole formal previstos en el Decreto 2591 de 1991, son los que atañen al cumplimiento del término para presentarla y la competencia del juez.

En efecto, precisó el Alto Tribunal:

La expresión “debidamente”, utilizada por el artículo 32 que se acaba de citar, debe entenderse referida al término para impugnar, único requisito de índole formal previsto en el Decreto 2591 de 1991, al lado del relativo a la competencia del juez, establecido por la propia Constitución. Este carácter simple de la impugnación es concordante con la naturaleza preferente y sumaria que la Constitución atribuye a la acción de tutela y con la informalidad que, en consecuencia, subraya el artículo 14 del Decreto 2591 para la presentación de la solicitud, cuando establece inclusive que al ejercitar la acción “no será indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine claramente el derecho violado o amenazado”. 

(...) Además, acudiendo a la interpretación teleológica de las normas constitucionales, se halla fácilmente el sentido protector de la acción de tutela, al igual que su inconfundible orientación hacia el perfeccionamiento material de los derechos fundamentales (arts. 1º, 2º, y 86 de la Constitución, entre otros), que no se obtiene dentro de una concepción que rinda culto a las formas procesales, menos aún si ellas no han sido expresamente consagradas. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de velar por la prevalencia del derecho sustancial, tan nítidamente definida por el artículo 228 de la Carta Política» (C.C.S.T-459/1992, reiterada entre otras, en: Sentencia T-162/1997).

Criterio éste que ha sido ratificado por la Corte en decisiones posteriores, como por ejemplo en el Auto N° 114 de 2008, en el que refirió:

En relación con la acción de tutela, la posibilidad de impugnar la decisión adoptada por el juez de primera instancia se encuentra establecida en los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991. De acuerdo con las normas en mención, la parte que se encuentre inconforme con el fallo puede impugnarlo dentro de los tres días siguientes a la notificación de la providencia respectiva. 

En aplicación del principio de informalidad que rige la acción de tutela y con fundamento en las normas señaladas, esta corporación ha sostenido que este término de tres días es en realidad el único requisito que debe observarse para su presentación, sin que sea exigible ningún otro tipo de formalidad, como por ejemplo la sustentación del recurso. En este sentido, el juez de tutela debe verificar si la impugnación fue presentada en el término correspondiente y, de ser así, deberá darle el trámite que corresponde». 

De igual forma, tratándose de la legitimidad para impugnar un fallo de tutela, en Auto 051/96 la Corte precisó:

El artículo 13 del Decreto 2591 señala: 

“Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”. 

La Corte ha considerado que la intervención permite al tercero el derecho a impugnar siempre que se mantenga un interés legítimo en la decisión. Al respecto la Sentencia T-043 de 1996, magistrado ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo advierte: 

“Por otro lado, el interés en la decisión judicial viene a ser elemento relevante para configurar la legitimidad de quien impugna, ya que sería injusto y contrario a toda lógica que el tercero afectado con aquélla, pese a no haber sido parte, tuviera que sufrir las consecuencias negativas de la misma sin poder acudir al superior jerárquico, en ejercicio de la impugnación, para obtener que en el caso se examinen sus circunstancias y su situación jurídica a la luz del derecho que aplica el juez de tutela”. 

“Negar la impugnación en tales circunstancias habría representado flagrante desfiguración del derecho a impugnar consagrado en el artículo 86 de la Carta, violación abierta de los artículos 29 y 31 ibídem e inconcebible obstrucción del acceso a la administración de justicia (art. 229 de la Constitución). 

Sobre el mismo tema el Auto de julio 24 de 1996, magistrado ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero señala: 

“Observa la Sala que, si bien los impugnantes en este caso concreto, no forman parte de los sujetos llamados a impugnar las decisiones de tutela —artículo 31 del Decreto 2591 de 1991—, al existir en ellos un interés legítimo en el recurso solicitado, toda vez que los efectos del fallo pueden vulnerar derechos igualmente susceptibles de protección, en este caso en concreto y en general, la Sala concluye que los impugnantes sí están legitimados para controvertir la decisión”. 

“A esta conclusión llega la Sala después de un análisis sistemático del Decreto 2591 de 1991, por cuanto el inciso 2º de su artículo 13, establece que todo aquél que tenga interés legítimo en el resultado del proceso, podrá intervenir como coadyuvante, bien del solicitante o de la autoridad contra la que se dirige la acción correspondiente. 

“De esta manera no ve la Sala cómo, sin menoscabo del derecho de defensa y de la propia idea de justicia que figura en el preámbulo de la Constitución, nociones éstas que deben prevalecer aún en el trámite de tutela, pueda negarse válidamente la impugnación solicitada por quien demuestra que el fallo le puede vulnerar derechos, en algunos casos fundamentales. (Destaca la Sala).

Además, en Sentencia T-471 de 2001 el Alto Tribunal indicó que la defensa de las autoridades públicas en los procesos de tutela puede adelantarse por funcionarios de la entidad con independencia de que tengan o no la representación legal de la institución.

3.2.2. Bajo tal entendimiento, no hay duda alguna que la vía de hecho en la que incurrió la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja consistió en desconocer una clara regla de interpretación consignada en el Decreto 2591 de 1991, según la cual la impugnación en materia de tutela se rige por el principio de informalidad y por el de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, en razón de su carácter preferente, sumario y protector.

Así, aunque no se discute que tratándose de asuntos administrativos relacionados con la provisión de cargos de jueces de la República la función nominadora radica en cabeza de la Sala Plena del respectivo tribunal (art. 133 de la L. 270/96), y, que según lo establecido en el Acuerdo PSCJA17-10715 de 2017 le corresponde al Presidente de la corporación en pleno «a. Servir de órgano de representación y de comunicación del tribunal con las autoridades y personas a quienes haya necesidad de dirigirse en razón de su cargo»; la observancia irrestricta de dichas normas no era óbice para que la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja se negara a tramitar la impugnación.

Ello porque, como se anotó en precedencia, en punto del análisis de la legitimidad para impugnar, bastaba, tan solo, con verificar que el Magistrado recurrente (quien por demás ostenta el cargo de Presidente de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca), por su calidad de miembro activo de ese cuerpo colegiado y en atención a su participación en las decisiones adoptadas en sala plena, lógicamente resultaba afectado con la decisión de amparo emitida el 10 de abril de 2018 por el Juez Penal del Circuito de Guateque. Por tanto, era claro que le asistía un interés legítimo en solicitar la revocatoria del fallo.

3.2.3. Así las cosas, es evidente, el defecto procedimental en el que incurrió el tribunal accionado, pues en la providencia del 21 de mayo de 2018 excedió la aplicación de formalidades procesales que, en últimas, hicieron imposible la realización material del derecho a la impugnación, el cual es una de las formas propias del proceso de tutela consagrado en la Constitución, a la vez que es una figura que cristaliza el derecho a la defensa y el principio de la doble instancia.

En ese contexto, pertinente resulta recordar que en relación con el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional:

«...esta Corte ha precisado que el exceso ritual manifiesto se presenta cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y, por esta vía sus actuaciones devienen en una denegación de justicia, causada por la aplicación de disposiciones procesales opuestas a la vigencia de los derechos fundamentales, por la exigencia irreflexiva del cumplimiento de requisitos formales o por un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas» (C.C.S.T-363/2013).

4. Así las cosas, evidenciada la vulneración de los derechos fundamentales del Magistrado y Presidente de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, la Corte TUTELARÁ el derecho al debido proceso y en consecuencia, ordenará DEJAR SIN EFECTO las providencias emitidas por la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, dentro del proceso constitucional con radicación Nº 2018-0003, a partir del 21 de mayo de 2018, inclusive.

Así mismo, ORDENARÁ a la mencionada corporación, que dentro del término previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991(1) contado a partir de la notificación del presente fallo, tramite y resuelva de fondo la impugnación interpuesta y sustentada por el magistrado y presidente de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca contra la decisión del 10 de abril de 2018, mediante la cual el Juzgado Penal del Circuito de Guateque concedió el amparo constitucional reclamado por G. Y. G. G.; atendiendo los razonamientos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Nº 3, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso del magistrado y presidente de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca.

2. DEJAR SIN EFECTO las providencias emitidas por la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, dentro del proceso constitucional con radicación Nº 2018-0003, a partir del 21 de mayo de 2018, inclusive.

3. ORDENAR a la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, que dentro del término previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, contado a partir de la notificación del presente fallo, tramite y resuelva de fondo la impugnación interpuesta y sustentada por el Magistrado y Presidente de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca contra la decisión del 10 de abril de 2018, mediante la cual el Juzgado Penal del Circuito de Guateque concedió el amparo constitucional reclamado por G. Y. G. G.; atendiendo los razonamientos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

4. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

5. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: José Francisco Acuña Vizcaya—Eugenio Fernández Carlier—Patricia Salazar Cuéllar.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 ART. 32.—Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente.

El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará. En ambos casos, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión».